Miguel Ángel Parramón, considerado como uno de los jueces estrella de Canarias y presidente del tribunal que confirmó una condena de tres años y un día de prisión al poderoso empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tiene la potestad de decidir si su ingreso en la cárcel debe producirse ya o no, según detallaron ayer a este periódico reputados profesionales del Derecho.

Ello se debe a que el anunciado recurso de amparo que Ramírez pretende presentar ante el Tribunal Constitucional no lleva aparejada automáticamente la suspensión de la ejecución de dicha sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas con fecha de 18 de julio, aunque hecha pública anteayer.

Como recordarán los lectores, la decisión de la Audiencia, contra la que ya no caben recursos ordinarios, da la razón en su integridad a la decisión adoptada en mayo de 2010 por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas, que condenó a Ramírez por entender que era responsable penalmente de la autoría de un un delito contra la ordenación del territorio.

Aunque Parramón tiene, como juez sentenciador, la potestad de ordenar la ejecución inmediata de la referida sentencia, que acarrearía irreversiblemente el ingreso en un centro penitenciario dado que no puede quedar en suspenso al superar el límite legal de dos años de condena de privación de libertad previsto para quienes delinquen por primera vez, no necesariamente ha de pronunciarse el juez al respecto, manteniendo así la actual situación de Ramírez, a quien tampoco se le aplicó la prisión provisional tras ser condenado en primera instancia.

El filtro del Constitucional

Sea cual sea la decisión de Parramón, los expertos consultados vaticinan que, sin bien dudan que el juez encarcele ya al empresario, el recurso de amparo de ramírez ante el Tribunal Constitucional carece de muchos visos de ser admitido a trámite.

Ello se debe a que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional llevan lustros restringiendo extraordinariamente la admisión a trámite de este tipo de recursos, para evitar así convertirse en una tercera instancia, algo prohibido por el ordenamiento jurídico español.

A este respecto cabe recordar que dichos recursos no pueden versar ya sobre los hechos juzgados -en este caso, por el Penal número 5 de Las Palmas y confirmados por la Audiencia – sino que deben basarse sobre posibles vulneraciones de los derechos que amparan a los ciudadanos cuando actúan ante la Justicia.

En este caso, las escasas posibilidades de que se admita a trámite el recurso de amparo de Ramírez (el Constitucional rechaza más del 90% de estos recursos) radican en que uno de los magistrados de la Audiencia de Las Palmas emitió un voto particular, disconforme con la ratificación de la sentencia acordada por sus compañeros, concretamente el citado Parramón, presidente de la Sala, y el no menos prestigioso magistrado Secundino Alemán, quien ejerció como ponente en esta causa.

Así, la magistrada Inocencia Eugenia Cabello Díaz entiende que en este procedimiento se han producido dilaciones indebidas, lo que a su juicio debe ser apreciado por el sentenciador como circunstancia atenuante muy cualificada. De prevalecer el criterio de Inocencia Cabello, la pena privativa de libertad para Miguel Ángel Ramírez se reduciría a un año y medio de duración, lo que ya permitiría la suspensión de la pena y, por consiguiente, el empresario grancanario no tendría que ser encarcelado.

La admisión o el indulto

En el supuesto de que la tesis de Cabello -que a buen seguro figurará con destacada tipografía en el recurso de Ramírez- fuera suficiente como para que el recurso de Ramírez sea uno de esos que raramente admite a trámite el Constitucional, este alto tribunal suele decidir al respecto en un plazo no mayor de cuatro años.

Si, por contra, fracasa finalmente este último tramo de la vía jurisdiccional, sólo cabe una posibilidad para que Miguel Ángel Ramírez no ingrese en prisión: el indulto, una gracia que es potestad del poder ejecutivo, con el que el empresario grancanario siempre ha mantenido magníficas relaciones, al menos a la hora de lograr contratos relacionados con su empresa de seguridad privada.

Un magnate hecho a sí mismo en una década

Miguel Ángel Ramírez es una figura atípica dentro del selecto grupo de los magnates de las Islas, dada la rapidez con que se ha encaramado a la cúspide empresarial de Canarias.

Nacido en Gran Canaria hace 43 años, la trayectoria de este hombre hecho a si mismo -presume en los medios de comunicación de apenas haber superado el graduado escolar- tiene su punto de inflexión a primeros de siglo, cuando logra su empresa, Seguridad Integral Canarias, logra parte del negocio de Seguridad 7. En su trayectoria, este empresario ha destacado tanto por su capacidad para aceptar contratos que sus competidores desechaban como no rentables, como por lograr para sus empresas suculentos contratos con la Administración autonómica y local.

Ramírez preside hoy los poderosos grupos empresariales Ralons (servicios) y Seguridad Integral Canaria, así como la representativa Unión Deportiva Las Palmas.

FUENTE: www.diariodeavisos.com