Lo mejor que podría haber hecho la Cámara de Representantes fue revocar la polémica licitación para el alquiler de más de 200 camionetas blindadas para el uso de los congresistas. Aunque queda la amarga sensación de que la decisión se tomó por insalvables errores en el proceso y no por la convicción de que era inconveniente y que se debía acoger los conceptos negativos que sobre el tema había expedido la Procuraduría General y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Era un procedimiento que estaba plagado de vicios y vacíos como lo habían advertido varios de los organismos de control del Estado, y que de haberse continuado con él le hubiera costado a la Cámara y al país por supuesto, una serie de sanciones y multas millonarias. Una contratación que le iba a valer al Estado, en Senado y Cámara de Representantes, más de 140.000 millones de pesos, no podía adelantarse en medio de semejantes dudas y del señalamiento prácticamente unánime de los medios de comunicación, amén de los conceptos de entidades como la Procuraduría y la Superintendencia de Vigilancia.

Nadie discute la necesidad de garantizarle la debida protección y seguridad a los miembros del Congreso y las bondades que tiene prestarles el servicio de vehículo bajo la modalidad de arrendamiento en vez de gastar cifras inmensas en la compra de unos vehículos que nadie cuida y que de acuerdo a la experiencia, a los pocos días están dañados y van a parar a un rincón en los sótanos del edificio del Congreso en espera de que llegue alguien y los desvalije.

Sin embargo, eso no justifica de manera alguna que la necesidad de entregar a los congresistas un vehículo blindado para su seguridad sea aprovechado para favorecer a una firma o a un consorcio de firmas que no cumplen con los términos de la licitación y que por tanto no ofrece las garantías de calidad y cumplimiento que necesita un  servicio de esta naturaleza. Por eso, se hizo bien revocando un proceso que ya estaba suficientemente cuestionado y no generaba confianza. 

Ahora, lo que queda esperar es que el nuevo proceso que se empiece se adelante con toda la transparencia y claridad que obliga al Congreso y que el país está esperando, y que los costos no vayan a ir más allá de lo que pueda valer la prestación de un servicio como este en los términos que se requiere y en las mejores condiciones de calidad y seguridad. Ojala así sea.

FUENTE: www.eldiario.com.co