Rama ya fue multado con 360.000 euros en 1999 por tráfico de datos
Juan Antonio Rama Menéndez, alias «Juanito», cabecilla de la red de tráfico ilegal de datos desmantelada en el marco de la «operación Pitiusa», no era un novato en este tipo de operaciones. La Agencia de Protección de Datos ya abrió en 1999 un expediente sancionador al detective natural de Muros de Nalón por la cesión de datos personales a una empresa consultora, sin contar con el consentimiento de los afectados. La sanción no fue menor: 360.000 euros.
Oficialmente, Juan Antonio Rama está al frente de una empresa individual dedicada a la realización de estudios de mercado y encuestas de opinión pública. Su domicilio social está en la calle Alameda Recalde de Bilbao, sede del despacho profesional del también detective privado Luis García, lo que hace sospechar a los agentes que se trata de una tapadera. Según los datos del registro, el empresario Rama Menéndez tiene varias reclamaciones pendientes de la Seguridad Social.
La red de tráfico de datos dirigida por el murense tenía a su servicio a cuatro funcionarios de la oficina de Empleo de Badalona, de la que sacaron cientos de historias laborales que luego vendían a bancos y aseguradoras. Según publicó ayer el diario «El País», una de las funcionarias es Mercedes Gómez, ex cuñada del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
FUENTE:La Nueva España
La Audiencia Nacional llama la atención a Protección de Datos por no reclamar información a Google ante una denuncia
La Audiencia Nacional ha llamado la atención sobre la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de no reclamar información a Google, a raiz de una denuncia que se presentó ante ese organismo por parte de una persona que ponía de relieve que desde el buscador se podía acceder a sus datos personales.
Según informa el portal www.salirdeinternet.com, en la AEPD acusó a la Xunta de Galicia de haber incumplido la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) por posibilitar que, al utilizar el buscador Google, se pudiese acceder a una lista de 659 ayudas a personas con discapacidad publicadas originariamente en la web www.xunta.es.
La Xunta mostró su disconformidad y alegó que la responsabilidad de que los datos se captasen por el buscador no era de la Administración gallega, puesto que en la web de la Xunta no era posible acceder a la lista, salvo que se utilizase como clave el DNI y el año de consulta.
La Xunta, que pretendía probar que no tenía ninguna responsabilidad en la captación de datos por el buscador, solicitó a la AEPD que pidiese un informe a Google que aclarase las razones de la indexación de los datos “blindados”.
Sin embargo, salirdeinternet.com asegura que la AEPD se negó a pedir el informe, y con fecha 20 de abril de 2009 la Agencia declaró que la Xunta había infringido el deber de secreto de la LOPD, de forma muy grave.
La misma fuente indica que en una sentencia del pasado mes de junio la Audiencia Nacional indica que "no alcanza a comprender por qué la AEPD se ha dirigido directamente (y únicamente) frente a la Xunta de Galicia y no frente al motor de búsqueda, teniendo en cuenta que los datos personales revelados y/o descubiertos solo eran visibles accediendo a través del buscador, pero no accediendo (directamente) a través de la pagina web de la Xunta".
Según el portal salirdeinternet.com "debiera de haberse investigado la razón técnica por la cual unos datos (que presumiblemente estaban blindados) aparecían en Google. Si se investigase podría aclararse si la Xunta era responsable (o Google), incluso por tratamiento de datos sin consentimiento".
FUENTE:Diario Siglo XXI
Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos
Iñaki Pariente de Prada: «Hay quien sabe de nosotros más de lo que imaginamos»
Recuerda que todos los ciudadanos tienen «derecho al olvido» y a que, si así lo desean, sus datos personales desaparezcan en la red
Ha comenzado una etapa de cuatro años al frente de la agencia encargada de controlar el tratamiento que las administraciones hacen de los datos personales de los vascos. Iñaki Pariente de Prada asume el cargo con el objetivo de extender la conciencia social sobre protección de datos y dar a conocer derechos como el del olvido, «el derecho a desaparecer de todas partes en la red».
- No le he visto nunca, pero ya sé que le gusta el tenis y las películas 'Casablanca' e 'Historias de Filadelfia'.
- Ha investigado en internet.
-¿Le incomoda?
- En absoluto. Entiendo que, cuando utilizas una red social y aportas tu perfil, tienes que ser consciente de que son datos utilizables por cualquier persona en cualquier contexto.
- ¿Cuando introduce sus datos en la red se lo piensa dos veces?
- Sí. Yo tiendo a introducir el menor número posible de datos personales no solo porque aparecen en redes sociales, sino también por la utilización comercial que luego se va a hacer de esos perfiles. Por ejemplo, una costumbre reciente es la publicidad comercial dirigida, que se extrae de los perfiles de la redes sociales para orientarla a franjas sociales de edad, gustos o zonas, seleccionando de entre esos perfiles todo este tipo de información.
- Según una encuesta encargada por la Agencia Vasca de Protección de Datos, un 66% de los vascos están preocupados por la permanencia de sus datos en la red. ¿Tienen motivos para ello?
- El problema es cómo valora cada uno sus datos y la permanencia. Hemos detectado una aparente contradicción entre esa preocupación y la acción real que desarrolla cualquier ciudadano para controlar esa privacidad. Parece que la gente está preocupada, pero al mismo tiempo no desarrolla la conducta adecuada en materia de privacidad. Tienen herramientas muy útiles que están a su disposición de una forma muy accesible en las propias redes sociales y en cualquier página de internet. Una cuestión muy interesante que también hemos encontrado es que la confianza en la protección de los datos es enormemente mayor en lo que hace la Administración que en su utilización en ámbitos privados como la banca, por ejemplo.
«Cierta pereza»
- ¿La gente no utiliza las herramientas para mantener la privacidad porque no sabe cómo hacerlo?
- La primera impresión es que hay una cierta pereza. Uno abre un perfil y empieza a colgar cosas despreocupadamente, pero la preocupación viene cuando de repente empieza a recibir publicidad y cosas que no sabe de dónde vienen. Es entonces cuando se empieza a preguntar quién tiene sus datos, a quién se los han transmitido y entre quiénes se han transferido.
- Es cuando una persona se da cuenta de que alguien sabe de ella más de lo que debería saber.
- Exactamente. En la actividad de la agencia vemos denuncias, solicitudes de tutela y quejas de particulares que se encuentran con situaciones en las que sus datos han circulado indebidamente y han aparecido en sitios en los que no deberían estar.
- ¿Por ejemplo?
- Hay muchos casos de negación del acceso a los propios datos personales. Hay particulares que se dirigen a una Administración para solicitar su historial y esa Administración o no le atiende o simplemente deja pasar el tiempo y no contesta. Hay muchos casos de este estilo y nos vemos obligados a intervenir y estimar la solicitud de tutela para que el particular pueda tener acceso a sus propios datos personales.
- Es como si una Administración se apropiara del pasado de una persona y no se lo quisiera devolver.
- Pues sí. Con la configuración legal que tenemos en España, los datos personales son de uno mismo, no de la Administración.
- Da la sensación de que hay quien sabe de nosotros más que nosotros mismos.
- No sé si diría tanto, pero sí que saben mucho de nosotros, incluso más de lo que nos imaginamos.
- Nos pasamos media vida intentando que se nos conozca en la red y pasaremos la otra media intentando que se nos olvide.
- Todos los derechos en materia de protección de datos se configuran en torno a lo que llamamos derechos Arco, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bien ejercidos, sobre todo el de la cancelación, pueden llevar al olvido, un derecho que el particular debe ejercer frente a cada una de las entidades que dispone de sus datos. Es un derecho gratuito y automático. Ante el ejercicio de ese derecho de cancelación, tanto la Administración como los particulares tienen la obligación de actuar de una forma muy inmediata para eliminar esos datos. El derecho al olvido supone desaparecer de todas partes.
- ¿Cómo se ejerce?
- Hay que ejercerlo de una forma individualizada y por escrito ante cada entidad de la que sabemos o sospechamos que tiene nuestros datos personales. Estas entidades tienen un plazo de diez días para cancelar todos los datos.
- ¿Es posible desaparecer del todo en la red?
- Estamos trabajando en ello. Los problemas son técnicos. Hay que lograr que los grandes buscadores eliminen de una forma auténtica y total las menciones a una persona en la red, que se cumpla el derecho al olvido total. Uno de los problemas es que todo lo que se publica en los boletines oficiales tiene un reflejo en los buscadores y lo sigue teniendo aunque el propio boletín elimine los contenidos referidos a datos personales, como los de alguien que ha ganado una plaza en la Administración, se le ha puesto una multa o ha tenido una sentencia de desahucio. Algunos de estos datos pueden hacer que una persona tenga en el futuro problemas para encontrar trabajo o de relaciones personales.
LEER ARTICULO:http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120716/pvasco-espana/inaki-pariente-prada-quien-20120716.html
FUENTE:El Correo Digital (Vizcaya)
Las Sentencias del Tribunal Constitucional podrán quitarse de Google
Una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha reconocido que es su obligación solicitar a Google que deje de indexar sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el Boletín Oficial del Estado si recibe peticiones de personas que consideren que se vulneran sus derechos de privacidad.
Google es una potente herramienta de búsqueda, capaz de localizar la información que los usuarios desean en todo momento. Sin embargo, esta posibilidad en ocasiones genera conflictos. Relacionado con esos conflictos, el derecho al olvido en la Red, o la potestad de los usuarios de solicitar que no aparezcan sus datos como resultado de búsquedas, es uno de los más controvertidos.
En concreto, la aparición de los datos de personas ligados a sentencias judiciales es una de las cuestiones que más polémicas ha generado. Por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional, con los datos de los usuarios incluidos, aparecen en el Boletín Oficial del Estados. De esta forma, los nombres de los afectados se hacen públicos y son más visibles al poder rastrearse en los buscadores.
El Tribunal Constitucional tiene potestad sobre sus sentencias y su reproducción debe quedar limitada a las páginas webs oficiales. Sin embargo en el año 2011 se planteó la duda de si el Tribunal Constitucional debía decidir sobre la publicación de sus sentencias en otros sitios, como por ejemplo Google.
La duda ha quedado resuelta después de una reclamación del despacho de abogados www.salirdeinternet.com. Tras solicitar a la AEPD que obligase a Google a dejar de indexar enlaces del BOE y a otras páginas que hacían referencia a una sentencia en la que aparecían datos de uno de uno de sus cliente, la AEPD aseguró que la petición debía elevarse al Tribunal Constitucional, alegando que era el responsable de la difusión de la sentencia.
RESOLUCION DE LA AEPD
"En un primer momento la AEPD se opuso a la petición del ciudadano, afirmando -por primera vez en España-, que la publicación de la Sentencia era obligatoria en el BOE y que la AEPD no tenía competencias para decidir sobre su difusión en Google al ser una materia reservada al propio Tribunal Constitucional", ha explicado un portavoz del bufete www.salirdeinternet.com.
.........LEER ARTICULO:http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2012/07/12/20120712191407.html
Enlaces relacionados:
- Resolución (http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/recursos_reposicion/rr_sobre_tutela_de_derechos/common/pdfs/REPOSICION-TD-01364-2011_Resolucion-de-fecha-25-06-2012_Art-ii-culo-16-LOPD-34-RD-1720-b-2007.pdf)
FUENTE:Expansión.com