SEGURIDAD | Imagen y datos personales

Denuncian a Google ante Protección de Datos por tomar fotos para Street View


Es la primera denuncia en este sentido interpuesta ante la AEPD
Desde ePrivacidad confirman que fue interpuesta el 4 de mayo

Ahora que los vehículos de Google Street View vuelven a recorrer las calles españolas, el bufete ePrivacidad ha denunciado ante la Agencia de Protección de Datos (AEPD) la toma de fotos por parte de la compañía desde 2008. En la denuncia se destaca además que a Google se le está permitiendo tomar imágenes de forma indiscriminadamente, mientras que la normativa para instalar cámaras en lugares públicos es muy estricta.

Según el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso el Navegante, de una reciente nota (PDF) de la AEPD se llega a la conclusión de que la agencia autoriza a Google a capturar "las imágenes de millones de personas, matrículas de vehículos y cualesquiera otros datos personales que pudieran figurar en la vía pública, siendo consciente además de que esta información tiene como destino ser publicada en Internet". Esta situación contrasta con la dureza de la normativa española al respecto, que puede sancionar la grabación en un espacio público y su difusión sin autorización.

Así, Samuel Parra, representante de la firma denunciante, confirmó al Navegante que Google podría estar cometiendo tres posibles infracciones graves. Por un lado, la mera toma de imágenes, sin permiso expreso del posible afectado; por otro, su publicación, también si permiso expreso del afectado. Y por último, el hecho de que la compañía de Internet incumple (desde 2008) la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los ficheros de las imágenes y de los datos personales captados, una carencia de Google que reconoce la propia AEPD en una nota reciente.

Se trataría de la primera denuncia en este sentido interpuesta ante la AEP), afirman fuentes de la propia agencia. Desde ePrivacidad confirman que la denuncia fue interpuesta el pasado viernes 4 de mayo.

Recientemente, la AEPD informó de que Google se había comprometido a garantizar el anonimato de rostros y matrículas de vehículos en su nueva campaña de captación de imágenes para el servicio Street View. Asimismo, Google se compromete a no captar información de redes WiFi, ni de datos transferidos desde éstas. No obstante, ePrivacidad incluye en su denuncia varios ejemplos de fotografías que aparecen en StreetView en las que rostros y matrículas no están difuminados y pueden ser identificables. Por tanto, ePrivacidad estima que el compromiso no es suficiente.

Antenas
La AEPD ya tiene abierto un expediente (PDF) contra el gigante de Internet también a cuenta de Street View y los datos que captaban de redes WiFi abiertas sus coches al realizar sus recorridos por las calles, mediante antenas especiales.

La agencia abrió en 2010 una investigación para determinar si Google vulneraba la ley de protección de datos y los derechos de los ciudadanos al captar y guardar sin consentimiento datos de la localización de redes WiFi y datos de tráfico asociados a esas redes, un hecho que la compañia reconoció y alegó que captó "por error", a pesar de que lo sabía (tal y como recientemente ha trascendido).

El asunto, descubierto en Alemania, supuso un escándalo global que ha costado a la compañía denuncias y críticas en varios países del mundo. En España los expedientes de la AEPD están pendientes de una decisión judicial al respecto.

URL:http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/07/navegante/1336410625.html?cid=GNEW970103

FUENTE:El Mundo.es

Baltar financió un asilo ilegal para la empresa de uno de sus alcaldes
El edificio, una mole de cuatro plantas levantada en una aldea de 70 vecinos, quedó inacabado

A tres bandas. La Diputación de Ourense pagaba la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde ponía terrenos municipales gratis y la empresa de otro alcalde baltarista se quedaba con el asilo tras finalizar la obra. El negocio parecía redondo, hasta que llegó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) de la Xunta y tumbó el proyecto. La crisis también hizo lo suyo.

En junio de 2001, el pleno del ayuntamiento de Chandrexa de Queixa autorizó a la Fundación Valdegodos —empresa propiedad de un exalcalde baltarista— la construcción de un asilo en una parcela rústica de propiedad municipal en la aldea de Celeiros (70 habitantes). La obra se presupuestó en 1,3 millones, pero sólo se ejecutaron 662.000 euros pagados íntegramente por la Diputación de Ourense a través de una subvención directa de 150.000 euros y de seis anualidades (de entre 84.000 y 88.000 euros) a cargo del Plan Operativo Local del ente provincial.

La obra se presupuestó en 1,3 millones, pero solo se ejecutaron 662.000
La inversión sirvió para construir, en una parcela de 3.371 metros cuadrados, un edificio de cuatro plantas inacabado, ubicado en un paraje natural dominado por un enorme embalse y por las vírgenes montañas del Macizo Central. El dinero para la obra se acabó y la residencia se convirtió en una mole de ladrillo inacabada e ilegal.

En agosto de 2010, la APLU certificó la ilegalidad y ordenó su demolición. La construcción se levanta en suelo rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997, duplica la altura permitida (7 metros) y excede la ocupación máxima del terreno. La APLU también dictaminó que “no se adapta al ambiente en que está situada” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto”. La agencia concluyó que las obras no eran legalizables por lo que instó a “la reposición de la legalidad” tirando el edificio que, una vez finalizado, iba a gestionar la fundación de Manuel Candal, exalcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras fallecido en 2009.

La obra ocupa 3.371 metros cuadrados en una aldea de 70 habitantes
El diputado provincial y alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, presentó alegaciones contra la orden de derribo, pero lo hizo sin pruebas, según la agencia. El regidor alegó que la parcela podía considerarse suelo urbano “por estar al lado de una carretera”. Además cambió la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados y en la certificación del Catastro, con 3.371. La agencia se ratificó en lo dicho y añadió más ilegalidades: la obra se levantó sin autorización urbanística de la Xunta, el proyecto no incluía la obligatoria previsión de aparcamientos y nunca se aprobó un expediente de delimitación del suelo. Además, mantenía su principal argumento: la ocupación de suelo rústico. La Ley del Suelo de 1997 establece que en los municipios sin plan de urbanismo solo se podría construir en parcelas de suelo urbano consolidado. Una inspectora llegó a certificar en un informe que en la aldea de Celeiros “no existe malla urbana alguna”.

De objetivo de ETA al del bipartito
Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa, se sentía amenazado por ETA en el año 2002. El regidor, que autorizó el asilo ilegal financiado por Baltar desde la Diputación para luego ceder el negocio al también alcalde baltarista de Vilamartín, convirtió el ayuntamiento en un Gran Hermano, meses después de autorizar la obra.

“Mi nombre apareció en una lista del Comando Coruña incautada en Bilbao” afirma el alcalde. Por eso ordenó plantificar dos cámaras de vídeo en las instalaciones municipales y un monitor de vigilancia en su despacho. Desde allí observaba los movimientos de un funcionario a través de un objetivo colocado sobre su mesa. El otro aparato apunta al rellano de la entrada, en el que se coloca la mesa electoral comicio tras comicio.

El funcionario, que lleva tres décadas en el puesto, denunció el caso tras serle retirado un complemento de productividad. Una resolución de la Agencia de Protección de Datos ordenó retirar el aparato en mayo de 2011. Alberto Vasallo es el funcionario vigilado. Su esposa es Pilar Barrueco, militante socialista y única concejala de la oposición en la corporación municipal de Chandrexa.

Rodríguez, que heredó el puesto de su padre, ha olvidado ya a ETA y se centra en legalizar la mole financiada por Baltar. Ahora asegura que el asilo es ilegal por una inspección azuzada desde la Xunta bipartita. “Durante el bipartito, la APLU hizo una inspección y levantó acta considerando que era ilegal por un acceso, que según ellos, parte la parcela en dos”, aclara. Con el asilo convertido en un esqueleto de hormigón en medio de la montaña, el Ayuntamiento ha presentado ahora un plan especial para intentar regularizar la situación.
La APLU concedió en octubre de 2010 un máximo de tres meses para tirar el edificio. Pero un año y medio después la mole sigue en pie y Chandrexa está pagando multas coercitivas de 1.000 euros por no materializar el derribo. Podían ser sanciones de 700 euros por pronto pago, pero el Ayuntamiento obvió la primera notificación de noviembre de 2011, por lo que el pasado 13 de enero abonó íntegramente la primera sanción.

Íntimo amigo de José Luis Baltar y del regidor de Chandrexa, Manuel Candal, fue durante 36 años el férvido alcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras. También creó la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial que controla asilos en Galicia y Canarias. Falleció en noviembre de 2009. La pasión que sentía por José Luis Baltar era tan mayúscula que plantificó un busto del exbarón en la sede de su empresa. Además, bautizó un puente de la localidad con su nombre. Ignacio Candal, su hijo, controla ahora la fundación creada en 1975. Su hija, María Jesús, le sucedió en el ayuntamiento hasta las pasadas municipales, cuando fue destronada del sillón de la alcaldía por el candidato del PSOE. Ahora ejerce como líder de la oposición. Si el proyecto hubiese llegado a fin, Candal habría añadido a su cartera de negocios el asilo ilegal pagado por la Diputación en unos terrenos controlados por uno de sus diputados.

FUENTE:El País.com (España)

Protección de Datos sancionó su inclusión como moroso
Usurpada la identidad de un residente en Lanzarote al que le reclamaban miles de euros en gastos

Denunciar un robo no siempre es suficiente para ahorrarse quebraderos de cabeza. Es lo que le sucedió a un residente en Lanzarote, que antes había vivido en Barcelona, donde le robaron el documento de identidad, el carné de conducir, una tarjeta de Caixa Cataluña y una Visa de Argentaria.

A pesar de que ya entonces había denunciado el robo, siete años más tarde comenzó a recibir llamadas telefónicas de una entidad financiera, Unoe bank, informándole de que había realizado compras por valor de 900 euros en un establecimiento con una tarjeta. Unas compras que él nunca había hecho.

Entonces volvió a presentar denuncia, esta vez en la comisaría de Arrecife, en la que daba cuenta de que era posible que alguien podía haber falsificado su firma utilizando los documentos personales robados.

También le reclamaba dinero La Caixa , en la que se había abierto una libreta con su nombre y apellidos con un domicilio de Barcelona, pero ni la firma era la suya ni el pasaporte utilizado era auténtico, sino “falsificado”.

En 2006 presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos porque siguió recibiendo llamadas y escritos de todo tipo reclamándole diversos pagos. Al explicarles lo que le había ocurrido, algunas entidades le atendieron pero otras no lo hicieron.

El principal problema le ocurrió cuando fue a dar de alta una línea de teléfono móvil como autónomo, al conocer que sus datos estaban inscritos en dos conocidos ficheros de morosos, Asnef y Badexcug.

Tenía anotaciones en los ficheros de morosos de entidades como Caixa Catalunya, Finandia, Santander Consumer o Vodafone por compras e impagos de miles de euros que no había efectuado realmente.

La Agencia de protección de datos impuso sanciones a las entidades que le habían incluido en los ficheros por no haber dado su consentimiento y por no haber acreditado de manera indiscutible la identidad del moroso. Las sanciones rondaron los 600.000 euros.

“Ninguna de dichas entidades ha acreditado que el denunciante consintiera el tratamiento de sus datos personales” y “ninguna dispone de documentos que acrediten la identidad de la persona con la que dicen haber contratado”, destacó la Agencia en su resolución. Subrayó que hubiera bastado con comprobar la identidad y el domicilio cuando empezaron a llegar los impagos.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha venido dictando sentencias, la última reciente a favor de Finandia, en la que anula las sanciones. Argumenta que no fue posible detectar el uso “fraudulento” de la identidad del afectado y pone como ejemplo una adquisición en una casa de subastas, donde se utilizó documentación falsa. “Nada hacía sospechar” que quien compraba “no era quien aparentaba ser”.

FUENTE:DiariodeLanzarote.com

Multa de 200.000 euros al Club Zed por su campaña de Rico al Instante

Todos los que participamos en la denuncia multitudinaria contra el Club Zed por su campaña de mensajes SMS masivos para promocionar el programa de Antena 3 “Rico al Instante” estamos de enhorabuena. La Agencia Española de Protección de Datos nos ha dado la razón y ha sancionado al Club Zed con una multa de 200.000 euros por remitir mensajes de contenido comercial (spam) sin consentimiento a miles de ciudadanos.

A principios de enero de 2011 publiqué en mi blog dos artículos que tuvieron una gran repercusión en la red. En estos artículos comentaba las posibles (ahora ya confirmadas) irregularidades que estaría cometiendo el Club Zed al enviar de forma masiva e indiscriminada mensajes SMS a una gran multitud de personas para promocionar el concurso de Antena 3 “Rico al Instante“. Ahora sabemos que envió cerca de 40 millones de mensajes.

A las pocas horas publiqué un modelo de denuncia para que los afectados que lo desearan pudieran denunciar estos hechos.

Los primeros efectos por la gran repercusión del asunto no se hicieron esperar: el programa fue retirado de la parrilla de Antena 3, y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones les canceló el número corto que utilizaban en el programa.

Sin embargo la apuesta fuerte estaba en la denuncia presentada en la Agencia Española de Protección de Datos, que indicó en su momento que había dejado de admitir más denuncias pues las que tenían ya eran suficientes para hacerse una idea de lo sucedido; ahora sabemos que admitieron hasta 333 denuncias.

La Agencia ha venido ahora a confirmar lo que muchos de nosotros denunciamos: que el Club Zed utilizó nuestros números de teléfono móvil de forma ilegal para enviarnos comunicaciones comerciales (spam) sin nuestro consentimiento y sin respetar las exigencias legales.

La sanción: 200.000 euros por la comisión de dos infracciones graves; lo cierto es que no parece demasiado, pues la sanción podría haber alcanzado los 300.000 euros si se hubiera aplicado el máximo permitido por la ley para las infracciones graves, pero creo que se les habrán quitado las ganas de volver a hacer cosas similares.

La conclusión que podemos extraer de todo esto es simple: si queremos, podemos. Las estafas por SMS o los intentos de embaucar o engañar a la gente a través de programas de televisión para incentivarles a enviar mensajes SMS están a la orden del día, y seguirán ahí si no hacemos nada (al igual que otras muchas irregularidades en otros campos).

En este caso cientos de personas nos pusimos de acuerdo, presentamos denuncia, cogieron las 333 primeras, y el resultado ha sido el que debía ser.

Muchas gracias a todos los que os animasteis a denunciar, sin vosotros el resultado no habría sido el mismo.

Bonus: el Club Zed cambió su denominación social por la de Ocio Factory Time S.L. 2 meses después de que se presentaran las denuncias, en concreto el 21 de marzo de 2011…

URL:http://www.periodistas-es.org/publicidad/multa-de-200-000-euros-al-club-zed-por-su-campana-de-rico-al-instante

FUENTE:Periodistas en Español (Comunicado de prensa)

SAMUEL PARRA