Un proyecto similar fue aprobado hace poco tiempo pero fue vetado por el Ejecutivo por cuestiones formales. “No había una correlación en los artículos. Uno en el armado de este tipo de ordenanzas por ahí peca en estos errores”, dijo la presidente del bloque de concejales del PJ. Marcela Sbresso, autora del proyecto. Por ese motivo, reelaboraron el proyecto junto con su par, Gloria Warner.
“El espíritu sigue siendo el mismo y coincide con la regulación nacional de este tema que fue posterior a la primer presentación”, aclaró la edil. Lo más importante es la capacitación que debe ser dictada por instituciones de enseñanza. En tal sentido el proyecto señala que los cursos deben contemplar temáticas tales como: Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Mediación, Adicciones, Primeros Auxilios, etc.
Más adelante, se establece que para ser “patovica” se necesita certificado de antecedentes penales y reincidencia carcelaria, certificado de aptitud psicológica y ser empleado bajo relación de dependencia.
Sbresso aclaró que debe ser contratado por el propietario del lugar o con una empresa que se dedique al rubro. “Les estamos pidiendo trabajo en blanco”, aclaró la edil. Si bien aclaró que no han estudiado con profundidad la situación laboral en general de la actividad, expresó: “trabajo en negro encontramos en todas las actividades”.
Por otra parte, se deja establecido que no pueden ser encargados de seguridad privada personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia. “Si van a estar como seguridad, deben estar uniformados, identificados y cobrando el adicional que corresponda”, aclaró la edil.
Además Sbresso aclaró que hay cuestiones que “puede realizar un policía que no puede uno de seguridad privada” en referencia al uso de armas de fuego. Tampoco pueden hacerlo personal exonerado de alguna fuerza, condenado por delitos de lesa humanidad ni condenados por delitos con penas superiores a tres años de cárcel.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, negó que haya 8 policías detenidos en Mexicali y aseguró que los elementos que fueron exonerados por el presunto delito de nexos con el crimen organizado no serán reinstalados.
Al acudir a una reunión con titulares de empresas de seguridad privada para dar los lineamientos a seguir con sus elementos comisionados en oficinas de la iniciativa privada, afirmó que ningún policía que haya sido suspendido aunque sea para investigación será reinstalado.
Dijo que esto es con el fin de dar certeza a los bajacalifornianos, el bien de la colectivaza por el bien encima de un bien personal, por lo que Daniel de la Rosa aseguró que las corporaciones les pagarán sus prestaciones de ley en caso de que les correspondan y puedan dedicarse al oficio que les convenga, pero no más dentro de la corporación.
Por lo anterior, expuso que se rige por un marco de derecho y se hacen los procedimientos apegados a legalidad, por lo que estos se van a realizar en lo que la propia legislación establezca.
En este sentido reiteró que el proceso de combate a la corrupción se aplica en Baja California y serán las instancias de la PGJE las que determinen lo conducente y se realice una investigación específica, dependiendo de cada caso.
De acuerdo a las nuevas normas de seguridad bancaria, los efectivos no están más dentro de las entidades financieras y sólo lo hacen en la entrada. Adentro custodia personal de vigilancia privada y desde el 30 de abril habrá otras disposiciones
La Policía Federal empezó a custodiar desde ayer sólo en la puerta de los bancos, con el fin de prevenir los asaltos y las salideras a los clientes.
La ley de seguridad bancaria fue sancionada hace ya más de cinco meses en el Congreso -el plazo máximo para implementar esta norma era de 180 días- y ya puede verse a los efectivos de la Federal de vigilancia en los ingresos a las entidades financieras y no en las garitas situadas dentro.
En tanto, en el interior de los bancos sólo se desempeña el personal de seguridad privada, que ya trabajaba dentro de las entidades financieras, pero con apoyo de policías federales.
En tanto, sólo por un mes habrá efectivos de esa fuerza en los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad.
En tanto, desde el 30 de abril se reglamentará el impedimento del ingreso con teléfono celular, aunque habrá que ver cómo se llevará a la práctica.
La primera medida que debieron cumplir los bancos fue la colocación de mamparas en la línea de atención de cajas, que deben servir como barreras visuales para impedir que fueran vistas las transacciones de los clientes.
Leer más: Salideras: desde ayer, la Federal sólo custodia la puerta de los bancos
Cuando pasaron más de cinco meses de la sanción de la ley de seguridad bancaria en el Congreso Nacional y poco más de dos desde la reglamentación por parte del Banco Central, persisten dudas sobre la instrumentación de varias medidas establecidas en la norma.
Lo seguro es que, desde ayer, la Policía Federal ya no custodia el interior de esas entidades, tal como estaba dispuesto que sucedería por disposición del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré. Durante una recorrida realizada por La Nacion por una decena de entidades bancarias la imagen fue siempre la misma: en el interior sólo actúa personal de seguridad privada.
Sólo contará con policías federales, pero sólo por un mes más, los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad.
Los interrogantes, en el futuro inmediato respecto de esta reglamentación, giran en torno a cómo se llevará a la práctica el impedimento del uso del teléfono celular, fijado desde el 30 de este mes.
La primera medida que debieron cumplir los bancos fue la colocación de mamparas en la línea de atención de cajas, que sirvieran como barreras visuales para impedir que fueran vistas las transacciones de los clientes.
Los bancos pusieron en marcha hoy la resolución del Ministerio de Seguridad que los obliga a reemplazar los policías federales que cumplían tareas adentro de las sucursales por personal de seguridad privada. La norma es parte del plan oficial para sumar efectivos a la calle que lanzó hace pocas semanas la ministra Nilda Garré. Según dijeron varias fuentes del mercado financiero a Clarín.com, el nuevo sistema se implementó "sin inconvenientes".
La única excepción fue el Banco Nación, que no pudo avanzar con las reformas y pidió una prórroga por 30 días a la Secretaría de Políticas Públicas y Relaciones con la Comunidad. Desde la entidad bancaria confirmaron que la demora se debe a la "envergadura del banco", con 690 sucursales, y a que es "agente financiero del Estado nacional". Sin embargo, otras fuentes aseguraron que hay un impedimento legal más serio. "La carta orgánica impide tomar personal que no sea empleado bancario. Una posibilidad es pedir una excepción en la resolución", dijeron a Clarín.com.
Se trata de la resolución 402/1.375, dispuesto por el Ministerio de Seguridad nacional tras un debate en la comisión de seguridad bancaria, que integran expertos de las tres asociaciones de bancos y del Central. La norma determina que los policías tendrán que apostarse "del lado exterior de la puerta" de cada sucursal bancaria para prevenir salideras.
Leer más: Los bancos sacaron a la vereda los policías y los reemplazaron por seguridad privada