El PP, personado como acusación popular dentro de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla a cuenta de la supuesta duplicación de facturas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' en sendos programas de subvenciones del Ayuntamiento y de la Diputación, ha solicitado al juez que tome declaración "como testigo o, en su caso como imputada", a A.M.V., "que mantiene una relación conyugal o análoga" con el que fuera asesor del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, así como que tome nueva declaración a cuatro de los imputados en esta causa.

En un escrito elevado este mismo martes día 13 de septiembre ante el Juzgado instructor, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP argumenta que, "tras la multitud de diligencias practicadas hasta la fecha, aún quedan por practicar ciertas diligencias, algunas ya propuestas con anterioridad y no practicadas o acordadas y otras a resultas de las últimas practicadas, que sin duda contribuirán al mayor esclarecimiento de los hechos y la averiguación de sus responsables".

En este sentido, hace mención al informe pericial según el cual tres facturas emitidas por la copistería 'Copyur' para 'Unidad' "podrían haber sido falsas" al no figurar siquiera en el libro de contabilidad de la empresa, toda vez que otras diez de las 18 facturas investigadas incurren en "irregularidades" como una posible duplicidad. Este informe, según el PP, "ha dado luz a hechos y documentos que hasta ahora no habían sido considerados en la investigación, al menos por esta acusación, y que sin duda son relevantes para la investigación y que hacen necesaria la práctica de nuevas diligencias".

El pasado mes de septiembre, el juez Manuel Ignacio Centeno dictó la apertura de procedimiento contra la expresidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' Ángeles Nevado; su esposo, Ángel Cervera, y la que fuese trabajadora de la organización Josefa Prado, mientras que decretó el sobresimiento contra el que fuera asesor del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, el que fuese concejal de Vía Pública y expresidente de 'Unidad' Manuel Gómez Lobo, una extrabajadora de la organización; Susana D.V., y los responsables de la copistería 'Copyur' Juan José G.V. y María del Carmen M.N..

No obstante, en un auto emitido el pasado día 29 de octubre de 2010, el juez instructor estimó parcialmente los recursos interpuestos tanto por el PP como por las representaciones procesales de Nevado, Cervera y Prado, de manera que dejó sin efecto el auto de procedimiento abreviado de fecha 6 de septiembre y determina "continuar la tramitación del procedimiento como diligencias previas para completar la fase de instrucción del mismo".

Pues bien, el PP pide al juez Manuel Ignacio Centeno que tome declaración a A.M.V., argumentando que existe una subvención otorgada a 'Unidad' para la 'Atención jurídica a mujeres vecinales 2001', cuya justificación la realiza Gómez Lobo mediante justificantes de gasto, "que no facturas", domiciliados en la misma sede de 'Unidad' y emitidos por A.M.V., "que mantiene una relación conyugal o análoga" con Domingo Enrique Castaño", todo ello a pesar de que "consta en autos que la asesoría jurídica de 'Unidad' era ejercida" por otros dos letrados "y no por" A.M.V..

RESUMEN ANUAL DEL IVA

De este modo, el PP interesa que se recabe a través de la Agencia Tributaria la declaración censal de alta en el ejercicio de la abogacía por A.M.V., la declaración de operaciones con terceros de más de 3.000 euros, declaraciones trimestrales y el resumen anual de IVA, tanto del año 2001 como de 2002.

De igual modo, el PP pide que se tome nuevamente declaración a los imputados Manuel Gómez Lobo, Domingo Enrique Castaño, Susana D.V., y Josefa Prado, así como que, "por el Juzgado o por la Policía Judicial", se reciba declaración sobre los hechos "a todos los miembros de las juntas directivas de 'Unidad' presididas por Gómez Lobo y Ángeles Nevado".

Por último, también solicita que se libre oficio al PSOE de Sevilla "a fin de que certifique ante el Juzgado si los miembros de la Junta Directiva de 'Unidad' que constan en sendas certificaciones" obrantes en las actuaciones "han sido y/o son afiliados de dicho partido político y los cargos que hayan ostentado dentro de la estructura orgánica y/o territorial del partido", ya que se trata de una diligencia de prueba "acordada y que fue negada en su día a la Policía Judicial al amparo de la Ley de Protección de Datos".

LOS HECHOS

El caso de las facturas duplicadas de 'Unidad' salió a la luz en 2006 ante las presuntas irregularidades en subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la entidad vecinal, cuando estaba de presidenta de la misma Ángeles Nevado, esposa del exasesor de Presidencia de la institución provincial Ángel Cervera.

Las facturas justificadas indebidamente fueron presentadas por 'Unidad' por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio con la misma documentación el 1 de junio y el 31 de julio de 2003. Tras la denuncia, Nevado presentó su dimisión, al igual que su marido, quien abandonó su cargo en la Diputación.

FUENTE: www.europapress.es