Ceuta:Denuncian que solo “dos vigilantes” prestan servicio en el centro de menores de La Esperanza

La asociación Marea Negra acusa además a Amgevicesa de cometer “un delito de intrusismo recogido en los artículos 402 y 403 del código penal”

Desde la asociación Marea Negra por la seguridad privada a nivel nacional han denunciado este domingo el escaso personal de seguridad el centro de menores de La Esperanza, que alberga “aproximadamente 155 menores”, y donde prestan servicio solo “dos vigilantes de seguridad”, señalando que “la ubicación es un vigilante por planta”, y que “el ratio a controlar por cada profesional es de 75 menores”.

Esta asociación cree que “dicho personal es insuficiente, ya que en caso de que hubiera una revuelta, dichos profesionales no podrían dar solución”, adviertiendo que “según nos informan estas situaciones se han dado y la han resuelto como han podido”.

El vicepresidente de la asociación, José Antonio Carbonell, defiende que “se tendría que aumentar la plantilla en dos vigilantes más un total cuatro y no dos como hay en la actualidad “, añadiendo que “sabemos que no existe la seguridad al cien por cien, pero de esta forma en caso de haber revueltas, estos profesionales podrían actuar con más solvencia”. Carbonell también critica que “los medios de los que disponen estos profesionales son insuficientes, se les tendría que dotar con material antidisturbios compuestos de un casco y escudo, para situaciones tales como las que hemos nombrado anteriormente”. Amgevicesa

Por otro lado, desde Marea Negra se asegura tener “constancia de que Amgevicesa efectúa el control de acceso al centro además del control y visionado de las cámaras, durante tardes y noches de lunes a viernes”, afirmando no entender “cómo la Ciudad Autónoma de Ceuta, que es la que gestiona este centro, permite que se vulnere una ley estatal como es la Ley de Seguridad Privada 5/2014, dejando que den servicios tales como el control de acceso al centro y visionado de cámaras, que solo lo puede hacer un vigilante de seguridad, además de permitir que estos operarios de Amgevicesa hagan servicio nocturno cuando está prohibido por esta Ley de Seguridad Privada”, cometiéndose “un delito de intrusismo por parte de estos operarios, recogido en los artículos 402 y 403 del código penal ”.

Parking  La asociación afirma no entender tampoco “cómo esta misma empresa presta servicios en los parking de la ciudad donde ejercen funciones de vigilancia y tendría que haber vigilantes de seguridad, dando lugar con estas actuaciones por parte de la Ciudad Autónoma a quitar puestos de trabajos a estos profesionales, en una ciudad donde hay 239 vigilantes de los cuales 125 están emparo”.

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El ocaso de la 'ley Mordaza'

A Eduardo Díaz, un joven agente comercial natural de la localidad de tinerfeña de Güimar, licenciado en Historia y con un máster en Formación del Profesorado, se le ocurrió el pasado mes de julio criticar en la red a la alcaldesa y la Policía Local de su pueblo. Los llamó «escaqueados» y «cracks», suficiente para recibir una denuncia por haber cometido una falta leve. Fue el primer afectado por la llamada ley Mordaza.

La Ley de Seguridad Ciudadana, que varios partidos quieren derogar -antes, incluso, de que el Gobierno tome posesión-, fue uno de los dictámenes más polémicos de la pasada legislatura. La norma, que entró en vigor el 1 de julio con el único apoyo del Partido Popular, llegó a las Cortes ya más suavizada respecto al borrador inicial propuesto por su equipo de redactores, miembros del Ministerio del Interior, que la defendió a capa y espada frente a quienes vieron en ella una maniobra del Ejecutivo popular para acallar las protestas sociales que llenaban las calles.

El fuego del 15-M, que se prendió en mayo de 2011, poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año, dejó rescoldos que salpicaron los primeros años de la décima legislatura y que se tradujeron en movilizaciones como los Rodea el Congreso o las Marchas por la Dignidad, que muchas veces acabaron en disturbios y, en este último caso, con más de 60 policías heridos.

Precisamente, alterar gravemente el orden público en las proximidades de la Cámara Baja se incluyó en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana como infracción sancionable, así como impedir un desahucio, escalar un monumento, acampar en la vía pública u okupar una entidad bancaria.

Unos supuestos -hasta un total de 44 tipos distintos- para los que la normativa contempla multas de 100 a 600.000 euros, cantidades que no implican subidas respecto a la anterior ley Corcuera. Al menos es lo que el titular de Interior, ahora en funciones, Jorge Fernández- Díaz, quiso dejar claro en sus numerosas intervenciones en las que defendió el carácter más garantista de la normativa que, entre otras cosas, prohibe por primer vez las redadas indiscriminadas o por razones étnicas.

También levantó una importante polémica la disposición adicional que se introdujo en la nueva norma para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las denominadas devoluciones en caliente de los inmigrantes irregulares que intentan saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

La tragedia del Tarajal, ocurrida el 6 de febrero de 2014 y en la que murieron 15 subsaharianos, tuvo mucho que ver en la inclusión de esa disposición, así como en el enfrentamiento entre el ministro y la entonces comisaria europea del Interior, Cecilia Malmström, que pidió a España explicaciones. Fernández Díaz no se cansó de recordar a sus socios comunitarios que las dos ciudades autónomas son frontera europea y que, por tanto, Bruselas debería involucrarse más, lo que se tradujo finalmente en una ayuda económica de unos 10 millones de euros.

EN EL ÁMBITO PRIVADO. Otra norma que podría tener los días contados es la de Seguridad Privada, censurada también por el PSOE, que ve en ella un intento de privatizar la seguridad pública.

Su posible socio en el Gobierno del cambio, Podemos, también ha solicitado ya la eliminación de esta ley. Según el departamento jurídico del Congreso, a pesar de que el Ejecutivo no está formado aún, el hemiciclo puede tener actividad parlamentaria para tramitar proposiciones de ley y no de ley, siempre que no exijan que el Gobierno se extralimite en las funciones que tiene asignadas en este período de transición....LEER NOTICIA COMPLETA.

Arrestan en Perú a exjefe de seguridad de mina por delitos contra comunitarios guatemaltecos

El Ministerio Público (MP) confirmó ayer en un comunicado sobre la aprehensión en Lima del exmarino peruano y exjefe de Seguridad de una minera en Guatemala, Alberto Rotondo, quien presuntamente ordenó el ataque a activistas comunitarios que manifestaban en contra de la empresa de extracción en 2013.

A Rotondo se le sindican los delitos de lesiones graves y leves, y de obstrucción a la justicia debido a un desalojo forzoso en el conflicto minero donde seis líderes comunitarios resultaron heridos de bala por guardias de seguridad privada de la mina San Rafael ubicada en Santa Rosa, bajo orden del exmilitar.

Un juez dictó arresto domiciliario, pero cuando la Fiscalía acudió a su vivienda el exmarino ya no estaba.

La mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, se dedica a la explotación de plata en el departamento de Santa Rosa.

Rotondo contaba con arresto domiciliario sin embargo no fue hallado en su residencia. La fuga de Rotondo fue denunciada por el abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción legal Ambiental y Social (Calas).

Según Maldonado, la huida del exmarino ocurrió luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenara su traslado a un centro carcelario, donde quedaría en prisión preventiva....LEER NOTICIA COMPLETA

España:Todas las claves para entender el lado más turbio del caso Madrid Arena

Los dos acusados de la empresa de seguridad privada Seguriber han declarado no haber recibido formación en seguridad o simulacros de evacuación, además de desconocer el aforo. El Jefe de Equipo de Seguriber ha dicho que a Flores, promotor de la fiesta, le permitiían hacer cosas que 'a otros promotores no les dejan', como realizar botellón o 'meter cosas' al recinto.

La quinta sesión del juicio del Madrid Arena ha comenzado este miércoles con las declaraciones del jefe de equipo de Seguriber (empresa responsable de la seguridad exterior del recinto), José Antonio Díaz Romero y de los coordinadores y ejecutores del plan de Seguridad, Juan José París Nalda y Raúl Monterde Guillermo.

Los acusados han comparecido en la Sala Cero de la Audiencia Provincial de Madrid para aportar su versión sobre el terrible suceso ocurrido en la macrofiesta de Halloween celebrada 1 de noviembre de 2012 en el recinto municipal Madrid Arena, donde perdieron la vida cinco jóvenes al ser aplastadas tras una enorme avalancha.

En la cuarta sesión del proceso judicial han declarado el técnico de Operaciones de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), José Ruiz Ayuso, y el director de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor Martín. Ambos, en declaraciones muy técnicas, han querido dejar constancia de que su nivel de intervención en la noche era mínimo y que eran subordinados.

Jose Antonio Díaz Romero, Jefe de Equipo de Seguriber

El jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero, ha afirmado este miércoles que la orden de abrir el portón por el que accedió a tropel la multitud que realizaba el botellón a las afueras del Madrid Arena la dio el coordinador de proyectos de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), Francisco del Amo.

Díaz Romero ha señalado que Del Amo le llamó a las 2.30 horas y le dijo que el director general de Diviertt Santiago Rojo iba a bajar a pedir la apertura. Díaz Romero entonces comunicó esta orden. Supo que era Del Amo por la voz, "aunque la llamada se produjera por el teléfono de José Ruiz Ayuso". Del mismo modo ha señalado que dicha apertura fue "bastante acertada".

El letrado de Madridec, Enrique Luzón, le ha recordado que en el juzgado de Instrucción dijo que sabía que era del Amo porque así se lo reflejó la pantalla del teléfono móvil, porque según Díaz Romero "normalmente llamaban con el teléfono particular".

Una de las acusaciones le ha preguntado en qué se basaba para decir que la medida era "bastante acertada" y Díaz Romero ha señalado que por esa vía "apenas entró gente". "La mayoría ya estaba dentro y ese portón sirvió más como vía de salida que como vía de entrada", ha añadido.

Además, Díaz Romero ha afirmado que escuchó por el walkie-talkie del jefe de equipo de Seguriber, Juan José París Nalda, que Del Amo había solicitado que la requisa fuera "más liviana" aunque la siguieron haciendo del mismo modo. Le ha dicho a la fiscal Ana Muñoz que no recuerda si al transmitir la orden de apertura del portón dijo que se lo había ordenado del Amo.

Por otra parte, ha asegurado que aquella noche no conocía el plan de autoprotección y que no ha recibido ningún curso sobre seguridad. Del mismo modo tampoco ha afirmado no haber hecho ningún simulacro de evacuación ni de seguridad. También ha señalado que "nadie" le comunicó el aforo de la fiesta. El acusado ha indicado que cuando no hay evento, sus acciones dependen de seguridad, y cuando lo hay dependen de la sección de operaciones. Del mismo modo ha señalado que como jefe de equipo lleva un año trabajando. Respecto a Kontrol 34, la seguridad establecida por Flores en el interior del recinto, ha asegurado que eran "machacas" y que se responsabilizaban de las filas y de los DNI.

Respecto al vigilante de cámaras, Roberto Mateos, Díaz Romero ha asegurado que no recibió en toda la noche ninguna comunicación del mismo. Además, ha indicado que era conocedor de que había cámaras que "solo" eran carcasas, como la situada en el vomitorio de la avalancha.

Del mismo modo ha señalado que había botellón en el párking, donde, "un nivel más arriba", había patrulla de policía. Si bien ha indicado que el número de policías era "mucho menor" aquella noche. "El plan de Seguriber se queda corto", ha indicado, aunque "aquella noche" desconocía el total de efectivos. Del mismo modo ha indicado que el promotor de la fiesta puede ordenar la apertura de las puertas del recinto, pero quien puede dar órdenes para abrir salidas de emergencia o puertas de evacuación era Madridec.

En este sentido, ha indicado que a Flores le permitían hacer cosas "que a otros promotores no les dejan", como realizar botellón a las afueras, dejar los escenarios montados de un espectáculo a otro o dejar meter "cosas" al recinto. Por otra parte ha señalado que el promotor de la macrofiesta, Miguel Ángel Flores, no le hizo ninguna "petición" a lo largo de la noche.

Juan José Paris Nalda, Coordinador del Plan de Seguridad Seguriber

El coordinador del Plan de Seguridad de Seguriber, Juan José Paris Nalda, ha afirmado este miércoles que se enteró de la avalancha a las 6 de la mañana -esta se había producido a las 3.30 horas-- porque se lo comunicaron "altos cargos de Madridec".

A pesar de que se enteró a esa hora de lo ocurrido, ha señalado que, junto a otros miembros de Seguriber, entre ellos el vigilante de cámaras, vieron a una joven tumbada en el suelo, la tomaron el pulso y "viendo que no tenía" la llevaron al botiquín. Allí, según su relato, entraron, vieron una camilla, y salieron porque detrás de ellos "había más gente", aunque no recuerda si llevaban más víctimas. Paris ha afirmado que llegó el día de la tragedia sobre las 21 horas al Madrid Arena.

 Una vez allí ha indicado que tuvo conocimiento de que se indicó que la requisa "se aliviara", ya que lo había ordenado Francisco del Amo. "Se dijo que no, y se argumentó que si lo había pedido Del Amo se tenía que hacer", ha afirmado. Aún así Paris Nalda ha puntualizado que la requisa "continuó de la misma forma".

En este sentido ha señalado que podía recibir órdenes tanto Del Amo como del subdirector del departamento de seguridad, Rafael Pastor. "Hasta el inicio del acto la seguridad depende del departamento de Seguridad, después depende del departamento de Operaciones", ha indicado.

Al igual que Díaz Romero, Juan José Paris, ha negado haber recibido formación en seguridad o simulacros de evacuación. También ha afirmado desconocer el aforo del recinto y que el mismo se podía establecer por plantas.

Respecto a cuáles eran las salidas de emergencia, ha indicado que eran: "el túnel de pabellón de cristal, muelle mónico y el portón de mercancías de cota cero". Paris ha señalado que esas puertas estaban "liberadas" desde las 8 horas de ese día, al comienzo del montaje de la fiesta, para que "una persona que no conozca la instalación pueda abrirla". El acusado ha indicado que a todos los miembros de seguridad, 38 en total, "se les dan indicaciones".

También ha sido requerido sobre la función del vigilante de cámaras, Roberto Mateos -acusado de ausentarse toda la noche de su puesto de trabajo--, quien debía velar porque "todo el sistema funcionara" y que estuviera "atento" por si había que establecer el sistema de autoprotección. Si se ausentaba del puesto, le debía sustituir "el ronda de llave".

Ha afirmado conocer el plan de autoprotección del recinto municipal, y ha señalado que de las dos personas que deben estar en las salidas de evacuación, una debe ser miembro de Seguridad y la otra puede ostentar cualquier otro cargo. El acusado ha criticado el "muy escaso" número de vigilantes de la macrofiesta.

Al ser preguntado por el botellón que se realizaba en el párking del recinto, Paris Nalda ha señalado que este había sido desalojado "en otras ocasiones", pero no así durante la trágica noche, donde había "entre tres y cuatro vehículos de policía", una cantidad que ha calificado como "poquísima"...LEER NOTICIA COMPLETA.