La Federación de Servicios (FeS) de UGT Almería, tras reunión mantenida con Guadalupe Fernández, candidata del PSOE a la alcaldía de El Ejido, ha logrado el compromiso por parte de este grupo político de garantizar la licitación del concurso de Seguridad Privada en la medida que la situación económica lo permita, ya que entienden que “tiene que mantenerse la Vigilancia Privada para poder dedicar los recursos públicos en otras áreas como las patrullas rurales”.
Con este compromiso, en caso de alcanzar la alcaldía, se podrían garantizar los puestos de trabajo según hace mención al Articulo 14 del Vigente Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad, “ya que pasarían a ser contratados por la nueva empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de los edificios Nmunicipales, siempre y cuando se haga en el primer años tras la rescisión del contrato”.
“Desde este sindicato queremos manifestar y agradecer la expresa voluntad e Ninterés del PSOE, que ha sido la misma manifestada desde la UGT en todo momento, que es mantener estos puestos de trabajo y resolver la situación dramática en la que se encuentran los 25 trabajadores de Securitas, tras la rescisión del contrato mantenido con el Ayuntamiento de El Ejido por la deuda que mantiene contraída y que supera el millón de euros” se ha manifestado desde la Federación.
FUENTE: www.elejidoactualidad.comHoy se aprobó en primer debate en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que intenta poner orden en las agencias de seguridad privada en el país.
Como parte de las iniciativas presentadas por la ciudadanía en la Gran Marcha por la Paz hace un año, la Asamblea Nacional de Diputados acogió la propuesta de regular los servicios privados de seguridad en Panamá.
Los agentes de seguridad ven con buenos ojos estas medidas, ya que es una profesión que atraviesa muchos problemas laborales.
La Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad llevará a cabo la fiscalización e inspección de las agencias privadas, de manera que se impongan sanciones ante las irregularidades.
El proyecto de ley aprobado en primer debate establece, que los miembros de la Policía Nacional no podrán prestar servicio de seguridad privada, aunque sea en su tiempo libre.
FUENTE: tvn-2.com
Diputados dieron el visto bueno al nuevo secretario de Seguridad Pública, Gilberto Toledano Sánchez, con quien se reunieron ayer temprano.
Formado en la milicia y con un fugaz paso por la seguridad privada, Toledano Sánchez no es precisamente un experto en el tema de seguridad pública, pero tiene actitud. Es el resumen de los coordinadores parlamentarios del PRI, Nueva Alianza, PT y PAN.
El líder de los diputados del PRI, Omar Guerra dijo que durante el encuentro y a nombre de los diputados del PRI, ofreció ser coadyuvantes con el tema de la seguridad, siempre y cuando sea un secretario que se deje ayudar, que escuche y esté cercano a la población.
El líder de Acción Nacional, Luis Miguel Ramírez, comentó que le plantearon que haya un verdadero trabajo de participación ciudadana, que haya presencia policiaca en los cruceros, coordinación con las policías municipales, que aliste el trabajo administrativo e impulse la Policía Única.
En tanto, el aliancista Othón Sánchez dijo que le dio su respaldo y espera que presente el plan de acción y de trabajo a la brevedad posible.
FUENTE: www.diariodemorelos.com
La provincia firmó hoy un convenio con la Cámara Santafesina de Seguridad Privada (Casasep) que tiene como objetivo coordinar acciones entre ambas partes y sumar recursos para optimizar las tareas tendientes a garantizar la seguridad ciudadana.
El acto se desarrolló en el salón Blanco de la sede de Gobierno de Rosario, con la participación de los ministros de Gobierno y Reforma de Estado, Antonio Bonfatti, y de Seguridad, Álvaro Gaviola; y el presidente de la Cámara, Jorge Paleari.
En la oportunidad, Bonfatti remarcó que el acuerdo "permitirá trabajar conjuntamente entre lo público y los actores privados para lograr mejores condiciones de seguridad en la provincia de Santa Fe".
Al respecto, detalló que partir del nuevo convenio existirá la posibilidad de trabajar "en una mayor interacción con la Policía. Hay que establecer vínculos -continuó- para que cuando los agentes privados detecten algún tipo de ilícito, lo comuniquen rápidamente a la fuerza".
En otro orden, el ministro precisó que las agencias de seguridad privada "tienen alrededor de 9.000 hombres en la provincia y es necesario darle un marco de funcionamiento regular", al tiempo que adelantó que el gobierno provincial está trabajando en la elaboración de un soporte informático "para tener a todas las empresas en una base de datos, de modo que aquellos que soliciten sus servicios sepan a quiénes están contratando".
En la ceremonia también estuvieron presentes, los secretarios de Seguridad Pública, Horacio Ghirardi; y de Control de Seguridad, Facundo Paschetto.
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El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) denunció ayer el acoso por parte del presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Héctor Murguía Lardizábal, contra el personal de empresas privadas a quienes les exigen un “registro local”, pese a que cuentan con permiso federal para trabajar.
Según el organismo que agrupa a 300 empresas líderes en seguridad privada a nivel nacional, seis guardias de seguridad privada fueron arrestados en esa ciudad.
A través de un comunicado el CNSP reportó: “Funcionarios de algunas alcaldías, entre las que sobresale Ciudad Juárez, actúan al margen de la ley contra guardias de seguridad privada que sí cuentan con permiso federal para trabajar”.
El organismo consideró que la seguridad privada coadyuva en las labores de seguridad pública, al preservar los bienes patrimoniales de personas y empresas, por lo que resulta un contrasentido que la policía municipal inhabilite a personal profesional capacitado para prevenir y reaccionar ante ilícitos.
Por tal motivo, el CNSP denunció que alcaldes como Héctor Murguía Lardizábal y funcionarios municipales a su cargo se “empeñan en detener de manera arbitraria a guardias de seguridad privada”.
“Cuando las autoridades municipales entorpecen labores de seguridad privada, existen dos hipótesis: apoyo a los actos ilegales y/o afán de sobornar a las empresas de seguridad”, puntualiza.
FUENTE: eleconomista.com.mx