Levante-EMV.com » Castelló La Vall pasa el caso de la cámara oculta a la Agencia de Protección de Datos El exalcalde Tur y la concejala Algar exigen al PP que pida disculpas y anuncian acciones legales
El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó remitirá a la Agencia Española de Protección de Datos el auto dictado por la Audiencia Provincial de Castelló que sobresee todas las actuaciones por la vía penal sobre el caso de la cámara oculta para que continúe la investigación por la vía administrativa. En este caso, en el campo relativo a la utilización de las imágenes grabadas. Así lo comunicó la concejala y portavoz popular Elena Vicente-Ruiz, que añadió que "en su momento la agencia ya abrió un expediente en este asunto preguntando qué se hizo con las imágenes que se grabaron, por si se hubiera cometido con la instalación de la cámara alguna acción con repercusión administrativa". Aquella intervención de la agencia se produjo en 2008.La concejala portavoz, aunque afirmó respetar la decisión de la Audiencia, señaló que se "denunció la cuestión porque nos parecía un tema grave e ilícito" pues con el auto en el que se reconoce la instalación del dispositivo y de la modificación de la factura, "se deja libertad a los políticos de investigar lo que les interesa, amparándose en la voluntad de no causar daño a nadie" para añadir que además "los jueces dejan la puerta abierta a manipular documentos públicos para que los ciudadanos no sepan en qué se gasta el dinero de todos y esto es preocupante". Señaló que si los jueces consideran que "la actitud es legal" al menos "parece muy poco ética". Vicente-Ruiz reconoció el final del proceso judicial, así como el pago de las costas por el ayuntamiento, cosa que informó, ha pasado con otras sentencias como la de la boda de la diputada autonómica socialista María José Salvador, "que provocó un conflicto con la Iglesia por la Casa del Ermitaño y que perdió el consistorio con 60.000 euros de costas".Por su parte, la exconcejala de Interior socialista e imputada en dicho caso, María Dolores Algar instó a "Isabel Bonig, Vicent Aparici, Óscar Clavell, Elena Vicente-Ruiz y todas las personas que nos acusaron y difamaron con el tema de la cámara a que pidan disculpas públicamente por el daño moral producido durante cuatro años". Algar destacó que "se ha demostrado que todo es un montaje político". Además señaló que el equipo jurídico que ha llevado el caso "estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra los que de manera activa y pasiva han contribuido a manchar la imagen personal y política de los afectados".
Tur reitera que no hay delitoMientras el exalcalde, Josep Tur, tras ratificarse en sus declaraciones tras conocer el auto recordando que "no hay ningún delito" quiso incidir en el tema del pago de las costas del proceso que todavía no están valoradas. Tur señaló que el coste del proceso "no va caer sobre Bonig, Clavell, Aparici ni Vicente-Ruiz porque se han escudado en el consistorio para hacer la denuncia", pues afirmó Tur "en vez de denunciar desde el PP se han escudado en el ayuntamiento para no pagar por si perdían el procedimiento, como así ha pasado, y ahora las consecuencias, que son muchos miles de euros, se tendrán que pagar por los contribuyentes".Los socialistas se mostraron satisfechos con la sentencia emitida por la Audiencia Provincial.
Protección de Datos multa a UGT Enseñanza por publicar las retribuciones de los empleados
La Agencia Española de Protección de Datos multó a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza de UGT por dar publicidad de las retribuciones de los empleados, algo que está penado con una sanción grave.
El pasado 16 de junio la Agencia Española de Protección de Datos resolvió sancionando con 3.000 euros a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT). La agencia consideró la publicidad de las retribuciones de los empleados como una sanción grave según lo establecido en el artículo 6.1 de la LOPD.
Los hechos fueron los siguientes: el 3 de marzo de 2010 a las 12:55 FETE UGT envía un correo electrónico a sus afiliados con el siguiente asunto: FETE informa al PAS. En dicho correo se adjuntaba un documento en el que se detallaban las gratificaciones acordadas por la Universidad Complutense de Madrid en el marco del programa Gratificaciones del Aula a Distancia y Abierta de la Comunidad de Madrid. En dicho documento se criticaba que las gratificaciones conllevaran la no renovación de contratos de personal y la reducción de plantilla. Se informaba de la cuantía general y se desglosaba persona a persona en seis casos. Exactamente los seis casos que se denunciaron ante la Agencia de Protección de Datos.
La Agencia abre expediente sancionador y reclama a las partes sus alegaciones. FETE UGT explica que la citada información forma parte de su actividad sindical, que la información fue destinada exclusivamente a sus afiliados y que en todo caso, se trataba de información accesible a todo trabajador de la UCM. Alega además que las gratificaciones forman parte de acuerdos del consejo de gobierno de la UCM, de naturaleza públicos. FETE-UGT también considera que aunque las gratificaciones publicadas eran de empleados, deben de asimilarse a la de funcionarios públicos.
La Agencia considera sin embargo que esa asimilación no se ajusta a la normativa y recuerda que en ningún caso hubo consentimiento de los denunciantes por lo que considera que la publicidad de sus retribuciones vulnera la Ley de Protección de Datos de manera grave y es sancionable con 3.000 euros. Esta es la propuesta de resolución del pasado 5 de abril ratificada posteriormente el 16 de junio.
Ninguna empresa, asociación u organismo público debería olvidar la importancia de la protección de datos. “Es necesario apoyarse en expertos que les puedan asesorar para evitar cometer graves infracciones que podrían no haberse cometido”, comenta María Mas especialista en Protección de Datos de IMAdvisory.
Firma convenio CAIP con Agencia Vasca de Protección de Datos Personales
Se impulsarán acciones de difusión, capacitación e intercambio de información sobre la protección de los datos personales Puebla, Pue.- A fin de impulsar mecanismos de colaboración e intercambio de información y experiencias en materia de transparencia y protección de datos personales, la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, representada por Blanca Lilia Ibarra Cadena y la Agencia Vasca de Protección de Datos Personales, encabezada por Iñaki Vicuña, firmaron un convenio que busca contribuir al desarrollo de estudios, investigaciones, análisis o informes relacionados con el derecho a la protección de los datos personales.
Durante la firma de este convenio, la Comisionada de la CAIP señaló que la protección de los datos personales y su uso indiscriminado en redes sociales constituye hoy en día una problemática que preocupa y ocupa a las naciones por lo que se requieren de estrategias de cooperación entre organismos conformados de manera específica para atender este problema.
Expresó que la protección de datos personales, considerada como el respeto a la vida privada dentro de la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, debe ser una prioridad para construir las relaciones y herramientas necesarias para hacer frente a las amenazas a la privacidad.
Por su parte, Iñaki Vicuña, manifestó que un gobierno democrático es aquel que posibilita una transparencia en el ejercicio del poder y protege los datos personales de los ciudadanos. Agregó que no se puede frivolizar sobre los derechos fundamentales, utilizándolos según convenga en un momento u otro en la pugna política.
Con la firma de este convenio internacional, se busca impulsar el intercambio de información relacionada con el marco normativo regulador de los principios de protección de datos personales; contribuir al desarrollo de estudios, investigaciones, análisis o informes relacionados con el derecho de protección de la información personal; así como que ambas instituciones se proporcionen recíprocamente la asistencia verbal o escrita que se estime conveniente con relación a la aplicación de las normas de protección de datos y la interpretación de las mismas.
Antes de lanzar un 'tuit', piense en los riesgos legales
Un tercio de los usuarios de redes sociales y la mitad de los que usan Twitter, según un estudio, no tiene en cuenta los peligros jurídicos al escribir un comentario en sus perfiles que podría ocasionar desde multas de hasta 600.000 euros a penas de dos años de cárcel
El auge de Twitter y el significativo aumento en el uso de medios como Facebook y Linkedin han convertido a las redes sociales en una parte dominante e importante de la vida cotidiana. La primavera árabe, los disturbios del verano pasado en ciudades del Reino Unido, el movimiento 15-M en España u otros similares en otros países recuerdan el enorme impacto que estos nuevos medios pueden tener en la sociedad.
El número de personas que ha publicado algún comentario en estas redes sociales ha crecido exponencialmente en los últimos tres años y sólo en Reino Unido ha crecido del 54% al 67%. Sin embargo la mayoría de los internautas que usan los Social Media no son conscientes de los peligros que implica participar en estas redes. Según un estudio efectuado por el bufete DLA Piper en el país británico, dos tercios (63%) de los encuestados afirma tener aún poca o ninguna conciencia de sus derechos y riesgos legales cuando escribe un comentario en redes sociales.
Otro dato preocupante refleja que sólo el 18% afirma que lee los términos y condiciones para publicar comentarios en estas redes, frente al 38% que lo hacía en 2008. Y aunque estos datos son de un estudio efectuado a 2.000 ciudadanos británicos, los resultados podrían ser similares en España.
Por ejemplo, comparativamente y en el caso de Twitter, Reino Unido es el segundo país en uso de la red de microblogging, pero España –en la 9º posición- es el que más creció, un 151%, entre noviembre de 2009 y 2010. Según el estudio de DLA Piper, el 52% de los usuarios de Twitter no tiene en cuenta que sus tuits podrían estar violando alguna ley antes de enviarlo, un porcentaje que sube al 65% entre los jóvenes de entre 18 y 14 años de edad.
Desde hace tiempo se acepta que el comportamiento en la Red difiere del comportamiento que las personas realizan en el mundo real, debido en gran medida, a que el anonimato lo permite. Pero las cosas están cambiando. Por un lado compañías como Facebook o Google + están luchando por que no existan perfiles falsos o bajo seudónimos y que todos los usuarios se registren con su nombre real. Y por otro, las autoridades policiales de muchos países están perfeccionando sus métodos para poder detectar con facilidad a quien vulnera la ley en las redes sociales.
ConsecuenciasPero ¿cuáles son los riesgos legales a los que se enfrentan los usuarios de redes sociales? El primer peligro en cualquier país es que la empresa para la que se trabaja considere que el comentario vertido en una red comprometa a la compañía o no sea una conducta adecuada para un empleado de esa empresa y ésta imponga una sanción leve o incluso una grave como el despido, que un juez podría considerar procedente.
En el caso del Reino Unido, donde se ha realizado el estudio, los comentarios difamatorios incluidos en redes sociales han conllevado cuantiosas multas de muchos miles de libras, y una violación de privacidad podría conllevar dos años de cárcel si así lo dictamina un tribunal británico. Por ejemplo, incitar disturbios callejeros, como los sucedidos el pasado agosto, a través de Facebook podría conllevar prisión.
“En España los riesgos son bastantes similares al Reino Unido”, como afirma Diego Ramos, socio del departamento de Tecnología y Propiedad Intelectual de DLA Piper en la oficina de Madrid. Ramos apunta que “en nuestro país los peligros jurídicos por el mal uso de las redes sociales van desde compensaciones a los afectados por temas contra la protección al honor y a la propia imagen -jurisdicción civil-, a cuantiosas sanciones administrativas impuestas por la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) de hasta 600.000 euros por temas como la usurpación de identidad o a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por delitos contemplados en el Código Penal, máxime tras la reciente reforma”.
En este sentido el artículo 197 del Código Penal español especifica que será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado –donde se incluiría el perfil personal de una red social-. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.
La reciente reforma del Código Penal también advierte, como publicó EXPANSIÓN (ver periódico del 24 de diciembre de 2010), que quien difunda noticias o rumores sobre personas o empresas a sabiendas de que los datos económicos son falsos con el fin de alterar el precio de una cotización, será condenado a entre seis meses y dos años de prisión. Por supuesto, también si éstas se producen ante un medio como las redes sociales.
Pero como añade el abogado de DLA también podría considerarse un delito tipificado con penas de prisión para quien “contribuya o fomente desde las redes sociales el suicidio de alguien, conductas como la anorexia o cuando se amenaza a otro usuario”. Precisamente hace unos días, la Policía detuvo en Marbella a un tuitero que amenazó de muerte a la presentadora de televisión Eva Hache. Y es que no todo vale en Internet. Antes de lanzar un tuit, piense en los riesgos legales.
FACEBOOKAlemania demandará a Facebook
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La Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo (Alemania) tiene la intención de demandar a Facebook después de que las conversaciones mantenidas con la red social sobre el reconocimiento facial llegaran a un callejón sin salida
La Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo (APD) está iniciando los procedimientos preliminares para emprender acciones legales contra Facebook por la función de reconocimiento facial utilizada para el etiquetado de fotos en la red social. Este organismo considera que la negociación con Facebook ha sido inútil después de que el gigante de las redes sociales no esté de acuerdo con el hecho de que deba obtener el consentimiento de los usuarios para esta función, incluso con carácter retroactivo.
Las leyes alemanas de protección de datos exigen a las empresas que informen claramente a los usuarios sobre cómo su información personal está siendo utilizada. La Agencia de Protección de Datos de Hamburgo considera que esto no ha sucedido cuando Facebook ha comenzado a utilizar la tecnología de reconocimiento facial para las sugerencias de etiquetas en las fotos.
Como solución de compromiso, Facebook propuso la introducción de una casilla para que los usuarios aceptasen los términos y condiciones, así como las directrices sobre el uso de datos, pero la APD considera que esta solución no es suficiente para legitimar la recolección y uso de características biométricas faciales de los usuarios.
Además, esta casilla sólo estaría disponible para los nuevos usuarios, lo que significa que a las personas que ya están inscritas en Facebook no se les pediría su consentimiento para utilizar esta técnica. Johannes Caspar, comisario de Protección de Datos y Libertad de Información de Hamburgo, describe como “decepcionante” el resultado de meses de negociaciones con la compañía de redes sociales.
El portavoz de la Agencia de Protección de Datos de Hamburgo, Maik Möller, aclara que este organismo ha sido elegido por otras APD alemanas para actuar en este caso. La acción legal será llevada ante el Tribunal Administrativo de Hamburgo y podría conllevar una multa de hasta 300.000 euros y una orden de prohibición para esta función.
Facebook no está de acuerdo con las autoridades alemanas y considera que la acción legal es innecesaria porque su característica Sugerencia de Etiqueta es compatible con las leyes de protección de datos de la Unión Europea (UE). "Hemos avisado y proporcionado información completa a nuestros clientes sobre la sugerencia de etiquetas, y proporcionamos herramientas muy sencillas para que la gente pueda elegir si no desea utilizar esta función. Hemos considerado cuidadosamente las opciones diferentes para hacer que la gente sea más consciente de nuestra política de privacidad y estamos decepcionados por el hecho de que la APD de Hamburgo no haya aceptado estas políticas", asegura la compañía en un comunicado.
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