Los operadores de cruceros deberán hacerse cargo de la seguridad y el control de las maletas de sus pasajeros en el Puerto de Barcelona a partir del próximo 1 de marzo, según ha anunciado hoy la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB).

La APB ha informado hoy de que el acuerdo se adoptó en el consejo de administración celebrado ayer, en el que también se acordó la aprobación de una nueva tarifa relativa a la seguridad de los pasajeros.

Según el Puerto de Barcelona, la nueva normativa comportará unos sistemas de seguridad similares a los de los aeropuertos, efectuados por agentes de seguridad privada y equipados de escáneres y arcos de detección para los pasajeros.

La Autoridad Portuaria considera en un comunicado que las medidas permitirán "fortalecer los controles e inspecciones efectuados".

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“Voy a pelear para que los asesinos de mi hermano vuelvan a prisión”, aseguró ayer Gladys Cabezas frente al monolito que recuerda al fotógrafo en la entrada de Pinamar. Las críticas al sistema judicial fueron el principal tema de los actos que se realizaron a 14 años del crimen; además, los familiares y compañeros de Cabezas denunciaron que uno de los ex policías condenados por el homicidio estaría haciendo seguridad privada en Pinamar y Cariló.

De los homenajes, como todos los años, participó Gabriel Michi, compañero del reportero gráfico. “A pesar de las condenas ejemplares que recibieron los asesinos, éstas no se cumplen”, denunció el periodista, que lamentó “que los asesinos estén libres porque son un peligro para todos, incluso para muchos vecinos de Pinamar que los tienen transitando sus calles”.

De los nueve acusados por el homicidio, ninguno permanece en prisión. En febrero de 2000, los “horneros” Horacio Braga, Gustavo González, Héctor Retana y José Luis Auge, cuatro ladrones que habían sido llevados a la costa por efectivos de la Bonaerense, recibieron la pena de prisión perpetua por haber secuestrado y ejecutado al fotógrafo. Una condena de la misma magnitud recayó sobre el ex jefe de seguridad de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, considerado el instigador del homicidio.

El PSOE de la capital abrió la semana caldeando el ambiente político con graves acusaciones sobre el Equipo de Gobierno del PP. El portavoz socialista, Daniel Jiménez, afirmó que el alcalde Antonio Román está «conociendo, consintiendo y fomentando un fraude sin precedentes en el Ayuntamiento», por las relaciones contractuales del consistorio con un determinado empresario. Se trata de Alberto López Armada, una persona que maneja negocios de seguridad privada y vigilancia, y que fue candidato al Congreso en las últimas elecciones generales en guadalajara por la formación ultraderechista «Democracia Nacional».

Los socialistas aseguran que se trata de un empresario «indecente y pirata» con el que el Ayuntamiento ha contratado servicios por más de medio millón de euros en esta legislatura, unas veces por concurso público y otras de forma directa.

Asegura Jiménez que el citado «empresario ultra» mantiene una «gran amistad» con el propio Román, extremo que negó el alcalde ayer tajantemente, asegurando que sólo le ha visto »tres o cuatro veces» en su vida.

«Este empresario reúne todo un rosario de irregularidades: deudas con la Seguridad Social por importe de 600.000 euros, decenas de denuncias en los juzgados por deudas con los trabajadores y porque hacen jornadas de 10 y 12 horas diarias teniendo contratos de 16 horas semanales y engaños a la Seguridad Social por contratos a jornada parcial que deberían ser a jornada completa», denunciaban los socialistas.

Jiménez afirmó que «existe una instrucción clara del alcalde» para facilitar a este empresario la adjudicación de contratos municipales. Según el PSOE, este empresario ha trabajado en estos años para hasta cuatro concejalías. Su contrato más importante ha sido la vigilancia y accesos de diversas instalaciones deportivas. «El ‘modus operandi’ de las empresas de López Armada es muy claro: presentan una oferta muy agresiva y, una vez obtenida la adjudicación y firmado el contrato, empiezan a engañar a los trabajadores, a quienes no pagan la nómina, a la Seguridad Social y al propio Ayuntamiento, con quien no cumplen las mejoras a las que se habían comprometido», denunció el portavoz socialista.

Enmarcado en su clásico sincretismo, en los últimos días, el Gobierno de Somalia parece haber declarado la guerra a los mercenarios extranjeros que operan en el país. Al menos de cara a la galería.

Ya la pasada semana, el ministro de Información -Abdulkareem Jama- aseguró en un comunicado que pondrá fin, de forma inmediata, a los acuerdos firmados con “Saracen International”; tras los últimos rumores que vinculan a la empresa de seguridad privada con el fundador de “Blackwater”.

“No queremos tener nada que ver con Blackwater”, aseguró el funcionario, tras recordar la matanza de 17 civiles realizada en Irak por esta compañía en 2007.

Sin embargo, las piezas de este puzzle político no parecen encajar demasiado bien.

Según un documento datado en mayo pasado, el Gobierno de Somalia habría ofrecido a “Saracen International” una contrata para “capacitar a las tropas, combatir la piratería y luchar contra el terrorismo islamista”.

Y entre los principales beneficiarios del acuerdo, figuran nombres de infame pasado como Lafras Luitingh -director de operaciones de la compañía- y que durante el apartheid formó parte de la Oficina sudafricana Civil de Cooperación, una fuerza seguridad famosa por matar a opositores al Gobierno.

“Necesitamos ayuda, pero no queremos mercenarios”, reconoce ahora el ministro. Pese a ello, no es la primera vez que los hilos de sangre extranjeros salpican a la región.

En octubre de 2009, el Gobierno de Sharif Sheik Ahmed ofreció una contrata a la empresa “CSS Global”, una compañía afincada en Michigan (EE.UU.), y que solo dos años antes, había firmado un pacto con el Departamento de Defensa estadounidense para garantizar la seguridad de su personal en torno a la fortificada “Zona Verde” de Bagdad.

De igual modo, el acuerdo de “capacitación antipiratería” entre “Saracen International” y la región semiautónoma de Puntlandia continúa vigente. Todo ello, pese a que en el país opera un embargo de armas impuesto por Naciones Unidas.

 

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Un hotel céntrico, sin duda, seguridad privada, habitaciones confortables, un servicio excepcional y más de cien cervezas para consumir en una noche. Una estancia sugerente que, tal vez, pierda su encanto si precisamos que el edificio está construido con 12 toneladas de residuos encontrados en diversas playas europeas, entre ellas españolas.

Este inusitado alojamiento ha presidido la Plaza de Callao de Madriddurante cuatro días. El proyecto ha sido creado por el artista alemán Ha Schult, que lleva 42 años sorprendiendo al mundo con sus instalaciones basadas en los desechos que produce nuestra sociedad. “El hotel simboliza el planeta en el que vivimos, un lugar en el que somos huéspedes y, que, por lo tanto, tenemos que cuidar. Un lugar que estamos llenando de basura y que, de no invertir el proceso, vamos a abocarlo al desastre”, explica Schult.

Un tendedero, una pierna de maniquí, altavoces de un automóvil, parachoques, un reloj de pared y hasta neumáticos adornan el hotel 'Coronita Save the Beach', que pretende llamar la atención de nuestras conciencias ante la evidente degradación de las playas. A pesar de que esta obra puede ser un alegato anticonsumista, detrás de este proyecto hay una conocida marca de cerveza. "Se ha criticado que una bebida espirituosa patrocine esta iniciativa, pero gracias a nuestro apoyo hemos ayudado a limpiar muchas playas de Europa", explica, no sin razón, uno de los organizadores.