El Estado quiere multar con 600 euros a una farmacéutica porque un ladrón la atracó. No es un chiste, ni una guasa. Es la ley, esa de la que echa mano la Subdelegación del Gobierno en Galicia para pretender sancionar a una boticaria coruñesa que cometió el pecado de estar el pasado 19 de junio detrás del mostrador cuando un delincuente con la cara oculta bajo un pasamontañas le mostró un cuchillo, le exigió el dinero y se hizo con los 200 euros que había en la caja. Lo que le achacan es que no tuviera las medidas de seguridad exigibles en el artículo 131 del real decreto que regula la seguridad privada, ese que ordena a las farmacias disponer de un torno en la puerta que evite la entrada al establecimiento durante las noches, no sea que los delincuentes vacíen las estanterías de medicamentos y los vendan o los coman como si fueran gominolas. El problema está en que el atraco se produjo a las once de la mañana de un luminoso día de verano. Y como no estaba de guardia ni de servicio nocturno, la boticaria no entiende nada. Por eso recurrirá una sanción que triplica lo robado.

La multa le llegó esta semana a la farmacia situada en el Paseo de los Puentes. Una carta remitida por la Subdelegación del Gobierno en Galicia le hacía ver que había incurrido en una falta contra el artículo 131 del Reglamento de Seguridad Privada cuando fue atracada. Concretamente, «por no adoptar las medidas de seguridad», recordándole además que eso se castiga con 600 euros. El artículo en cuestión dice así: «Todas las oficinas de farmacia deberán contar con un dispositivo de tipo túnel, bandeja de vaivén o bandeja giratoria con seguro, que permita adecuadamente las dispensaciones a los clientes sin necesidad de que estos penetren en el interior. La utilización de esta medida será obligatoria únicamente cuando las farmacias presten servicio nocturno o de urgencia».

«Puedo comprender que las farmacias tenemos que reunir una serie de condiciones de seguridad, tanto por nuestra protección como por la custodia de medicamentos; pero el propio reglamento precisa que ese torno que todas las farmacias tenemos en la puerta ha de ser utilizado durante los servicios de urgencia o nocturnos, que no es el caso, pues sufrí el robo a las once de la mañana», puntualiza la farmacéutica, que recurrirá la sanción.

FUENTE: www.lavozdegalicia.es

Miguel Ángel Parramón, considerado como uno de los jueces estrella de Canarias y presidente del tribunal que confirmó una condena de tres años y un día de prisión al poderoso empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tiene la potestad de decidir si su ingreso en la cárcel debe producirse ya o no, según detallaron ayer a este periódico reputados profesionales del Derecho.

Ello se debe a que el anunciado recurso de amparo que Ramírez pretende presentar ante el Tribunal Constitucional no lleva aparejada automáticamente la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas con fecha de 18 de julio, aunque hecha pública anteayer.

Como recordarán los lectores, la decisión de la Audiencia, contra la que ya no caben recursos ordinarios, da la razón en su integridad a la decisión adoptada en mayo de 2010 por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas, que condenó a Ramírez por entender que era responsable penalmente de la autoría de un un delito contra la ordenación del territorio.

Aunque Parramón tiene, como juez sentenciador, la potestad de ordenar la ejecución inmediata de la referida sentencia, que acarrearía irreversiblemente el ingreso en un centro penitenciario dado que no puede quedar en suspenso al superar el límite legal de dos años de condena de privación de libertad previsto para quienes delinquen por primera vez, no necesariamente ha de pronunciarse el juez al respecto, manteniendo así la actual situación de Ramírez, a quien tampoco se le aplicó la prisión provisional tras ser condenado en primera instancia.