Los vigiladores de agencias de seguridad privada podrán portar armas, aunque con restricciones según la actividad que se cubra. La noche del jueves los diputados sancionaron, por mayoría, en general, el proyecto que había presentado el sector del oficialismo. Los de la minoría respaldaron su propia iniciativa que, por el contrario, cerraba cualquier posibilidad de que el personal de estas empresas lleven armas de fuego.
En el recinto se generó el mismo debate que se abrió en el tratamiento de los proyectos en las comisiones y finalmente el sector del gobierno con el respaldo de sus aliados predominó en el momento clave de la votación.
El presidente del MPN, José Russo, dijo que "lo que dice esta ley es que prácticamente no hay ocasión en que la seguridad privada pueda llevar armas, salvo en un par de situaciones como es el transporte de caudales. La seguridad privada no puede portar armas. Esta no es una salvedad impuesta por esta ley sino por las leyes nacionales".
Se destacó que aquella empresas que requieran que sus agentes porten armas deberán tramitar el pedido de autorización ante el Registro Nacional de Armas y la norma prohibe expresamente que se puedan usar armas durante los servicios de vigilancia en ámbitos públicos.
Amalia Jara (PJ), que defendió el despacho de minoría, dijo que sólo el personal policial puede portar armas de fuego y que es el estado el que debe conservar esa facultad para tareas de prevención y seguridad.
El jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Lepen, consideró ayer que la seguridad pública no se verá afectada porque los vigiladores de empresas privadas puedan portar armas y destacó que la nueva legislación tiene como autoridad de aplicación a la Secretaría de Seguridad que “regulará los objetivos que estarán armados”.
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Lepen destacó que aún falta la reglamentación de la ley, que el jueves pasado tuvo la aprobación en general, y supuso que la Policía “podrá hacer aportes”. “Creería que se nos va a pedir una opinión para definir en qué casos se puede portar armas y en cuáles no”, agregó el funcionario.
El funcionario recordó además que las personas que vayan a portar armas deben pedir la autorización ante el Renar y que ese registro les pide un examen psicológico y garantiza la idoneidad para esta tarea.
“Actualmente algunas agencias que transportan valores ya usan armas y no estaban regularizadas, con lo cual esto va a normar lo que estaba irregular”, consideró Lepen, quien destacó que los vigiladores deberán tener capacitación e idoneidad del manejo de armas de fuego.
El jefe de la Policía provincial aseguró que esta nueva legislación no generará que “indiscriminadamente todos salgan a buscar el resguardo de vigiladores privados”. “Es la Secretaría de Seguridad que autorizará o no quién va a portar armas y cuáles son los objetivos que estarán autorizados. No es que alguien pone un negocio y sí o sí va a tener seguridad privada”, dijo.
“Va a estar restringida al máximo la portación de armas. Nosotros también somos el órgano que controla las agencias de seguridad privada y veremos a cada uno de los vigiladores en qué situaciones está portando”, expresó Lepen.
"En Estatal de Seguridad estamos preparados para cuidar lo suyo como si fuera lo nuestro, haciendo que su familia, su patrimonio y su empresa obtengan una excelente protección con la confianza que inspira la seguridad que le ofrecemos".
Estatal de Seguridad, empresa netamente pereirana, con cubrimiento en varias regiones del país, cumple una década de servicio cuidando la economía y los intereses de la población.
Es una empresa de seguridad privada, gestada en el Eje cafetero, en el año 1999 pero legalmente constituida el 15 de septiembre de 2001, su sede principal está en la ciudad de Pereira; además cuenta con sucursales en Bogotá, Manizales y Barrancabermeja, con un proyecto ambicioso de expansión buscando conquistar todo el mercado de Santander, incursionar en la Costa Atlántica, Antioquia y Valle del Cauca.
De un total de 3.740 armas con anomalías (no aptas) que fueron incautadas por la Unidad Técnica de Control de la Policía a nivel nacional, 3.538 (95%) pertenecen a las empresas de seguridad privada y tan solo 202 a personas naturales.
Según las estadísticas del proceso de recalificación de permisos de armas, entre las principales causas por las que fueron incautadas constan las series duplicadas o clonadas, los números de series identificativos adulterados o remarcados, armas artesanales con acuñamientos de armas industriales y mala aptitud en el disparo.
El informe, elaborado por el Ministerio del Interior y que comprende el período del 15 de septiembre de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2011, señala que Guayas registra el mayor número de incautaciones con 1.762 armas (1.683 a compañías de seguridad y 79 a personas naturales), seguida por la provincia de Pichincha con 1.755 armas (1.671 y 84, en el mismo orden). En el resto del país se dieron 223 incautaciones.
La incautación del armamento, el mismo que debe ser destruido, de acuerdo al reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el cual autoriza la baja del material una vez que hayan transcurrido 90 días del decomiso, es parte del resultado de los controles a las compañías de seguridad que operan al margen de la ley.
La medida fue anunciada por Leonardo Berrezueta, viceministro del Interior, luego de que el pasado 31 de agosto venciera el último plazo para que las empresas dedicadas a esta actividad cumplieran con las normas del Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.
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La Legislatura transformó anoche en ley la regulación para la vigilancia privada y autorizó legalmente a que quienes cumplen esta tarea puedan portar armas de fuego.
La sesión fue presidida por el vicepresidente primero de la cámara, Carlos González, en función de que la vicegobernadora Ana Pechen se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo provincial.
Al recinto llegaron dos proyectos que habían sido tratados en comisión, la diferencia entre ambos era el artículo 32 referido a la autorización para portar armas.
"No hablamos del uso de armas, eso sería como estar a favor de que maten a alguien. Estamos discutiendo la portación, que ya está regulada por una ley nacional", explicó José Russo, presidente de la bancada oficialista, quien agregó: "No estoy de acuerdo con que la usen, pero si alguien por imperio de la ley tiene que usarla me gustaría regular cuándo, dónde y cómo".
Como miembro informante del proyecto que prohibía en todos los casos la portación de armas para los vigiladores estuvieron Amalia Jara (PJ) y Paula Sánchez (Proyecto Sur), ambas destacaron que la facultad de la seguridad "tiene que estar en manos del Estado".
"Sabemos que los policías tuvieron una capacitación de meses, controles sobre su salud, y así y todo hay situaciones que lamentar. No podemos delegar el uso de armas a personas que no están capacitadas", manifestó Jara.
Sánchez reconoció los avances que se lograron durante los largos meses de discusión en las comisiones que alcanzaron a plasmarse en el proyecto que finalmente fue aprobado, como la eliminación de las atribuciones de seguimiento e investigación.
También quedó establecido en la ley la obligación para los vigiladores de capacitarse en derechos humanos y no tener antecedentes de violencia familiar. La excepción para el uso de armas es la vigilancia en espectáculos culturales y deportivos y sitios de asistencia de público.