Por el surgimiento del cártel La Mano con Ojos y la detención de capos de la droga como El Indio, La Barbie y El JJ que operaban en la zona

Por miedo a la inseguridad, residentes de Huixquilucan están huyendo a ciudades de Estados Unidos como Texas y Florida. Tal es su temor, que ni la seguridad privada con la mayor tecnología y capacitación, vivir en fraccionamientos con circuito cerrado de vigilancia, o adquirir cotosos blindajes, los han podido retener.

“Muchos de los empresarios dicen que aquí ya no se puede vivir, entonces, en la mayoría de los casos se llevan a su familia completa a estados norteamericanos fronterizos donde, obviamente, no están muy alejados de México y así se le facilita al señor ir y venir a supervisar su negocio o lo hace desde internet.

“Es un tema muy delicado, en lo que va del año hemos visto un incremento alto de estos casos, si tomamos en cuenta que de cero, en años anteriores, tan solo en lo que va del año nueve empresarios de la zona me avisaron de su partida”, asegura Andrés Zaldívar Hitschmann, director general de Ejecutivos en Servicio y Seguridad Privada, una de las dos empresas más importantes que ofrece protección en Huixquilucan y el poniente de la Ciudad de México.

Como en el norte del país, orillados por la narcoviolencia, los pobladores de este municipio están huyendo, esto luego de la detención el año pasado de los narcotraficantes Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y de su suegro, Carlos Montemayor, El Charro; y de que Alberto Castillo, Procurador General de Justicia del Estado de México, confirmara que sí existe y opera en esa zona el nuevo cártel La Mano con Ojos.

Pero, que los capos hayan decidido instalar sus residencias en este municipio mexiquense no es lo que más preocupa a los habitantes de Huixquilucan. A la fecha el equipo de seguridad privada de Andrés Zaldívar no ha tenido informes sobre balaceras en las avenidas principales o de haber visto algún convoy de hombres armados.

De hecho, los homicidios relacionados con el crimen organizado en 2010, fueron relativamente bajos en Huixquilucan, 20, comparados con los 179 perpetrados en Monterrey, según cifras del gobierno federal.

“Cuando una unidad de delincuencia organizada se pone en una zona, es raro que el perímetro sea peligroso, la misma gente del cártel o de la banda cuidan donde viven. Por lo menos en Huixquilucan no nos ha tocado ver grandes cosas como tiroteos a cada ratito”, afirma Zaldívar.

En esta zona de unos cuatro mil exclusivos edificios, los residentes a lo que más temen es a los robos intramuros y a los secuestros exprés, no al narcotráfico.

La nueva modalidad de robos en los fraccionamientos del tercer municipio más rico y el segundo más importante a nivel nacional no es violento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se caracteriza por mujeres ataviadas de joyas que se dirigen a los guardias de las casetas de los condominios en una camioneta tipo van, con chofer y hasta con niños, se hacen pasar por visitas, dan detalles de la supuesta persona a la que buscan y, una vez adentro, fuerzan la chapa del departamento que los mismos trabajadores domésticos les dijeron que estaba solo.

Sin prisa y con astucia vacían en bolsas negras cajas fuertes, joyeros y aparatos electrónicos que después echan a su cajuela. Con la misma elegancia vuelven a salir. Por lo regular, esto ocurre los fines de semana, cuando los dueños están fuera de la ciudad.

Incluso, los delincuentes se han disfrazado hasta de rabinos para poder entrar a las viviendas y robar, ya que la mayor parte de la comunidad de esa zona son judíos o extranjeros (venezolanos y colombianos), ante tal jerarquía religiosa casi no hay guardia que se resista al argumento de ese “líder”.

“En Huixquilucan afecta que varias de las empresas de seguridad están sin certificar; la Secretaría de Seguridad Pública Federal está limitada para revisar a todas las que trabajan en el municipio.

La unidad de investigación que se dedica a verificar a la seguridad privada del país tiene sólo 30 elementos; “por eso, desde hace unos meses propusimos la creación de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, en donde los clientes puedan acceder y comprobar que el servicio que contratan es de primera”, dice Andrés Zaldívar Hitschmann.

Con polígrafos, testimonios y sistemas de circuito cerrado en la empresa que dirige Andrés descubrieron que en la mayoría de los robos, los delincuentes están asociados con el personal de la familia víctima; la gente de limpieza choferes o meseros, que son sobornados o casi siempre amenazados.

En los secuestros exprés, por ejemplo, si no le pusieron el dedo a la víctima desde un cajero automático, lo hicieron a través del mesero que lo atendió en un restaurante y que le dijo al criminal el tipo de reloj que portaba el cliente y con qué tipo de tarjeta de crédito pagó.

De todos los delitos que Zaldívar Hitschmann ha conseguido que las víctimas denuncien ante el Ministerio Público, ninguno está resuelto.

“Todas las empresas privadas certificadas de Huixquilucan tenemos pruebas, videos de los delincuentes, fotografías de los rostros y placas que utilizan para moverse, pero las autoridades simplemente no se acercan con nosotros para trabajar en conjunto y atacar la inseguridad”, asegura.

El problema, dice, no es de falta de policías, sino de coordinación y aplicación de la justicia, pues el municipio cumple los estándares mínimos para una localidad segura, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU): tiene un uniformado por cada 400 habitantes cuando el organismo solicita uno por cada 357 y el número de policías que tiene esta localidad , incluso, rebasa a países como Alemania, Suecia, Japón, Canadá y Finlandia.

10 min. en promedio separan a la cabecera municipal de La Marquesa.

24 personas aparecieron ejecutadas en un paraje de La Marquesa, en septiembre de 2008.

2 municipios han sido afectados por La Mano con Ojos: Huixquilucan y Naucalpan, de acuerdo con la Procuraduría local.

20 homicidios ligados al crimen organizado ocurrieron en el municipio en el año 2010.

16 agentes fueron detenidos en mayo,  por vínculos con la organización criminal La Mano con Ojos.

Ingreso

De acuerdo con el INEGI, en el año 2000, en Huixquilucan , seis mil 979 personas recibían ingresos por arriba de los diez salarios minimos, de éstos, la mayoría (mil 842 mexiquenses) laboraba de 44 a 40 horas por semana. La mayoría (20 mil 209), recibe de uno a dos salarios mínimos.

Agua. 143.5 kM2 corresponden a la superficie del municipio mexiquense.

Delitos. 3,881 indagatorias del fuero común se abrieron en 2009, según el INEGI.

Uniones. 951 bodas de realizaron en el municipio en 2009.

62 mil 402 viviendas particulares hay en el municipio, según el INEGI.

95 por ciento de los hogares del municipio cuenta con energía eléctrica.

10 años es el promedio de escolaridad en Huixquilucan; en el Edomex es de nueve.

242 mil 167 personas viven en Huixquilucan, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2010 del INEGI.

Lujo atrae delincuencia

Diversos capos han sido detenidos en la periferia del Distrito Federal; en la zona de Huixquilucan, de acuerdo con autoridades locales, operan Los Beltrán Leyva y La Mano con Ojos; sin embargo, el temor principal de los habitantes son los robos dentro de los lujosos condominios y los secuestros exprés.

“Cuando una unidad de delincuencia organizada se pone en una zona, es raro que el perímetro sea peligroso, la misma gente del cártel o de la banda cuidan donde viven. Por lo menos en Huixquilucan no nos ha tocado ver grandes cosas como tiroteos a cada ratito.”

“Todas las empresas privadas certificadas de Huixquilucan tenemos pruebas, videos de los delincuentes, fotografías de los rostros y placas que utilizan para moverse, pero las autoridades simplemente no se acercan con nosotros.” Andrés Zaldívar Hitschmann, director general de Ejecutivos en Servicio y Seguridad Privada

 

FUENTE: http://excelsior.com.mx

El representante de Acnur, Giovanni Salazar, dijo que la mayoría de 'paras' desmovilizados se habían unido a una empresa privada, desde la cual extorsionaban a comerciantes de la región.

A finales de 2007, mientras en el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) se debatía la forma como se debían transferir los títulos de tierra de la comunidad afrocolombiana en eldepartamento del Chocó al Ministerio del Interior y de Justicia, el subsecretario de la Oficina delDepartamento de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL, por su sigla en inglés), Jonathan Farrar, visitó Quibdó para revisar el estado en que se encontraba la región cuatro años después de que empezara la llamada seguridad democrática. El resultado, que quedó retratado en un cable enviado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a su central en Washington, no fue muy satisfactorio.

El cable empezó con la intervención del gobernador del Chocó, Julio Ibarguen Mosquera, quien le dijo a Farrar que la falta de infraestructura, la pobre nutrición y el subdesarrollo en la región disparaban la violencia en el departamento y aumentaban el desplazamiento. Este último factor, aseveró, era consecuencia de los combates que se daban entre la guerrilla, las nuevas bandas criminales y las Fuerzas Militares. A esto le sumó el hecho de que, según él, el Gobierno colombiano le había perdido la pista a los casi mil paramilitares que se habían desmovilizado en el proceso de Justicia y Paz.

El representante de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) en el Chocó, Giovanni Salazar, agregó que esos exparamilitares, de los cuales el Gobierno no sabía su paradero, se habían unido a una empresa de seguridad privada en donde no solamente prestaban protección, sino también se encargaban de extorsionar a comerciantes de la zona. Salazar agregó que la problemática aumentaba si se tenía en cuenta que había más de 15.000 desplazados en estado crítico de salud que no recibían atención por falta de recursos, corrupción o mal manejo del dinero.

Por su parte, miembros del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), insistieron en que la producción de palma —alternativa que el Gobierno colombiano planteó al cultivo de drogas— desviaba los recursos que debían usarse para los servicios básicos, dañaba la tierra, aumentaba la corrupción y generaba violaciones de derechos humanos. Los líderes afrocolombianos insistieron en que no había escuelas en muchas de las comunidades del Chocó y que por esto se hacía difícil aumentar el desarrollo social en la región.

Seguidamente, la representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Soraya Mesa, afirmó que, aunque sí se habían construido escuelas para la reintegración de los desmovilizados, soldados estaban haciendo las veces de docentes por la escasez de recursos. Mesa aprovechó para hacer una crítica a los líderes de la comunidad afro y a los líderes de los desplazados, a quienes tildó de débiles, con poca experiencia política y centrados en una agenda personal en vez de abogar por los intereses del grupo.

Los miembros de Cocomacia también insistieron en que las nuevas leyes de desarrollo rural, minería y silvicultura que había creado el Gobierno estaban causando confusión sobre los derechos comunales de propiedad de tierras adoptados en la Ley 70 de 1993. Así, argumentaron que necesitaban más información sobre estas nuevas reformas, sobre todo en lo que se refería al tema de consultas previas, que establece que el Gobierno debe consultar con las comunidades antes de aprobar un proyecto de minería o petróleo.

El representante de Acnur, Giovanni Salazar, manifestó que la mayoría de las comunidades afro estaban en peligro permanente por estar situadas cerca de los ríos, zonas en donde se daban las disputas entre los actores armados, y aclaró que muchas veces la Fuerza Pública, por boca de grupos armados ilegales que tildan a algunas comunidades de “simpatizantes” de organizaciones rivales, hacía de la población común un centro de acción militar.

Para finalizar, la viceministra del Interior y de Justicia, María Nieto, y el representante local del Incoder, Camilo Negrete, aceptaron que sí iban a existir dificultades para hacer la transferencia de títulos de una organización a la otra, pero que se buscaba crear oficinas especiales para atender dicha problemática. Nieto aclaró que estaban teniendo serios problemas para dar cumplimiento al programa de protección para comunidades afro del Ministerio del Interior, pero insistió en que esto era culpa, no sólo de la corrupción del departamento, sino del subdesarrollo en que se encontraba la tierra negra.

 

FUENTE: www.elespectador.com

El financiamiento de los proyectos necesarios para garantizar la seguridad en Centroamérica se ha convertido en un punto crítico para los gobiernos. El presidente de El Salvador propuso para ello más impuestos. Los empresarios no acuerdan con esa iniciativa.

1. El 26 de mayo, en reunión con una amplia representatividad empresarial, el Presidente Funes se comprometió a presentar un nuevo Plan de Seguridad y en función de éste, evaluar la propuesta de un nuevo impuesto. A la fecha seguimos esperando que el Presidente presente un proyecto integral que resuelva el problema delincuencial que tanto abate a los salvadoreños.

2. El tipo de impuesto que ha anunciado el Gobierno a través de una extensa campaña de publicidad, es un Impuesto al Empleo. Las inversiones privadas generan empleos y ahora cada dólar que se invierta será castigado con más impuestos. Al final, esta acción del Gobierno generará mayor desempleo a la población.

3. Todos los salvadoreños ya pagamos dos veces por la seguridad. Con nuestros impuestos pagamos por la seguridad pública, pero dada la ineficiencia del Gobierno en el combate a la delincuencia, los salvadoreños también pagamos por seguridad privada y muchos por extorsiones. Ahora con el nuevo impuesto pagaremos tres veces, pues es difícil que se reduzcan los gastos de seguridad privada, si no existe un plan efectivo y transparente que garantice que los nuevos recursos serán bien invertidos.

4. En materia de seguridad, el sector privado reitera su disposición de apoyar iniciativas que realmente resuelvan el grave problema de delincuencia que estamos viviendo los salvadoreños, así como todas aquellas acciones orientadas a propiciar la generación de más empleos.

 

FUENTE: www.estrategiaynegocios.net

 

Sin Wi Fi y desorganizado

Entre los periodistas que cubrieron la reinauguración hubo una queja constante y común: las desinteligencias en la organización del espectáculo. A la caída de la red Wi Fi se sumó un trato por momentos prepotente por parte de la gente de seguridad privada y la poca coordinación a la hora de decidir sobre el ingreso al palco de autoridades y al campo de juego.

Gastada xeneize

Un enérgico grupito de hinchas de Boca, que se juntó en la Peatonal Sarmiento y desde allí llegó caminando al Malvinas Argentinas, se ubicó en la popular norte y, además de aplaudir cada vez que se nombró a Palermo, aprovecharon para gastar a los hinchas de River cantando “el que no salta se va a la B”, en alusión al reciente descenso de categoría de su clásico rival.

Silbidos para Jaque y Pérez

Al momento de reconocer a los deportistas locales, los animadores Martín Lubowiecki y Ornella Ferrara llamaron al gobernador Celso Jaque y al candidato del oficialismo para las próximas elecciones para que hagan el acto formal. En ese momento, desde las gradas bajaron varios silbidos que luego se repitieron cuando se los volvió a mencionar. El mismo rechazo del público se escuchó cuando la cara del gobernador apareció (varias veces) en el video proyectado desde la pantalla.

La campaña metió la cola

En la platea descubierta y algunos sectores de la popular norte las banderas políticas ganaron sus metros. Así se vieron un par de banderas aclamando la fórmula Francisco Pérez–Carlos Ciurca, con las fotos de las caras de los dos candidatos. Durante la ovación a Palermo y la infinidad de fotos que se le tomaron, Pérez y su compañero de fórmula, Carlos Ciurca, se acomodaron ni lerdos ni perezosos uno a cada lado del “Titán”, sonriendo ante la catarata de flashes.

Fue muy llamativo además el abrazo entre Jaque y la ex secretaria de Deportes, Beatriz Barbera.

 

FUENTE: www.losandes.com.ar