Incautaron 52 armas ilegales a empresa de seguridad privada
Efectivos del Dispositivo Bicentenario de Seguridad, Dibise, en conjunto con la Guardia del Pueblo incautó detrás del edificio Cubo Negro en la torre Diamen, 52 armas de fuego ilegales de una empresa de vigilancia privada.
La información la dio a conocer Carlos Siso, director de análisis y control del Ministerio del Interior y Justicia quien además indicó que la empresa de nombre Pentagon Securite no tenía los permisos vigentes desde el año 2006.
La incautación la realizó el Dibise en conjunto con la Guardia del Pueblo y con esto se trata de salvaguardar a la población venezolana como siempre ha sido el norte del Gobierno Bolivariano.
Al ofrecer detalles de la incautación dijo que se hallaron 36 escopetas y 15 revólveres. “Esto ha sido un trabajo fuerte con la Guardia del Pueblo y el Dibise, en lo que va de año se han incautado 101 armas de fuego a tres empresas de vigilancia privadas en el área metropolitana de Caracas”.
El plan de fiscalización e inspección que se ha llevado a cabo por la Dirección General de Vigilancia Privada tiene como norte colocar a “las empresas al día con los trámites legales y así llevar tranquilidad a toda la ciudadanía”.
fuente:el impulso
Las empresas MiPymes no pueden escatimar su inversión en seguridad, pues ahora más que nunca deben garantizar la continuidad de su operación refiere Francisco Ramírez, director general del Grupo CIOS.
Ante el actual momento económico y con los sucesos de inseguridad que se viven en el País, resulta fundamental que las empresas mexicanas, en especial las medianas y grandes, establezcan un código de seguridad patrimonial que les permita optimizar costos y salvaguardar eficientemente sus activos.
Grupo CIOS, empresa de seguridad privada mexicana, explica que la seguridad patrimonial es la protección de todos los bienes y valores que posee una compañía, por lo que su estrategia debe ser integral y bien asesorada para que resulte eficiente.
Ramírez señala que la estrategia inicia desde el estudio de vulnerabilidad que pueden tener las empresas y a partir de ello definir un programa de acciones y la inversión a destinar en este rubro. Comenta que es importante que las MiPymes desarrollen un manual de seguridad, el cual debe ser manejado por el personal de confianza, así como por el director general, ‘Hay que saber dónde están sus debilidades estructurales -análisis del entorno-, reforzar procedimientos de seguridad interna y una vez detectada las áreas reforzarlas’.
fuente:A.M.
Buscan convenio para regular seguridad bancaria
En el primero de los intentos, en 1996, el Ayuntamiento aprobó el 29 de agosto el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria, declarado en su invalidez por la SCJN al año siguiente, y el segundo, en 2011, cuando se aprobaron reformas normativas en el mismo sentido que se vinieron abajo cuando el máximo tribunal constitucional del país lo consideró un desacato a su primera resolución.
En 1997, año en que la SCJN a declaró la invalidez del reglamento municipal en seguridad bancaria, el máximo tribunal hizo saber al Ayuntamiento tapatío sobre la alternativa que tiene para convenir con la Segob, lo cual, sin embargo, no fue intentado por la autoridad para sus reformas del presente año, hoy sin validez. “El reglamento impugnado se expidió invadiendo la esfera competencial de la Federación, en virtud de que compete a ésta legislar en materia de seguridad bancaria”, previó la Corte.
Al respecto el presidente municipal de Guadalajara, Aristóteles Sandoval Díaz, declaró que revisa alternativas “con las cuales podamos tener una mejor coadyuvancia y coparticipación en la seguridad de las instalaciones bancarias. Si bien lo estamos haciendo alrededor de las mismas (el patrullaje), no nos permite el tener un elemento ahí que debe de estar vigilando más espacios.
El alcalde se comprometió a revisar las opciones y “explorar” el convenio con Gobernación y con la misma asociación bancaria a nivel nacional.
En la sesión del 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Guadalajara tuvo que dejar sin efectos las reformas normativas que había aprobado el 2 de junio del presente año, por instrucción de la SCJN, por lo que los bancos ya no tendrán por qué contar con elementos de seguridad privada y otros requisitos que habrían de ser exigidos a partir de 2012 al momento de tramitar el refrendo de su licencia municipal.
Según expuso Sandoval Díaz, él había previsto que el sustento legal de dichas reformas durante su gestión, desde el momento de su aprobación a mitad de año, no le resultaban del todo convincentes.
“Vamos a tener que generar más argumentos. Recordarán en la sesión cuál fue mi planteamiento, dije que lo veía con algunas debilidades jurídicas, pero fue una propuesta de los regidores. Se aprobó pero esto yo lo comenté al momento de la aprobación, dije que tenía deficiencias jurídicas”.
TELÓN DE FONDO
Pendiente
Luego que la autoridad municipal repitiera en 2011 el mismo procedimiento legal de 1996 para diseñar una regulación de la seguridad bancaria, llevó a que la SCJN le notificara el 1 de diciembre pasado que estaba desacatando aquel asunto ya juzgado 15 años antes, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a dar marcha atrás con los recientes cambios normativos en su sesión del 15 de diciembre.
La Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia de Guadalajara intentó obligar a las sucursales bancarias a contar con medidas de seguridad como elementos armados y cámaras, integrándolos como requisitos para su licencia de giro (muy similar, dicho sea de paso, a la norma fallida de 1996), lo que adquiriría vigencia desde 2012, pero nunca emprendió el camino para convenir con la Secretaría de Gobernación una reglamentación específica bancaria para el municipio.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal denunció ante la SCJN el incumplimiento a su resolución el pasado 18 de noviembre.
Ediles del Ayuntamiento de Guadalajara estuvieron en riesgo de ser separados de su cargo y ser sujetos a un proceso penal si no daban marcha atrás a los cambios reglamentarios en un periodo máximo de 15 días luego de la notificación que les hizo la SCJN, el 1 de diciembre.
Superintendente de la Policía solicita la cooperación de la empresa privada
Emilio Díaz Colón precisó que las compañías privadas tienen una obligación en torno a la seguridad de sus establecimientos.
El Superintendente, quien atendió personalmente a los medios de comunicación para ofrecer más detalles sobre el asesinato, aseguró que las compañías también tienen una obligación en torno a la seguridad de sus establecimientos.
“No quiero ser sarcástico, pero hay que ser realista. Aquí las medidas (de seguridad) las tiene que tomar todo el mundo”, reconoció Díaz Colón. “Tiene que haber un nivel de seguridad en estos establecimientos. Le tienen que brindar protección a las personas en estos lugares”, sostuvo el jefe de la Uniformada.
El pasado sábado por la tarde, un hombre identificado como Rafael Pizarro Arzuaga, de 23 años de edad, fue asesinado en el estacionamiento de San Patricio Plaza.
Según Díaz Colón, el sujeto tenía un expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas, Ley de Sustancias Controladas y la Ley 54. El cuerpo del sujeto fue encontrado en el interior de una Toyota Tacoma y la policía ocupó una pistola Glock, que había sido reportada como robada en Puerto Nuevo, y un cargador de 15 balas.
El acompañante de Pizarro Arzuaga, Alexander Oliveris Neris, logró huir de los sicarios internándose en el centro comercial, donde fue detenido por personal de seguridad y entregado a la policía.
Al hombre se le había impuesto, en ausencia, una fianza de $840,000 por un asesinato en primer grado ocurrido el 14 de agosto, en las inmediaciones de un negocio ubicado en la avenida San Patricio, esquina con la avenida Américo Miranda. Oliveris Neris fue fichado, por ese delito, el pasado domingo.
El 6 de diciembre, Luis Daniel Valdez Meléndez, de 21 años de edad, fue hallado culpable por el asesinato de otro hombre en el food court del mismo centro comercial. El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, el sujeto mató a Emmanuel Zapata e hirió a dos mujeres inocentes.
fuente:Primera Hora
Elementos de seguridad privada del mercado Hermenegildo Galeana de la Heroica, informaron a seguridad pública sobre una persona del sexo masculino que habían detenido, luego de sorprenderlo cuando sacaba fotos con su celular a una jovencita que caminaban por los pasillos de las instalaciones del mercado.
Al llegar los elementos policiacos les fue entregado un sujeto quien responde al nombre de Felipe Sosa Ayala de 40 años de edad, con domicilio en calle Leona Vicario número 109 de la colonia Niño Artillero, mismo que fue trasladado a las instalaciones de la corporación para ser puesto a disposición ante el juez cívico en turno.
Al momento de hacer la revisión corporal se le encontró entre sus pertenencias el teléfono celular y al revisarlo se descubrió que había una videograbación en la cual se observaba a dicha persona abusado sexualmente de una menor de edad, quien al momento de ser cuestionado por las autoridades refirió que dicha menor es conocida y tiene ocho años de edad.
Ante tal declaración y con el nombre y características de la menor se ubicó a la madre de la misma para ponerle en antecedente de lo que había sucedido, y dieron a la conclusión el lugar donde la niña fue violada fue en un salón de clases del kinder adonde la menor acude para a estudiar que se ubica en la colonia Niño Artillero de esta ciudad.
Ante ello, la madre de la menor procedió a denunciarlo penalmente para que el sujeto pague por sus fechorías de Lamadrid de la menor se omiten sus generales por obvias razones; sin embargo, se sabe que la madre es vecina de la citada colonia.
El sujeto fue puesto a disposición ante el agente el Ministerio Público del fuero común como presunto imputado por el delito de abuso sexual, quedando bajo el número de carpeta de investigación CT-UESF/300/2011, cabe hacer mención que la policía municipal continúa haciendo su mejor esfuerzo para tratar de erradicar este tipo de delitos, por lo que siguen indicando la ciudadanía a que proceda denunciar para evitar la impunidad.