El tratamiento de la imagen supone la injerencia en diferentes derechos fundamentales, tales como el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, pero también el derecho a la protección de datos de carácter personal, en dicho caso, el derecho a la libre disposición de tus datos objeto de grabación. En este sentido y dado el carácter especialmente intrusivo de la videovigilancia se deberán preservar los derechos de todas las personas y establecer las garantías oportunas.
Con el ánimo de determinar de manera constructiva, las posibles deficiencias o subsanaciones que puedan objetarse a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD), y su Reglamento de desarrollo es preciso hacer hincapié en las implicaciones que de la misma se derivan para las personas discapacitadas. Ahora bien ¿se encuentran garantizados realmente los derechos de las personas invidentes?
En la medida en que cada vez más accedemos a locales, restaurantes, farmacias, bares, o cualquier otro tipo de establecimientos, nos damos cuenta que estamos siendo grabados, sabemos que hay una videocámara apuntándonos justo en donde estamos, que graba, almacena y conserva nuestras imágenes, pero... ¿de qué manera somos conscientes?, ¿hemos sido debidamente informados?, ¿realmente teníamos opción a conocer el tratamiento de la grabación de nuestra imagen?, ¿se encuentran debidamente colocados los carteles informativos de videovigilancia? y en el caso de los invidentes ¿están siendo informados del tratamiento de sus imágenes?
El Partido Galeguista Demócrata (PGD) de O Grove, capitaneado por Alfredo Bea, presentó ya varias denuncias ante la Junta Electoral de Zona contra el Partido dos Galeguistas do Grove (PGG), que representa Francisco Pérez (Katelo). Pero es que, además, a instancias de sus asesores jurídicos, Bea va a denunciar a “los otros” ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Esto quiere decir que independientemente de las medidas que puedan adoptarse de forma inmediata desde el punto de vista electoral, el enfrentamiento entre galeguistas y la judicialización del mismo también puede acarrear fuertes sanciones a corto y medio plazo. Hay que explicar que el grupo de Katelo se presentó públicamente como el auténtico partido galeguista, a pesar de que nadie puede emplear el nombre o las siglas del viejo grupo mientras no se resuelva la disputa judicial por su titularidad o paternidad. Esto hizo que Alfredo Bea presentara una denuncia en la Junta Electoral,y lo que hicieron los miembros del grupo de Katelo para quejarse fue airearlo públicamente. Para ello distribuyeron entre los medios de comunicación una copia de la denuncia de Bea, y en ella se hacen constar su DNI, dirección y todo tipo de datos personales. Es por ello que ayer Bea volvió a acudir a la Junta Electoral para denunciar estos hechos, y mañana presentará la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos “por filtrar datos míos sin mi consentimiento.
A mayores, y a título particular, Bea se reserva el derecho a emprender las acciones legales que correspondan contra la presidenta del Partido dos Galeguistas do Grove, el candidato y el representante de zona de dicha formación. Alfredo Bea aprovecha para recordar que “los otros” no representan al viejo Partido Galeguista, cuyos representantes electos en 2007 se integran, como él, en el Partido Galeguista Demócrata. Con este nuevo grupo se presentan a las elecciones no solo en O Grove, sino también en Cambre, Padrón, Oroso, Sarria, Lugo, Láncara y Paradela.
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha mostrado su "particular interés" en la posibilidad de que las autoridades nacionales de control de datos personales "puedan participar con pleno amparo legal en actividades de investigación y auditoría realizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea (UE) cuando los hechos objeto de análisis afecten a individuos bajo su tutela".
Así lo solicita en las propuestas que ha remitido a la Comisión Europea sobre la futura revisión de la Directiva 95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
En la misma línea, pide mejorar los procedimientos de cooperación e intercambio de información entre estas autoridades de control.
'Derecho al olvido'
Por otro lado, las preocupaciones en torno al tratamiento de datos en la web centran la mayor parte de las propuestas de la Agencia. Así, a su juicio, el marco comunitario debe clarificar las posibilidades del ejercicio del llamado derecho al olvido en Internet,"a través de medidas de obligado cumplimiento para los responsables del tratamiento, que permitan desaparecer de la Red a aquellos usuarios que así lo deseen".
Y es que, dice, "aparecer en buscadores o redes sociales plantea, para muchos usuarios, problemas personales, sociales y laborales, por lo que muchos desearían que dicha información personal dejase de estar disponible en Internet, borrándose el rastro creado durante el tiempo que lo utilizaron". Por ello, exige que se garanticen "mecanismos sencillos para el ejercicio de este derecho, la adopción de tecnologías que impidan la indexación de datos de carácter personal por motores de búsqueda y su aplicación efectiva en plazos perentorios".
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La Comunidad de Madrid envía desde el mes de marzo a los correos particulares de los solicitantes de vivienda un boletín institucional sobre la gestión regional. Estos ciudadanos solo autorizaron la cesión de sus datos para recibir información relacionada con su petición. El Gobierno regional asegura que cuenta con un informe favorable de la Agencia Madrileña de Protección de Datos.
FUENTE: www.noticias.lainformacion.com
Iñigo Santxo y Julen Arzuaga, representantes de Eskubideak, han anunciado que la asociación ha interpuesto denuncias ante la Agencia de Protección de Datos vasca, estatal y europea, las Juntas Electorales provinciales y los arartekos de la CAV, de Nafarroa y de la Unión Europea por la existencia de esas "listas ideolígicas clandestinas".
En la comparecencia que han ofrecido en Bilbo han denunciado que las FSE "tienen bases con miles de nombres para detectar candidatos contaminados" en las listas de la izquierda abertzale a las elecciones, unas "bases ideológicas" cuyo origen sería múltiple y que incluyen desde personas de las candidaturas electorales anuladas hasta apoderados e interventores.
Además, abarcarían "a personas que desarrollan actividades laborales en partidos ilegalizados o han prestado servicio como empresas, así como a ciudadanos con algún grado de parentesco con personas presas o en situación de rebeldía". A ello se le sumarían los datos que han sido recogidos por "reseñas periodísticas, seguimientos policiales o cuentas bancarias y registros notariales, cuando se visita a un preso, cuando se participa en ongietorris o cuando uno se cartea con un preso".
Según han explicado, a tenor de los informes utilizados para las ilegalizaciones, también hay datos sobre si existe parentesco con presos políticos, si se ha firmado manifiestos políticos y si hay antecedentes policiales y judiciales, aunque luego el caso haya sido sobreseído o el acusado declarado inocente.
Mermado el derecho de sufragio pasivo
Por ello, han remitido a las Juntas Electorales de Hego Euskal Herria un escrito reclamando que no "comunique o facilite ningún dato" de personas que hayan "tenido alguna participación en anteriores procesos electorales".
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