Seguridad, una nueva política de Estado
En setiembre de 1997 con la desaparición de Sebastián Bordón, la posterior confirmación de su muerte a manos de efectivos de la Policía y luego de la rebelión de la Fuerza en octubre del 98, comenzaba un nuevo paradigma de la seguridad en Mendoza, la llamada Política de Estado en Seguridad, y, en ese marco, la reforma Policial.
El devenir del tiempo, los criterios particulares de cada gobierno, los nuevos fenómenos sociales y una larga lista de causas, han ido debilitando aquella política de Estado.
La seguridad pública requiere, en su esencia, de un repensar permanente de sus paradigmas y en este sentido creemos que es tiempo de un relanzamiento aggiornado de los mismos. Hoy, a más de una década de su implementación y teniendo en cuenta que se trata de un área de suma sensibilidad social, es evidente e inexorable que se requieren cambios urgentes.
Son varios los ejemplos que día a día patentizan esta necesidad. Así, podemos mencionar, como caso testigo, la situación de la seguridad privada, la cual diez años atrás no tenía la relevancia de estos tiempos. Actualmente existen casi la misma cantidad de agentes privados que los propios efectivos de las policías de Mendoza; ¿no sería invalorable buscar mecanismos reales de cooperación entre ambas?
Por su parte, las nuevas formas del delito como las relacionadas con los estupefacientes, la aparición de las pandillas, la falsificación de mercaderías, las salideras bancarias, las nuevas tecnologías que no existían años atrás y de las que se sirven los delincuentes con una habitualidad preocupante, requieren a su vez de una modernización continua en los procedimientos, instrumentos y acciones que las Fuerzas de Seguridad y el conjunto del Sistema deben poner en marcha a fin de procurar la minimización de los efectos nocivos de la inseguridad.
Tal como se sostiene permanentemente, la criminalidad es multicausal y por ende existen diversos factores de riesgo que se manifiestan en cuanto menos cuatro niveles: el individual, el familiar, el comunitario y el social.
Hay delitos cuyos factores de riesgo se asocian a cada uno de los mismos, por ejemplo el suicidio, el abuso sexual, la venta de drogas, de mercancías ilegales, o la delincuencia organizada, los cuales, al efectivizarse en un contexto de interacción social, producen un efecto característico que implica que lo que ocurre en cada uno de estos niveles influya necesariamente en los otros, propiciando con ello el fenómeno denominado como criminalidad.
El suceso que nos tocó vivir con la tentativa de robo al camión de caudales en Godoy Cruz, y el postrer homicidio de Matías Quiroga, se ha convertido en el incidente que marcará irremediablemente un punto de inflexión en la política de Seguridad de la Provincia de Mendoza.
Este lamentable hecho puso de forma vertiginosa en la consideración social y mediática, la idea de que un nuevo paradigma de seguridad debe emerger. La autoridad política, con los necesarios consensos y la participación de todos los actores involucrados en la materia, deben construir un renovado proyecto para la seguridad de los mendocinos.
Cuando se sancionaron las Leyes de Seguridad 6721 y 6722, se procuró generar un orden, un método y un objetivo dirigido a la fuerza policial, despojándola de sus meros intereses corporativos y estableciendo una verdadera política de seguridad en la que uno de sus pilares sería el Instituto Universitario de Seguridad Pública que promovería la instrucción formal y académica de los agentes, con una fuerte impronta en su conducción, imbuida del espíritu de vocación de servicio.
Ahora bien, cualquier política criminológica debe tener un carácter integral. Pretender remediar la cuestión exclusivamente con estrategias policiales, penales o sectoriales constituye un abordaje limitado en su alcance, y por ende en cualquier alternativa planteada en la búsqueda de una solución a ésta problemática. Por este motivo, estamos convencidos de que arremeter sobre la inseguridad que aqueja a nuestra Provincia requiere la participación de múltiples actores.
Por otra parte, queda evidenciado que la sola inversión en equipamiento - dada en los últimos 4 años como consecuencia de la Ley Nº 7.836 de Emergencia - no es garantía de eficacia y eficiencia en la fuerza de seguridad. Es importante contar con los elementos técnicos, pero no es ésta en sí misma la única condición necesaria ni mucho menos suficiente para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Para elaborar vías efectivas que atiendan a la reducción de los índices de criminalidad, se tienen que desplegar una serie de acciones en diversos ámbitos: salud, educación, desarrollo, seguridad y justicia, legislación, información y tecnología, medios de comunicación y participación ciudadana, dentro de los cuales serán requisitos para su ejecución el liderazgo, profesionalismo, coordinación, consenso, confianza y una constante renovación del estudio de los profusos arquetipos delictuales.
En el esquema planteado creemos firmemente que el Gobernador debe ser el principal referente de la policía de Mendoza. Esa es su función natural y constitucional, y en este sentido es responsable de su conducción y principalmente de la determinación de los lineamientos fundamentales de la política de seguridad. Por ello, en este “relanzamiento” que proponemos, debe reafirmarse que su conducción estratégica como sistema, debe ser política, reservándole a los cuadros policiales su implementación operativa.
Es imprescindible también profundizar la utilización de los medios que nos otorga la tecnología: cámaras de circuito cerrado de televisión, dispositivos o radares de velocidad, intercepción de comunicaciones, vigilancia vía satélite, arcos detectores de metales, analizadores de aliento y de huellas, sensores de movimiento, laboratorios de ADN, entre otros.
En definitiva, innovación, integralidad, un plan de seguridad que haga especial énfasis en la inteligencia criminal, conducción por civiles capacitados, profesionalización de la fuerza, trabajo en conjunto a partir de consensos mínimos sobre la seguridad como política de Estado, son objetivos serios de compleja concreción, pero que sin lugar a dudas, nos otorgarán los resultados que el voluntarismo y la improvisación seguramente jamás alcanzarán.
Sr Gobernador, don Francisco Pérez, tiene en sus manos una oportunidad histórica de relanzar una modernizada política de Estado, con la férrea convicción y decisión política con la que en su momento lo hiciera el ex gobernador don Arturo Lafalla. Los mendocinos se lo sabremos reconocer.
FUENTE:Los Andes (Argentina)