Ante el incremento en el número de delitos cibernéticos como el robo de identidad y la vulnerabilidad de la información que poseen las autoridades sobre los ciudadanos, es urgente crear una Ley de Protección de Datos Personales en Puebla, señaló Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
La comisionada reveló que el organismo que encabeza solicitó al Congreso del Estado integrar las bases jurídicas para crear esta ley. Indicó que el objetivo de esta norma es impedir que se cometan abusos en las bases de datos en posesión del gobierno.
Recordó que sólo cuatro Estados cuentan con una ley de esta índole, mientras que a nivel federal hay una protección de datos en poder de particulares, por lo que es preciso ampliar las garantías ciudadanas respecto al uso de información personal.
Mencionó que no existen estadísticas precisas que respalden la tesis sobre el aumento de delitos por el uso de datos privados, pero es preferible evitar este fenómeno.
Ibarra comentó que ya sostuvo algunas pláticas con el presidente de la Gran Comisión en el congreso, Guillermo Aréchiga Santamaría, así como con la presidenta de la Comisión de Transparencia, Josefina Buxadé Castelán. Ambos recibieron positivamente la iniciativa, dijo.
Asimismo comentó que la CAIP pugnará porque el pleno modifique la Ley Estatal de Transparencia y se atiendan los posibles rezagos que existen por ahora.
La comisionada reveló que el organismo que encabeza solicitó al Congreso del Estado integrar las bases jurídicas para crear esta ley. Indicó que el objetivo de esta norma es impedir que se cometan abusos en las bases de datos en posesión del gobierno.
Recordó que sólo cuatro Estados cuentan con una ley de esta índole, mientras que a nivel federal hay una protección de datos en poder de particulares, por lo que es preciso ampliar las garantías ciudadanas respecto al uso de información personal.
Mencionó que no existen estadísticas precisas que respalden la tesis sobre el aumento de delitos por el uso de datos privados, pero es preferible evitar este fenómeno.
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FUENTE: www.asturi.as
El Congreso ha rechazado la propuesta presentada esta semana por CiU que planteaba una reforma de ley que permitiese a los propietarios de un inmueble el acceso al Padrón Municipal para comprobar las personas que figuran censadas en la vivienda su propiedad.
La iniciativa del grupo catalán, respaldada por PP, PNV y CC, proponía la modificación de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal de 1999 para que los datos que figuran en el Padrón, como prueba para acreditar el domicilio habitual de un vecino, se faciliten al propietario.
Según el portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macias, el objetivo residía en “evitar que las viviendas en alquiler se utilicen como 'pisos patera' por parte de los inmigrantes”.
Hasta qué punto un derecho puede imponerse a otro ha sido la gran polémica debatida en los sillones del Congreso.
Los grupos parlamentarios PSOE y ERC-IU-ICV defendieron en el Congreso que el Padrón es un instrumento al servicio de la administración municipal y que airear sus datos conlleva un “riesgo intolerable”, según informa Europa Press.
Leer más: El Congreso rechaza la propuesta de CiU para legislar contra los ‘pisos patera’
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Presidencia de la República a entregar el directorio vigente de la Red Privada del Gobierno Federal, conocido como “teléfonos rojos”.
En sesión del pleno el IFAI consideró que los números que componen la red telefónica al servicio exclusivo de los funcionarios de alta investidura del Gobierno de México deben ser públicos.
En respuesta a un particular la Presidencia de la República había notificado su incompetencia para atender el requerimiento y lo turnó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Posteriormente, en respuesta al recurso de revisión, la Presidencia determinó clasificar el contenido como información reservada por un periodo de dos años, con el argumento de que el proporcionar la información pondría en riesgo la integridad de funcionarios públicos y que se podría comprometer la seguridad nacional, así como las acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación.
No obstante, el comisionado Ángel Trinidad expuso que no se acreditó en qué modo la entrega de este directorio de la Red Privada del Gobierno Federal pueda comprometer la seguridad nacional o poner en riesgo la integridad de los funcionarios.
La creencia de una considerable cantidad de ministros y funcionarios de que la Ley de Libre Acceso a la Información no es más que un “adefesio” provoca que no esté siendo cumplida, afirmó este jueves el director ejecutivo de Participación Ciudadana.
De acuerdo con Javier Cabreja, la cultura de la discrecionalidad impide que esa ley se aplique de manera efectiva. En muchas ocasiones, para denegar la información solicitada, los responsables alegan que tienen carácter privado y que se relacionan con la protección de datos personales.
Insiste el dirigente cívico en que es preciso superar los retos y limitaciones que aún existe para la implementación de la ley, para lo que no basta la instalación de oficinas de acceso en las instituciones.
La constatación de este incumplimiento, añade, motivó la convocatoria al panel “Diferencia entre lo íntimo, lo público y lo privado”, cuyo objetivo fue aclarar los alcances y aplicación de esos conceptos que se esgrimen para la no aplicación de la ley, con el alegato de que no fueron observados en la legislación
“Entendemos que ese derecho fundamental de acceso a la información pública tiene que ser garantizado por el Estado, por cuanto ya ha sido reconocidos por una ley pronunciada en el 2004 e incorporado como fundamental en la nueva Constitución del 2010”, explicó Cabreja.
Leer más: PC Aboga por cumplimiento Ley Acceso a la Información Púboica