El intrusismo en el sector de la seguridad privada genera importantes pérdidas desde hace años, pero ahora con la crisis se está acrecentando y no solo se detectan casos en empresas privadas, sino que las irregularidades alcanzan ya a organismos públicos de la provincia. Es el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha sido expedientada por la Subdelegación del Gobierno por una infracción muy grave al tener servicios de seguridad ilegales en las oficinas de la calle Mayor de Alicante, donde la Policía Nacional ha constatado que utiliza personal no habilitado para realizar trabajos propios de un vigilante de seguridad.
El expediente se abrió a finales de diciembre tras la denuncia presentada tres meses antes por el sindicato USO en la Subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional realizó un informe que confirmaba el intrusismo denunciado por la Unión Sindical Obrera y por ello la Subdelegación promovió un expediente por infracción muy grave a la Tesorería. A la empresa denunciada también se le ha expedientado y se enfrenta a una sanción mínima de 30.000 euros.
El responsable de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO-CV en Alicante, José Carreño, señaló a este diario que reclamará a la Subdelegación que imponga una sanción económica a la Tesorería por permitir este claro caso de intrusismo.
Las oficinas del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) incluyen servicios de la Tesorería y del INSS. Sin embargo, mientras que el Instituto de la Seguridad Social cuenta en dicho inmueble de la calle Mayor con vigilantes de seguridad autorizados, el sindicato USO denunció que la Tesorería incumple la normativa de servicios de seguridad privada porque dispone de trabajadores de una empresa de servicios que no están habilitados para realizar funciones de vigilancia de seguridad.
Videovigilancia
Dicho personal se encuentra en el mostrador de acceso a las oficinas controlando las cámaras de videovigilancia y además realizan "rondas por el edificio, manejan y controlan los sistemas de seguridad del edificio, desconectan la alarma cuando abren por la mañana y controlan el acceso de las personas que van a la Tesorería", según el responsable de USO. Lo incomprensible, añadió el representante sindical, es que en el mismo edificio el INSS sí tenga personal autorizado para trabajar como vigilante de seguridad.
La denuncia por las irregularidades detectadas en la Tesorería es una de las 14 interpuestas durante 2011 por el Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Empresas de Orihuela, Torrevieja, Dénia, Alicante, Novelda, Polop y Pego fueron denunciadas por casos graves de intrusismo. Buena parte de estos casos de intrusismo se detectan en urbanizaciones que contratan a empresas sin personal cualificado para prevenir robos en sus casas.
En la provincia puede haber actualmente unas 400 personas que están prestando servicios propios de vigilancia sin estar habilitados para ello tanto en empresas privadas como en organismos oficiales, según asegura el responsable del sector en USO. Aproximadamente hay unos 3.000 vigilantes de seguridad acreditados en la provincia, de los que el 20% puede estar en el paro, asegura Carreño. El representante sindical indicó que la crisis está haciendo estragos en el sector y están notando que empresas que "antes tenían 30 vigilantes habilitados ahora tienen 5 y el resto de plazas las cubren con personal no cualificado".
El representante sindical lamentó la falta de personal en el Grupo de Seguridad Privada de la Policía para hacer frente a tantos casos de intrusismo en el sector. Según Carreño, las empresas pueden ahorrarse entre 300 y 500 euros por cada vigilante no acreditado que contratan.
El INSS también registra deficiencias
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Alicante no ha sido expedientado aún pero sí ha sido advertido por la Subdelegación para que subsane las deficiencias detectadas en la contratación del servicio de vigilancia que presta servicio desde hace un año en sus dependencias de la calle Churruca. Esta irregularidad fue denunciada por el Sindicato Independiente porque la empresa encargada de la seguridad en el INSS solo está autorizada para llevar vigilantes pero no para contratar las conexiones a una central de alarmas. La Subdelegación del Gobierno dio cinco días al INSS para que subsanara las deficiencias, pero inicialmente no hizo caso. P. C.