Ceuta:Marea Negra alerta de intrusismo en los centros de menores

La asociación de Seguridad Privada denuncia que el personal de Amgevicesa, sin preparación, se hace cargo de la seguridad en el Centro del Mediterráneo.

Desde la Asociación Marea Negra por la Seguridad Privada advierten de la necesidad de “hacer cambios importantes en los centros de menores”. Una reestructuración que, plantean desde esta organización, se debe llevar a cabo para mejorar las condiciones, tanto de convivencia como de seguridad en estos centros. La responsabilidad, señalan en un comunicado de prensa, es de las Comunidades Autónomas que gestionan estos organismos “con dinero público”.

El Real Decreto 1774/2004, de 30 de junio aprueba el reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, donde se regula la responsabilidad penal de los menores, recuerda la asociación, para pedir que se introduzcan algunos cambios dentro de este reglamento, que entienden que se ha quedado desfasado. “Las necesidades para las que se creó en lo referente a seguridad se han quedado obsoletas”, aseguran.

“Una seguridad eficiente dentro de los centros constituye un pilar básico para el correcto funcionamiento de estos”, recalcan desde Marea Negra y añaden: “Para ello habría que crear una figura que creemos necesaria y esa no es otra que la del Director de Seguridad”. Para la asociación, esta es la persona idónea para gestionar la seguridad, además de los medios tanto activos como pasivos.

Marea Negra ha decidido salir a la palestra para hacer esta petición por que, señalan, en numerosos centros esta “gran responsabilidad” recae en un director o en cualquier otra persona “que carece tanto de las aptitudes como de la habilitación para desempeñar labores de esta índole”. Labores entre las que, recuerdan, se encuentran la protección del menor. “Por otro lado también queremos denunciar que, el Centro de Menores Mediterráneo de Ceuta, en la actualidad no tiene contratado a ningún servicio de seguridad”, alertan desde la asociación. Este centro, explican, cuenta con “auxiliares” de la empresa Amgevisesa. Pero desde Marena Negra denuncian que este personal “no puede ni debe ejercer servicio de vigilancia”.

“Esta figura no aparece en la ley Seguridad Privada, por lo que es una figura intrusista”, critican para advertir de que en estos centros “la seguridad es inexistente”. “Si estas personas no son personal cualificado y no superan ni las pruebas que la legislación obliga, significa que estos centros no pueden garantizar esa seguridad”, alertan.

Los vigilantes de ‘La Esperanza’, preocupados por casos de tiña

Marea Negra también ha querido poner sobre la mesa la preocupación de los vigilantes del centro ‘La Esperanza’ porque, según les han informado, hay casos de tiña. “No entendemos cómo la administración no toma medidas de precaución para que esto no vaya a más, ya que la enfermedad es muy contagiosa...LEER NOTICIA COMPLETA.

La seguridad privada: una industria en auge y fuera de control

 La principal conclusión del documento elaborado por Novact es la necesidad de ordenamientos jurídicos internacionales, que pongan coto a la privatización de la seguridad

Finales de los 1990. Bosnia. La empresa de seguridad privada DynCorp, contratada por el gobierno estadounidense para operar en Bosnia, se ve envuelta en una red de prostitución de menores y trata de blancas. 2007, EEUU. El Congreso denuncia que la firma Blackwater, desplegada en Irak, es responsable de muertes de civiles, uso incorrecto de armamento, abuso de alcohol y drogas y comportamientos violentos. Son sólo dos ejemplos del impacto de la seguridad privada en los derechos humanos en los últimos años.

La ola privatizadora no sólo afecta a servicios públicos como la sanidad o la educación: cada vez más, los ejércitos regulares y de gestión estatal están siendo sustituidos en muchos lugares de conflicto por fuerzas armadas de empresas de seguridad. El caso más paradigmático es Irak, donde en 2007 los agentes privados superaron en número a los soldados regulares. Un crecimiento que rebasa límites sin que, de forma paralela, se haya desarrollado una legislación internacional al respecto que permite someterlos a un control efectivo.

Éstas son algunas de las principales ideas que denuncia la organización International Institute for Nonviolent Action (Novact) en su informe The invisible force (La fuerza invisible), en el que realizan un análisis comparativo de tres casos paradigmáticos: el de Irak, el de Colombia y el de Palestina. “Se está viviendo un proceso de privatización brutal en estos países y nadie lo está poniendo en cuestión”, alerta Felip Daza, codirector de Novact. Además la organización cuenta con varios investigadores sobre el terreno en cada uno de estos países.

Pese a que el escenario posterior a la guerra de Irak fue el punto de inflexión para esta industria, en puntos como Palestina, en ocasiones, los agentes de seguridad “tienen más autoridad que el mismo ejército”, asegura Daza. “En Jerusalén se está llevando a cabo parte del proceso de ocupación mediante seguridad privada”, explica. El país contrata a este tipo de empresas para asegurar la confiscación de tierras o asentamientos ilegales y no pocas veces se producen excesos, que acaban, incluso, con la muerte de sospechosos, según se recoge en el informe.

La inseguridad, una fuente de negocio

El creciente grado de conflicto en el mundo está produciendo un auge “alarmante” de este sector. Países como Colombia, donde también se detiene el documento de Novact, se han convertido en un buen lugar para reclutar a agentes, llegado el proceso de paz. Para el negocio, vale cualquier bando: “Se contrata a paramilitares y exguerrilleros, gente desmovilizada cuyo único oficio ha sido siempre lo militar y que son transladados a países en conflicto”, detalla Daza.

Tal y como se recoge en el informe, estas empresas, lejos de lograr la estabilización de países en conflicto, ocasionan lo contrario. “Provocan una fragmentación de los actores armados que al final acaba resultando en un impacto negativo en los derechos humanos, en un aumento de la inseguridad”, señala....LEER NOTICIA COMPLETA.

Los robos en viviendas volvieron a caer en 2015 según Interior... pero el gasto en seguridad privadas sigue al alza.

El sector facturó en la Comunidad casi 77 millones de euros el año pasado, 2,53 millones más que en el ejercicio 2014, según la patronal.

Julio y agosto siempre han sido temporada alta en las playas para aquellos que buscan desconectar del trajín diario y, en las ciudades, para los cacos que aprovechan para colarse en las casas de los primeros. Hace tan solo unos días que un robo en una vivienda de Utebo saltaba a las portadas de los medios de comunicación por lo insólito del asalto: una joven pareja (34 años él, 26 ella) allanó un domicilio del municipio zaragozano y se hizo con efectos valorados en 150.000 euros. No contentos con desvalijar la casa, estuvieron haciendo vida en ella durante su fechoría aprovechando que sus dueños estarían ausentes una temporada.

 Desde siempre, los robos en viviendas tienen mayor protagonismo en verano que en otras épocas del año. Este mismo lunes la Policía Nacional anunciaba que había desmantelado una banda de mujeres que ya había robado en varios domicilios de Zaragoza y que pensaba asentarse en la capital aragonesa este verano para seguir desvalijando viviendas. A pesar de estos últimos hechos, lo cierto es que, según los datos oficiales, los asaltos a viviendas se han reducido considerablemente en los últimos años. El Ministerio del Interior publica periódicamente estadísticas de criminalidad de todo el país distinguiendo los principales ilícitos. En estos documentos, se refleja que los robos con fuerza en domicilios aragoneses no han dejado de caer desde 2013, después de que las estadísticas superaran la media de seis asaltos diarios en 2012 (en todo el año se registraron 2.233 asaltos).

 Los allanamientos de morada en la Comunidad se mantienen a raya, según Interior, pero los aragoneses siguen desconfiando y optando por instalar seguridad extra en sus propiedades. Esto es algo que se desprende de las contrataciones de sistemas de protección y alarma, unos datos que también difunde el departamento dirigido en funciones por Jorge Fernández Díaz. 2015 terminó en Aragón con 35.109 alarmas instaladas en viviendas y comercios. Esta cifra por sí sola apenas dice nada, pero si se conoce que un año antes el mismo registro se situaba en 33.110 sistemas activos, esto quiere decir que entre enero y diciembre de 2015 se dieron de alta prácticamente 2.000 alarmas en la Comunidad, a una media de 166 al mes.

   El crecimiento de estas instalaciones de protección se traduce en ganancias para un sector, el de la seguridad privada, que en Aragón sigue mejorando su facturación año a año. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) realiza cada ejercicio una radiografía del negocio. El análisis correspondiente a 2015 concluyó con buenas noticias para los empresarios: la facturación se situó en torno a los 76,93 millones de euros en Aragón, lo que representaba 2,5 millones más que un año antes.

 La ecuación es lógica: a mayor número de alarmas instaladas más ganancias, y también más trabajo. Esto es algo de lo que también facilita datos el Ministerio del Interior. Cada vez que un sistema salta tras detectar algún movimiento extraño en el perímetro que protege, se avisa a la central de la empresa y esta, si lo estima conveniente, avisa a la Policía o a la Guardia Civil. El año pasado los saltos de alarma comunicados en Aragón superaron ampliamente la barrera del millón de unidades: Interior informa de algo más de 1,3 millones de avisos en 2015, cuando en el ejercicio anterior se habían registrado 910.000.    Radiografía de la seguridad en España La seguridad privada se apoya en tres grandes segmentos: la vigilancia, el transporte de fondos y las alarmas. El primero de ellos es el líder indiscutible del negocio: representa el 62% de la cuota total. Unos 78.200 vigilantes se encargan de velar por negocios y viviendas. El 87% son hombres con una media de 44 años de edad, contrato indefinido y con estudios de FP o Bachillerato.

 En España, operan más de 1.500 empresas de seguridad, de las que 35 tienen presencia en Aragón. El volumen de negocio que mueve este sector alcanzó los 3.481 millones en 2015, lo que representa un 2,87% más en tasa interanual. La patronal sostiene que aunque las cifras reflejan "una incipiente recuperación", aún están por debajo del crecimiento de la economía española en su conjunto y bastante alejadas de lo que se facturaba en los años previos a la crisis...LEER NOTICIA COMPLETA.

Trillo, la primera central vigilada por un grupo de élite de la Guardia Civil.

Una unidad de protección y respuesta inmediata de la Guardia Civil trabaja desde hace un mes de forma permanente en el interior de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, como medida de refuerzo de la vigilancia ante la amenaza yihadista.

Esta planta es pionera en la puesta en marcha de un nuevo modelo de seguridad, dentro del dispositivo de emergencia de nivel 4 que hay en España, según ha dicho hoy el director de la central nuclear de Trillo, Aquilino Rodríguez, durante la rueda de prensa de balance de la operación de la central durante el primer semestre de 2016.

Rodríguez no ha concretado el número de agentes por motivos de seguridad, si bien ha señalado que "son un grupo de élite con un entrenamiento, formación y medios que no son los habituales".

Dicho grupo está en el emplazamiento de la central las 24 horas y cuentan con otros efectivos de relevo a 10 minutos de esta instalación.

Se trata de la adaptación de la seguridad nuclear a las nuevas amenazas, como el terrorismo yihadista, mediante la prevención, neutralización y respuesta ante supuestos de ataque o intrusión.

Un nuevo modelo, ha explicado, que ha supuesto la creación de unas unidades de respuesta de la Guardia Civil, especializadas y compuestas por personal altamente cualificado y equipado, para prestar estos servicios en las centrales nucleares.

Dicho dispositivo, que es pionero y se ha puesto de forma piloto en la central nuclear de Trillo desde el pasado 30 de junio, irá implementándose en todas las centrales nucleares de España.

La cercanía a Madrid y su disposición a colaborar en el proyecto piloto así como el interés de la Guardia Civil por esta instalación nuclear hizo que fuera la elegida para ello.

"Esperamos que las enseñanzas o inconvenientes que podamos encontrar sirvan para mejorar la implantación posterior en otras centrales", ha agregado.

No obstante, Rodríguez ha señalado que esta seguridad se suma a la seguridad privada ya existente en la central.

Este año se han convocado 185 plazas para integrar esas unidades y está previsto que en los próximos años se incremente el número de agentes de la Guardia Civil hasta completar el personal necesario para cubrir todas las centrales nucleares...LEER NOTICIA COMPLETA.