En diciembre de 2010 Global Chase, la primera Academia Privada deInteligencia que existe en España, organizó en la UNED de A Coruña, la Iª Jornada de Inteligencia y Servicios de Información, reuniendo a más de dos centenares de estudiantes y profesionales de Investigación y Seguridad Privada, Periodismo de Investigación, y funcionarios de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad del Estado. En aquel primer evento magistrados, como el Juez José Antonio Vazquez Taín; ex espías, como el Coronel Manuel Rey (CESID) y funcionarios, como el Secretario General de laConfederación Española de Policía, Ignacio López García de la Torre, entre otros, debatieron sobre los nuevos retos de la Inteligencia y las nuevas amenazas a las que se enfrentan los servicios de información en el siglo XXI.
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Desde enero de 2011 la UNED de A Coruña acoge también el primer curso teórico-práctico de Inteligencia y Técnicas de Infiltración, organizado porGlobal Chase, y que cuenta con un selecto elenco de profesores y especialistas, entre los que destacan agentes encubiertos, como David Madrid (CNP), ex espías, como el Comandante Fernando San Agustín (CESID); detectives, como Armando González (Presidente del Colegio Profesional de Detectives de Galicia), o periodistas de investigación, como Fernando Rueda(Director de El Reservado.es)
Ahora Global Chase se convierte en la primera academia que ofrece un curso teórico-práctico sobre algunas de las técnicas de investigación más utilizadas en la actualidad que, paradójicamente no se enseñan en ninguna facultad universitaria, academia de policía o centro de formación privado.
Un grupo de trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria ha protagonizado hoy una protesta ante el Palacio de Justicia en la capital grancanaria ante el despido por motivos sindicales de cinco vigilantes encargados de la seguridad en edificios de Justicia.
Así lo ha informado el coordinador regional de seguridad privada de Intersindical Canaria (IC), Jacinto Ortega, quien ha señalado que estos despidos se deben a la acción sindical de los trabajadores y se suman a los más de cien que han tenido lugar desde el pasado mes de diciembre por parte de Seguridad Integral Canaria.
Citó que uno de los cinco trabajadores despedidos hace diez días se había presentado a las elecciones sindicales en representación de Intersindical Canaria, si bien añadió que éste no es el único sindicato que desde la empresa Seguridad Integral se pretende su "acoso y derribo".
Explicó también que la protesta ante la sede del Palacio de Justicia obedece a que IC considera que los despidos ocurridos tienen el "beneplácito" de la Administración canaria, por el hecho de otorgar servicios a empresas que "incurren en faltas y no cumplen los derechos de los trabajadores".
Ortega informó de que, además de esta protesta, los trabajadores de la empresa de Seguridad Integral empleados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han iniciado desde hoy una huelga indefinida, y que también desde el sindicato se estudian otras acciones de protesta por los continuos despidos.
Criticó que el presidente de la empresa Miguel Ángel Rodríguez, que también preside la Unión Deportiva Las Palmas, se preocupe más por el deporte que por los asuntos laborales, y que se escude en la crisis para "quitarse de en medio" a estos trabajadores.
Fuentes de la empresa han señalado que no tiene intenciones de efectuar declaraciones sobre los despidos.
FUENTE: www.eldia.esEl Consejo Legislativo Estadal aprobó durante la sesión ordinaria de ayer, investigar a diversas empresas privadas de seguridad que hacen vida en la región, con el fin de dar respuesta a una cantidad de denuncias con respecto a supuestos incumplimientos de pasivos laborales, entre otros temas relacionados con la seguridad.
La propuesta la realizó la presidente de la Comisión de Política del Parlamento regional, diputada Nellyver Lugo, quien explicó que las situaciones que investigarán han sido reiterativas y que por lo tanto permiten poder hacer una inspección y un abordaje integral para resolver la supuesta creación de dos o más empresas de seguridad conexas, con el fin de distraer y evitar el pago de los pasivos laborales, así como también la falta de responsabilidad que tienen las empresas a la hora de ocurrir un acto a favor o en contra de un vigilante privado.
En este sentido, la parlamentaria explicó: "lo que motivó la denuncia, fue una situación que se registró con un vigilante privado que por un uso inadecuado de una de las armas, agredió a una persona, dejándola parapléjica, y la empresa de seguridad hasta el momento no se ha hecho responsable de los costos que esta nueva situación le ha ocasionado al agredido".
Asimismo explicó que también hay denuncias sobre el uso inadecuado de la permisología que da el Darfa para el uso del armamento que se usará para el resguardo de una empresa privada, y otras denuncias más que la diputada prefirió no comentar por la presunta gravedad del asunto.
La sección sindical de UGT en la Policía Local de Oviedo salió ayer al paso de el apoyo anunciado por los vecinos de Montecerrao a su petición de seguridad privada en el barrio. Un apoyo que, según el colectivo, les habría dado la concejal de Seguridad Ciudadana, Conchita García.
UGT mostró ayer su disconformidad con el posicionamiento de la edil al “incentivar la seguridad privada en detrimento de las obligaciones que tiene la Policía Local”. El sindicato recordó que la seguridad es cosa de la Policía y que cuesta al ayuntamiento más de 14 millones de euros al año, por lo que ven ridículo que encima se invite a los vecinos a pagar una seguridad privada que, además, no podría actuar al carecer de permisos para trabajar en zonas públicas, por lo que sólo podría vigilar desde el interior de las casas.
FUENTE: www.lavozdeasturias.esLa sección sindical de UGT en el Ayuntamiento criticó ayer a la concejala de Seguridad Ciudadana, Conchita García, por no oponerse a la petición de los vecinos de Montecerrao de poner en la zona de chalés seguridad privada, tras el robo sufrido en unas de las viviendas. La concejala no aprobó la petición vecinal, y derivó a los vecinos a la Policía Nacional.
«¿Cómo una responsable política, que dirige o pretende dirigir un cuerpo policial, puede animar a los vecinos a plantear la instalación de seguridad privada en una zona pública, en la que por ley sólo la pueden desarrollar las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿Es que la concejala no sabe de las limitaciones de la seguridad privada y el personal que la compone? ¿No sabe la concejala que el ejercicio de autoridad sólo se puede hacer desde los poderes públicos, en este caso desde las fuerzas y cuerpos de seguridad (Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil)?», se pregunta UGT en un comunicado.
El sindicato reclama a la edil que se dedique «a sacar rentabilidad a los más de 14.000.000 euros que le costará el servicio policial local a los contribuyentes ovetenses el presente año, así como a organizar a los 280 efectivos de los que dispone el cuerpo policial, cifras nada desdeñables para ofertar un servicio público ágil y eficaz».
FUENTE: www.lne.es