El acoso laboral, conocido como mobbing, es uno de los principales causantes de ausentismo, baja productividad y un mal clima en las empresas de México, según datos del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

 

De acuerdo a un estudio de la firma seguridad privada, en 35% de los centros de trabajo del país se han registrado casos de acoso psicológico; primera causa del ausentismo laboral y segunda en bajas de trabajo, después de las lesiones físicas.

Los expertos indicaron que el objetivo del acoso psicológico es que la persona abandone su puesto de trabajo, pues la victima representa, para el agresor, una molestia o amenaza para sus intereses personales.

Según explica el informe, la victimización psicológica es una violencia "oculta" porque se realiza a través de insinuaciones, intimidaciones, acoso, humillación, obstaculización, degradación y rumores.

Además, se detalla que en los estados donde más ocurre esta violenta conducta es en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Distrito Federal; lugares que agrupan 60% de los casos del país.

Una cajera y un cliente fueron detenidos por elementos de seguridad privada de una tienda de autoservicio, luego de que los sorprendieron robando mercancía del negocio.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer le cobró únicamente algunos artículos al hombre y le permitió sacar sin pagar el resto.

La detención fue a las 18:16 horas de ayer, en la intersección de las calles Cloro y Bernardo Norzagaray de la colonia Altavista, luego de que un grupo de agentes municipales fueran comisionados para atender un llamado recibido en el Centro de Respuesta Inmediata, en el que reportaban que dos personas estaban robando en la negociación.

Elementos municipales arribaron al lugar de los hechos, donde se entrevistaron con el encargado del supermercado S-Mart, quien comentó a los oficiales que minutos antes había entrado un cliente, el cual llevó a la caja diversos artículos, entre los que se encontraron dos paquetes de cerveza y una botella de alcohol, los cuales acumularon un valor de mil 406 pesos y que la cajera únicamente le cobró la cantidad de 210 pesos, de lo cual el guardia de seguridad se percató, para luego pedir apoyo a las autoridades municipales.

Ferroviarios Unidos y El Junior de Campana se quedaron con las ganas de jugar, pues el encuentro que debía disputarse ayer por la tarde en el estadio de Defensores Unidos quedó suspendido al no haber policías uniformados. A pesar de la seguridad privada y algunos efectivos de civil, el señor Luciano Cardozo, árbitro del encuentro, determinó suspender el partido que seguramente se le dará por perdido al elenco zarateño, que quedó muy complicado de cara a la clasificación.

Ferro quedó muy cerca de la eliminación de la Copa Federación, pero esta vez el elenco zarateño no perdió en la cancha, sino que seguramente lo hará en un escritorio. Ayer por la tarde debía disputarse el partido correspondiente a la 3ª fecha de la Zona “C” donde Ferro recibía en la cancha de CADU a El Junior de Campana.
Los equipos estaban en la cancha, el médico también, algo de público y 4 efectivos de seguridad privada, pero en el ambiente se olfateaba que algo pasaba.
La terna arbitral, integrada por Luciano Cardozo, Santiago Ascenzi e Ignacio Pastor estaban en la cancha pero al no encontrar los efectivos policiales determinaron esperar. Fue así como los dirigentes de Ferro comenzaron a realizar algunos llamados telefónicos para que se acerquen efectivos y después de media hora llegó un uniformado y otros dos efectivos pero de civil.
Al ver esta situación el árbitro determinó no jugar el encuentro, ya que él quería contar con efectivos policiales uniformados y por más que los otros portaban sus placas determinó, luego de casi 45 minutos, suspender el partido.
Si lugar a dudas que esto no cayó bien, sobre todo en el conjunto de Zárate. Si bien el elenco rival tenía la intención de jugar en esas condiciones, fue el árbitro Cardozo quien dijo no va más.

Por el horno no estar para bollos, lo que menos les reviraron está semana a los promotores de la propuesta de seguridad personal pagada por el Gobierno del Estado para los que dejen los cargos de Gobernador, Procurador, Secretario de Gobierno y jefes de policías estatales, es que si de qué privilegios gozan, después de que se sirvieron del erario estatal. ¡Qué tal!

Al considerarse que “primis” o primero se debe salvaguardar la seguridad del pueblo, antes que la de los ex funcionarios, aunando a que se intuye que éstos tienen con que costearse una seguridad privada, en lo que es un incipiente debate que habrá de darse en el Congreso del Estado, el cual vaya que tendrá muchas aristas, como lo pronosticara el presidente en turno de esa Cámara, Natanael “El Pitillo” Guerrero.

Porque a juicio del tribuno navojoense, en caso de palomearse esa polémica disposición, la vigilancia que les pudiera brindar el Estado a esos ex servidores públicos tendría que retroactiva, con lo que también se beneficiaría a quines dejaron el puesto años atrás, con lo que todavía se incrementaría más el costo a pagar por esa medida, que por algo de entrada no ha sido muy bien recibida.

Ciertamente que es una cuestión que resulta ilógica, por el inseguro escenario existente, si se analiza que hoy en día hay un déficit de “polecías” hasta para cuidar a la ciudadanía, de tal suerte que menos van alcanzar para destinar a otros tantos para cuidarle las espaldas a todos aquellos que ya han dejado el “hue$o”, y de pilón “de a grapa$”, o de a gratis. De ahí el por qué del rechazo popular que hay.

En México hay dos millones 300 mil armas legales, y cada año se permite la venta de entre 35 mil y 45 mil armas nuevas.

De hecho, de 2007 a la fecha, se ha incrementado 40% el número de empresas de seguridad registradas que solicitan adquirir pistolas o rifles, de acuerdo con Eduardo Téllez Moreno, jefe de la Sección de Licencias del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

Además, alrededor de seis mil ciudadanos solicitan, al año, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les permita poseer un arma.

“Argumentan que es porque han sido víctimas de secuestro o atentados, pero la causa principal de la solicitud es que tienen que andar viajando y muchas veces llevan valores”, explicó Téllez Moreno. Sin embargo, la Sedena sólo autoriza alrededor de 200 licencias.

En tanto, las corporaciones policiacas comenzaron, hace cuatro años, a renovar sus arsenales. Del total de armas que cada año se comercializa, estos institutos adquieren 25 mil.

Solicitudes para tener armas se elevan 40%