El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, ha recalcado que una de las cosas que hay que mejorar, para dar todavía mayor legalidad a las futuras campañas agrícolas, son los alojamientos de los trabajadores.
Díaz-Cano, a preguntas de los periodistas tras presidir la entrega de diplomas a los vigilantes de Seguridad Privada, ha señalado que, pese a la sustancial mejora "respecto a anteriores años", desde su punto de vista uno de los aspectos más relevantes con margen de mejora son los alojamientos de los trabajadores.
"Es clave que cada vez disminuya más el tema de los asentamientos que están vinculados alrededor de estas campañas", ha subrayado.
Además, ha ampliado, también se trabaja en informar a los organizaciones agrarias y a las distintas cooperativas sobre las últimas reformas aprobadas para la contratación de temporeros, entre las que ha citado las incluidas en la Ley de Cooperativas.
"En la medida que las cooperativas pueden contratar trabajadores que pueden ser empleados sin que suponga una cesión ilegal de los trabajadores va a facilitar mucho el trámite administrativo de contratación", ha esclarecido.
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El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, ha elogiado hoy la "complementariedad" y cada vez mayor colaboración que existe entre la Seguridad Privada con la Pública, en el acto de entrega, celebrado hoy en Toledo, de menciones honoríficas al personal de Seguridad Privada.
Díaz-Cano ha resaltado que la colaboración de los vigilantes de Seguridad Privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se ha incrementado un 30 por ciento", tanto en operatividad como en control del intrusismo, a partir de la puesta en marcha, hace dos años, del Plan Estratégico de Seguridad Privada.
"Se viven los mejores momentos entre el sector público y privado de seguridad", en prevención, información e investigación, que se suma al notable "incremento de las infracciones y denuncias sobre la prestación de los servicios o actos de intrusismo", ha recordado Así, la escolta de autoridades, protección de infraestructuras o vigilancia de buques en aguas conflictivas "son muestras suficientes del enorme depósito de confianza en la Seguridad privada que se ha dado durante la última década en España", ha valorado.
Díaz-Cano ha citado, en esa "multiplicación de actos de colaboración", el que 58 empresas de seguridad operen en nuestra región de las más de 1.400 a nivel nacional y los más de 3.500 vigilantes en Castilla-La Mancha sobre los 90.000 en España.
Ha recordado, igualmente, en esa "fundamental" colaboración, el recién implantado plan de lucha contra el robo en instalaciones agrícolas y ganaderas, que entre sus medidas contempla "el reforzamiento de la colaboración con las organizaciones profesionales agrarias y con los guardas jurados de campo".
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Los empleados de seguridad privada de intercambiadores de transporte, centros comerciales, bibliotecas y otros lugares de gran trasiego ciudadano han reforzado la vigilancia de sus aseos ya que han detectado en los últimos meses un aumento considerable de prácticas de 'cruising', según han explicado algunos de estos trabajadores.
Este 'cruising' o 'cancaneo' es una práctica sexual fugaz entre desconocidos, generalmente entre homosexuales. Un fenómeno que comenzó siendo minoritario y registrado en puntuales lugares o calles de Chueca, pero que en la actualidad se ha extendido por toda la capital.
De hecho, Internet ha sustituido al 'boca a boca' como medio para localizar un punto 'cruising'. De hecho, ya hay páginas web donde los habituales de este práctica van dejando comentarios y lugares de encuentro para estos escarceos sexuales.
Así, en la web más frecuentada, sólo en Madrid capital hay anotados hasta 50 lugares. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el WC de la estación de cercanías Renfe Ramón y Cajal, que indica que es idónea para el 'cruising' "sobre todo en mediodía, horarios punta y de cambios de turno del hospital".
En la nueva estación de Plaza de Castilla los habituales también hablan de la presencia de "chaperos de origen magrebí". Es decir, en torno al 'cruising', que en esencia es un intercambio sexual gratuito, también atrae a la prostitución homosexual masculina.
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El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este lunes un Decreto Foral por el que se regulan las condiciones de acceso y asistencia a actividades de ocio, así como las funciones del personal que controla la participación en las mismas y los requisitos que deben cumplir para ejercer este trabajo.
Esta nueva regulación responde al auge de la cultura del ocio registrado en los últimos años, que ha provocado una intensa actividad en la organización de espectáculos y actividades recreativas, en especial vinculadas al sector de la hostelería y la ambientación musical, que hacía necesario concretar aspectos vinculados al sistema de admisión a los mismos, según ha informado el Gobierno.
Entre las novedades más reseñables que aporta el Decreto Foral, destaca la definición el estatus de la figura del portero u otro tipo de personal que controle el derecho de admisión y la necesidad de que estos profesionales sean acreditado por la Escuela de Seguridad de Navarra o entidades equivalentes reconocidas por la Administración foral.
Ofrece además a los promotores de actividades de ocio la posibilidad de elevar de 16 a 18 años la edad mínima de admisión a los locales donde las organizan, ya se trate de instalaciones eventuales o permanentes. Con esta última medida, se busca evitar el problema adicional de control que genera, especialmente al sector hostelero, el hecho de que los jóvenes de 16 años puedan acceder a locales donde se sirve alcohol, pese a tener vetado el consumo de bebidas con graduación hasta los 18 años.
En el último año 500 escoltas han perdido su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra, donde actualmente trabajan unos 2.700 efectivos de seguridad privada encargados de proteger a políticos, empresarios y profesionales amenazados por ETA. El drástico y afortunado descenso de la actividad terrorista (el último atentado mortal en España fue el asesinato de dos guardias civiles en Mallorca el 30 de julio de 2009) ha provocado que los gobiernos central y vasco hayan retirado paulatinamente la protección a aquellos que no están en primera línea de fuego.
La consecuencia es que a las empresas de seguridad privada no sólo les sobran escoltas sino que están haciendo lo posible para librarse de éstos. Según denuncian los afectados, las compañías les están haciendo la vida imposible para que presenten su baja voluntaria y se vayan sin la correspondiente indemnización tras varios años jugándose la vida.
“Quieren que te aburras y que te vayas para no pagar un despido a una persona que lleva trabajando quince años. La mayoría somos de fuera y no te dicen que puedes irte el fin de semana hasta el mismo viernes o te obligan a pedir un día libre por burofax. Te sancionan a la mínima y si denuncias te suspenden de empleo y sueldo durante el proceso. Si ganas recuperarías todo el dinero, pero mientras tanto no puedes pagar la hipoteca ni los gastos, no te puedes permitir ir a los tribunales”. Son palabras deBenito Chacón, que lleva once años protegiendo vidas en el País Vasco y lidera un sindicato independiente, USETI, con unos 300 miembros. Precisamente, se está celebrando estos días en Bilbao el Congreso Nacional de Escoltas.