Un cajero automático de la empresa Santander que estaba dentro de la Plaza del Sur, ubicada en Supermanzana 57, sobre la avenida Kabah, fue sustraído la madrugada de ayer aparentemente por dos sujetos quienes amagaron y sometieron al guardia de seguridad privada para cometer el ilícito.
Éste es el sexto cajero hurtado en lo que va del año. En el reporte de la Policía Judicial del Estado (PJE) se indica que acudieron a prestar el apoyo a un guardia de seguridad, cuyas iniciales son J.A.E de 19 años de edad, quien trabaja para la empresa "Zoprotec Centuriones", al cual habían dejado amarrado de pies y manos
.
El agraviado tras ser cuestionado al respecto del robo comentó que los hechos se registraron a las tres horas, justo cuando se encontraba en activo para recorrer la plaza como de costumbre en el segundo nivel.
Destacó que de repente llegaron dos sujetos de aproximadamente 1.70 metros de estatura,  ambos llevaban pasamontañas y uno de ellos un arma de fuego. El guardia dijo que lo amenazaron de muerte, al mismo tiempo que le amarraban las piernas, las manos y boca con cinta industrial.
La PJE en el reporte explicó que uno de los sujetos se quedó con él y le dijo "tranquilo, no hagas nada, nos vamos a robar el cajero", mientras el otro con ayuda (sin especificar de qué tipo), despegaba el cajero y lo subía a una camioneta.
Cuando los delincuentes lograron sustraer el cajero, el guardia de seguridad que fue amenazado y amarrado esperó unos minutos para quitarse la cinta y salir de la plaza a pedir apoyo.
El pasado domingo ocho de este mes, de igual forma las autoridades tuvieron conocimiento de que un cajero automático que estaba dentro de la empresa bloquera ABC fue robado. Dicho suceso quedó registrado bajo el expediente AP/1622/2012.
En el detalle de los hechos la corporación indicó que sucedió de igual forma en la madrugada de ayer, pero fue perpetrado por cinco personas en tres vehículos, quienes se llevaron el mencionado cajero. Las autoridades no han dado más datos del seguimiento del caso.

FUENTE:Sipse.com

Seguridad propone empleo para pandillas
Según el viceministro, la propuesta está dirigida a los no procesados.


Sin dar mayores detalles sobre cómo funcionará ni sobre las formas de financiamiento, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Douglas Moreno, anunció ayer que harán al gobierno central una propuesta para la inserción laboral de los miembros de pandillas.

Moreno habló que la propuesta de “parques especiales laborales” está bastante adelantada y dijo que, supuestamente, era una medida que ya tenían lista antes del traslado de 30 líderes de pandilla –el 9 de marzo pasado– desde la prisión de Zacatecoluca a otras con menores restricciones.

Cuestionado al respecto, el viceministro de Seguridad rechazó que la propuesta esté vinculada a la supuesta tregua entre las dos pandillas mayoritarias en el país.

El funcionario dijo que estiman la inversión estatal inicial para desarrollar tales parques en unos $20 millones, pero no especificó de dónde obtendrán los recursos. Los parques, según Moreno, estarían dirigidos a los pandilleros en libertad que no hayan cometido delitos o sus familiares. Lo que no explicó fue con cuántas empresas se ha dialogado ni qué rubros específicos serían los que se desarrollarían en los parques. “La empresa privada con la que yo he estado hablando tiene un trabajo realizado con pandilleros, incluso en algunas maquilas”, fue lo único que detalló Moreno.

El viceministro agregó: “Es más viable, creo, la propuesta que le estamos haciendo nosotros (al Ejecutivo), un punto de encuentro entre el Estado y la empresa privada, en lugares específicos como el Distrito Italia, La Campanera, donde podamos hacer estos parques especiales laborales.”

“Lo que estamos elaborando con parte de la empresa privada es una propuesta (...) la ubicación estratégica en zonas donde puedan converger pandilleros que no pueden incorporarse a la vida rutinaria laboral”, aseguró Moreno cuando se le preguntó si conocía de una iniciativa atribuida a Raúl Mijango, supuesto mediador entre las pandillas, de destinar el subsidio a los transportistas públicos para programas de rehabilitación para pandilleros.

A propósito de ello, Mijango, excomandante guerrillero y exdiputado del FMLN, rechazó ayer que él haya mencionado esa propuesta: “Fui malinterpretado. Yo lo que hice fue escribir un artículo en el que hacía sugerencias para conseguir fondos para la inserción laboral”.

El artículo, que Mijango se encargó se hacer circular entre varios periodistas, mencionaba otras fuentes de las cuales podrían obtenerse fondos para programas laborales para miembros de pandillas: la inversión para aumentar la planta policial o el monto del 9% asignado a las municipalidades a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES). Mijango agregó que no estaba en posición de hacer propuestas al Ejecutivo y que supuestamente lo suyo era nada más una sugerencia.

Los funcionarios de Seguridad Pública se han referido en varias ocasiones a la relación entre el Estado y la empresa privada respecto a las cárceles del país.

A finales de noviembre de 2011, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, se refirió a la posibilidad de que la empresa privada se interesara en la construcción de más cárceles para evitar el hacinamiento. La idea, en ese momento, era que empresarios construyeran y el Gobierno pagara un arrendamiento. Los meses han pasado y el ministro Munguía Payés no ha vuelto a mencionar el tema.

FUENTE:La Prensa Gráfica

Los vecinos creen en su propia seguridad

Los individuos confían más en la seguridad privada


En general, hay susceptibilidad sobre las instituciones de represión a la delincuencia.



Los bolivianos creen más en las empresas privadas con relación a su labor por la seguridad ciudadana, según una encuesta realizada por el Gobierno, y la institución menos creíble es la Asamblea Plurinacional.

La LABOR VECINAL. La encuesta de victimización, prácticas y percepción sobre violencia y delito en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, socializada por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, señala que en estas ciudades “la confianza en las instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana está deteriorada. Las instituciones y organizaciones más confiables son las empresas privadas de seguridad y las juntas vecinales”.

Según la evaluación de los encuestados sobre el desempeño de las instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana, sólo tres de cada 10 ciudadanos apoya a estas instituciones, ya que mientras el 33,7 por ciento dice que son creíbles, el 66,3 por ciento cree que no lo son. Las juntas de vecinos, por otro lado, sumaron el apoyo del 29,8 por ciento de la gente. Luego están los jueces ciudadanos, con el 19 por ciento, lo que quiere decir que aún ocho de cada 10 personas consideran que estas personas no desarrollan una buena labor.

La credibilidad es aún menor cuando se habla de los gobiernos municipales, departamentales, el Gobierno central y la Fiscalía.

Las entidades con menor credibilidad son la Policía Boliviana, los tribunales de justicia y la Asamblea Legislativa.

Los responsables. La encuesta también consultó sobre qué institución debe hacerse responsable de la seguridad ciudadana y, en este caso, la gente opinó en su mayoría (el 33 por ciento) que debe ser la Policía.

El 22 por ciento apoyó la idea de que el Gobierno se encargue de este aspecto y el 17 por ciento, que deberían hacerlo las gobernaciones, mientras que el 12 por ciento cree que esta labor puede ser desempeñada por los gobiernos municipales.



9 de cada diez personas calificaron a la Policía de forma negativa, en cuanto a su labor de seguridad ciudadana.



Sólo en El Alto, la población califica mejor a las juntas vecinales, con un 29 por ciento del apoyo. en el resto de las ciudades, las mejor evaluadas son las empresas que ofrecen estos servicios.



Barrera de corrupción



Con relación a la seguridad ciudadana, los habitantes de las cuatro ciudades del eje del país también perciben un alto nivel de corrupción en las  instituciones.

PERCEPCIONES
Sobre la Policía Nacional, el 82,8 por ciento cree que muchos o todos son corruptos.
El 77 por ciento de los encuestados calificó de esa manera al Gobierno.
En calificación, siguen los gobiernos departamentales con el 71,1 por ciento.
Los menos corruptos son las entidades de la seguridad privada (26,8%).
Le siguen las juntas de vecinos, con el 27,5 por ciento de las opiniones.
El 37,1% dijo que jueces ciudadanos son corruptos.

FUENTE:La Prensa (Bolivia)

Descontrol en la seguridad privada


La falta  de  controles en la contratación de personal y  la escasez de recursos fiscalizadores en la Policía se han confabulado para crear “la tormenta perfecta” en la industria de la seguridad privada en Puerto Rico.

Personas vinculadas a la industria de seguridad denunciaron que en ese campo abundan irregularidades como la contratación de personas que no cualifican y hasta convictos para ejercer de guardias. Además, las compañías incurren en la práctica ilegal de prestarse las licencias unas a otras.   

El caso más reciente que ha puesto de manifiesto estos problemas es el del guardia de seguridad William Rodríguez Rodríguez, quien fue acusado el domingo de agredir sexualmente a una estudiante estadounidense mientras daba vigilancia en un condominio del Condado.

Este agente de la Policía  no cualificaba para ofrecer servicios privados de seguridad porque en febrero pasado se declaró culpable de un delito grave de vender municiones a un oficial encubierto y no  tenía licencia de guardia de seguridad, indicó el coronel Juan Vázquez Gali, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano, que está a cargo de fiscalizar a estas compañías.

Rodríguez -quien  está a la espera de la conclusión de un proceso  para ser expulsado de la Uniformada- tampoco gozaba de otro requisito: buena reputación moral, apuntó Vázquez Gali.

La ley es clara

La Ley de Detectives Privados de Puerto Rico, que data de 1965, dispone que todo aspirante a guardia de seguridad contratado tiene que ser sometido a estudios de campo sobre su trasfondo. La compañía que lo contrata y la Policía lo investigan por separado.

La investigación del aspirante a guardia privado se hace una vez al año, durante la renovación de la licencia. En medio de este proceso la Policía debe verificar si el solicitante mantiene su historial limpio.

Al parecer esto último no ocurrió durante la contratación de Rodríguez, quien fue reclutado por Win Access Technology Solutions en noviembre de 2011 mientras se encontraba suspendido de la Policía como consecuencia de la acusación por venta de municiones.

El coronel Vázquez Gali adelantó que investigarán a Win Access Technology Solutions por las presuntas irregularidades en la contratación del agente.

El caso saltó a  la luz pública luego de que una joven estadounidense estudiante de intercambio denunciara a Rodríguez por presuntamente haberla violado en la azotea del edificio Ashford Imperial, en el Condado.

Rodríguez Rodríguez está preso desde el sábado, cuando la jueza María de Lourdes Camareno Dávila le encontró causa por agresión sexual y le impuso una fianza de $500,000.

Ayer no fue posible contactar al administrador de la compañía de seguridad, Julio Pacheco, quien el domingo afirmó a este diario que dudaba de las acusaciones y describió a Rodríguez como un empleado “intachable y comprometido”.

Para el coronel Vázquez Gali, este hecho evidencia la poca rigurosidad de algunas de las 303 compañías de seguridad que operan en el País al  evaluar el historial de sus  contratados.

“Exoneran” a la Policía

“La administración de cada una de ellas yo no la veo día a día, pero recuerda que todo el que vaya a tener una licencia de guardia de seguridad tiene que pasar por un adiestramiento de cuatro semanas”, señaló Vázquez Gali.

Presidentes de dos compañías de seguridad dijeron que se debe enmendar la Ley de Detectives Privados para que se exija a estas empresas mayor eficacia a la hora de evaluar a sus empleados y para que sea un ente externo a la Policía el que las fiscalice.

“No puedo echarle la culpa a la Policía. Cuando vas a la Oficina de Detectives Privados apenas tienen equipo y personal para fiscalizar esto. Hay sobre 300 compañías y humanamente no pueden hacer el trabajo”, señaló Luis Pagán, presidente de G4S Secure Solutions Puerto Rico.

“Esto es alarmante. Al no tener regulación, fulano abre una compañía, le da uniformes a unos tipos y no piden antecedentes”, agregó.

Por su parte, Miguel Portilla, presidente de Capitol Security, dijo que, como mucho, 50 compañías de seguridad tienen controles eficaces para verificar el trasfondo de sus empleados.

Portilla denunció un supuesto patrón de compañías que alquilan a otras sus licencias de detectives privados, documento necesario para montar un negocio de seguridad en la Isla.

“Tienen licencias alquiladas a personas que no saben nada de la operación de estas compañías. Los ponen (a los guardias) a trabajar con uniforme, le pagas por debajo de la mesa al individuo (que tiene la licencia) y cuando los cojan cierran y hacen lo mismo con otro nombre"

FUENTE:El Nuevo Dia.com

Edomex, a la cabeza en robo de automóviles

Durante el primer trimestre del año han sido reportados unos 600 casos, entre unidades de carga y particulares, de los que 83.4 por ciento tuvieron lugar en cinco estados

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis) reportó que cinco entidades del país concentraron la incidencia de robo de vehículos de carga y particulares equipados con sistemas de rastreo durante el primer trimestre de 2012.

Organismos del ramo estimaron que las unidades involucradas en este delito superan las 600. El Estado de México ocupó el primer lugar en siniestros (48.3 por ciento), seguido del Distrito Federal (10.1 por ciento), Nuevo León (10.0 por ciento), Michoacán (8.3 por ciento) y Jalisco (6.7 por ciento), mientras que los rubros más siniestrados son farmacéuticos, abarrotes y paquetería, según datos recabados entre los afiliados a la asociación.

Sin embargo, destacó que se alcanzó un nivel de efectividad de recuperación de 97 por ciento de vehículos reportados con un evento de robo en los primeros 30 minutos, debido a los sistemas de rastreo satelital que se
les instalaron.

El 92 por ciento de los siniestros correspondieron a unidades de transporte y de carga y el resto a vehículos particulares. Todos estos eventos fueron atendidos por el Punto Único de Contacto del organismo en colaboración con las autoridades.

Aunque la Amesis solo difunde porcentajes de siniestros, cálculos preliminares de organismos como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) y de la procuraduría de Justicia del DF señalan que las unidades vinculadas con robo son más de 600 durante el primer trimestre del año.

Según el diagnóstico de la Amesis correspondiente a 2011, el horario más frecuente de robos a unidades equipadas con sistema de rastreo fue alrededor de las 8:00 horas, que el año pasado significó 10.88 por ciento de los eventos, seguido de las 5:00 horas con apenas 5.96 por ciento de siniestros.

De acuerdo con datos recabados entre los asociados, en 2011 los productos más afectados fueron abarrotes, electrónicos, farmacéuticos, materiales de construcción y electrodomésticos.

La Amesis indicó que hay empresas improvisadas que ofrecen servicios de rastreo satelital sin contar con estándares de calidad.

Agregó que ante este panorama inició la certificación de los primeros evaluadores de competencia, que son profesionales de la seguridad privada que se encargarán de aplicar exámenes de competencia a técnicos instaladores y monitoristas de sistemas de localización satelital en México.

El objetivo es que transportistas, aseguradoras, operadores logísticos, usuarios del transporte y otros interesados contraten servicios avalados por medio de una certificación reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral.

FUENTE:Milenio.com