La vigilancia privada reforzará la seguridad en los olivares

El Ayuntamiento realiza una nueva aportación de 12.000 euros. Contarán con el apoyo de Guardia Civil, Policía Nacional y Local

El olivar lucentino contará, una campaña más, con un servicio de guardería privada para vigilar el extenso término municipal y también el vecino de Monturque, dado que la mayoría de sus agricultores pertenecen a las cooperativas locales. Para ello se destinará un presupuesto de algo más de 50.000 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 12.000, al igual que en la anterior campaña. Este tema fue abordado en una reunión presidida por el alcalde lucentino, Juan Pérez, junto a los concejales de Agricultura, Lucas Gómez, y Seguridad Ciudadana, Francisco Adame, el capitán de la Guardia Civil, Antonio Quijano y el inspector jefe de la Policía Local, Rafael Blancar, además de los presidentes de la Cooperativa Olivarera, Francisco de Mora, y de la de Nuestra Señora de Araceli, Antonio Cañete. Tras dicha reunión se informó que para esta campaña, que se abre el 15 de noviembre durante las 24 horas y se desarrollará hasta finalizar la recolección, se han barajado tres presupuestos. Finalmente se ha decidido adjudicar las tareas a la empresa Vigirluz , de Estepa, que viene cubriendo la vigilancia asimismo en otras poblaciones del entorno.

Por parte de la Guardia Civil se ha destacado que, además de los efectivos del Plan Roca, desde la Comandancia Local se va a estar presente con una unidad de vigilancia a caballo que estará en permanente contacto con el resto de las fuerzas de seguridad...leer noticia completa.

Seguridad privada para impedir los efectos colaterales del botellón

Los vecinos del entorno de Arabial contratan a agentes para acabar con el consumo de alcohol, orines y ruidos en los portales

Soportar cada fin de semana la juerga de los jóvenes granadinos y los miles de universitarios que viven en la ciudad no debe ser fácil. De hecho, para muchos vecinos es misión imposible. Tanto que hastiados de las permanentes molestias que ocasiona el fenómeno del botellón en el entorno del recinto de Méndez Núñez, numerosas comunidades de propietarios han decidido contratar vigilancia privada para acabar con los efectos colaterales.

Los portales de los edificios se convierten noche tras noche, según advierten los afectados, en espacios donde los jóvenes ebrios orinan (confían en que lo antes posible se habiliten los baños previstos), vomitan o simplemente hacen ruido impidiendo el sueño. Con el objetivo de impedir estos actos desagradables, los agentes privados estarán presentes en el recibidor de los bloques para invitar a este tipo de público a que abandone el lugar o bien entre a sus respectivas viviendas de una manera correcta tras una velada de fiesta.

En declaraciones a este periódico, José Jiménez, integrante de la Plataforma contra el Botellódromo, asegura que la jornada de custodia contratada con las empresas de seguridad discurre desde las ocho de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente. Algunos inmuebles situados en las calles Cañaveral, Arabial, Santa Clotilde, Recoletos, Sevilla o Santisteban Márquez contaron con los servicios de estos profesionales "para mantener la paz y el descanso en la medida de lo posible", apunta Jiménez.

La paciencia ha llegado a un punto en el que se ha agotado. Los vecinos son conscientes de que el botellón si no se corta de raíz en la zona, "es muy difícil de controlar". Aunque agradecidos por la intensificación de presencia policial en el barrio, advierten de que la solución final debe ser la prohibición del consumo de alcohol sobre la explanada del aparcamiento subterráneo ubicado junto al centro comercial Hipercor. En eso siguen empeñados; de hecho anuncian nuevas reuniones la próxima semana para analizar los acontecimientos.

Sin ir más lejos, calculan que alrededor de unos 2.500 jóvenes acudieron al botellódromo la noche del pasado viernes. Tras observar el comportamiento de los asistentes a pie de calle, los vecinos denuncian "el vocerío, carreras de motos y la música a niveles desorbitados en los coches". Un cúmulo de comportamientos que se suceden entre las tres y las cinco de la madrugada. "Así es imposible pegar ojo", se lamenta Jiménez.

Mientras tanto, el nuevo decreto del botellón sigue su curso. Un documento que hace un mes el alcalde José Torres Hurtado rubricó y anunció con la idea de aminorar los efectos que produce la masiva congregación de jóvenes.

Fruto de este documento municipal es el refuerzo del operativo policial que hay alrededor del espacio en cuestión. A las distintas unidades que trabajan en la zona, la Concejalía de Movilidad y Protección Ciudadana ha sumado algunas más durante este fin de semana para prevenir comportamientos incívicos -fuera de norma- coincidiendo también la pasada noche con la fiesta de Halloween....Leer noticia completa

La justicia tumba un ERE de Seguridad Integral Canaria de casi 70 trabajadores

Justificó el despido de la mayoría en los malos resultados de Metro cuando la mayor parte de ellos no trabajaban allí

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido declarar no ajustado a derecho el ERE que la empresa Seguridad Integral Canaria afrontó antes del verano y que terminó con el despido de 67 trabajadores en los distintos lugares de la capital en los que sus vigilantes prestan servicio: unos despidos que la empresa justificó en la mala situación económica de Metro de Madrid, donde sólo trabajaban nueve del total de afectados.

Los jueces de lo social del TSJM entienden que la empresa no incurrió en mala fe ni en fraude de ley durante las negociaciones, pero sí que los 67 despidos – inicialmente iban a ser 94 – no estaban justificados, al menos no con las razones que ha expuesto entidad liderada por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. Alegó la entidad que los despidos se debían a “la deficitaria situación atravesada en los servicios de vigilancia en Metro de Madrid”, algo que según los jueces “tuvo que causar una inmensa extrañeza” a 58 de los 67 trabajadores afectados que no prestaban sus servicios en el suburbano madrileño. Es más, los magistrados subrayan que la mayoría de los despedidos trabajaban “en sectores de la empresa que atravesaban una buena situación”.

Los jueces también censuran el despido de los 9 trabajadores de Seguridad Integral Canaria que prestaban sus servicios en el Metro de Madrid: “Tampoco tiene sentido si ha quedado acreditado que realizan con habitualidad horas extras y que se están produciendo, de manera frecuente, descubiertos en la prestación de servicios comprometidos por su peligrosidad, al haberse reducido de manera drástica el número de vigilantes”. Unos “descubiertos” que quedaron relatados por los trabajadores durante el juicio: faltan vigilantes, según el testimonio del presidente del Comité de Empresa, asegurando por ejemplo que en eventos deportivos calificados de alto riesgo “la dotación de vigilantes antes se cuantificaba en diez o doce por estación y ahora se ha reducido a dos vigilantes”.

De esta manera, el ERE que afrontó Seguridad Integral Canaria en Madrid ha sido declarado contrario a derecho, en una resolución contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo: de devenir en firme, el resultado será que los despidos de los 67 trabajadores afectados serán considerados como improcedentes, aunque no está obligada..leer noticia completa.

Delegación de Gobierno deniega los servicios mínimos de vigilancia en Miraflores

El consejero de Presidencia asegura que seguirá» haciendo todos los esfuerzos» necesario para resolver la situación en el centro de menores

La Delegación de Gobierno ha denegado los servicios mínimos de seguridad en el centro de menores de Miraflores, en Noreña, hasta que no se solucione el conflicto laboral entre la empresa Alcor y los trabajadores de la misma que desde el pasado viernes permanecen en huelga.

Según el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, «la Delegación de Gobierno, que consultó a su vez con la Secretaría de Estado de Seguridad, denegó los servicios mínimos, por lo tanto no podemos establecer una prestación de seguridad puesto que estaríamos vulnerando el derecho de huelga».

Martínez apuntó que han advertido a la Delegación de Gobierno de la situación de inseguridad que se está viviendo en el centro de menores, y matizó que «hemos hecho y seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para resolver» el problema.

Esto se contrapone con las medidas adoptadas por la empresa Alcor -subcontrata del Principado-, «que el sábado metió a un trabajador, lo cual es ilegal porque no hay servicios mínimos», siempre según la versión de José Manuel Córdoba, uno de los trabajadores que hacen guardia a las puertas del centro vigilando que Alcor no intente vulnerar la legalidad. «Ayer -por el lunes- intentaron meter tres vigilantes ajenos al servicio», amplió Córdoba, y añadió también que el domingo «tuvieron que venir dos patrullas de la Guardia Civil por la mañana y otra por la noche para cubrir la cena».

Alcor presta los servicios de seguridad del centro desde el mes de octubre de 2014. Cuenta con diez trabajadores que desempeñan sus funciones bajo el convenio estatal de seguridad privada. El conflicto surgió por la supuesta intención de Alcor de jacer «rebajas en el sueldo de hasta el 27%, además de quitarnos los pluses de festividad, nocturnidad y antigüedad», desgranó Córdoba.

Otro de los trabajadores, Manuel Vázquez, afirmó que tanto la dirección del centro como la empresa Alcor y el Principado «sabían desde hace un año que si no se respetaba el convenio estatal iban a tener problemas».

La situación en el centro es complicada, porque es ilegal establecer unos servicios mínimos de seguridad, pero por otra parte se deja a los trabajadores del centro en situación de desamparo...Leer noticia completa