El BOE publicará el nombre de los grandes defraudadores a partir de noviembre
El acoso a los defraudadores no cesa, al menos en lo que a cambios normativos se refiere. El Gobierno ha hecho suya la bandera de la lucha contra el fraude fiscal, y no sólo trabaja para elevar los ingresos por labores de inspección y control, también pretende que todo el mundo pueda conocer los nombres de los grandes evasores. Aspira a que queden «retratados», como se diría en otros ámbitos, aquellos que «causan un mayor perjuicio a la Hacienda pública» y cuyo proceso judicial ya haya registrado fallo condenatorio.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la Ley Orgánica por la que se regula la publicidad de las sentencias de fraude fiscal. Esta norma complementará a la lista de «morosos» de la Agencia Tributaria, ya que, según el Gobierno, «resultaría incoherente que se publicara la identidad de quienes por unos u otros motivos han dejado de abonar sus obligaciones tributarias y sin embargo quedara oculta precisamente la de los grandes defraudadores, condenados en sentencia firme por delitos de esta naturaleza».
Según se desprende de la nueva normativa, que fue aprobada la semana pasada tras pasar sin enmiendas por el trámite del Senado, a partir del próximo 11 de noviembre se podrá publicar en el BOE «un extracto del fallo condenatorio que contenga únicamente los datos que permitan la identificación del proceso, del condenado y del responsable civil, el delito por el que lo haya sido, así como la pena y la cuantía de la reponsabilidad civil impuesta». La Ley, además, «salvaguarda los derechos de protección de datos de otras personas que hayan podido participar en el proceso y no resulten afectadas por la condena», detalla el texto publicado ayer en el BOE.
Los fallos condenatorios a los que afecta la nueva Ley orgánica serán aquellas sentencias sobre fraude fiscal, pero también aquellas que resuelvan delitos como el «alzamiento de bienes, la insolvencia punible y el contrabando que tienen como perjudicado a la Hacienda Pública».
No se publicarán los datos cuando el condenado haya satisfecho con anterioridad a la firmeza de la sentencia la totalidad de la cuantía correspondiente al perjuicio causado a Hacienda por todos los conceptos, informa Ep. Es decir, que si el defraudador restituye lo defraudado, su nombre no aparecerá en el BOE.
Datos tributarios al descubierto
Multas, domicilio o el número de la cuenta corriente de cualquier vecino de Sevilla eran algunos de los datos que cualquier persona podía extraer de la página web del Ayuntamiento, dentro de la Agencia Tributaria, un “gran agujero de seguridad” denunciado por Ciudadanos y certificado incluso ante notario (que pueden consultar en nuestra web), aunque antes de que fueran anulado el enlace quien suscribe pudo comprobar que, efectivamente, se podía extraer cuanta documentación se solicitara, por ejemplo, de un expediente de embargo.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, explicaba, aunque sin ofrecer todos los pasos por respeto a la protección de datos, cómo Google recogía un enlace a la web municipal, que remitía a la Agencia Tributaria de Sevilla, en el que era posible -puesto que el Ayuntamiento ya lo ha desactivado- acceder con sólo aportar el DNI de cualquier vecino de la ciudad, a los datos de esa persona, desde su domicilio a sus multas, pasando por la propia cuenta corriente, los tributos que paga o los embargos que sufre.
Millán, que cosideraba “muy grave” este error de seguridad, ha asegurado que el enlace llevaba operativo desde hace tiempo, “incluso meses”, eludiendo todas las medidas digitales de seguridad del apartado de la Agencia Tributaria en la página web del Ayuntamiento. “Es un enlace concreto con el que se llega a un punto en el que simplemente con un número de DNI se ven todos los datos” de la persona a la que corresponde dicho DNI, según Millán.
Responsabilidades
“Hemos pedido que se corte ese enlace que está indexado en Google desde hace varios meses y hemos dado traslado del asunto a la Agencia de Protección de Datos”, ha manifestado Millán, que se preguntaba “¿cuáles han sido las causas y los responsables de este desaguisado?”.
Tras reclamar una investigación, Millán negaba que haya abierto una “una caza de brujas” y avisaba que, ante una “vulneración de derechos” de los ciudadanos cuyos datos custodia la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, “hay una responsabilidad política y administrativa y puede haber responsabilidad penal, pero hay que dilucidar cada aspecto en su ámbito”.
Rápida reacción
El primero en reaccionar ha sido el propio Ayuntamiento de Sevilla, que bloqueaba “de forma inmediata cualquier posibilidad de acceso público a información de la Agencia Tributaria que aparecía indexada en los buscadores sin las debidas garantías de seguridad” y abría “una investigación interna para aclarar los motivos por los que se ha producido este problema y desde cuándo se viene produciendo”.
Tanto el Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla como la Agencia Tributaria de Sevilla han iniciado de forma inmediata, según el Consistorio, “una investigación para aclarar lo ocurrido”.
Facua denuncia ante Protección de Datos al Ayuntamiento y la empresa que gestiona la web municipal
La organización de consumidores Facua Sevilla ha remitido una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Ayuntamiento de la capital y la empresa que gestiona la web de la Agencia Tributaria local (Tecnocom) por "haber vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos dejando al descubierto datos privados de los ciudadanos".
Así lo ha anunciado este viernes la organización en una nota un día después de que el grupo municipal Ciudadanos alertase en una rueda de prensa de la existencia de un "grave agujero de seguridad" en el apartado de la página web del Consistorio correspondiente a la Agencia Tributaria.
En concreto, según subraya Facua, "en el enlace a la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de la ciudad, con tan sólo introducir el DNI de cualquier ciudadano, se han podido consultar sin ningún otro tipo de comprobación de seguridad --como un certificado digital--, datos como domicilio, número de cuenta bancaria, multas pendientes, si tiene deuda o embargos, matrícula del coche y si paga o no los impuestos municipales".
Facua denuncia ante Protección de Datos Diputación adjudica la instalación de un sistema de videovigilancia en el Polígono de Pulpí
El presidente Gabriel Amat ha firmado el contrato de adjudicación de un proyecto que, redactado por el área de Fomento, pretende mejorar uno de los principales factores infraestructurales que aportan los espacios productivos y que contribuyen a la competitividad de las empresas: las condiciones de seguridad.
El objetivo de este proyecto es implementar este sistema de seguridad para mejorar y seguir modernizando un polígono industrial que tiene una gran actividad empresarial y que pretende seguir posicionándose como uno de los de mayor actividad comarcal.
El Espacio Productivo de Pulpí se encuentra en la zona noroeste del casco urbano y colinda con la línea férrea Almendricos-Águilas y la antigua carretera A-350.
Multa de 10.000 euros por llamadas comerciales no solicitadas
La Agencia Española de Protección de Datos reconoce el derecho de un usuario a no recibir ofertas telefónicas de operadoras
Si un consumidor comunica su deseo de no ser molestado con ofertas sobre planes de llamadas u otros productos de teleoperadoras, saltarse sus deseos puede conllevar multa. Eso mismo le ha pasado a Telefónica, a la que la Agencia Española de Protección de Datos le ha puesto una sanción.
El usuario afectado puso en conocimiento de la AEPD que había recibido una llamada por parte de la operadora Movistar –en realidad por parte de una empresa subcontratada para cuestiones de marketing denominada Affinion- en la que se le ofrecía un plan de llamadas denominado ‘Disfruta más por menos’.
Una situación habitual para prácticamente todos los clientes de las teleoperadoras, cuyos datos de contacto figuran en el registra de estas para cuestiones de comunicación comercial. Sin embargo, este caso era distinto: el usuario solicitó con anterioridad a la llamada su deseo de no recibir comunicación comercial alguna.
Sus datos figuraban en poder de la empresa auxiliar arriba citada, a la que Telefónica le trasmitió los datos de clientes que no habían manifestado su oposición al tratamiento de sus datos d con la finalidad de recibir promociones.
El sistema falló en este caso, y sus datos se incluyeron dentro del registro de llamadas comerciales. Tras abrir un expediente y comprobar el asunto, la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a Telefónica Móviles con una multa de 10.000 euros por una infracción del artículo 6 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3 b.