La patronal de seguridad privada se desmarca del convenio colectivo firmado por “los grandes"
Por primera vez en el sector, se firma un acuerdo laboral al margen de la Federación Empresarial Española de Seguridad, integrada en la CEOE
La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES) ha iniciado estos días una campaña informativa destinada a desmarcarse del convenio colectivo del sector suscrito por primera vez sin su concurso y con unas condiciones “que comprometen seriamente la viabilidad de muchas empresas”.
La patronal, integrada en la CEOE, arremete directamente contra “las grandes empresas” del sector, a las que acusa de pretender “marcar el paso al que debemos ir todos, basándose únicamente en sus intereses particulares”.
Ese desmarque de “las grandes empresas”, agrupadas en Aproser, es para la patronal FES “el caso más flagrante de utilización masiva del tamaño empresarial en el sector desde la reforma laboral de 2011". Anteriormente, sólo FES, fundada en 1991, “tenía la legitimidad necesaria para negociar un convenio sectorial, no pudiendo las demás patronales firmar en solitario el convenio”. Aún así, “en ningún momento se negoció un convenio sectorial sin contar con todos los interesados”.
Sin embargo, gracias a la reforma laboral, las patronales sectoriales pueden desmarcarse de la federación en la que están integradas y negociar con los sindicatos convenios por su cuenta, como es el caso que denuncia FES. Al incrementar el precio de la hora que ha de cobrar un vigilante de seguridad, se han de incrementar también las tarifas a cobrar a los clientes, lo que para la patronal supone un daño importante para las pequeñas y medianas empresas del sector no agrupadas en la poderosa Aproser, liderada entre otras por Prosegur y Securitas.
Universidad, novatadas y seguridad
El comienzo del curso 2015-2016 de la Universidad de León se ha visto salpicado por las noticias de los incidentes derivados de las denominadas jornadas de integración, como se llaman ahora, o fiestas de novatos.
Varios jóvenes ingresados en el Hospital Universitario de León, curiosa paradoja en el nombre, por comas etílicos, comunicados de repulsa y condena de unos, excusas y aclaraciones de otros han ensombrecido las ceremonias de inicio de curso, la visita del Presidente de la Comunidad Autónoma y los cantos del Gaudeamus Igitur.
Podrían parecer hechos inevitables: unas copas de más en jóvenes no acostumbrados; fiestas espontáneas para conocer a los nuevos compañeros…Todo puede explicarse e incluso defenderse. Lo que no parece correcto es que hechos como estos sucedan en el Campus Universitario, en sus calles y aparcamientos, en sus jardines y zonas de esparcimiento. Como bien dice un exitoso monologuista de origen leonés, estamos confundiendo a los jóvenes: encuentran libros en los bares y pubs, y alcohol en los centros universitarios…
Pero, ¿se pueden evitar estos incidentes? Al menos creo que se pueden prever a la vez que planificar medidas de prevención, disuasión y control. Es preciso recordar que este tipo de hechos se suceden de forma periódica, con mayor o menor gravedad, a medida que los alumnos festejan los distintos patrones de sus centros.
El recinto del Campus Universitario de Vegazana, aunque está incluido en el entramado vial y urbano del resto de la ciudad, tiene una personalidad propia, con vías de entrada y salida claramente identificables, calles y zonas de esparcimiento propias y toda una red de servicios e instalaciones características de los centros de educación e investigación.
La Universidad cuenta con un servicio de seguridad privada que vela por la integridad de edificios e instalaciones. No sería preciso un servicio de información e inteligencia avanzado para tener conocimiento previo de este tipo de fiestas y celebraciones. Por tanto, ¿Qué se puede hacer al respecto?
En cuatro puntos concretos:
o Hacer un seguimiento periódico de la planificación de actos de todo tipo programados por los distintos estamentos universitarios dentro del campus. En este caso estudiantes, delegaciones y asociaciones.
o Detectar las posibles situaciones de riesgo, evaluando su índice de peligrosidad y posibles consecuencias.
o Establecer las medidas necesarias, informando de las obligaciones legales a los promotores y organizadores, para que las distintas normativas se cumplan.
o Coordinar en caso necesario un dispositivo de seguridad en el que podrían intervenir, en función de la magnitud del acontecimiento, las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de emergencia sanitaria, voluntarios de protección civil e, incluso, el servicio de seguridad privada de la institución.
o Incluir estas medidas en el Plan de Seguridad Integral de la Universidad.
No esperemos a la próxima fiesta universitaria, fiesta de veterinaria el 23 de octubre, para lamentarnos de nuevo y poner manos a la obra.
Interior recluta a la seguridad privada contra el yihadismo
Guardaespaldas contra el crimen
En América Latina se privatiza la lucha contra la inseguridad.
En la capital de Guatemala los guardias de seguridad son ubicuos. Se ven en las entradas de tiendas, restaurantes y cafés. Algunos colegios donde estudian los niños y adolescentes de clase alta parecen un hervidero de guardaespaldas a la hora de salida. Hombres vestidos de negro siguen a las familias pudientes en los centros comerciales.
Guatemala no es una excepción. En varios países de América Latina, donde impera la violencia y el crimen, sistemas públicos de justicia están siendo reemplazados por sistemas privados de seguridad. Elites frustradas por las fallas o la ausencia del Estado recurren al mercado para comprar protección. Lo curioso es que los gobiernos de la región tienen mala fama por su excesivo intervencionismo. Pero el crimen demuestra que la realidad es más compleja. Donde hace más falta, el Estado a veces no funciona o no existe, y donde no hace falta, el Estado a veces sobra o estorba.
Las cifras hablan por sí solas. América Latina padece una epidemia de crimen. En la región se cometen 30% de los homicidios con apenas el 9% de la población mundial. Brasil, México, Venezuela y Colombia suman casi un cuarto de los asesinatos del planeta. La tasa de homicidios disminuyó dramáticamente en casi todas las regiones del mundo entre 2000 y 2010. En Latinoamérica aumentó un 12%.
La consecuencia de este fracaso ha sido un boom en la seguridad privada. Según cálculos de Naciones Unidas, el número total de guardias privados en la región supera por más de un millón el número de funcionarios policiales. En Guatemala hay más de 120.000 guardias y apenas 20.000 policías. En Venezuela, uno de los países más violentos del mundo, el gobierno critica a cada rato a los políticos “neoliberales” que proponen transferir al sector privado labores del Estado. Pero la incapacidad del chavismo para reducir el crimen ha resultado en una parcial “privatización” de la lucha contra la inseguridad.
Los más afectados por esta situación son los pobres. Si en un país hay que comprar la seguridad personal a través de escoltas, sistemas de cámaras, alarmas, rejas y automóviles blindados, los que carecen de recursos no tienen cómo protegerse. Los pobres además suelen vivir en los lugares más peligrosos, donde se necesita con más urgencia protección contra el hampa.
Pero que los pobres estén peor no significa que el resto esté bien. Los ricos están menos expuestos al crimen pero igualmente corren graves riesgos. Derrotar la inseguridad sería mejor para ellos que rodearse de escoltas para tratar de aislarse de ella. Y para bajar el crimen no se necesita más seguridad privada, sino más jueces y fiscales independientes, mejores políticas penitenciarias y de control de armas, más programas sociales de prevención y rehabilitación, y cuerpos policiales mejor entrenados y bien equipados, con mayor alcance y menos vulnerables a la penetración de las mafias. Para estas labores, por supuesto, no se puede prescindir del Estado.
Este debate no es ideológico. La crisis de inseguridad resalta la importancia de distinguir entre el alcance del Estado y su fuerza. El alcance se refiere al abanico de funciones que el Estado puede cumplir, y la fuerza se refiere a la efectividad con que cumple sus funciones. Un Estado puede tener un gran alcance y al mismo tiempo ser muy débil porque no es capaz de cumplir con labores tan básicas como hacer cumplir la ley. En América Latina los estados suelen combinar una extrema debilidad con un excesivo alcance.
Móviles
El mayor fallo de seguridad en Android evoluciona y mil millones de dispositivos están en peligro
«Stagefright 2.0» permite instalar «malware» a través del procesamiento de archivos multimedia, afecta a la versión Android 5.0 o superiores y pasa más desapercibido
El mayor fallo de seguridad jamás detectado en Android, bautizado como «Stagefright 2.0», ha provocado que más de mil millones de dispositivos Android sean vulnerables a este «bug» que permite instalar «malware» a través del procesamiento de archivos multimedia.
Esta es la escalofriante cifra de terminales afectados que los expertos en seguridad han dado a «The Guardian». El fallo, cuya primera versión fue descubierta el pasado mes de julio, permite que un ciberdelincuente pueda entrar en el dispositivo de cualquier persona con el simple envío de un archivo que no hace falta ejecutar o descargar.
«La visita a un sitio web o la vista previa de un archivo de canción o vídeo infectados podría permitir al atacante acceder al dispositivo móvil de la víctima y ejecutar un código remoto», explica en «The Guardian» Mark James, especialista en seguridad de ESET NOD32. De esta manera, los atacantes pueden hacer lo que quieran. «Tienen acceso completo al dispositivo», recuerda, por lo que pueden instalar otro «malware» o robar sus datos para suplantar la identidad de la víctima.
Con el primer fallo, «Stagefright», los «hackers» podían hacerse con un «smartphone» Android mediante un archivo multimedia especialmente diseñado para ser entregado a través de MMS. Sin embargo, «Stagefright 2.0» es la segunda vulnerabilidad detectada que permite al ciberdelincuente hacerse con el teléfono de cualquier persona, incluidas personalidades públicas, a través de un MP3 o MP4. «La primera vulnerabilidad afectó a casi todos los dispositivos Android desde la versión 1.0 lanzada en 2008», recuerda el experto, pero «Stagefrigth 2.0» afecta a la versión Android 5.0 o superiores y pasa más desapercibido: «La primera versión de Stagefright requería de algún tipo de información del usuario, es decir, un número de móvil para poder enviar el mensaje de texto al dispositivo», ha explicado Mark James. Pero «esta nueva versión no necesita tener información alguna del usuario para tener éxito. Permite el acceso a un público mucho más amplio y, de hecho, podría permitir el acceso a más de mil millones de dispositivos Android», ha añadido.
La vulnerabilidad afecta incluso a los teléfonos inteligentes que han tenido el gusanillo Stagefright , como los dispositivos Nexus de Google y series Galaxy S6 de Samsung.
Según «The Guardian», Google fue notificada el pasado mes de agosto de este error, ha reconocido los agujeros de seguridad y ha calificado la situación de «crítica» porque existe «la posibilidad de ejecución de código remoto como el servicio MediaServer, que tiene acceso a los flujos de audio y vídeo, así como el acceso a los privilegios que las aplicaciones de terceros normalmente no tienen», explica el experto.
Los errores deben ser parcheados con las actualizaciones de seguridad que Google lanza para sus teléfonos Nexus, así como el resto de compañías para sus propios dispositivos, como son los casos de LG o Samsung.