Ceuta:“El Gobierno parchea la carencia de efectivos en la Guardia Civil”
Así se expresa la UniónGC, que se opone “a cualquier iniciativa que suponga la supresión de la seguridad pública” y lamenta que no se repongan los empleos.
Unión de Guardias Civiles (UniónGC), asociación profesional representativa en el Cuerpo, con dos vocales en el Consejo de la Guardia Civil, remitió ayer un comunicado de prensa para denunciar el parcheo de efectivos.
UniónGC, ante la decisión adoptada por el Gobierno en el año 2013 de incorporar vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia en los centros penitenciarios, se opuso frontalmente, “pues es una medida innecesaria, invade competencias propias de Guardia Civil y Policía Nacional, encarece el servicio y, en definitiva, supone un derroche de dinero del erario público injustificable que no se sostiene con argumento alguno, como no sea el de beneficiar a empresas privadas de seguridad con no se sabe muy bien el fin”.
Supresión de trabajos A la vez, esta decisión, según señalan desde la asociación, “puede suponer a corto plazo la supresión de puestos de trabajo en Guardia Civil, y lo que nos parece más grave en UniónGC, la apuesta de este Gobierno por disminuir la plantilla de Guardia Civil no recuperando los efectivos perdidos, casi diez mil durante los seis últimos años, consecuencia de implantar una tasa de reposición de efectivos del 10% que ha mermado gravemente las plantillas y disminuido ostensiblemente la presencia de guardias civiles en labores de seguridad ciudadana”.
La implantación de este servicio de seguridad privada “está costando anualmente al erario público nada menos que casi 33 millones de euros, cuantía que sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal, y que UniónGC ha demandado en múltiples ocasiones”.
La asociación recalca que “con el importe del coste de ese servicio en un solo año cada guardia civil podría contar con ese medio de autoprotección imprescindible en su trabajo diario y del que en la actualidad no disponen”.
“Por si fuera poco derroche la medida adoptada entonces por el Gobierno, el Consejo de Ministros del pasado día 19 de agosto ha decidido destinar otros 58 millones de euros a incrementar en 900 vigilantes de seguridad el servicio en las 67 prisiones estatales, lo que significa aumentar el despilfarro, con lo que el volumen del mismo se acerca a los cien millones de euros anuales, todo ello mientras los guardias civiles siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día”, afirman.
Adjudicaciones Los guardias civiles también exponen en su comunicado que “queda por ver las empresas que serán las beneficiarias de estas suculentas adjudicaciones, pues echando números cada vigilante de seguridad tendrá un coste anual para el Estado de 64.444´44 euros, lo que supone más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil en ese mismo periodo, una vergüenza y un despilfarro insultante”, para UniónGC.
La asociación apuesta por “el empleo público y de calidad, se opone frontalmente a cualquier iniciativa que suponga la supresión de la seguridad pública y esta medida adoptada por el Gobierno no hace otra cosa que parchear la carencia de efectivos en Guardia Civil y a su vez justificar esa merma para no reponer los empleos de seguridad pública perdidos durante los últimos años, a pesar de que esa medida, como se ha dicho, incremente el gasto. Todo sea por beneficiar a las empresas de seguridad privada”.
Por otro lado el colectivo de guardias civiles apunta que “a todo esto nadie parece hacer oposición, pues vemos que ninguna formación política se ha pronunciado en contra públicamente, tal parece que están más ocupados en otras cosas, o lo que ya sería más grave ¿ocupados en coger una parte de ese pastel tan apetecible en beneficio de familiares o amigos? Estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos”...LEER NOTICIA COMPLETA.
El “despilfarro insultante” del Gobierno: 58 millones más para seguridad privada en prisiones.
UniónGC denuncia que el PP apuesta por la privatización de la seguridad mientras disminuye la plantilla de la Guardia Civil
La Unión de Guardias Civiles (Unión CG), una de las asociaciones profesionales presentes en el Consejo de la Guarida Civil, ha denunciado el “derroche de dinero del erario público” que está llevando a cabo el Gobierno desde 2013 al contratar vigilancia privada en las cárceles españolas, competencia tradicional de este cuerpo y de la Policía Nacional. A través de una nota de prensa, UniónGC informa que el coste anual de estos contratos es de “nada menos que casi 33 millones de euros, cuantía que sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal”.
Aumento aún más Desde esta asociación profesional, muy beligerante contra los recortes a la Guardia Civil, también revelan que el Consejo de Ministros del 19 de agosto aprobó una nueva partida de “58 millones de euros a incrementar en 900 vigilantes de seguridad el servicio en las 67 prisiones estatales”. Con esta nueva partida, el gasto en la seguridad privada en las cárceles españolas se eleva a casi cien millones de euros anuales, “todo ello mientras los guardias civiles siguen sin los elementos de seguridad básicos ni los medios adecuados para afrontar su trabajo día a día”.
Echando números, cada vigilante de seguridad, según este presupuesto, tendría un coste para las arcas del Estado de 64.444,44 euros al año, “lo que supone más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil, una vergüenza y un despilfarro insultante”.
Intereses ocultos Desde esta asociación profesional señalan que, con estos contratos, se observa “la apuesta de este Gobierno por disminuir la plantilla de guardias civiles no recuperando los efectivos perdidos, casi diez mil, durante los seis últimos años, consecuencia de implantar una tasa de reposición de efectivos del 10% que ha mermado gravemente las plantillas y disminuido ostensiblemente la presencia de guardias civiles en labores de seguridad ciudadana”. Del mismo modo, desde la asociación no encuentran explicación alguna a estos contratos con empresas privadas, más allá del de beneficiarlas “con no se sabe muy bien el fin”.
Nadie ha dicho nada UniónGC acaba su denuncia señalando a todos los partidos políticos, ya que ninguno de ellos se ha preocupado por esta ‘sangría’ que está sufriendo la Guardia Civil por parte del actual Gobierno...LEER NOTICIA COMPLETA.
Asturias:La asociación de vigilantes de seguridad Avispa pide la "suspensión inmediata" de los conciertos en la Catedral.
La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha exigido este lunes al Ayuntamiento de Oviedo la "suspensión inmediata" de los conciertos programados en la plaza de la Catedral con motivo de los festejos de San Mateo, ante la falta de seguridad con la que, entienden, cuenta la ubicación.
El coordinador de la organización, Jorge C. Fernández Cuesta, ha manifestado esta postura en una rueda de prensa en el Consistorio de la capital y ha calificado de "grave temeridad" los eventos tal y como están programados.
Las actuaciones se celebrarán del 16 al 25 de septiembre, según especifica el Ayuntamiento en su web. Avispa ha criticado que en la adjudicación del contrato no se refleja el plan de autoprotección (relativo a controles de seguridad, patrullas, salidas de emergencia, planes de evacuación...) ni se plantea el control del aforo.
El representante ha censurado que las calles adyacentes, posibles vías de evacuación, estarían "bloqueadas" por la afluencia de asistentes y otros elementos como chiringuitos o camerinos.
En el mismo sentido, el coordinador se ha remitido a tres informes de años anteriores que, asegura, "informan del grave riesgo de autorizar conciertos" en la plaza de la Catedral debido a la "existencia de diferentes niveles de altura", a "la deficiencia del pavimiento existente", a "la ausencia de control del aforo" y a la "saturación de personas en las salidas".
Como solución, la asociación propone que los conciertos "se trasladen a un lugar más adecuado". Cuesta ha advertido que si no se adoptan "medidas correctoras", la asociación acudirá a los juzgados. El representante de Avispa ha rechazado reiteradamente el emplazamiento de la plaza de la Catedral pero ha matizado que, de llevarse a cabo en el mismo, el público debería limitarse a unas 2.000 personas así como deberían realizarse controles de acceso.
ESCRITOS A LA ADMINISTRACIÓN
En documentación remitida a los medios de comunicación, Avispa detalla que "el tiempo estimado, en condiciones normales, de una posible evacuación, supera los 2 minutos y 30 segundos, tiempo, a todas luces, excesivo".
No obstante, el coordinador ha subrayado que el "ambiente festivo y la embriaguez", entre otros aspectos, influirían también en ese tiempo, estimado para el desalojo de cada sector de la plaza, que cuenta con cuatro en total. "No somos apocalípticos. Planteamos una realidad", ha insistido el coordinador. La asociación ha presentado esta mañana los escritos expresando estos aspectos a la delegación del Gobierno en Asturias; a la jefatura superior de la Policía Nacional; a la unidad territorial de seguridad privada; al Ayuntamiento de Oviedo; al alcalde de la capital, Wenceslao López; a la concejalía delegada de Seguridad Ciudadana; a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF); y al concejal del área de Cultura, Roberto Sánchez Ramos.
TENSIÓN AL FINAL DE LA RUEDA DE PRENSA
A la rueda de prensa asistieron también la concejal de Somos Isabel Bermejo y el vicepresidente de la SOF, el exconcejal Socialista, Avelino Alonso. Tras media hora de comparecencia y en medio del turno de preguntas, se produjo una discusión entre Alonso y Fernández Cuesta.
Fue a raíz de que el portavoz de Avispa rehusase contestar a una pregunta de una periodista sobre las condiciones de seguridad en otras citas de San Mateo, como por ejemplo el pregón. Bermejo comentó que estaba claro que no quería contestar y Fernández Cuesta reaccionó incómodo, le preguntó si ella era periodista y le pidió que, en caso contrario, se abstuviese de hacer comentarios.En ese momento intervino Avelino Alonso y le contestó al compareciente que ella no era periodista, pero sí un era miembro del equipo del Consistorio.
El responsable de Avispa insistió en decir que la convocatoria iba dirigida a los periodistas.El portavoz de Avispa se dirigió a Avelino Alonso por su nombre de pila y el vicepresidente de la SOF le preguntó entonces de qué le conocía.
Cuesta, en el intercambio de frases, dejó entrever que era por cuestiones de seguridad y llegó a decir que en el Ayuntamiento había directores de Seguridad "con la lengua muy larga que en redes sociales dicen que hay ya un plan de seguridad"....LEER NOTICIA COMPLETA
Madrid:Los actos vandálicos en el Templo de Debod obligan a aumentar la seguridad.
Las pintadas realizadas hace apenas dos semanas en el Templo de Debob ha obligado al Ayuntamiento de Madrid ha aumentar la seguridad privada en el monumento. El consitorio aumentará desde el próximo 1 de noviembre la vigilancia en el Templo de Debod, donde dos personas permanecerán las 24 horas del día, y tiene previsto contratar a más personal para ampliar el horario de visitas del templo egipcio, cerrado en verano por problemas de conservación.
El monumento, próximo a Plaza de España, fue cedido por Egipto a España en 1968 en compensación por la ayuda prestada en la protección de los templos de Nubia durante a la construcción de la presa de Asuán.
Además de las pintadas por vandalismo, el Templo de Debod sufre deterioros como consecuencia de la contaminación, la falta de protecciones en las piedras originales y el clima de Madrid, que han llevado al Ayuntamiento a cerrar el templo temporalmente para "no comprometer más su conservación dadas las altas temperaturas y la humedad relativa del interior", según indican a Efe fuentes municipales.
El perímetro exterior del templo donde se sitúan el estanque y los arquitrabados que hacen de entrada permanece abierto al público.
Ante el desgaste del edificio, el Gobierno municipal de Ahora Madrid busca una solución óptima que pasa por "el cambio de todo el sistema de climatización" y propondrá soluciones para el edificio que se incluirán en los presupuestos de 2017.
Además de esa intervención, el Ayuntamiento ampliará a partir de noviembre la vigilancia con un nuevo contrato que contempla que haya dos responsables de la seguridad durante todo el día, mientras que ahora hay uno las 24 horas y otro que trabaja habitualmente en horario de atención al público (martes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas, y sábados, domingos y festivos de 9:30 a 19:00 horas).
Para ampliar el horario de visitas del Templo de Debod...LEER NOTICIA COMPLETA.
El Gobierno aragonés se gasta más de 10 millones de euros al año en seguridad privada
El contrato de vigilancia y escoltas incluye el control de 72 edificios públicos de la Comunidad autónoma
El Gobierno aragonés se gasta cada año más de 10 millones de euros en seguridad privada. Es el precio del dispositivo de vigilancia de edificios oficiales, control de accesos y seguridad de altos cargos que cuentan con servicio de escolta.
El coste anual estimado asciende a 8,5 millones de euros al año más IVA, según consta en el pliego de condiciones que acaba de publicar el Gobierno regional para adjudicar el nuevo contrato de seguridad privada, que entrará en vigor en febrero del próximo año.
El grueso de este coste corresponde a la vigilancia y seguridad de edificios oficiales. Según esta licitación, ese operativo de seguridad privada abarca a un total de 72 edificios de la Comunidad autónoma, 15 en la provincia de Huesca, 16 en la de Teruel y 41 en la de Zaragoza.
La lista de sedes que son objeto de vigilancia privada incluye la sede central del Gobierno aragonés (el zaragozano edificio Pignatelli), los hospitales públicos repartidos por la región, las sedes administrativas oficiales y las sedes judiciales de toda la Comunidad autónoma. También los edificios donde se ubican organismos y empresas públicas del Gobierno aragonés, caso de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV)....LEER NOTICIA COMPLETA.