El presidente de la República, Mauricio Funes, no descarta aplicar un impuesto “al gran capital” para financiar gastos de seguridad, un mecanismo que existe en Colombia y que espera conocer con más detalle durante la visita oficial que hará a ese país el próximo 23 de febrero.
El mandatario no descartó esta opción –planteada meses atrás sin establecerla como un hecho– al considerar que los empresarios aceptarían aportar para invertir en las instituciones de seguridad pública. “Yo estoy seguro de que los empresarios de determinado tamaño estarían dispuestos a pagar un impuesto, que ya lo están haciendo, porque están invirtiendo en seguridad privada. Ese dinero que va para la seguridad privada que vaya mejor a la Policía y al Ejército para hacer un combate efectivo de la delincuencia”, dijo Funes, al resaltar que el mecanismo sí tiene viabilidad de aplicación en el país.
Tanto confía el Ejecutivo en esta opción que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ya hace números con esta posibilidad. El funcionario dijo ayer que el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ejército y la Fiscalía están preparando un presupuesto extraordinario que servirá para financiar las acciones de seguridad.
Diputados y senadores del PRI, PAN y PRD aseguraron que sí han cumplido la tarea de legislar en materia de seguridad, y pidieron a la Iniciativa Privada (IP) pedirle explicaciones al presidente Felipe Calderón, que no aplica las leyes en tiempo y forma.
En la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas del PRD y José Ramón Martel y Humberto Benítez del PRI coincidieron en que el llamado de la IP al Congreso a que legislen en materia de seguridad es legítimo, pero no justificable, pues desde las empresas se podrían impulsar empleos e inversión.
Los senadores del PRI, Jesús Murillo; del PRD, Carlos Navarrete, y del PAN, Felipe González, justificaron el rezago legislativo, pues son temas complejos que requieren consensos y acuerdos.
Según estadísticas del Senado se crearon las figuras de arraigo, testigos protegidos, intervención de comunicaciones en casos de delincuencia organizada o narcotráfico, extinción de dominio, presunción de flagrancia y agentes infiltrados. Los diputados lograron cadena perpetua a secuestradores; la ley de derechos humanos, y la de seguridad privada.
El presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Senadores, el priísta Jesús Murillo Karam, ofreció a las organizaciones sociales y empresariales que publicaron un desplegado, reunirse la próxima semana para ubicar las coincidencias.
La Cámara de Diputados aprobó, con 399 votos a favor y cuatro en contra, reformas a la Ley Federal de Seguridad Privada, para obligar a las corporaciones de seguridad privadas en todo el país a transparentar su funcionamiento, armamento, reglas y registros sanitarios de los dispositivos que usan para cumplir sus tareas.
“Las empresas de seguridad privada han tenido un crecimiento exponencial, por lo que deben someterse a la regulación en todo su equipo tecnológico y balístico, porque no tenemos ese control (y) estas mismas empresas pueden eventualmente entrar en complicidad con organizaciones criminales”, señala el dictamen de reformas al artículo 25 de la Ley Federal de Seguridad Pública.
El documento aclara que las empresas no suplantarán a las autoridades de los tres niveles de gobierno encargadas de dicha función.
Las modificaciones anexan a los requisitos para prestar servicios de seguridad privada de la Ley Federal de Seguridad Pública, la obligación de que entreguen una relación de bienes inmuebles que utilicen para el servicio, incluido equipo de telecomunicaciones, armas, vehículos y aditamentos complementarios al uniforme.
La Cámara de Diputados aprobó ayer una serie de reformas a la Ley Federal de Seguridad Privada, que obliga a los particulares que presten servicios en esa materia a entregar a sus clientes una relación y muestra física de los equipos que utilicen, así como un registro sanitario de los dispositivos de identificación personal que manejen.
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Dichos particulares deberán presentar a quienes contraten sus servicios de seguridad privada, otra serie de requisitos para garantizar que no están vinculados o en complicidad con el crimen organizado.
Con 399 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, los legisladores dispusieron que la ley contemple que las empresas que brindan protección a cambio de un cobro “no suplanten a las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de dicha función”.
Diputados federales alertaron sobre el aumento exponencial de las empresas de seguridad privada y traslado de valores que operan al margen de la ley, por lo que es urgente impulsar una reforma para evitar la injerencia de consorcios extranjeros que invaden el sector.
El presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro, Humberto Benítez Treviño, del PRI, aludió a la venta de la empresa Servicio Panamericano de Protección (Serpaprosa), al consorcio estadunidense Brinks, y dijo que además de que la Secretaría de Economía debe cancelar dicha operación, se tiene que legislar para evitar este tipo de operaciones.
Seriamente herido y golpeado resultó un vigilante de una empresa de seguridad privada, al golpearlo brutalmente un colono del fraccionamiento al que fue asignado, en venganza porque minutos antes a él lo tundió su comandante.
Óscar Martín Pérez Zepeda, de 46 años, pagó los platos rotos de su jefe, Dagoberto Martínez.
El vigilante relató que fue durante el cambio de turno, cuando su jefe inmediato Dagoberto Martínez lo llevó hasta una caseta ubicada en la calle Bugambilia, sin recordar de que colonia, a que cubriera un turno.
Mientras recibía el turno, hasta el sitio llegó una camioneta Cherokee, negra, cuya conductora reclamó que una camioneta estorbaba la entrada.
Le respondieron de mala gana que en breve la retirarían; sin embargo, no se dio cuenta que en la parte trasera viajaba el esposo de la mujer, quien de manera agresiva gritó que o quitaban la camioneta o él lo haría, además de que les daría en la madre.
Entonces Dagoberto salió de la caseta para pedirle al colono se calmara, pues, de lo contrario, él lo calmaría.
Así, Dagoberto y el esposo de la mujer se dieron un "entre", del cual resultó vencedor el vigilante, apoyado de su tolete.
A los minutos regresó el marido de la mujer de la Cherokee negra, en compañía de su hijo y un rifle para cobrarse la afrenta.
Sin embargo, al no encontrar al responsable, el iracundo sujeto arremetió a goles contra el vigilante, a quien le ocasionó serias lesiones, para luego retirarse del lugar en compañía de su vástago y su esposa.
Vecinos de la privada, testigos de los hechos, pidieron el apoyo de la Policía y una ambulancia a fin de trasladar al vigilante al Hospital General de Pachuca, donde le atendieron de sus lesiones y la fractura de su nariz.
Óscar Martín dijo que, a la mañana siguiente, su agresor acudió a pedirle disculpas, pero demandó a las autoridades correspondientes se proceda conforme a la ley, quedando los pormenores de lo ocurrido asentados en la indagatoria.
FUENTE: www.oem.com.mx