La Diputación General de Aragón (DGA) está dispuesta a sufragar, como le corresponde, su parte del coste económico de mantener las instalaciones judiciales de la comunidad vigiladas por agentes de la Guardia Civil, un servicio que hasta ahora ha sido sufragado por el Ministerio del Interior.
La Administración autonómica, como ya adelantó este diario, ha adoptado esta posición ante la decisión adoptada por el instituto armado de retirar sus efectivos actuales en juzgados y sedes de audiencias provinciales, en torno a 10 hombres, a partir de mañana, para mostrar su descontento por tener que estar asumiendo el coste.
La Guardia Civil y la Consejería de Política Territorial, Interior y Justicia de la DGA mantienen en la actualidad contactos para resolver el problema mediante la firma de un convenio que recoja las propuestas de ambas partes.
En este sentido, la Administración autonómica, según manifestó ayer un portavoz del departamento que encabeza Rogelio Silva, está dispuesta a asumir el coste de la vigilancia "siempre y cuando haya un compromiso por parte de la Benemérita de mantener estable la plantilla", para poder prestar así un servicio adecuado y sin altibajos.
INCREMENTO Sin embargo, entre el personal de la Benemérita existe una profunda inquietud. De hecho, la entidad con mayor implantación en la plantilla, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ya ha denunciado que teme que, a partir de mañana, desaparezca el servicio de vigilancia que prestan miembros del Cuerpo en situación de reserva activa.
En cambio, en la Administración autonómica ven las cosas de diferente modo y aseguran que, por su parte, "existe una voluntad decidida de firmar el convenio e incluso de incrementar el número de agentes del instituto armado contratados para labores de vigilancia de edificios, en sustitución de sus equivalentes de la seguridad privada, que en la actualidad predominan y tienen un coste muy superior para las arcas públicas.
"Las negociaciones no se han roto en ningún momento", aseguró el mismo representante de la Consejería de Política Territorial, Interior y Justicia. "Ahora bien, se trata de que los incrementos en número de vigilantes en la reserva activa se basen en la disponibilidad de personal de la Guardia Civil, para evitar que la falta de personal deje en el aire servicios que hay que prestar", agregó la misma fuente.
FUENTE: www.elperiodicodearagon.com