El alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, presentó para obtener las licencias y permisos de su chalé familiar en San Román de Doniños un informe con las medidas de la finca realizado por una socia del estudio de arquitectura de su hermano, Jesús Irisarri. Según defiende un particular en la denuncia presentada contra el alcalde de Ferrol ante la Agencia Gallega de Protección de la Legalidad Urbanística (Aplu) de la Xunta, la superficie de la parcela no alcanza el mínimo exigido por la ordenanza municipal para edificar en la misma. Los datos del informe firmado por la socia de Jesús Irisarri no se corresponden, prosigue la denuncia presentada ante la Aplu, con los datos del Catastro, ante el que el alcalde de Ferrol trató de modificar las características del terreno.

Como explicaba ayer ABC, el caso ha llegado al ámbito administrativo después de que el Juzgado número 1 de Ferrol decidiese, en 2010, que no existían indicios penales tras una denuncia de un empresario al alcalde con motivo de esta construcción. La Audiencia Provincial coruñesa ratificó posteriormente esta decisión.

Precisamente a estas decisiones judiciales se remitía ayer el Ayuntamiento, en un comunicado público, para defender la correcta aplicación de las normas de urbanismo en el inmueble, sobre el que la denuncia alega además que rebasa la altura máxima permitida en la zona, de 6,5 metros. También aprecia el demandante otras irregularidades, como que el reglamento adecuado al tipo de suelo de la zona, agrario, impide el diseño moderno de la obra.

Además, el Ayuntamiento añade que la licencia se otorgó durante la legislatura en la que Xaime Bello gobernaba en la ciudad de Ferrol con el apoyo del PSOE, «cuando el alcalde no tenía ninguna relación con este Ayuntamiento ni actividad pública alguna» (Irisarri abandonó durante un tiempo la política tras perder unas primarias, en 1988, con Bonifacio Borreiros; éste fue el primer teniente de alcalde de Bello).

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El pasado jueves día 12 de mayo D. José Antonio Méndez en su calidad de vocal de la Junta directiva de Federación Nacional de Clínicas participó como ponente en Jornada sobre Seguridad y Protección de Datos en el Sector Sanitario que organizó Intereconomía Conferencias en Madrid. 

En estas jornadas se realizó un amplio análisis del impacto de la Ley de Protección de Datos Personales en el sector sanitario, y en concreto el Sr. Méndez participó en la mesa redonda sobre como conciliar la seguridad y el cumplimiento de la LOPD con el trabajo y la operativa de los profesionales y centros sanitarios.

Según un estudio realizado por la Agencia de Protección de Datos de Madrid ((APDCM) y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales en el sector sanitario español publicada el pasado mes de noviembre el 81,8% de los hospitales privados cumplen la LOPD, cifra que contrasta con el 41,8% de los hospitales públicos. A pesar de que el cumplimiento de la ley es muy superior en el sector privado, desde la Federación se pretende conseguir que dicho cumplimiento llegue al 100%, y para ello insiste en la necesidad de disponer de un Código Tipo del sector sanitario para conseguir dicho objetivo. 

El Sr. Méndez ocupa el cargo de vocal de la FNCP, al igual que Secretario General de la Asociación Andaluza de Hospitales y es Gerente de la Clínica Fátima de Sevilla.

FUENTE: www.noticiasmedicas.es

El descubrimiento que los servicios de geolocalización de los teléfonos móviles almacenan los datos y, en algunos casos, los envían a la empresa del sistema operativo ha provocado la reacción europea. Los fabricantes de teléfonos y tabletas no deberían vender estos aparatos con el sistema de geolocalización activado. Con ello se pretende que sea el cliente quien tome la decisión de emplearlo y no lo tenga en servicio desconociendo su alcance.

Ello lo establece un dictamen emitido por el grupo de trabajo del artículo 29 en el que se encuentran representadas las Autoridades Europeas de Protección de Datos. En este sentido, el dictamen, dado a conocer este miércoles por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), establece el marco jurídico aplicable en Europa para este tipo de servicios y señala que "de forma predeterminada, los servicios de localización deben estar apagados y que la activación de estos servicios requiere de un consentimiento informado y especifico a los diferentes fines para que los datos sean captados o almacenados". La entrada en vigor de la medida depende de los Estados.

Además, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, el dictamen señala que "la información debe ser clara, completa y comprensible para un público general que no disponga de conocimientos técnicos". Asimismo destaca que el consentimiento no se puede obtener a través de la aceptación obligatoria de los términos y condiciones generales, y que los usuarios deben ser capaces de retirarlo de una "manera fácil, sin ningún tipo de consecuencias negativas para el uso de su dispositivo".

En este sentido, el dictamen explica que la tecnología de dispositivos móviles inteligentes permite "la monitorización constante de los datos de localización", al mismo tiempo que estos "dispositivos están íntimamente ligados a una persona concreta; ya que normalmente existe una identificabilidad directa e indirecta del usuario". Concretamente, las autoridades de protección de datos señalan que los proveedores de estos servicios pueden tener acceso a datos personales de los usuarios como "las visitas a los hospitales y los lugares de culto, la presencia en las manifestaciones políticas o de presencia en otros lugares específicos que revela datos sobre la vida sexual por ejemplo".

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