Una persona empeñada en proteger su privacidad puede desactivar la función de su teléfono multiusos que permite rastrear el lugar donde se encuentra. Pero ello significa renunciar al servicio que la llevó a adquirir un aparato de ese tipo.
Después de todo, ¿cuán atractivo es un iPhone o un teléfono basado en el sistema operativo Android, si no puede usarse para ver el desplazamiento del vehículo propio por un mapa o para saber si hay un buen restaurante cerca del lugar donde uno se encuentra?
El debate sobre la privacidad en la era digital se intensificó en días recientes en EE. UU., cuando surgieron noticias de que el iPhone y la tableta iPad almacenaban durante un año o más las coordenadas donde se ubica el usuario, gracias al sistema de localización global (GPS).
Los teléfonos que utilizan el software Android, de Google, guardan también los datos de ubicación de los usuarios. Y no solo se almacenan datos —lo que permitiría que cualquier persona que se apodere del teléfono o de la computadora tablet sepa con mucha precisión qué lugares frecuenta el dueño— sino que estos son transmitidos a las compañías, que los utilizan con fines de investigación.
El 27 de mayo último, Apple Inc. negó que el iPhone conservara el registro de movimientos de sus clientes hasta un año, y atribuyó a malentendidos las preocupaciones por posible invasión a la privacidad.
La compañía aseguró que un archivo de rastreo publicitado por investigadores en cuestiones de seguridad no almacena los lugares por donde pasan los usuarios, sino una lista de fuentes de Wi-Fi y torres para comunicación inalámbrica en su área general.
A un solo clic
Cualquier persona está a un solo clic de otra. Más de 200 páginas dedicadas al establecimiento de contactos son muestra de ello: Facebook, Hi5, My Space, Tuenti o Linkedin.
Sin embargo, esta fácil comunicación pone al descubierto problemas de privacidad o, incluso, de suplantación de identidad.
Estas redes sociales se han popularizado en poco tiempo, sirven para conocer gente y para reencontrarse con viejos amigos.
La combinación de servicios como Youtube.com con los perfiles de usuario que incorporan imágenes, videos y sonidos, hacen que sean auténticas colecciones de información, álbumes de fotos personales e incluso de diarios íntimos.
Hace unos días, investigadores de la universidad de Ulm en Alemanía manifestaron su descubrimiento de un fallo de seguridad en el sistema operativo de Google para móviles, Android, el cual dictamina que los datos de los usuarios están inseguros al conectarse a redes inalámbricas libres, en los móviles con versión del S.O. 2.3.3 o menores.
Es por esto que hoy ha comunicado la asociación de consumidores FACUA, que ha solicitiado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue los fallos de seguridad en este sistema operativo, ya que según la asociación, Google podría haber vulnerado el principio de seguridad que recoge la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en su artículo 9.
FUENTE: www.islabit.com
La Agencia Española de Protección de Datos lo confirmó. El secreto decretado por la jueza en relación con la operación Carioca podía ser vulnerado informáticamente y, parece que con bastante facilidad. El problema ya no solo era una cuestión exclusiva del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo. Afectaba también a los restantes de Galicia.
Las denuncias presentadas por la jueza Pilar de Lara Cifuentes derivaron en que la citada agencia abrió diligencias previas durante las cuales miembros de la citada agencia inspeccionaron el juzgado lucense, la Secretaría General de Modernización e Innovación Tecnológica de la Consellería de Presidencia y a la empresa Telecomunicaciones y Energía (Tecnocom).
Los inspectores de la agencia verificaron que en el juzgado lucense existen un total de 17 usuarios creados con acceso al sistema Minerva, tres con perfiles de secretario y trece con los de oficial tramitador. También verificaron que «constan dados de alta 21 usuarios con perfil de administrador -técnicos de sistemas- dichos usuarios funcionarios y de la empresa Tecnocom gestionan y administran el sistema Minerva por lo que pueden acceder a la información de los procedimientos judiciales». Recuerda, a su vez el informe, que la Xunta, dispone de un procedimiento para la gestión de bajas, altas y modificaciones de usuarios para el acceso al sistema de información.
Destaca el informe que, según la Xunta, se realizan copias de seguridad del fichero que contienen los datos personales correspondientes a los procedimientos. Desde el centro de proceso de datos de A Coruña, en remoto, se inicia el proceso de las copias de Lugo, almacenándose una copia en Lugo y otra en Santiago.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
El funcionario del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (Ourense) Alberto Vasallo López, lleva nueve años con una cámara de vídeo sobre su nuca. Desde su despacho, el alcalde puede controlar sus movimientos durante la jornada laboral. Lo ha hecho hasta ahora, en que una resolución de la Agencia de Protección de Datos le obliga a retirarla en el plazo de un mes, que se cumple en 10 días.
Con una monótona actividad cara al público, a Vasallo al principio no le importaba demasiado el seguimiento en vídeo. Pero en 2007, cuando le retiraron los complementos salariales que cobraban sus compañeros, empezó a pleitear. Perdió los contenciosos por el salario y no le admitieron las denuncias penales en los juzgados de Trives y Ourense. Adjuntaba una grabación en casette, que no se considera prueba judicial, en la que el alcalde le explica por qué le puso la cámara: "No porque no trabaje", explica Vasallo, "sino porque está hasta los huevos de la actividad política de mi mujer [se presenta de número uno por el PSOE] y de que mis hijos vayan a los plenos a apoyar al BNG".
El regidor no recuerda si dijo esto. "Quizás sí, pero es ilegal que me grabe y en un momento de calentamiento decimos cualquier cosa". Rodríguez puntualiza que ordenó instalar la cámara "porque estaba amenazado por ETA". La retirará cuando vengan los técnicos. Para entonces, la mujer del Vasallo será probablemente concejal.
FUENTE: www.elpais.com
El alcalde de Sarria, Claudio Garrido Martínez, rechazó la afirmación del propietario del Mesón O Tapas de que la Agencia Española de Protección de Datos ratificó la legalidad de las cámaras de vídeo que había instalado. También negó que de la resolución del citado organismo se puede concluir que existe persecución por parte del Concello hacia el hostelero.
Según aclaró el mandatario municipal, un peregrino presentó una denuncia contra el mesón por tener cámaras de vídeo enfocadas hacia la vía pública, Garrido se lo notificó a la citada agencia estatal y al interesado. Entonces el propietario del establecimiento retiró las tres cámaras que estaban en el exterior y dejó la del interior, contra la que no había presentada ninguna denuncia.
La junta de gobierno municipal adoptó el acuerdo de tramitar la denuncia del peregrino en la sesión que celebró el día primero de diciembre del 2010. El dueño del mesón tramitó la legalización de las cámaras del interior seis días más tarde, el siete de diciembre y, según el alcalde, cuando llegó la inspección de la Agencia Española de Protección de Datos ya no había nada en el exterior, por lo que archivó el expediente, dado que el proceso no afectaba a las del interior, cuya legalización ya había sido tramitada.
El alcalde señaló que la foto publicada ayer por La Voz es otra prueba de que hubo cámaras fuera, contraviniendo la normativa. Enfocaban a la plaza situada delante del propio Concello.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es