La Justicia española reconoce su impotencia frente a Google
La Agencia de Protección de Datos y la Audiencia Nacional han sido incapaces de amparar “el derecho al olvido” de un ciudadano español frente al gigante de la captura e indexación de documentos en Internet, Google Inc., y han tenido que elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Estrasburgo. ¿Cuál es el límite del Gran Hermano? ¿Quién clavará la estaca en el ojo del Polifemo global?
“¡Déjenme en paz! ¡Borren mi nombre de ahí!”, solicitó muy cortésmente por escrito el ciudadano Carlos José a los directivos de La Vanguardia Ediciones SL el 23 de noviembre de 2009. Ya estaba harto de que al poner su nombre en el buscador de Google siguiera apareciendo la referencia del periódico catalán con los enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por unas deudas a la Seguridad Social que había resuelto tiempo atrás.
Los responsables de La Vanguardia le contestaron que no podían borrar los datos, pues figuraban en una ejecutoria de la Tesorería de la Seguridad Social de Barcelona capturada por Google. Entonces, el ciudadano, bastante perjudicado en su fama, escribió a Google Spain SL, pidiendo que eliminaran su nombre. Pero éstos le remitieron a Google Inc, en California (Estados Unidos).
Era el mes de febrero de 2010 y aunque cualquier fecha es buena para viajar desde El Escorial (Madrid), donde vive Carlos José, a Mountain View, en el Condado de Santa Clara, a donde se llega por la ruta 280, también conocida como Junípero Serra, desviándose hacia el Camino Real y enlazando con Amphitheatre Parkway, donde enseguida se ve el 1600 y la entrada al complejo del polifémico Google, nuestro hombre prefirió dirigirse a la más cercana Agencia de Protección de Datos, que para eso está.
En este punto abrimos paréntesis para informar que dicha Agencia no sufrirá “recortes significativos”, según afirmó el lunes, día 16, en el Congreso el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García, quien se mostró muy satisfecho de que el servicio público de la justicia sólo experimente una reducción del 5,8% -se aplicará en tecnología, obras, merma de la partida de justicia gratuita a los necesitados y congelación de personal- frente al 16,9% del conjunto de las Administraciones.
La Agencia acogió la petición de Carlos José y dio traslado a La Vanguardia y a Google. La filial de la multinacional en España presentó alegaciones y la central californiana pasó del expediente. No obstante, cuando la Agencia de Protección de Datos dictó resolución favorable al ciudadano, Google Inc y, por supuesto, su filial española se apresuraron a recurrir a la Audiencia Nacional, pues entendieron que su ojo global no ha sido configurado para hacer guiños de obediencia a la Administración española.
Pasaron dos años y después de una serie de consideraciones sobre el lucro de Google con la venta de archivos, anuncios publicitarios y otros servicios a partir de datos indexados, y una vez constatado el desfase de las leyes y directivas comunitarias respecto al desarrollo de la “tela de araña” de Internet, y visto que la ubicación de los archivos de Google es secreta y no se sabe ni en qué país están, los magistrados de lo contencioso de la Audiencia Nacional hallaron al fin la solución: remitir el problema al tribunal de Estrasburgo. Tampoco son ellos -don Diego Córdoba y sus tres subordinados- el Ulises capaz de meterse en la cueva de Polifemo y clavarle la estaca en el ojo. Que lo haga la UE, que para eso está.
FUENTE:Cuarto Poder
UPLB denuncia a Torrox por ´controlar´ a través de GPS a los agentes policiales
El Ayuntamiento responde que la medida iba encaminada "a mejorar la seguridad de los policías" y que éstos deberían "sentirse satisfechos"
La sección sindical de la UPLB Andalucía en Torrox ha denunciado al Ayuntamiento de esta localidad axárquica ante la Agencia Española de Protección de Datos después de que los agentes policiales hayan descubierto dispositivos de GPS instalados en sus vehículos de trabajo «sin notificación alguna a dicho organismo ni a las personas afectadas por estos sistemas de seguimiento».
«Todos los indicios hacen pensar que la instalación ha sido ordenada o autorizada por el jefe del Cuerpo, con el conocimiento y visto bueno del alcalde, Francisco Muñoz, al objeto de hacer efectivo expedientes disciplinarios a los agentes de servicio por supuestos incumplimientos en el mismo», manifiesta el sindicato en un comunicado. «Este hecho ha sido puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos por el incumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, lo que puede suponer sanciones de hasta 300.000 euros», agrega.
Los afectados añaden que en la actualidad también preparan «acciones judiciales paralelas», al objeto de «paralizar los mencionados expedientes y para poner en conocimiento de la Autoridad Judicial la presunta falsedad documental de los mismos por parte del jefe del Cuerpo, el oficial jefe de Servicio y el agente adjunto a la Jefatura».
El Consistorio torroxeño replicó al cierre de esta edición, mediante otro escrito público, que el gobierno no se explica la reacción de los policías. «No alcanzamos a entender cómo medidas encaminadas a mejorar la seguridad de unos agentes de policía pueden ser objeto de desprecio y desprestigio por parte de quienes deberían sentirse satisfechos por las mismas, actitud a todas luces impropia de quienes supuestamente no tienen nada que ocultar», se subraya en el texto.
«Con todas las garantías legales». Apunta el equipo de gobierno socialista que los sistemas de este tipo «son habituales en todos los cuerpos de policías» y que los que están en fase de instalación en Torrox cumplen «con todas las garantías legales que marque la normativa vigente».
El Ayuntamiento explica en la nota que se está en fase de remodelar las instalaciones policiales «con el objetivo de coordinar los distintos efectivos de Policía y Protección Civil, a través de un Centro de Coordinación de Emergencias, en colaboración con el 112 y otros cuerpos de seguridad».
Estas instalaciones estarán dotadas, como continúa el comunicado, «de un panel de control para mejorar la seguridad de los agentes y de los vehículos a su disposición, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 52 kilómetros cuadrados de extensión y que en muchos momentos se realizan patrullas unipersonales». El gobierno local también denuncia que agentes de UPLB han utilizado horas sindicales en turnos de madrugada con el «único objetivo de denunciar» la prestación del servicio con patrullas unipersonales.
FUENTE:La Opinión de Málaga
Google, multada por obstaculizar la investigación sobre sus coches Street View
Google se metió en un barrizal cuando se supo, en 2010, que los coches que usa para tomar las fotografías del Street View también estaban recopilando datos sobre las redes WiFi de los barrios por donde pasaban. Entre esos datos aparecían la identificación de las redes, contraseñas o el historial de navegación. Aunque las autoridades de EEUU no están seguras de que Google hizo algo ilegal, han multado a la compañía por obstaculizar su investigación.
Varias agencias de protección de datos, y hasta una jueza española, han investigado el caso. La mayoría o lo han archivado o han aceptado el compromiso de Google de que no volverá a pasar. Pero quedaba pendiente la decisión de la más importante, la Comisión Federal de las Comunicaciones de EEUU (FCC).
La FCC ha impuesto una multa de 25.000 dólares (más de 18.000 euros) a Google por entorpecer su investigación. En concreto, destaca que la compañía de búsquedas no habría atendido sus peticiones de determinados correos electrónicos y la identificación de empleados que participaban en el proyecto. Uno de ellos, un ingeniero, se acogió a un derecho constitucional para negarse a declarar.
Por eso, la FCC reconoce que no ha podido ir más allá en su investigación para saber si Google había violado la ley, dado que había puesto trabas y ha retrasado deliberadamente los trabajos de la Comisión.
Sin embargo, Google, en un comunicado, aseguró que su colaboración ha sido modélica, enviando la información que le solicitaban las autoridades.
Tras revisar los datos que ha podido conseguir, la Comisión concluye que no ha podido encontrar precedentes para tomar medidas sobre la recopilación de datos, aunque advierte de que todavía tiene “dudas significativas” sobre lo que ocurrió realmente con los datos y por qué fueron recopilados.
Mientras, el caso en España, que lleva una jueza de Madrid, sigue estancado desde hace ya más de 20 meses
FUENTE:Android Ayuda
Sindicato de la Policía Local de Torrox denuncia al Ayuntamiento por poner GPS en los vehículos sin notificarlo
El sindicato mayoritario de la Policía Local de Torrox, Uplba Málaga, ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos al Ayuntamiento del municipio malagueño por colocar un dispositivo de búsqueda de posicionamiento global GPS en los vehículos policiales sin notificarlo a los agentes.
El sindicato mayoritario de la Policía Local de Torrox, Uplba Málaga, ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos al Ayuntamiento del municipio malagueño por colocar un dispositivo de búsqueda de posicionamiento global GPS en los vehículos policiales sin notificarlo a los agentes.
El sindicato mayoritario de la Policía Local de Torrox, Uplba Málaga, ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos al Ayuntamiento del municipio malagueño por colocar un dispositivo de búsqueda de posicionamiento global GPS en los vehículos policiales sin notificarlo a los agentes.
Al parecer, agentes de servicio descubrieron la semana pasada "escondido" dicho dispositivo y "todos los indicios hacen pensar que la instalación ha sido ordenada o autorizada por el jefe del Cuerpo, con el conocimiento y visto bueno del alcalde, Francisco Muñoz".
Así lo han hecho saber desde el sindicato en un comunicado, en el que indican que el objeto de dicha actuación es el de "hacer efectivo expedientes disciplinarios a agentes de servicio por supuestos incumplimientos en el mismo".
Por tanto, han puesto este hecho en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos por el incumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, lo que, según han precisado, puede suponer sanciones de hasta 300.000 euros.
Asimismo, el sindicato prepara acciones judiciales paralelas con el fin de paralizar los mencionados expedientes y para poner en conocimiento de la Autoridad Judicial la presunta falsedad documental de los mismos por parte del jefe del Cuerpo, el oficial jefe de servicio y el agente adjunto a Jefatura.
FUENTE:Lainformacion.com
NCG, multada con 50.000 euros por incluir como moroso a un cliente que no lo era
El banco tiene que afrontar una infracción grave de la etapa de Caixa Galicia, que incluyó al demandante en un fichero de solvencia sin avisarle
Como la misma Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recuerda, los procedimientos sancionadores por el incumplimiento "de calidad" en la información que se suministra a los ficheros de morosidad son "numerosos". Esta vez le ha tocado a Novagalicia, como heredera del negocio de la fusión de las cajas y, a su vez, de una denuncia de un cliente contra Caixa Galicia que en septiembre de 2008 fue incluido en uno de esos registros por supuestos impagos. La investigación probó que la incorporación fue errónea y que la entidad cometió una infracción grave. La multa asciende a 50.000 euros.
La supuesta deuda ascendía a 1.600 euros por una operación con un grupo de empresas dedicadas a la venta directa de productos relacionados con el hogar, que cedió los derechos de cobro a una de las filiales de la antigua Corporación Caixa Galicia CXG y que a su vez lo traspasó a la antigua caja de ahorros, según consta en la resolución del organismo que dirige José Luis Rodríguez Álvarez, desde donde se incorporó la identidad del cliente, su domicilio y teléfono al registro Badexcug, uno de los registros de morosos más utilizado en el sector financiero, seguros, industria, promoción inmobiliaria e incluso las administraciones para comprobar la solvencia de una persona.
En ningún momento de la investigación quedó acreditada que la deuda realmente existiera ni que al cliente se le hubiera avisado de la cesión de los derechos de cobro del crédito. De hecho, el demandante acreditó que la financiación fue anulada "por desestimiento" con "la devolución de los enseres previamente objeto de la operación". Por sí sola, ésta ya sería una causa de incumplimiento de la ley que regula la protección de datos, pero es que además, cualquier empresa que quiera incluir una nueva alta en los ficheros tiene que alertar al afectado del impago con anterioridad y advertirle en caso de que no cumpla de la opción de incorporarlo a los listados.
La AEPD sostiene que Caixa Galicia no aportó la "documentación suficiente" para demostrar que esta notificación se hubiera realizado.
La queja entró en el organismo en septiembre de 2010 y las pesquisas se fueron alargando desde entonces, con lo que por el medio llegó la fusión con Caixanova y luego la bancarización del negocio. Precisamente, en las alegaciones presentadas por Novagalicia, la entidad intentó escudarse en "la ausencia de responsabilidad en los hechos". Algo que la AEPD rechazó por el nacimiento del banco como "escisión por segregación de la totalidad de activos, pasivos y relaciones jurídicas" de Novacaixagalicia. La resolución le achaca "una vulneración del principio de calidad de dato" de la que debe responder Caixa Galicia "por ser responsable de la veracidad y calidad de los datos existentes en sus ficheros y de los que suministra para que se incluyan y mantengan en el fichero de solvencia patrimonial y crédito".
Entre un abanico de sanciones de entre 40.000 y 300.000 euros, la AEPD opta por una de 50.000 y recuerda que las entidades financieras "deben ser especialmente diligentes y cuidadosas" ante la continua movilización de información que manejan por su actividad.
FUENTE:Faro de Vigo