La séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante se desarrollaba con tranquilidad, debido al tratamiento de pocos expedientes y temas de escasa trascendencia, hasta que el bloque de la Coalición Cívica abrió el debate con un pedido de informes sobre los hechos ocurridos el pasado miércoles en el Concejo Deliberante, cuando un hombre llegó hasta las puertas del despacho del Intendente Bruera, en reclamo del secuestro de un auto, que generó la respuesta inmediata y violenta de personal de civil vinculado a la seguridad privada del jefe Comunal.
Leer más: Continúa la polémica por el accionar de la seguridad privada del Municipio
Pablo Pérez tomó la palabra y se mostró preocupado ante “el papelón, luego de la visita del Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel”, por lo que solicitó conocer si esas personas que golpearon y arrestaron al joven en los pasillos de la municipalidad cumplen tareas de manera formal. “Ralmente fue muy bochornoso lo que ocurrió”, agregó el edil, con indignación.
Ahí fue cuando la presidente del bloque oficialista, Valeria Amendolara, salió al cruce y negó que los hechos de violencia por parte del personal del municipio. “Se acercó una persona que la conocemos y tiene antecedentes violentos, propinó golpes al personal de seguridad y la gente que está para cuidar el Palacio Comunal actuó como deben actuar, no hubo violencia se trató de evitar algo peor”, recalcó.
No obstante, “el Colo” Pérez le retrucó que los agentes sí propinaron golpes de puño a una persona que se acercó a plantear su problemática, a lo que agregó que están las fotos y las grabaciones sobre lo ocurrido.
En ese momento, el concejal oficialista Fabián Lugli respaldó a Amendolara e hizo hincapié en los antecedentes judiciales del vecino que terminó herido. “Me acerqué a él junto a policías de la Comisaría 2°, pero esta persona nunca se vio agredida, tiene varias causas judiciales, también agredió a empleados municipales en el juzgado de calle 48”, detalló el presidente de la comisión de Transporte y Tránsito.
Alrededor de 700 elementos de Seguridad Privada así como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado se desplegarán el próximo jueves para garantizar la integridad de los 35 mil espectadores que se prevé asistirán al juego de ida de la final de futbol mexicano que se realizará en el estadio Morelos de está capital michoacana.
Así lo informaron en rueda de prensa celebrada hace unos minutos en la sede alterna del ejecutivo del estado, el secretario de Seguridad Pública de la entidad Manuel García Ruíz, el procurador de justicia en Michoacán Jesús Montejano Ramírez, el director deportivo del Club Monarca Heriberto Ramón Morales, el director del estadio Morelos, Jesús Alanís y el director de Mercadotecnia y Comunicación, Bernardo Ruede Alcocer.
Ramón Morales expresó la alegría que para Club Monarcas representa el llegar “después de tantos años”, al partido final del Torneo Clausura 2011 por lo que dijo es imprescindible que se desarrollen las condiciones de seguridad que el evento amerita, por lo tanto dijo que el gobierno del estado y la directiva del Club Monarcas reforzarán el operativo de seguridad tanto al interior como al exterior del estadios Morelos, al igual en las tradicionales zonas de celebración.
Por tanto, se prevé que la Avenida Francisco I. Madero sea cerrada al transito vehicular a partir de las 19:00 horas desde la calle Abasolo hasta la fuente de las Tarascas, donde se instrumentara un cerco de vigilancia con elementos policiacos y vallas metálicas.
Durante la entrevista Bernardo Ruede adelantó que el club deportivo está realizando las platicas correspondientes para que en el centro de la ciudad se instalen pantallas gigantes con el objeto de que los ciudadanos puedan disfrutar del partido.
Así mismo comentó que se está viendo la posibilidad de que el partido pueda ser transmitido por televisión abierta.
FUENTE: www.cambiodemichoacan.com.mx
El outsourcing o subcontratación es el proceso económico mediante el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una empresa externa, por medio de un contrato; el problema reside en que evitan pagar algunos impuestos e incluso prestaciones a los trabajadores, por lo que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF, Ramón Montaño Cuadra, lanzó una advertencia a los capitalinos para evitar enrolarse en ellas.
Del 1 de enero al 15 de mayo, la junta ha recibido 38 denuncias contra este tipo de compañías, principalmente en los giros de limpieza, seguridad privada y ventas. Mientras que en todo 2010 fueron ingresadas sólo once quejas.
Estos juicios corresponden sólo a empresas en cuya razón social aparece la palabra outsourcing.
“El llamado es para que los trabajadores verifiquen quién hace una oferta laboral, que se informen sobre la empresa y la autenticidad de las prestaciones que ofrecen”, expuso.
“Porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos no cumplen el ofrecimiento de seguridad social y eso deriva en serios problemas para el trabajador que deja de cotizar”, detalló el presidente de la Junta local.
De 2006 a la fecha, hay alrededor de mil 500 demandas contra negocios que se presume operan bajo esta figura de contratación y una decena de éstos no han podido ser ubicados para concretar notificaciones, por lo que los juicios permanecen sin movimiento en la Junta, afirmó Montaño.
El presidente de ese tribunal laboral prepara un informe detallado de los casos de empresasoutsourcing en el DF para colaborar con la Procuraduría General de la República, la cual revisa desde el 2010 la operación de diversas compañías.
Organismos empresariales indican que al menos 150 mil ciudadanos fueron contratados por una empresa outsourcing en el Distrito Federal.
“De ahí la urgencia de regular a estas empresas, para que no engañen a los trabajadores y abusen de la necesidad de encontrar un empleo”, comentó.
FUENTE: www.milenio.com
La Universidad Autónoma de Tamaulipas no instalará elementos de seguridad privada en las unidades académicas, aclaró el rector José María Leal Gutiérrez.
Indicó que se inició la distribución del manual de seguridad de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), pero este no contempla seguridad en cada una de las escuelas.
“Nosotros (UAT) no somos una institución bélica, ni tenemos condiciones como para protegernos de otra forma, no podemos tener gente armada ni en el acceso ni en las instalaciones, eso tendría que ser de una forma más preventiva”.
Sin embargo, el rector comentó que la seguridad de los alumnos es prioridad, por ello se les dotará de instrucciones para resguardarse ante cualquier peligro.
Dijo que el manual de seguridad de la anuies será desglosado en cada escuela a partir de la siguiente semana.
“Habla de cómo puedes prevenir algún delito, tratar de no circular en zonas donde no exista alumbrado, dejar el vehículo cerca de donde vas a desarrollar alguna actividad, si andas en transporte urbano hacerlo en horas adecuadas, no andar en algunas actividades ya muy tarde, cerrar el campus a horas adecuadas”.
FUENTE: www.conexiontotal.mx
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estableció una serie de ajustes a la normativa que vienen implementando las empresas transportadoras de valores y blindadoras de vehículos, con el objetivo de fortalecer aún más las políticas de prevención y detección de actividades ilícitas asociadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Según la SuperVigilancia, dentro de los mecanismos que ya tienen establecidos en elSistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), este tipo de empresas deberán incluir identificadores y medidores de riesgo, así como señales de alerta.
De acuerdo con la nueva normativa, las transportadores de valores y las empresas blindadoras, además deberán contar con respaldos físicos de estos mecanismos y conservarlos por un período mínimo de 5 años.
Igualmente, los procedimientos para el conocimiento del cliente y la verificación de la información serán más detallados y deberán seguir unos parámetros establecidos por la SuperVigilancia.
Dentro del fortalecimiento a este tipo de controles, también se encuentra un procedimiento más exigente para el monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan (manejar recursos públicos o detentar algún grado de poder o reconocimiento público), puedan exponer en mayor grado a la empresa al riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo.
En cuanto a los montos de las operaciones, la nueva normativa estableció cambios en algunos de ellos, como en el caso de las operaciones múltiples en efectivo, donde ahora se deben reportar las transacciones que igualen o superen los 250 millones de pesos o 15 mil dólares (la mitad de lo que se obligaba anteriormente que era de montos iguales o superiores a 500 millones de pesos).
En cada tipo de empresa (sea transportadora de valores o blindadora de vehículos), se mantendrá la obligación de designar un oficial de cumplimiento que se encargue de acatar las disposiciones adoptadas SARLAFT, el cual, adicionalmente, tendrá que ser reportado ante la SuperVigilancia.
FUENTE: www.elespectador.com