La Cámara de la Seguridad Social dictó la "inconstitucionalidad" de un artículo de la ley que terminó con el régimen de las AFJP, en cuanto disponía el traspaso a la ANSeS de los aportes "voluntarios" que hubieran realizado los afiliados a ese sistema de jubilación privada. La medida fue dispuesta por la Sala Tercera de la Cámara, con las firmas de los jueces Néstor Fasciolo, Martín Laclau y Juan Poclava Lafuente, ante el reclamo del ex beneficiario del régimen de las AFJP José Jorge Bay. No es el primer fallo en este sentido y seguramente la ANSeS apelará.
El ex afiliado a la jubilación privada reclamó "la restitución de los fondos de su Cuenta de Capitalización Individual (CCI)" que había aportado voluntariamente, es decir por fuera de la obligatoriedad de los fondos que le eran devengados por su relación laboral.
El fallo reconoció que Bay "pagaba directamente" esos aportes que "no eran deducidos por el empleador ni por otro agente de retención", que los montos "podían ser variables" y el "momento de pago, discrecional", y que "importaban un ahorro con un objeto determinado: incrementar el futuro haber de pasividad".
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Un paquete al lado de la camioneta llama la atención de Mayerly. El objeto, que a simple vista no parece extraño, puede constituir un riesgo inminente. La mujer indica a su jefe que se aleje y revisa el envoltorio cuidadosamente. Falsa alarma, era una carta de un familiar. Sin embargo es mejor asegurarse, pues cualquier indicio puede ayudar a evitar una tragedia.
Mayerly se levanta todos los días a las 4:30 a.m. Con la ayuda de su esposo, prepara el café del desayuno y alista a su bebé de 2 años. Esta rutina es lo más importante del día, aunque no siempre la pueda llevar a cabo.
Con 28 años de edad, la patrullera Mayerly es una de las dos mujeres escoltas que se encuentran activas en la institución.
Mientras Mayerly se coloca sus botas, Natalia*, de 20 años y 1,78 centímetros de estatura, madruga a ponerse los tacones. A pesar de que su familia y amigos creen que es secretaria en una oficina del centro de la ciudad, su verdadero trabajo es proteger la vida de un importante ejecutivo caleño.
Desde hace nueve meses, Natalia trabaja en una empresa de seguridad privada. Según lo que manifiesta, es la única mujer escolta en el sector privado y así lo pudo constatar El País, tras consultar quince agencias de seguridad en Cali.
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Como vecino del Fraccionamiento Pradera Dorada, en este puerto, fue identificado ayer el hombre que fue encontrado muerto por disparos de arma de fuego en la cabeza en un camino donde está un tiradero de residuos de café, en las inmediaciones del poblado de Las Higueras del Conchi.
Se trata de Martín Wilebaldo Osuna Soto, de 34 años, quien al parecer se desempeñaba como elemento de seguridad privada, manifestó personal de la Subprocuraduría de Justicia en la zona sur del estado.
Sin embargo, no se proporcionó mayor información sobre si esta persona había sido privada de su libertad y se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables.
De acuerdo con lo que se informó en su momento, cerca de las 7:02 horas del martes una persona que acudía a una ordeña encontró el cadáver y dio aviso al comisario de Las Higueras del Conchi, quien a su vez reportó el hecho a las autoridades.
El Director General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Fernando Álvarez Mata, lejos de promover la legalidad y a las empresas legalmente constituidas y generadoras de empleo de Morelos y en Morelos, por intereses muy personales, se dedica a recomendar a empresas ilegales o irregulares a miembros del sector privado que demandan estos servicios, incurriendo así en una grave violación al articulo 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Así lo denunciaron empresarios que acudieron a solicitar información a Álvarez Mata, para saber que empresas podían contratar para su seguridad privada, de las que la DGSP tiene registradas en el padrón estatal, pero se encontraron con un marcado y evidente interés de Fernando Álvarez por "recomendar, por competitiva" a la empresa Multisistemas, hecho que documentaron con una grabación de esta plática de la que Sol de Cuernavaca, tiene una copia.
Esto a pesar de que los interesados le hicieron notar que sabían que esta empresa que es grande a nivel nacional, y cuenta con un registro federal, no ha cumplido con la reglamentación local y no ha obtenido el permiso en Morelos para trabajar aquí y aún así lo viene haciendo, sin que ninguna instancia, a lo largo de varios años incluso la DGSP, la haya podido obligar legalmente a cumplir con el marco legal estatal.
El secuestro de un empresario y su posterior liberación por el Ejército Mexicano el pasado martes, prendió los focos de alerta entre los integrantes de la Iniciativa Privada.
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Coparmex local, señaló que desconoce quién fue la víctima, no obstante, comentó que es una preocupación, que los hace repensar sus esquemas de seguridad personal: “Estábamos en una reunión con el gobernador, cuando vimos que le pasaron la noticia. Nos preocupa esta situación. No podemos relacionarla con un cambio de mando, porque siento que es un periodo demasiado corto de tiempo para que esto se nos revierta.
Tenemos una excelente relación con los órdenes de gobierno, interconectados con lo que son las policías, de alguna manera mantenemos las líneas de comunicación con ellos, vamos a esperar que reporte nos dan al respecto, cuáles son las contramedidas que se van a tomar para este asunto y sobre esto estableceremos un posicionamiento”.
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