Desconfianza, temor de que datos de niños y adolescentes caigan en manos de la delincuencia, sospecha de crear un sistema de control policial sobre población y pingüe negocio a compartir con empresarios, son las lozas que pesan sobre la Cédula de Identidad Ciudadana, sobre su bondad de proteger infantes, a ser robados y comercializados por traficantes de personas.
El diputado del PRD, Ilich Augusto Lozano Herrera, denuncia que en Baja California Sur, la Cédula de Identidad Ciudadana se ha convertido en un negocio privado al otorgar al Colegio de Frontera Sur la posibilidad de captura de datos lo que significa que un tercero, un particular, esté recopilando información sin una concesión formal lo que abre la puerta a que los datos pierdan su secrecía y terminen en manos de la delincuencia.
También la diputada del PT, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, denuncia que a pesar de que en 2010 y en este 2011 no se destinaron recursos para este proyecto, el gobierno federal realizó supuestas licitaciones fuera de cualquier norma para adjudicar el programa a empresas de dudosa reputación como Smartmatic, impugnada por otras como Cosmocolor.
Sin embargo, se reconoce que el problema del robo de infantes con el fin de ser vendidos para ilegales adopciones, explotación sexual, laboral y aun al inhumano tráfico de órganos, es grave en México, donde sólo uno de cada 10 niños sustraídos de su hogar, es recuperado por las autoridades, dice la diputada del PAN, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas.
Por ello la diputada panista demanda no politizar la emisión de la Cédula de Identidad Ciudadana, destinada a proteger a la población de 4 a 17 años de edad mediante un documento con huellas dactilares e iris de los ojos, que en primer lugar otorga seguridad a los menores y dificulta la creación de identidades falsas, aunque ésta cambie de nombre, rostro y sexo.
“Cada año alrededor del mundo miles de menores son víctimas de las bandas de traficantes de personas. La Cédula de iIentidad se muestra como una herramienta eficaz para prevenir a los menores contra esta lacerante realidad al ser un documento que indica cuál es su identidad y quienes sus padres”, dice la legisladora, al subrayar que hoy muchos padres que sufrido el secuestro de sus hijos, desearían haber contado con la cédula que, sin duda, facilitaría la localización de sus hijos.
Sin embargo diputados de oposición señalan todavía muchos “peros” para la implementación de la nueva Cédula de Identidad Ciudadana, además considerada un acto autoritario del actual gobierno federal que incumplió un acuerdo con el Legislativo que contemplaba un estudio detallado antes de tomar la decisión, sobre todo ante la incapacidad oficial en la protección de datos personales de los ciudadanos que, en su opinión, siempre terminan comercializados en el mercado negro.
Luego de encendido debate en pro y contra del decreto presidencial que inició la emisión de la Cédula de Identidad, el cual culminó con el exhorto parlamentario a suspender el proyecto, la discusión prevalece entre las distintas fuerzas políticas con el Ejecutivo Federal, sobre todo después de que el secretario Francisco Blake Mora ha interpuesto pretextos en su elusión a comparecer ante el Congreso a explicar en detalle el programa.
“Peros” de
la oposición
El diputado del PRI, Canek Vázquez Góngora, quien subió al pleno la propuesta de exhortar al Ejecutivo Federal a suspender el programa, argumenta que con el pretexto de combatir la inseguridad pública se pretende justificarlo todo con decisiones apresuradas que se traducen en tropiezos y errores por las prisas que evitan que el presidente vea y oiga al Congreso.
“Hemos visto que las bases de datos que se tienen se pueden conseguir en internet, en Tepito, en Santo Domingo”, dice al reclamar que la Secretaría de Gobernación ni siquiera tenga la certeza del resguardo de ésta y otras bases de datos con información personal de los ciudadanos.
Señala igualmente como grave que se inicie el proyecto sin el consentimiento de las entidades federativas, en que recae la responsabilidad de manejar el Registro Civil, argumento avalado por su compañera de bancada Yolanda de la Torre Valdez, quien señala que primero debe atenderse el hecho de que existen 10 millones de mexicanos no tienen un acta de nacimiento. “De éstos un millón de niños están en la nada jurídica, porque no cuentan con su primer elemento para su identificación”.
“¿Por qué no iniciamos con un profundo apoyo a los registros civiles para que los niños y niñas de este país no haya uno solo que no acta de nacimiento, primer elemento para su identificación”, dice la diputada priísta, al externar el temor de que la nueva base de datos terminen como los del IFE, Renave y del propio Cisen, vendidos en Tepito o divulgándose por internet.
La diputada del PT, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, va más allá que otro de los reclamos del Poder Legislativo se basa en que desde el presupuesto aprobado para 2010, se preguntaban en que base se determinaban las características de esa nueva base de datos con elementos como el iris de los ojos y parámetros que corresponden a Estados persecutorios de sus ciudadanos, con información no considerada dentro de los estándares internacionales en documentos de identificación.
“Nuevamente en el presupuesto aprobado en 2010 para 2011 la Cámara de Diputados decidió no adjudicar recursos a esta cédula y sin embargo que la cédula se instrumente en menores de edad. Es un desacato, es un arrebato. Es falto de facultades”, expresa la diputada petistas.
Desperdiciados 600
millones de pesos
En ese tenor el diputado del PVEM, Pablo Escudero Morales, denuncia que el gobierno federal destinó 600 millones de pesos para equipos con tecnología de punta, con el fin de resguardar los datos del iris, al subrayar contradicciones del decreto presidencial.
Explica que en el decreto del Ejecutivo se precisa que en los próximos cinco años el Registro Nacional de Población, los mexicanos a partir de los 18 años podrán registrarse y solicitar la expedición de la Cédula de Identidad, sin cumplir con el requisito de aportar los datos biométricos.
“Es decir con este decreto se deja sin efecto los equipos adquiridos con un costo de 600 millones de pesos por su tecnología de punta para guardar datos biométricos y ahora el gobierno federal dice que durante cinco años no se van a guardar porque no son necesarios. ¿Entonces por qué tirar 600 millones de pesos y causar un daño patrimonial a la nación?”, pregunta.
Por su parte el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera advierte que el proyecto tiene serios problemas en esencia, al señalar que por ello hay muchos actores en contra como el IFAI, el IFE y la CNDH que en concordancia con la Cámara de Diputados han lanzado constantes exhortos a que se suspenda la emisión de la cédula.
“Hay una necedad del gobierno por crear un proyecto que manifiesta la constitución de un Estado policíaco que pueda tener controlados a los mexicanos. Qué certeza le vamos a dar dar ahora con esta parte de registro de menores y qué certeza va haber de que los menores tengan los datos seguros. Dónde se van a guardar los datos”, pregunta.
Explica que en primera instancia se dijo que se iban a guardar en las propias instalaciones de la Secretaría de Gobernación, pero advierte que ello no es garantía para que no haya fuga de los mismos, sobre todo cuando el Congreso tiene pendiente la aprobación de la Ley de Protección de Datos personales en materia de entes públicos que permita la certeza del derecho a la privacidad de los mexicanos.
No obstante la diputada del PAN Rosi Orozco, la única de la bancada del PAN que subió a tribuna a defender el decreto presidencial, insiste en las bondades de la cédula al indicar que este documento no sólo es una garantía de seguridad a niños y niñas, sino también servirá en la agilización de trámites y servicios mediante una identificación efectiva y eficiente de menores para la inscripción en el sistema educativo, salud y pasaportes, entre otros.
Asegura además que se protege la confidencialidad de los datos personales ya que no incluye domicilio y demás datos más allá de los nombres de los padres. “Hay controles de confianza a las personas involucradas, un registro de su procesamiento, resguardo y expedición de la cédula, amén de que los equipos con que se cuentan son inviolables”, afirma la diputada de Acción Nacional.
En ese tono permanece el controvertido tema de la iniciación del proyecto de implementación de Cédula de Identificación Ciudadana, el cual a pesar de los muchos “peros” el gobierno federal para dispuesto a continuarlo a pesar de la oposición del Poder Legislativo y de los entes autónomos como IFAI, IFE y CNDH.
FUENTE: www.elpuntocritico.com