El Gobierno fija unos servicios mínimos de entre el 50% y el 100% para el personal de seguridad privada
El Gobierno ha fijado unos servicios mínimos de entre el 50% y el 100% para el personal de seguridad privada adscrito a servicios considerados esenciales de cara a la huelga general de este jueves, 29 de marzo, según una resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
MADRID, 27
A los efectos de determinar los servicios esenciales, el Ministerio del Interior explica en esta resolución que ha de tenerse en cuenta que la "amenaza constante" de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública obliga, "incluso en situaciones de activación mínima", a recurrir a servicios de seguridad privada para la protección de las personas y salvaguardar derechos fundamentales como la vida, la libertad o la seguridad.
El Gobierno entiende además que son servicios esenciales las denominadas "infraestructuras críticas", como el transporte, la energía, la salud, la información y las telecomunicaciones, y la alimentación y las finanzas.
Con esta resolución, el Ministerio del Interior quiere adoptar "las medidas necesarias" para garantizar un nivel básico de actividad en la prestación del servicio de seguridad privada en hospitales, juzgados, tribunales y dependencias de las administraciones públicas, todos ellos centros públicos en los que se presta con carácter obligatorio un servicio de vigilancia que, según recuerda el Gobierno, ha ido encomendándose de manera progresiva a servicios de seguridad privada.
Interior también recuerda que los servicios privados de vigilancia y seguridad de personas o bienes tienen la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.
El Gobierno entiende que si la vigilancia y protección de los servicios esenciales debe ser garantizada incluso en circunstancias normales, dicha vigilancia "debe ser incrementada en el caso de una huelga general para que su desarrollo se realice pacíficamente y no se altere la convivencia social en los lugares objeto de protección.
100% EN LA PROTECCIÓN DE BUQUES ARMADOS.
Tras consultar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector y teniendo en cuenta informes de Policía y Guardia Civil, el Ministerio del Interior ha determinado unos servicios mínimos del 100% en el personal de seguridad privada que preste servicios de protección de personas, incluyendo los prestados en buques pesqueros o mercantes que naveguen bajo bandera española con armas de guerra.
Los servicios mínimos serán del 85% en el personal que preste servicios de seguridad en actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y distribución; y en los bancos, cajas y entidades de crédito en los que el servicio de seguridad se haya impuesto en general con carácter obligatorio.
También serán del 85% los servicios mínimos en el personal que preste servicios de seguridad en instalaciones petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles y en centrales e instalaciones nucleares. En este punto, el Gobierno precisa que los servicios mínimos comprederán en todo caso la dotación mínima determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear para la protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares.
Asimismo, los servicios mínimos serán del 85% en la seguridad privada prestada a fábricas de armas de fuego y de explosivos y en sus almacenamientos; en las actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables, en los servicios y distribución de agua, gas y electricidad, y en las centrales de alarma.
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FUENTE:elEconomista.es
Detenida una mujer en Toledo cuando huía de un establecimiento con varios perfumes valorados en 273 euros
La Policía Nacional ha detenido en Toledo, con la colaboración de la Seguridad Privada, a A.D.B., mujer de 58 años y nacionalidad rumana, por una falta de hurto al intentar huir de un establecimiento con varios frascos de perfume valorados en 273 euros.
La detenida ha sido interceptada por un vigilante de seguridad cuando salía del establecimiento con los perfumes escondidos en el bolso, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
Posteriormente, indicativos policiales han comprobado que a la detenida no le constaba ningún domicilio conocido y que además tenía dos averiguaciones de domicilio y paradero por Juzgados de Madrid por una falta de hurto, por lo que para que no se sustrajera a la acción de la Justicia, ha sido detenida.
FUENTE:Global Castilla-La Mancha
La Comunidad creará nuevos colegios arbitrales que incluirán a expertos en seguridad privada
La Comunidad de Madrid creará nuevos colegios arbitrales que incluirán a expertos en seguridad privada, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.
La directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, ha inaugurado este viernes una jornada sobre 'Seguridad Privada y Consumo' tras la entrada en vigor de la reciente Orden del Ministerio del Interior sobre funcionamiento de sistemas de seguridad en el ámbito de la seguridad privada.
En el encuentro, organizado por la Asociación Europea de Profesionales para Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad (AECRA) en colaboración con la Comunidad, Martínez de Sola ha anunciado que apostarán por el desarrollo y la difusión de la solución arbitral en el marco de la seguridad privada, que se plasmará con la firma del primer convenio de colaboración entre la autoridad de consumo regional y esta asociación, lo que permitirá la constitución de los primeros colegios arbitrales de Consumo en los que participen expertos en el ámbito de la seguridad privada.
El arbitraje de consumo contribuirá a una solución equitativa para solventar los conflictos que puedan surgir entre los consumidores de servicios de seguridad y las empresas que prestan este tipo de servicios.
La directora general de Consumo, junto al presidente de AECRA, José de la Trinidad, ha explicado los aspectos de la normativa de defensa del consumidor que afectan a este tipo de actividad. Es el caso de la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a una central de alarmas de una empresa de seguridad.
AECRA ha aportado a los asistentes a la jornada soluciones jurídico-prácticas aplicables a este sector. Nacida en 2008, AECRA está compuesta por 60 profesionales, entre ellos, los directivos de algunas de las empresas más importantes de seguridad del país y de las asociaciones empresariales más relevantes.
En la actualidad, hay en España 1.200.000 usuarios contratantes de servicios de seguridad. En la Comunidad de Madrid, existen más de 220.000 usuarios que apuestan por la seguridad privada como medida de prevención frente al delito. De ellos, más de 132.000 son consumidores finales.
La Comunidad de Madrid recibió en 2011 un total de 7.121 solicitudes de arbitraje. De ellas, el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo resolvió un total de 5.750, un 22 por ciento más que el año anterior. De las 5.750 solicitudes resueltas, 3.325 lo fueron en fase de mediación previa.
El resto se resolvió mediante un laudo emitido por un árbitro o un tribunal con representación de asociaciones de consumidores y empresarios. El pasado año se incrementaron en 559 las adhesiones voluntarias al arbitraje de Consumo, elevándose a 13.683 las empresas y profesionales adheridos.
El sistema arbitral supone un ahorro estimado de tres millones de euros a la administración de Justicia y se caracteriza por ser gratuito para las partes, que sólo en determinados supuestos tienen que costear la práctica de peritajes; rápido, ya que los expedientes se tramitan como mucho en seis meses desde la admisión a trámite de la solicitud; sencillo y eficaz, porque tiene pocas formalidades y se resuelve sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Además de voluntario, puesto que ambas partes se someten libremente al arbitraje; y ejecutivo, porque los laudos son de obligado cumplimiento para empresario y consumidor y tienen el mismo valor que una sentencia judicial.
Si la empresa se niega a cumplirlo, el reclamante puede pedir su ejecución al tribunal de primera instancia.
Las empresas adheridas al sistema de arbitraje se distinguen porque pueden exhibir un distintivo oficial que las acredita como tal, tanto en escaparates como en todo tipo de documentación comercial y en la propia web.
Los consumidores, además, pueden también saber si una empresa está adherida al sistema arbitral mediante consulta en el portal del consumidor de la Comunidad de Madrid disponible en 'www.madrid.org/consumo'.
FUENTE:La Vanguardia
Cuatro detenidos por robar ropa en un centro comercial de Pamplona
La Guardia Civil de Navarra detuvo el pasado 22 de marzo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, vecinos de Vitoria y con edades comprendidas entre los 40 y 21, como presuntos autores de una falta de hurto y un robo con fuerza en las cosas, tras robar varias prendas de ropa en un centro comercial cercano a Pamplona.
El mismo día de la detención los agentes, en colaboración con personal de Seguridad Privada del centro comercial, detectaron cuatro personas en actitud sospechosa a lo largo de la galería comercial que podrían estar sustrayendo artículos de las tiendas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado. Tras identificarles, comprobaron que éstos portaban prendas que acaban de sustraer de una tienda, sin poder aportar ticket de compra.
Los agentes comprobaron que estas personas eran las mismas que el pasado 20 de marzo cometieron un robo tras romper el cristal de unas de las ventanillas de un vehículo estacionado en el parking del centro comercial y sustrajeron un ordenador portátil, varios utensilios del ordenador y un disco duro.
Los detenidos una vez instruidas las diligencias policiales correspondientes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
FUENTE:Diario de Navarra
MAR
El Gobierno retira las ayudas para la seguridad privada de la flota atunera
Los armadores aseguran que mantendrán el servicio de protección en los barcos mientras no haya alternativas y retoman su petición inicial de embarcar militares profesionales
La crisis es la crisis y obliga a recortes. Tal fue el argumento ofrecido ayer por el Gobierno a los representantes de Opagac, una de las dos organizaciones de armadores que agrupan a la flota atunera española, para justificar la retirada, ya este mismo año, de las ayudas que el Estado venía ofreciendo al sector para costear la seguridad privada a bordo de los pesqueros que faenan en el Indico como protección contras los ataques de los piratas somalíes. Así lo aseguró ayer a este diario Julio Morón, gerente de Opagac, tras la reunión mantenida por los directivos de la organización pesquera con el nuevo secretario general de Pesca, Carlos Domínguez.
La retirada de las ayudas a la seguridad privada aprobadas por el gobierno socialista en 2009 tras el secuestro del "Alakrana" sorprendió ayer al sector aunque los empresarios reconocían que ya se lo temían y sospechaban.
La subvención estatal para la seguridad de la flota en el Indico alcanzaba el 25% del coste del embarque y mantenimiento de cuatro vigilantes de seguridad armados en cada uno de los 14 atuneros del Indico con pabellón español. Otro 25% lo costean las comunidades autónomas donde estos barcos tienen su puerto base y que, con la excepción de un par de barcos, con base en Galicia y Andalucía, son todos del País Vasco. El restante 50% lo aportan las propias empresas armadoras, que también asumen el coste de la seguridad de los atuneros que navegan bajo pabellón de Seychelles, hasta alcanzar un total de 23 pesqueros de capital español en esas aguas. En todos esos buques están enrolados marineros gallegos, vascos y de países ribereños.
A la vista de la negativa del Gobierno Central a mantener estas ayudas –cerca de 2 millones de euros al año, según las propias cifras difundidas por el Gobierno con anterioridad y ayer no confirmadas por los armadores– los empresarios aseguran que asumirán ese gasto mientras no exista alternativa porque "ni de broma, no podemos ni plantearnos" prescindir del servicio de vigilancia a bordo. "Es completamente inviable" recalcó Morón.
Desde que la flota atunera española cuenta con vigilantes privados armados a bordo todos los buques lograron repeler los ataques piratas de que fueron objeto y no se produjo ningún secuestro en el sector.
Tras esta decisión de retirar las ayudas, los armadores reiteraron al Ministerio su tradicional y "originaria" demanda de embarcar en los pesqueros a militares profesionales, como ocurre con la flota pesquera gala.
La propuesta fue planteada de nuevo ayer por Opagac al responsable pesquero del departamento que lidera el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Su respuesta fue, según Morón, que "se estudiará" con el Ministerio de Defensa.
FUENTE:FARO DE VIGO