El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Jesús Málaga Guerrero, ha copresidido esta mañana la Junta Local de Seguridad convocada a instancias del Ayuntamiento de Salamanca para tratar sobre la concentración que, desde el pasado domingo, día 18, está teniendo lugar en la Plaza Mayor de esta ciudad.
Jesús Málaga inició su intervención aludiendo al artículo 21.2 de la Constitución Española que señala que “en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Ha añadido que la regulación está contenida en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que en su artículo 1.2. expresa que “se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada” y que en su artículo 3 dispone que “ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización”.
El procedimiento general para el ejercicio del derecho fundamental de reunión es: comunicación a la Subdelegación del Gobierno, que notificará al Ayuntamiento los datos contenidos en la misma a fin de que éste informe, en el plazo de 24 horas, sobre las circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse en dicho plazo, el informe se entenderá favorable.
El informe se referirá a causas objetivas, concretó el subdelegado del Gobierno en Salamanca, según marca la Ley, tales como el estado de los lugares donde pretenda realizarse la manifestación o concentración, la concurrencia con otros actos, las condiciones de seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico. En todo caso, el informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.
Si la Subdelegación del Gobierno considerase la existencia de razones fundadas que pudieran producir alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de las mismas.
La secretaria miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería, Adela Segura, ha querido explicar sobre la Proposición No de Ley del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía para crear Planes Y Programas con datos de la EPA en cuanto al paro de las mujeres y las duras estadísticas de nuestra mujeres muertas a manos de sus maltratadores y verdugos, que esta pone de manifiesto la lucha constante del PSOE por la equidad social, la seguridad de las mujeres y el oportunismo político del PP para proponer Planes de Empleo y Programas de Protección para las mujeres de Almería”.
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“Es verdad, es una etapa difícil para toda la ciudadanía y las mujeres a lo largo de la historia siempre lo han pasado peor”. La gran mayoría de las mujeres están hartas de propuestas oportunistas, pero además tienen memoria en cuanto a la negativa y la abstención del PP en Leyes que marcaron un hito en la legislación de España como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del 2004 y la Ley Orgánica del 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Leyes a las que criticaron y vapulearon desde distintos frentes”, según Adela Segura.
“La contundencia de los datos es la que ha impulsado al PSOE a promover, aunque no se haya enterado el PP el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013) que recoge los compromisos que en materia de igualdad de género que asume la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta la situación actual, las necesidades detectadas, la experiencia ya obtenida por la gestión de servicios públicos y muy específicamente desde los programas de promoción de los derechos de las mujeres”, según la secretaria socialista.
La investigación interna llevada a cabo por el Servei de Salut sobre la presunta filtración de datos de enfermos desde el hospital de Inca a los miembros del PP local que después visitaban a los pacientes determinó que, entre el 21 de septiembre y el 2 de noviembre de 2009, pocos meses antes de las elecciones municipales, se remitieron al menos 39 faxes con información confidencial sobre los enfermos del hospital al instituto Pau Casesnoves de Inca, donde trabajaba la regidora de Sanidad Margalida Horrach. Además, todos los envíos iban precedidos de una llamada hecha desde el hospital comarcal. Según publicó este diario el pasado mes de noviembre, fuentes de la plantilla laboral de ese centro educativo aseguraron que la propia Horrach era la encargada de recoger los envíos. La concejal utilizaba presuntamente los datos para visitar después a los enfermos ´inquers´, de cuyos testimonios recogidos por este rotativo no se desprendía que hubiesen dado su consentimiento expreso para recibir visitas por parte de los políticos del PP.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acordó iniciar procedimiento de declaración de infracción contra el hospital de Inca y el Ayuntamiento de la localidad del Raiguer por la presunta cesión irregular y no autorizada de los datos de algunos de los pacientes ingresados en el complejo hospitalario. El sindicato UGT también denunció este hecho ante la propia AEPD.
Según esta agencia, tanto el hospital como el Consistorio podrían haber incumplido dos artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, una infracción considerada como "muy grave".
FUENTE: www.diariodemallorca.es
LA proposición no de ley del partido popular para crear Planes Y Programas con datos de la EPA en cuanto al paro de las mujeres y las duras estadísticas de nuestra mujeres muertas a manos de sus maltratadores y verdugos, pone de manifiesto la lucha constante del PSOE por la equidad social, la seguridad de las mujeres y el oportunismo político del PP para proponer Planes de Empleo y Programas de Protección para las mujeres de Almería. Es verdad, es una etapa difícil para toda la ciudadanía y las mujeres a lo largo de la historia siempre lo han pasado "peor". La gran mayoría de las mujeres están hartas de propuestas oportunistas, pero además tienen memoria en cuanto a la negativa y la abstención del PP en Leyes que marcaron un hito en la legislación de España como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del 2004 y la Ley Orgánica del 2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Leyes a las que criticaron y vapulearon desde distintos frentes.
La contundencia de los datos es la que ha impulsado al PSOE a promover, aunque no se haya enterado el PP El I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía (2010-2013) recoge los compromisos que en materia de igualdad de género asume la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta la situación actual, las necesidades detectadas, la experiencia ya obtenida por la gestión de servicios públicos y muy específicamente desde los programas de promoción de los derechos de las mujeres.
Teniendo en cuenta la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en el Plan Estratégico, se han establecido Líneas de Actuación entre las cuales, relacionadas con el Empleo y la Conciliación y Corresponsabilidad con actuaciones imprescindibles para mejorar esta situación de precariedad de una crisis mundial:
Hoy se están haciendo en España, tanto por el Gobierno español como por los gobiernos de las Comunidades Autónomas, enormes recortes de derechos sociales adquiridos por la población española (como la congelación de las pensiones, así como la reducción de fondos públicos para la sanidad, la educación, los servicios sociales y otros servicios del Estado del Bienestar, que suponen una reducción de los derechos sociales, pues la evidencia muestra que tales recortes están afectando negativamente a la calidad de tales servicios), que se están realizando bajo la excusa (no hay otro término para definir la argumentación que se está utilizando para justificar tales reducciones) de que así lo exigen los mercados financieros. La expresión “la presión de los mercados determina la necesidad de hacer tales recortes” es la más utilizada y promovida por los establishments políticos y mediáticos del país. Pero la evidencia muestra que ello no es cierto. Es fácil de ver que los mercados no están pidiendo que se hagan los recortes en estas transferencias y servicios públicos.