El abogado del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno valenciano por el que se crea y regula el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
El decreto, aprobado el pasado mes de octubre, regula la creación de ese foro como órgano consultivo, deliberante, de análisis e investigación y de asesoramiento en materias relacionadas con la seguridad pública en sus múltiples vertientes.
Está presidido por el conseller de Gobernación y cuenta con 18 vocales, representantes de las administraciones locales, centrales autonómicas, así como de la seguridad privada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y las universidades. Entre sus funciones se incluyen formular recomendaciones, proponer estudios y constituir un foro de intercambio de propuestas.
Cuando se presentó, en noviembre pasado, la Delegación del Gobierno de la Comunitat denunció que no participaría en ese observatorio porque no le habían consultado, a pesar de que es una materia, la seguridad, de su exclusiva competencia. Ahora, a través de la Abogacía del Estado, ha decidido recurrir el decreto del Consell.
FUENTE: www.lasprovincias.es
Los temporales de frío y las consiguientes heladas que tuvieron lugar el pasado diciembre arruinaron miles de tahúllas plantadas con alcachofas en todo el sureste español. Las pérdida de millones de kilos de este producto hacen que ahora las plantaciones más tardías que han comenzado a dar sus frutos y las que no se helaron tengan un elevado valor en el mercado, lo que provoca la proliferación de grupos organizados que las roban para su venta en el mercado negro a bajo precio.
Los asaltos en huertas y campos de la comarca son constantes, lo que ha hecho que numerosos agricultores pasen la noche vigilando sus tierras y, en otros casos, se ha tenido que recurrir a la seguridad privada, ya que a pesar de su coste "sale más barato que sufrir robos", explica Bartolomé Ramírez, director técnico de la Sociedad Agraria de Transformación Olé de San Bartolomé, cuyas fincas están siendo constantemente asaltadas.
Los costes de los servicios de vigilancia contratados por esta SAT se elevan a 11.000 euros al mes, indica Ramírez. Los precios de venta de la alcachofa en origen oscilan entre 1,5 y 2 euros el kilo. En los mercados su precio casi se triplica. Otros productos hortofrutícolas, como los cítricos o los brócolis, debido a su bajo precio, no interesan a los ladrones.
Según denunció ayer el sindicato Jóvenes Agricultores-Asaja los robos de cultivos se centran ahora en los productos de mayor valor y obligan a los agricultores a dormir en los campos y poner vigilancia privada. "Los agricultores de la provincia viven asediados por los robos e, incluso, contratan a empresas de seguridad. Se desplazan a los campos de cultivo para vigilar estas zonas e impedir que las destrocen y se lleven sus productos" se explica. El presidente de Asaja, Alicante, Eladio Aniorte, asegura que se viene denunciando "hasta la saciedad" los robos que están asediando a los agricultores de la provincia, no sólo de cosechas, también de otros bienes, como herramientas o maquinaria agrícola. "Lejos de activar medidas que hayan conducido a potenciar la seguridad en las zonas rurales, cada día se producen más delitos de este tipo, causando grandes pérdidas para los productores e, incluso, daños personales" expone Aniorte.
Situación peligrosa
Esta situación también puede resultar peligrosa para el consumidor. Los ladrones usurpan productos que se venden directamente en mercados y que no han pasado los procesos de calidad y seguridad alimentaria que deberían.
El comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), David Garay, rechazó que elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) protegieran a Jorge Balderas Garza, El JJ, cuando fue agredido el futbolista Salvador Cabañas, en el Bar Bar.
Sin embargo, en entrevista aceptó que antes de esos hechos, ocurridos en la Ciudad de México , El JJestableció contratos de seguridad privada con el Cusaem.
'Esta persona -El JJ- en tiempo anterior había contratado servicios de Cusaem, y cuando sucedieron los hechos ya no estaba ningún contrato vigente de servicios de ese cuerpo, eso se dio desde hace casi un año que fueron los acontecimientos', señaló.
Al preguntarle sobre la posibilidad de haber resultado responsabilidad legal a los jefes o elementos policiales, Garay dijo que dos uniformados y un comandante declararon ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero ignora lo que resolvió la autoridad judicial.
Por otra parte, el mando policial en el estado de México dijo que se trabaja en la entidad para combatir a la delincuencia organizada.
Aseguró que las corporaciones de seguridad combaten todo tipo de delitos, pero especialmente los de más incidencia en la entidad, que consisten en narcomenudeo, secuestro y extorsión.
FUENTE: www.eluniversal.com.mx
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, se ha mostrado hoy sorprendido de que el Gobierno haya recurrido el decreto por el que se crea el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Comunitat Valenciana, aunque espera que se retire tras las conversaciones que mantiene con el Ministerio del Interior.
El abogado del Estado ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Consell por el que se crea y regula el Observatorio de a Seguridad Ciudadana de la Comunitat, del que se indica que forman parte representantes de las Administraciones central, autonómica y local, de la seguridad privada, el Tribunal Superior de Justicia y las universidades.
Castellano ha explicado que sólo tienen conocimiento de la interposición del recurso, pero no del "fondo de la cuestión" ni de los motivos y las razones que lo han motivado, y ha asegurado que le sorprende su interposición, ya que ha tenido ocasión de hablar con el Ministerio de esta cuestión en los últimos días.
Ha señalado que desde hace pocos días se están manteniendo reuniones y conservaciones para tratar de llegar a acuerdos en cuestiones como esta, por lo que ha añadido que si "llegan a buen puerto" espera que se retire el recurso por parte de la Administración general del Estado.
FUENTE: www.abc.es
El presidente de Aproca (Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente), Luis Fernando Villanueva, ha advertido hoy de que esta nueva norma supone una "vuelta de tuerca" a los problemas que tiene el sector cinegético, puesto que va a afectará al desarrollo de la figura de guardas particulares de campo y caza.
Villanueva ha lamentado que el Ministerio del Interior haya elaborado un nuevo borrador de una nueva norma sin consultar a ninguna de las entidades del sector cinegético.
Villanueva ha recordado que esta entidad es la única en España que posee un centro de formación exclusivo para guardas de caza, que el año pasado formó a sesenta alumnos de todo el país, que posteriormente pudieron acceder al examen del Ministerio del Interior para la obtención de la titulación correspondiente.
Esta entidad se ha mostrado crítica con el borrador de la norma presentado por el Ministerio del Interior, por considerar que introduce modificaciones como el incremento del número de horas de formación que deben recibir los guardas particulares que pasan de 60 a 120 horas.
Para Aproca este cambio es "excesivo" dado que en ese curso sólo se puede impartir materia relacionada con la seguridad y no sobre otros aspectos cinegéticos.
Además Villanueva ha aseverado que esta medida duplicaría los gastos de realización del curso, al que asisten un perfil de personas que se caracteriza casi siempre por encontrarse en situación previa de desempleo.
Aproca ha propuesto que esta formación se incluya en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el objeto de valorar en su justa medida esta profesión y que los cursos puedan ser subvencionados con el objeto de eliminar el coste de los mismos.
Por otro lado, esta organización tampoco entiende las grandes exigencias de dimensiones que se piden a los centros de formación o la introducción de otros elementos de defensa personal para los guardas de campo y caza, tales como las comúnmente denominadas "porras" o gomas semirrígidas.
Todo ello, ha apuntado Villanueva, "es fruto nuevamente de legislar sin tener en cuenta la opinión del sector cinegético".
Por este motivo ha solicitado, conjuntamente con la Oficina Nacional de la Caza, que antes de someter este borrador a información pública, se tengan en cuenta las consideraciones que ambas entidades van a realizar al texto.
FUENTE: www.efeverde.com