Policía auxiliar del Edomex


Un policía auxiliar del Estado de México que labora como vigilante en una empresa de seguridad privada fue detenido en la Supermanzana 65 porque portaba una pistola calibre 9 milímetros sin contar con todos los requisitos necesarios para tener esa arma en este polo turístico.

El sospechoso, Juan Falco García, de 53 años de edad, fue remitido a la Procuraduría General de la República (PGR) para que sean verificados sus documentos, y de no estar en regla estaría incurriendo en violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Falco García dijo estar asignado a la área de vigilancia industrial, bancaria y comercial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y mostró un oficio de comisión para portar la pistola calibre 9 milímetros, pero ese documento no cuenta con el sello de la Guarnición Militar de Cancún para avalar la portación de la arma.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública detectaron a Falco García a las 15:15 horas de ayer en la Supermanzana 65, en la zona conocida como “El Crucero”, cuando caminaba portando un uniforme similar al de las corporaciones policiacas, con chaleco antibalas y con una pistola, la cual contenía 15 cartuchos útiles.

“Manifestó que trabaja para una empresa de seguridad privada, presentando una identificación como integrante de cuerpo de guardias de seguridad industrial, bancaria y comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco, a nombre de Juan Falco García, así como un oficio de comisión sin el sello de la Guarnición Militar, requisito necesario para validar el oficio de comisión”, informó la Secretaría Municipal de Seguridad Pública.

Hasta el momento es desconocido qué tipo de labores realizaba como vigilante privado con una arma de fuego en Cancún, luego de haber llegado del Estado de México.

FUENTE:Diario de Quintana Roo

El pleno del Congreso Nacional aprobó anoche en primer debate la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que traslada los 24 centros penales al Instituto Penitenciario, organismo que pasará a la Secretaría del Interior y Población.

El Instituto será regido por una junta directiva dependiente de la Secretaría del Interior.

Para la custodia de los presidios se organizará un sistema que tenga garantía plena, integrando en un solo cuerpo la rehabilitación de menores y de adultos, aunque separados.

Con esta iniciativa se pretende construir dos centros penales grandes , uno en San Pedro Sula y otro en Comayagua, con capacidad para más de cuatro mil reos cada uno, para cubrir varias regiones.

La seguridad privada o tercerización de servicios de los centros penales será posible, aunque se pueden crear cuerpos de seguridad propios para no depender tanto de la seguridad privada. Lo primero será la ley; luego se establecerá el presupuesto para construir los dos grandes centros penales con apoyo de organismos internacionales o bancos internacionales.

Deberá existir un proceso de transición organizando al nuevo esquema para que dé los resultados esperados. El Instituto manejará la protección, la seguridad y los procesos de rehabilitación de los reos.

Con esta ley se descarta la privatización de los centros penales, pero se autoriza la tercerización de servicios, como la seguridad, para que las empresas que se contraten capaciten a las nuevas fuerzas.

La transición durará al menos dos años y desaparece la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad.

Lo anterior fue informado por el diputado German Leitzelar, dictaminador de la ley.

Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, manifestó que pretenden impedir que los centros penales sirvan para la comisión de delitos y buscan mejorar las condiciones de vida de los presos.

El pasado 29 de marzo, una riña entre internos y un incendio causaron la muerte de trece privados de libertad en el Centro Penal de San Pedro Sula.

El 14 de febrero de este mismo año, 360 reclusos y una mujer que estaba de visita murieron en un voraz incendio en la granja penal de Comayagua.

FUENTE:La Prensa de Honduras

El 2009 Dossier Político documentó la injusticia que por primera vez se atiende en México…
Guardias, un grupo vulnerable: CEDH
“Recibimos la queja de parte del secretario del Sindicato de Guardias de la CTM-Sonora, Claudio Huidobro Cárdenas donde nos expone las condiciones adversas por las que atraviesan más de 20 mil guardias que pasan largas jornadas de trabajo que no son retribuidas y que además, carecen de seguridad social”: Raúl Ramírez Ramírez




La seguridad privada en Sonora merece una atención interinstitucional, donde participen las autoridades estatales y federales a fin de brindar mejores condiciones de vida a estas más de 20 mil familias y no sólo en el plano laboral, sino en el del respeto a los derechos fundamentales como salud, educación, vivienda y sobre todo, el respeto a la dignidad humana de estos trabajadores que luchan día a día por salir adelante.


Así se refirió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez Ramírez, quien mostró su preocupación por la condición de vida y laboral de más de 20 mil guardias de seguridad que desempeñan su labor en Sonora, por lo que consideró importante que las autoridades analicen esta problemática.


“Recibimos la queja de parte del secretario del Sindicato de Guardias de la CTM-Sonora, Claudio Huidobro Cárdenas donde nos expone las condiciones adversas por las que atraviesan más de 20 mil guardias sonorenses, pues asegura que pasan largas jornadas de trabajo que no son retribuidas económicamente y que además, carecen de seguridad social, principalmente”,


Ramírez Ramírez precisó que una vez integrado el Expediente de Queja “solicitaremos los informes de autoridad correspondientes, en lo que nos compete, y se respetará la garantía de audiencia y de legalidad para ambas partes, es decir, tanto del quejoso como de las autoridades involucradas y desahogaremos todas las pruebas ofrecidas por lo que no podemos prejuzgar aun hasta concluido el expediente”.


El también secretario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) indicó que el tema de la seguridad privada va más allá de la situación laboral y de legalidad, pues en materia de derechos humanos se estaría cometiendo una sistemática violación a los derechos humanos de los empleados, en caso de comprobarse la denuncia.

“El quejoso manifiesta que las autoridades deben atender lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, para regular la operación de las empresas de seguridad privada que no se estaría observando por parte de la autoridad, hecho que actualmente estamos revisando”, dijo.


Artículo 37.- El Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública y el Registro Estatal del Personal de Seguridad Privada, contendrán la información actualizada relativa a los integrantes de las instituciones y servicios de este tipo que operen en el Estado y los municipios.


En este sentido, “el Sindicato de Guardias expone que existen más de 400 empresas que emplean a más de 20 mil guardias de manera ilegítima al no contar con los permisos para operar y ahí es donde se generan las condiciones adversas para estos trabajadores, tanto en la explotación laboral como en el tema de la seguridad social”, detalló.

El Ombudsman sonorense expresó que este tema debe atenderse también de manera integral por las autoridades de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, Secretaría del Trabajo, Gobernación, Instituto Mexicano del Seguro Social y el mismo Infonavit.


Por su parte, Huidobro Cárdenas señaló que por más de 10 años han exigido al Gobierno aplicar la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, donde se establece la regulación de la operación de las empresas de seguridad privada pero hasta el momento no han sido atendidos, lamentó.


En septiembre del 2009, Dossier Político documentó el antecedente que hoy parece da visos de atención a este grupo marginado de Sonora.

Sabía Usted que en Sonora existen 250 compañías que emplean a 20 mil guardias de seguridad, que 10 mil de ellos laboran para el Gobierno y que con salarios de miseria y jornadas de 12 horas diarias, 200 llamadas “Golondrinas” operan en la clandestinidad?

¿Y qué de quienes contratan los servicios pagan entre 4 y 6 mil pesos mensuales por cada “Poli” privado sin dejar ganancias a las “Patitos” y que para el líder cetemista, Claudio Huidobro Cárdenas, representa “una práctica sumamente extraña”?

Lo grave, critica Huidobro Cárdenas, es que varias compañías “Golondrinas” emplean a más de 10 mil guardias asignados en las distintas dependencias de los tres niveles de Gobierno, lo que sugiere complicidad entre funcionaros de primer nivel y empresarios sonorenses desleales.

Y todavía más complicado resulta que “bajo las míseras condiciones de trabajo en la que se encuentran más de 18 mil guardias de seguridad en Sonora, el Gobierno está fabricando delincuentes y no fuentes de trabajo”.

Por ello, la seguridad privada representa un grave y complejo problema social debido a que las 200 empresas que operan en la ilegalidad, violan la Ley 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.


En septiembre del 2009, el secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora, Claudio Huidobro, denunció ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que sólo 50 de las 250 compañías están debidamente registradas y calificadas.


Dossier Político fue el único medio en Sonora en documentar esta injusticia:


¿Qué demanda la CTM a la Junta de Conciliación y Arbitraje?

“Principalmente exigimos a la autoridad laboral que regule la operación de más de 200 compañías `Golondrinas` o `Fantasmas` que emplean a 18 mil guardias bajo condiciones de trabajo miserables, con jornadas de 12 horas y sueldos de miseria de mil 700 pesos a la quincena”.

¿Grave problema de seguridad pública?

“Además, no cuentan con Seguro Social, Infonavit, no les pagan horas extras, no reciben aguinaldo y se les explota arbitrariamente; qué decir de los gastos médicos mayores, seguro de vida, nada, nada de prestaciones… el Gobierno está fabricando 18 mil delincuentes y no fuentes de trabajo”.

¿Violación a la Ley?

“Claramente se está violando la Ley 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora respecto a la regulación de las compañías de seguridad privada que establece el registro ante la Secretaría para normar el desempeño de estas empresas prestadoras del servicio”.

¿El Gobierno, el mayor cliente?

“Es muy grave lo que está pasando, paradójicamente el Gobierno debería regular y `meter en cintura` a quienes operan en la clandestinidad; sin embargo, es el principal cliente de empresas que no están registradas ya que contrata al menos 10 mil guardias que son empleados en las distintas dependencias de los tres niveles de Gobierno”.

¿Sin ganancias?

“Lo vemos todos los días, para que sea negocio la seguridad privada, se deben cobrar al menos 12 ó 13 mil pesos por cada empleado; pero la verdad es que las `Golondrinas` están cobrando de 4 a 6 mil pesos por cada guardia, por eso creemos que algo extraño está pasando, si no ¿cómo sobreviven?, ¿cómo lo explican?”.

¿Fábrica de delincuentes?

“Bajo las pésimas condiciones de trabajo, muchos de los guardias de las compañías `Piratas`, al verse vulnerados, optan por cometer actos ilegales como robos y abusos de confianza convirtiéndose en verdaderos delincuentes”.

¿Difícil proceso?

“Nada más basta visualizar el caso de quienes trabajan en bancos, joyerías, casa de cambio, tiendas comerciales y en general, en empresas que manejan valores: durante 12 largas horas el vigilante no piensa en salvaguardar los bienes, más bien está estudiando la forma de asaltar el banco… así de grave es la situación para los 18 mil guardias”.

Huidobro Cárdenas sostiene que además varias “Golondrinas” prestan sus servicios al Gobierno del Estado sin que las autoridades hayan puesto orden y todavía 60 empresas más, solicitarán a la Coordinación Estatal de Seguridad Pública el registro correspondiente para iniciar labores en breve.

“De acuerdo a estimaciones que hemos realizado junto a la Unión de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, en Sonora al menos 200 compañías `Golondrinas` están trabajando sin registro pero lo peor, es lo peligroso que puede ser para quienes los contratan”, consideró.

Lamenta que la Secretaría de Seguridad Pública nada ha hecho para regular el gran número de empresas “Fantasmas” que utilizan a ex albañiles de las constructoras donde se han abierto nuevos fraccionamientos.

“Muchas de las supuestas empresas están creadas por albañiles que saben el movimiento de los nuevos vecinos, cuándo salen y entran a sus casas y por ende, se registran comúnmente robos y saqueos donde los mismos guardias son quienes lo hacen”.

Advierte que mientras las autoridades no metan las manos a la regulación de estas seudo compañías, la seguridad de las personas y los bienes estarán en poder de los delincuentes que se aprovechan de esta noble, difícil y mal pagada labor.

La CTM actualmente lleva a cabo reuniones con el presidente de la Unión de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada, Manuel Estrada a fin de buscar mecanismos que permitan erradicar esta práctica desleal que afecta la imagen y reputación del gremio que de a poco, logrará reivindicarse.

FUENTE:Dossier Político

Conga refuerza seguridad privada y policial ante posibles marchas


Frente a las posibles movilizaciones en Cajamarca, la gerencia del proyecto minero Conga cuida sus instalaciones con personal privado para garantizar la seguridad de sus trabajadores.


La sede del proyecto minero Conga, en Cajamarca, permanece bajo resguardo policial ante posibles manifestaciones de la población que está a la expectativa del informe sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado por peritos internacionales contratados por el Gobierno.

Así lo informó el gerente general del proyecto, Luis Argüelles, quien indicó que personal privado también custodia el lugar, teniendo en cuenta que durante el paro en noviembre pasado los manifestantes incendiaron oficinas.

En diálogo con RPP Noticias, sostuvo que tienen el deber de garantizar la vida y salud de los trabajadores y contratistas, así como los bienes de la empresa.

“Hago un llamado de tranquilidad, de diálogo e invocamos a Cajamarca, a la población urbana y rural, para tomar estos días con tranquilidad”, señaló.

Argüelles expresó su confianza que el estudio realizado por los peritos internacionales al EIA, confirmará la viabilidad del proyecto Conga.

“Esperamos con tranquilidad y optimismo, consideramos que el EIA es un estudio sólido que respaldará la viabilidad de Conga. Tenemos la tranquilidad para esperar los resultados que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, tenga bien dictaminar”, anotó.

FUENTE:Radio Programas del Perú