adaptación a la Ley de Protección de Datos y su mantenimiento en el tiempo ofrece la paz de la mente importante y una buena imagen de nuestra empresa

Si usted paga la sección de regulado de la Ley relativas a las sanciones de protección de datos, vemos que la cantidad de sanciones que van desde 600 a 600.000 euros. Esto podría sugerir que, dado que el mínimo es de 600 euros, usted puede tomar el riesgo y pagar la multa en caso de ser penalizado. Esto representa una acumulación de errores que pueden ser muy costosos.

nos castiga por no aplicar la ley, además de pagar la pena, nos vemos obligados a adaptarse, pero que sería sancionado, pero con más cantidad, porque sería un factor agravante. sanciones no son excluyentes, sino acumulativos, así que si usted no hizo nada, y suponiendo que el mejor de los casos, una línea de base de datos, podemos encontrar la siguiente cantidad: No entrar en el archivo

€ 600

• El no reportar la colección € 600

• No asistir al ejercicio de € 600

• No hay medidas de seguridad € 6000

Unas fotos "traen de cabeza" a la de familia real de Mónaco. Pidieron que se prohibiera su difusión en Internet. ¿Lo han conseguido? Nosotros hemos hecho la prueba.

En la mayoria de los casos no son fotografias sino datos personales, sanciones administrativas, multas por situaciones embarazosas que afectan a la integridad de la persona.

Google y la Agencia Española de Proteccion de Datos mantienen la pugna por el llamado "derecho al olvido". El buscador considera que no le corresponde eliminar contenidos en la Red. En España hay 90 ciudadanos que solicitan su derecho al olvido.

FUENTE: www.ondacero.es

ntre las decenas de personas que, todos ellos de forma individual, han solicitado la retirada de su información de Google se encuentran un cirujano plástico, un director de instituto y un guardia de prisiones. En ocasiones la petición está relacionada con contenidos embarazosos, otras veces con cuestiones jurídicas o incluso con cuestiones de aparente escasa importancia.

Google tiene el derecho a apelar esta decisión ante la Audiencia Nacional, como ya ha hecho en cinco ocasiones y como probablemente volverá a hacer ahora, pero las cada vez más frecuentes peticiones relacionadas con el derecho al olvido pueden acabar sentando un precedente clave en el desarrollo de Internet.

A estas peticiones de la AEPD hay que sumar la posición de la Comisión Europea, que ya estudia medidas para dar mayor control a los ciudadanos sobre lo que de ellos se publica en Internet. Según los expertos, si se impone el derecho a eliminar cualquier información personal podría acabarse alterando de forma significativa el funcionamiento de la Red, los buscadores y el flujo de datos.

 

FUENTE: www.20minutos.es

La Agencia de Protección de Datos del país holandés ha efectuado una amenaza a Google de imponer una multa a su Google Street View por almacenar datos de las redes Wifi durante la toma de imágenes de las calles holandesas.

La herramienta de Google se enfrenta así a otra problemática con este servicio, al igual que los que ya ha tenido en otros países, entre ellos, Alemania. El mayor conflicto suscitado con Google Streer View es el de la privacidad, y es por ello, que ya ha tenido acusaciones por parte de España, Australia, Corea del Sur, Italia y Canadá, por esta razón de tomar fotografía e información privada.

El The Dutch Data Protection Authority afirma que Google habría almacenado la dirección del Media Acces Control (un único código numérico conocido como MAC que se asocia a cada pieza de hardware que se conecta a Internet) de más de 3,6 millones de routers Wifi.

El mencionado organismo advierte que una dirección MAC, combinada con la posibilidad de obtener la localización de un hardware inalámbrico, hace posible identificar a los dueños de los routers. Es por ello que la agencia ha exigido a Google que suprima su base de datos dentro de un plazo de 3 meses.

En caso de no cumplir, podría enfrentarse a multas cuyos montos serían superiores a 1 millón de euros, la cual sería la más onerosa de toda su historia. Ya en el mes anterior, Google Street View fue sancionado en Francia a pagar una multa de 100 mil euros.


FUENTE: www.islabit.com

La Síndicatura de Greuges de Barcelona ha alertado de presuntos empadronamientos falsos en el proceso de matriculación escolar para el curso 2011-2012 y ha pedido que se requieran más documentos para acreditar el domicilio del menor en este proceso.

En un comunicado de prensa, la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertado de la existencia de casos de presunta falsedad documental, como empadronamientos irregulares, tras recibir quejas de padres de alumnos que no han conseguido plaza en el centro que querían y que sospechan que hay familias que las han conseguido porque han facilitado direcciones que no se corresponden con su vivienda habitual.

La admisión de un alumno en un centro público o concertado se rige por unos baremos de puntuación a partir de criterios objetivos.

La proximidad de la escuela al domicilio familiar o en el ámbito de influencia del centro de trabajo de uno de los padres es el criterio que otorga más puntos por conseguir plaza en una escuela, aun cuando se valoran otras cuestiones, como la presencia de hermanos en el centro.

La Sindicatura ha indicado que ha recibido en los últimos días quejas de padres de niños que han quedado excluidos de la lista de admitidos en una escuela pública de Sants-Montjuïc y en otra concertada del Eixample a pesar de tener los 30 puntos máximos de proximidad que se otorgan si el alumno vive en el radio de influencia del centro.

Los padres de los niños excluidos sospechan que algunas familias han facilitado direcciones que no se corresponden con su domicilio habitual para inscribir a sus hijos y piden que se compruebe dónde están empadronados los niños inscritos y con quién conviven.

Según un dictamen emitido el año 2010 por la Agencia de Protección de Datos, los nombres, apellidos y las direcciones no son datos que se puedan considerar íntimos en un procedimiento selectivo como es la preinscripción escolar y se considera que los padres de los alumnos son parte interesada y deben poder tener acceso a los datos.