Desde mediados de 2010, Pedro trasladó la oficina de su empresa de embutidos y arrachera al Distrito Federal. Durante una década estuvo establecido en Monterrey, Nuevo León.
En este tiempo incrementó sus ingresos alrededor de 80 por ciento, lo que representaba en dinero real, algo así como 40 millones de pesos de ganancias al año, según explica este empresario de 45 años de edad.
“Es simplemente la cultura del esfuerzo que nos inculcaron desde niños a mis hermanos y a mí y que me gusta mucho mi chamba, es un buen trabajo que reditúa”, explica este regio al que la vida le ha cambiado.
Debido a la ola de violencia y las extorsiones a las que están sujetos en Monterrey, Nuevo León, empresarios como Pedro, han decidido mudarse al Distrito Federal para seguir con sus negocios y con la vida.
“Me resistía, porque según yo, en la capital la inseguridad está máscabrona. Pero después de saber que a uno de tus amigos lo desaparecen, a otro más le llegó una carta pidiéndole una millonada para no hacerle nada y otros más se fueron a Estados Unidos, la piensas, más cuando tengo uno de mis hijos muy pequeño, apenas tiene dos años”, justifica.
Pedro tuvo que aceptar comenzar de nuevo y contratar un chofer-guarura que lo custodia desde hace tres meses.
Reunidos en San José de Costa Rica, los miembros de la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (Clave), analiza la intervención cada vez más importante y desregulada de empresas de seguridad privada en los países de la región.
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Esta propuesta surge de los objetivos definidos como prioritarios en la Asamblea del año 2009. Se conforma un grupo de trabajo para la elaboración del proyecto que quedo compuesto por Inecip, Ilsed y Espacios (Argentina) junto con Ielsur (Uruguay) y CEJ (Paraguay).
El trabajo toma como referencia los diagnósticos base en materia de seguridad privada realizados por los miembros de CLAVE en el año 2008. Las instituciones participantes fueron: CEJIP (Bolivia), Ciprodeh (Honduras), Fundación Arias (Costa Rica), Iepades (Guatemala), Amnistía Internacional (Chile), Serpaj (Ecuador), Fespad (El Salvador), Ielsur (Uruguay), Ilsed (Argentina).
Para entender la situación, primero se formuló un diagnóstico en torno a la situación de la seguridad pública para comprender la dimensión del aporte que la seguridad privada provoca en el sistema.
Una forma de entender lo que nos pasa fue graficado con las mutaciones que sufre el espacio público: edificios con el salón de usos múltiples en el último piso y el filtro de seguridad en la entrada, atestados de cámaras. Ese es el concepto de vivir “bien” que ha ido creciendo frente a estados que no han dado en la tecla a la hora de ocuparse de la seguridad y que, por lo tanto, han dejado el tema en manos de empresas privadas. Antes, lo había delegado en las fuerzas policiales y ahora, ni siquiera en miembros de equipos formados por el propio estado.
Luego de que algunos jueces han sido amedrentados, amenazados y hasta atacados, analizan la posibilidad de asignarles seguridad privada.
El Magistrado de Circuito, Gonzalo Higinio Carrillo de León señala que es en los Estados de Baja California Norte, Sinaloa y Nayarit donde más se dan los ataques contra jueces, aunque aclaró, no se dan con mucha frecuencia.
“No son tan comunes, eso hay que decirlo, es la verdad, me parece que todavía existe un respeto hacia la Judicatura Federal, hay que reconocerlo, ha habido compañeros que han sido amedrentados, amenazados e inclusive han sido atacados en muy escasos casos”.
Con respecto a Tamaulipas, Carillo de León afirmó no existe el problema de amenazas contra jueces, sin embargo expuso que están analizando la posibilidad de que se les asigne seguridad privada para evitar posibles ataques contra éstos.
“Lo que nos motiva entonces a revisar el sistema de seguridad de los jueces y magistrados”, dijo y añadió que solamente aquellos juzgadores que por la alta responsabilidad de desempeñan obligadamente gozan de un sistema de guardias.
“No se ha considerado necesario hacerlo extensivo a todos los juzgadores federales del país por lo pronto, sin embargo si está al alcance la posibilidad de tenerlo si es que se considera necesario”, indicó el Magistrado de Circuito.
FUENTE: www.enlineadirecta.info
Más del 50 por ciento de los robos al transporte de carga del país ocurren en el Distrito Federal y sus alrededores, reveló la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS).
Las empresas que se encargan de custodiar a quienes llevan mercancías de un lugar a otro destacaron que el ilícito tuvo un incremento del 52 por ciento durante 2010 y que las delegaciones con mayor número de asaltos fueron Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco.
EL UNIVERSAL DF te presenta las cinco rutas consideradas de alto riesgo para los transportistas según la AMESIS:
- Autopista 57, México-Querétaro en el tramo que comprende entre el Distrito Federal y Palmillas.
- Carretera libre México-Puebla
- Carretera libre México–Cuernavaca
- Al Interior del Distrito Federal, las calzadas Ignacio Zaragoza y Javier Rojo Gómez (Oriente de la ciudad)
- Calles y avenidas ubicadas en el perímetro de las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
El Senado aprobará en su próxima sesión el proyecto de ley que regflamenta la actividad de la seguridad privada, comunmente denominados “patovicas”.
El senador Oscar Arletazz (PJ-Colón), autor de la iniciativa, expresó que su propuesta podría tratarse en la sesión de este martes y recordó que su objetivo es “regular y registrar la actividad de los patovicas, entendiendo como tales al personal civil que desempeña tareas de seguridad”. Cabe recordar que en Diputados también se dio media sanción a un texto que propuso Daniel Bescos (PF) con el mismo fin.
La iniciativa que impulsa Arletazz y que tendría media sanción el martes, busca ponerle un coto a la violencia injustificada en los espectáculos públicos y privados, en especial en los boliches, donde los jóvenes son víctimas del accionar de personas que, a pesar de estar encargadas de la seguridad, en la mayoría de los casos no cuentan con la preparación necesaria.
Según consigna RecintoNet, el proyecto de ley busca regular la actividad de los patovicas, con la consecuente creación de un registro y la implementación de un curso de capacitación obligatorio para quienes trabajen o deseen trabajar como guardia de seguridad.