La retención de 14 policías y personal del centro de mando y de video vigilancia “C4” de Huixquilucan forma parte de una investigación para determinar su posible relación con la banda de sicarios del Compayito, conocida como la Mano con Ojos, que realiza la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (Siedo), la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el ayuntamiento de Huixquilucan, dijo el procurador, Alfredo Castillo.
El involucramiento de policías locales, no sólo de Huixquilucan, con bandas de sicarios, especialmente del llamado Compayito, cuya lucha por el control de la venta de droga en esta zona ha dejado una serie de ejecuciones en el poniente mexiquense, se extiende desde Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli e incluso podría llegar hasta Ecatepec, afirmó el procurador mexiquense.
La institución dará a conocer avances de esta investigación, con la detención y consignación de no menos de 10 personas, entre ellos policías de Huixquilucan y de otros municipios, adelantó Castillo.
La retención de policías de Huixquilucan, que hasta ahora suma 14, inició hace más de dos meses con elementos que laboraban en el centro de mando y de videovigilancia “C4” de Huixquilucan, entre ellos tres mujeres. Algunos ya están en calidad de indiciados y otros de testigos, indicó.
El alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, afirmó que esta investigación servirá para depurar a la policía local de malos elementos e informó que solicitó a la Procuraduría que sólo se actúe en contra de elementos con pruebas contundentes, pues los 14 policías aún están arraigados.
FUENTE: www.eluniversal.com.mx
La instalación del sistema de videovigilancia y un mayor despliegue de policías ha dado como resultado tener menos violencia en el Distrito Federal.
El Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, sostuvo que la disminución de la inseguridad en la Ciudad de México se debe "al cambio en los últimos años, respecto a la situación social y desarrollo humano, porque "a mayor cohesión social, menos violencia".
Enfatizó que las políticas sociales aplicadas en el DF por sus últimos gobierno ha permitido revertir la la violencia, al responder a la pregunta del porqué antes los ciudadanos huían de la ciudad de México contra la inseguridad y ahora llegan a ella huyendo de situaciones de violencia.
Entrevistado por León Krauze, en el programa Hora 21, Ebrard Casaubon indicó que becar a cerca de 200 mil jóvenes y la recuperación de espacios públicos como el programa Muévete en Bici, sumado a acciones en materia de seguridad como bajar el índice de homicidios impunes, la instalación del sistema de videovigilancia, que para el mes de septiembre contará con 8 mil cámaras y cada vez un mayor despliegue de elementos de la policía; da como resultado tener menos violencia.
Ebrard Casaubon manifestó que una estrategia de guerra contra el narcotráfico, como el actual gobierno del presidente Calderón la ha concebido, lleva a una espiral de violencia, porque "la guerra" es la suspensión de derechos.
Regidores integrantes de las comisiones de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, y la de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, aprobaron ayer y dictaminaron la iniciativa del regidor priísta Eduardo Almaguer Ramírez, que obliga a las 385 sucursales bancarias que hay en la ciudad a contar con seguridad privada, video vigilancia y arcos detectores de metales en el interior de las instituciones para que de esta manera garanticen la seguridad a sus clientes.
El dictamen será puesto a consideración del pleno del Ayuntamiento durante la próxima sesión ordinaria, según dijo el autor de la iniciativa y recalcó que actualmente tanto la Ley de Instituciones de Crédito como la Comisión Nacional Bancaria, ya obligan a los bancos a tener las medidas de seguridad necesarias internas.
La medida consiste en reformar el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y Prestación de Servicios en Guadalajara, para que legalmente quede establecida la protección que las instituciones bancarias deben proporcionar a sus cuentahabientes y personal que labora en ellas.
La iniciativa establece que en el caso "de las instituciones de la banca múltiple (deberán) contar con personal de seguridad privada armada -debidamente registrada y certificada por la autoridad competente- en el interior de los inmuebles donde se presta el servicio; arcos detectores de metal y video vigilancia permanente en el interior y en las puertas de ingreso de dichos giros".
En el Capítulo Quinto del Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Consolidación de la paz”, se establecen una serie de disposiciones tendientes a promover programas y políticas de seguridad nacional, en especial, en el área de fortalecimiento y tecnificación de la Fuerza Pública. Dentro de este apartado, en el literal e, quedó plasmada una polémica propuesta que consolida la creación y el apoyo a una red de informantes constituida a través de las agencias de seguridad privadas en el país.
Se trata de la concreción en la ley que marca la hoja de ruta del Gobierno de un proyecto que impulsó en su momento el expresidente Álvaro Uribe, cuando a través del decreto 3222 de 2002, se crearon las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana en Colombia, “con el propósito de enlazar los servicios de vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional, como estrategia para prevenir y evitar la comisión de delitos”.
En ese momento hubo un gran revuelo por el pago a la ciudadanía para cooperar con las autoridades y no hubo consenso respecto a cómo se denominaría a esas personas: informantes, cooperantes o vigilantes. La en ese entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, explicó que los informantes son ocasionales, mientras que los cooperantes son permanentes y hacen parte de redes como los frentes de seguridad local. Y el general Héctor Castro, subdirector de la Policía, admitió un problema semántico: “En esencia todos informan, pero el informante ocasional se va, mientras que el cooperante y el vigilante mantienen contacto permanente con las autoridades, y en algunas oportunidades pueden recibir recompensas”, dijo.
Policías y comandantes de este municipio exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), una investigación conforme a derecho, luego de la detención de 15 de sus compañeros, entre ellos tres mujeres que laboraban en el centro de videovigilancia (C4).
El director de Seguridad Pública y Tránsito de Huixquilucan, Gerardo Oyervides Benítez, confirmó que la PGJEM, mantiene bajo investigación a 14 de sus elementos, “quienes están rindiendo declaraciones” en Toluca.
El procurador mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes, informó hace unas semanas sobre una investigación en la operación del C4 de Huixquilucan, donde los protocolos prohíben el uso de teléfonos celulares.
Policías de Huixquilucan y familiares de los retenidos, señalaron que hace más de dos meses detuvieron a José Paul Carrillo Cruz y a Enrique Cristán Preciado. Hace mes y medio a Teresa Cano Franco, Luis Joel González Solís, titular del C-4, Guadalupe Gutiérrez Ávila y a Tania “N”.
La tarde del martes, 10 elementos de la policía de Huixquilucan acudieron al Centro de Control de Confianza ubicado en el municipio de Lerma y tras 12 horas de exámenes, ya en la calle, un grupo de hombres con lista en mano retuvieron a Aarón González Alvarado, Alejandro Gutiérrez Casillas, Eduardo Montalvo de la Riva, Jorge Rodríguez de León, Juan Carlos Campos Granados, David Hernández Plata, Raúl Blancas y a Juan Manuel Corpus, informó el comandante Edgar Flores.