SEGURIDAD

•La formación de los agentes

Un curso de 12 horas para ser vigilante en los atuneros

El guarda que mató a su jefe en el 'Txori Gorri' no entrenó con armas ni pasó test psicológico

Los violentos sucesos ocurridos el pasado día 8 en el atunero vasco Txori Gorri cuando faenaba en el océano Índico, en los que un vigilante de seguridad mató a su superior y posteriormente se suicidó, ha vuelto a poner de actualidad un asunto que parecía haberse alejado del foco mediático: la seguridad de los buques que trabajan frente a las costas de Somalia y que se ven obligados a llevar vigilancia privada embarcada ante la amenaza de los piratas. Y en este caso en particular, sobre las condiciones en la que se desarrolla esta actividad.

Juan Manuel Marchante, jefe de seguridad del Txori Gorri, ex infante de Marina y experto en su campo, que resultó muerto por Juan José Vera cinco días antes de volver a casa, venía alertando por escrito a su empresa de que éste no era «estable». Lo notificó varias veces y desde el primer mes. Vera realizó un curso en Madrid, en la empresa Seguribérica, que cumplió con lo estipulado en cuanto a horas formativas: según la normativa, que data de 2011, un mínimo de 10 horas. Es lo que está establecido para poder ejercer la seguridad privada y se exige lo mismo para un vigilante de seguridad del metro o de un centro comercial que para un vigilante de seguridad marítima en el Índico.

El trabajo a bordo de los buques incluye repeler ataques piratas, utilizar armas largas y trabajar bajo una fuerte presión psicológica, en medio del mar, durante ocho meses al año, en dos turnos de embarque de cuatro meses y dos de descanso. El curso de capacitación que realizó Juan José Vera fue de 12 horas, repartidas en dos tardes. Y según aseguraron fuentes conocedoras de su formación, no se le realizó ni test psicológico ni entrenamiento con armas.

Los expertos en la materia no tienen dudas: «El fallo ha estado en el filtro». Quien así habla es Pablo (nombre ficticio), instructor de vigilancia de seguridad marítima, que ha participado en misiones en el golfo Pérsico y en el Índico y ha adiestrado a muchos de los que hoy trabajan jugándose la vida frente a las costas de Somalia. Apunta que en la fecha en la que Juan José Vera realizó el curso, a principios de diciembre, pocos profesionales querían embarcar con las Navidades a la vuelta de la esquina. Un ex jefe de seguridad marítima abunda en que en diciembre «era lógico que nadie quisiera embarcar. ¿Quién va a querer hacerlo en Navidad con las circunstancias de ahora? Pues los colgaos, o los que no tienen a nadie esperándolos».

Así que «bajaron el nivel y tiraron de gente no tan formada», cuenta Pablo. Dos instructores de los cursos, profesionalmente «de los mejores de España», se quejaron verbalmente a Seguribérica. «Cortitos y con sifón, fue la frase que se dijo». A finales de la primera semana de diciembre, Vera, que era guarda jurado, embarcó en el Txori Gorri. Cuando Pablo leyó la noticia del incidente supo inmediatamente que «tenía relación con el último curso», aunque él no lo impartió. Un curso que el celo profesional de su instructor logró alargarlo hasta las 12 horas, dos más de lo obligado. «En Polonia hay cursos que duran 14 días. Y el pasado verano, en Portugal, se hizo un curso para personal iberoamericano que duró 21 días. Compara eso con las 10 horas que es el mínimo exigido en España», explica Pablo.

«El fallo en el Txori Gorri estuvo en el filtro», coincide otro instructor. En ese curso de Seguribérica, la selección curricular de los aspirantes a ser vigilantes de seguridad marítima la realizó una persona cuyas funciones eran «administrativas» y se recurrió a la bolsa que la empresa tiene «de la sección de guardas jurados». Además, no se efectuó evaluación psicológica. Y por último, la empresa «está reestructurando personal y ha prescindido de buenos profesionales que hacían la selección». En resumen, «se la han jugado y les ha salido mal». Si a estos fallos se suman los emails enviados a la empresa por el propio Juan Manuel Marchante alertando de la inestabilidad de su compañero, la cadena de errores se completa.

Ruth García Llave es profesora de la Universidad de Cádiz (UCA) especializada en Seguridad Marítima. Pertenece al Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera en Especialidad Marítima y es instructora del curso Vigilancia en Buques para otra empresa privada. Ella también coincide en que «no se dieron todos los pasos debidos para el filtro» y critica que, en el curso, asignaturas que ella imparte en la UCA y que duran un año «se condensan en un solo tema, en cursos de 10 horas». «Aquí lo que ha fallado es lo que ha hecho el libre albedrío de la empresa». Porque sin un test psicotécnico «no hay garantías de que la persona supere la presión que existe en un ámbito tan cerrado como un barco».

En octubre de 2012 tuvo lugar el último ataque a un pesquero español. «Los atuneros no siguen una ruta definida, así que los piratas prefieren a mercantes, con rutas trazadas de antemano, porque lo tienen más fácil para atacar», explica Antonio (nombre ficticio), ex compañero del fallecido. El menor número de ataques ha provocado que los armadores hayan pasado de contratar a cuatro vigilantes por barco a contratar tres, e incluso dos. «Se exige el mismo protocolo para cuatro que para tres o dos. Se realizan turnos de 12 horas, se trabaja asumiendo la labor del que falta, y para colmo se cobra menos». Mucha, mucha presión. «Ahora los vigilantes funcionamos como quitamultas: sin seguridad privada a bordo, no hay aseguradora que asegure el barco, y como apenas hay ataques, se va a lo mínimo».

A bordo de un atunero se vive en alerta, por los piratas y por los atunes. Cuando el buque encuentra un caladero, larga la panga, que es la red a través de la lancha aparejada al atunero, y empieza a pescar. Entonces, el barco se vuelve totalmente vulnerable. «Si una embarcación pirata te ve a tres millas echando la panga, el barco está perdido», resume Antonio. De esta manera fue abordado el Alakrana.

Esta situación exige que los profesionales conozcan el uso de las armas. «Yo me he encontrado con gente que ha superado el curso y luego no sabía disparar». Él mismo ha vivido situaciones «como repeler, con el barco en movimiento, un ataque de un esquife pirata, con tres vigilantes, y tener que poner al patrón del barco con los prismáticos, porque mientras disparábamos tenía que haber alguien vigilando el resto de los 360 grados que rodean al barco, por si atacaba otro esquife por otro lado»...LEER NOTICIA COMPLETA.

Cadiz:Succesos · El crimen del atunero

Cuando embarcar es una ruleta rusa

Para la Asociación Marea Negra, la tragedia del 'Txori Gorri' responde a una negligencia. Testimonios de varios agentes relatan diversas irregularidades en la labor de Segur Ibérica.

Lo sabía”, esas son las dos palabras que repiten, que se repiten al hablar entre ellos, los compañeros de Juan Manuel Marchante en el Índico. Embarcar era, desde hace tiempo, una ruleta rusa a la que jugaban todos. “Lo sabía”. Y luego: “Podría haberme pasado a mí”.

“Yo podría ser la víctima –dicen, en conciencia amplia y anónima–. Pero a veces pienso que también podría haber sido el otro. Ya sabes, el otro”.  

Es decir, Juan José Vera, que embarcó hace cuatro meses junto a Marchante en el Txori Gorri para encargarse de la seguridad en el atunero. Juan Manuel Marchante avisó durante todo el servicio de los indicios de inestabilidad que veía en su subordinado, que había llegado a amenazarle. La semana pasada, al término de una guardia, Vera le disparó desde lo alto del puente y después, según versiones cercanas al propio barco, se pegó un tiro. Con anterioridad, Vera había secuestrado las armas de sus compañeros.  

Los servicios de seguridad a atuneros en el Índico incluyen manejo de armas de guerras   y se realizan en circunstancias exigentes, de casi total aislamiento con el mundo exterior durante mareas de hasta dos meses. Cuando se abrió la posibilidad de incluir personal con experiencia militar en las mismas, se exigía cuatro años de servicios en cuerpos de élite y experiencia en misiones internacionales. No es, desde luego, un desempeño convencional. “Si, con conocimiento de las circunstancias y entrenado para ellas, la mente se te puede ir –comentan distintos operativos–, imagínate sin estarlo”.  

Juan José Vera entró a prestar este servicio tras el vacío de personal al que tuvo que hacer frente la empresa Segur Ibérica las pasadas navidades. El vigilante pasó una prueba exprés “por teléfono” que no incluía calibración psicológica y sólo dos días de preparación en el manejo de Alakrana militar.  

No es la primera irregularidad de la que hablan. “En los casi tres años que estuve allí –relata un ex trabajador–, no vi nada parecido a un seguimiento psicológico”. Tampoco es la primera vez que se da una reacción extrema, que podría incluirse en paranoide, por parte de algún miembro del equipo de seguridad –excepto que este ha sido el primero en causar dos muertes–. E irregularidades las hubo, afirman, desde un primer momento, propiciadas por el “deprisa, deprisa” que causó el secuestro del Alakrana en 2009.   

Como denuncia la Unión Independiente de Trabajadores, que ha solicitado sendas investigaciones a la Dirección General de Marina Mercante y a la Audiencia Nacional, existen “irregularidades relativas a la titulación de los vigilantes de seguridad desplegados en el Índico”, así como al “régimen de la Seguridad Social” al que se estos encuentran adscritos. Durante todos estos años, los miembros de los equipos de seguridad españoles han circulado por la costa somalí sin la documentación preceptiva (tarjeta marítima), aunque desde la UEse alertó de que esa situación tenía que corregirse antes de 2009. Todo ello, sumado a “amenazas, veladas o no; cambios en los contratos; situaciones de desamparo...”  

Las supuestas faltas cometidas por Segur Ibérica –que no realizó declaraciones tras contactar con ellos– son tantas y tan absolutas que uno se pregunta por qué una empresa, sea cual sea, se arriesgaría tanto. “Porque se creen intocables”, contesta un ex agente.

Desde la Asociación Marea Negra exigen que se depuren responsabilidades en la compañía –una firma “bastante problemática”, según la organización– por lo ocurrido en el Txori Gorri:“Desde el jefe de operaciones a las personas que tiene a su alrededor. Lo que han hecho es una negligencia”, declara José, vicepresidente de la asociación, que subraya cómo los parámetros de selección fueron adelgazando hasta el escenario de diciembre de 2015. “Por no hablar de los recortes de sueldo, de hasta un sesenta por ciento y que repercuten en la especialización –continúa–. Segur Ibérica ha contado con contratos millonarios tanto durante el gobierno del PSOE como con el PP. Algo tiene que haber detrás.  Hay que depurar responsabilidades hasta las máximas consecuencias, hasta la Secretaría de Estado, ya que una de sus funciones es controlar a las empresas de seguridad”.  

El extraño cóctel que supone presencia de seguridad privada manejando armamento bélico en un buque mercante tiene su origen en la crisis de 2009 en aguas somalíes. Ante la atmósfera de alarma que había creado el secuestro del Alakrana, y con la flota atunera sin atreverse a salir de puerto –y anotando pérdidas millonarias–, el Gobierno se vio en la obligación de dar respuesta inmediata.

La Unión Europea acababa de poner en marcha la Operación Atalanta y España fue “la primera nación que vio la necesidad de luchar con tra la piratería en la costa de Somalia –explican desde la Armada– y, desde el mismo inicio de la operación, ha sido uno de los grandes contribuyentes de unidades militares”.  

Sin embargo, aunque la presencia militar en la zona ha resultado  vital en todo momento, tanto a nivel disuasorio como por cuestiones de geoestrategia, la única defensa efectiva contra la actividad pirata es desde los propios mercantes: “Si un atunero es interceptado y da señal de auxilio, puede suceder que la fragata más cercana esté a 600 millas”, explican.  De modo que la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, negoció con el gobierno de Seychelles la posibilidad de que la flota atunera española contara tanto con armamento militar proporcionado desde el Gobierno como con personal especializado a bordo, a modo de “supuesto excepcional”.    

  El Gobierno accedió a las demandas de los armadores que implicaban armamento de gran calado, pero mantuvo su negativa ante la petición de embarcar a infantes de Marina en barcos de pesca españoles “al no estar previsto por ley” –aunque la legislación sí se modificó para que los buques pudieran portar y usar armas de guerra–.

No obstante, la iniciativa terminó contando con antiguos infantes de Marina que –como Marchante– dieron el salto a la seguridad privada. De facto, lo que se realizó fue una “externalización encubierta de las labores de las Fuerzas Armadas” afirman compañeros del...LEER NOTICIA COMPLETA.

Los vigilantes de seguridad hablan y cuentan lo que nunca dicen: sus 5 problemas

Cada vez abundan más, pero la imagen que tenemos de ellos suelen ser bastante mala. Muy pocos se han atrevido a preguntarse por los problemas que sufren cada día

Hasta el nombre con el que solemos conocerlos suena despectivo. “Segurata”, en lugar de guardia o vigilante de seguridad. Se trata, sin ninguna duda, de uno de los sectores profesionales que peor consideración tienen entre la sociedad, entre sus compañeros, entre sus contratantes y entre sus clientes. Para los policías, son unos esbirros de las empresas privadas que les han arrebatado parte de su poder; para la mayor parte de la gente, el brazo blando de la ley, falsas figuras de autoridad cuyo trabajo lo podría hacer cualquiera.

En definitiva, señala una nueva investigación publicada en el 'European Journal of Criminology', pocos sectores encajan mejor que el del agente de seguridad en la definición de “trabajo sucio”. Como explica “Doing 'dirty work': Stigma and esteem in the private security industry”, es uno de los trabajos más estigmatizados, en cuanto que la suciedad de su trabajo abarca tres dimensiones: es una suciedad física (a menudo deben interactuar con personas peligrosas en situaciones de peligro), sociales (porque “necesitan comportarse de una forma servil con sus empleados y clientes”) y moral (porque su sector los percibe como una vergüenza para la profesión).

Me he vendido, me limito a hacer el trabajo por el que el cliente me paga

Es innegable que es cada vez más común que en los Estados democráticos modernos, las agencias de seguridad privadas cumplan parte del rol que en el pasado era detentado por la policía. Sin embargo, y como recuerda la investigación, “la industria de la seguridad privada opera en un contexto en el que la gente aún espera que la seguridad sea proporcionada por el Estado”. En esa situación, los vigilantes privados son los encargados de llevar a cabo el trabajo sucio que el sector público no quiere o piensa que no le incumbe realizar.

Los investigadores descubrieron que las conclusiones de dos trabajos diferentes realizados en Suecia y en Inglaterra tenían muchos puntos en común. Fuesen los agentes de seguridad británicos que trabajaban en un centro comercial o en unos estudios de televisión o los suecos que guardaban el cuartel de policía y se preocupaban de que no se 'okupasen' edificios vacíos, sus preocupaciones eran universales. Y, en muchos casos, pasaban por el desprecio que supone provenir de ocupaciones “mal pagadas, de clase trabajadora”.

¿De qué sirve mi trabajo?....LEER NOTICIA COMPLETA.

La Junta condena las agresiones sufridas por varios profesionales en el centro sanitario de Lepe

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa condenan y muestran su total rechazo a las agresiones sufridas en las últimas semanas por varios profesionales del centro sanitario de Lepe, ubicado en dicho distrito, durante el desempeño de su actividad asistencial

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa condenan y muestran su total rechazo a las agresiones sufridas en las últimas semanas por varios profesionales del centro sanitario de Lepe, ubicado en dicho distrito, durante el desempeño de su actividad asistencial

El delegado territorial del ramo, Rafael López, ha visitado este miércoles, en compañía de la directora del distrito, Alicia Cominero, las instalaciones con el objetivo de respaldar la labor de los profesionales y mostrar su solidaridad hacia el colectivo afectado, así como realizar un llamamiento público en contra de esta clase de comportamientos incívicos. En el acto, han estado acompañados por representantes del Ayuntamiento de Lepe, ha informado la Junta en una nota.

Según ha explicado López, "cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, que se produzca dentro o fuera de un centro sanitario no puede justificarse bajo ningún concepto". "Los profesionales del sistema sanitario prestan un servicio indispensable a la ciudadanía y no podemos tolerar que ocurran esta clase de sucesos", ha remarcado. Con relación al funcionamiento del centro de salud del municipio lepero durante el día de hoy, en el que está prevista una movilización del personal, la asistencia a la ciudadanía está completamente garantizada.

Plan de prevención

Ante esta serie de agresiones, el Distrito Huelva-Costa ha activado el protocolo específico desarrollado por la Consejería de Salud, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico a los profesionales afectados. Esta actuación forma parte del 'Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan las agresiones.

En el marco del plan, el trabajador afectado cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, siempre que decida denunciar lo ocurrido, como así ha ocurrido en estos casos. La asesoría jurídica asiste y representa a los profesionales en el juicio, para lo cual se ha elaborado un decreto que habilita a los letrados de la administración sanitaria a representar a los profesionales del SAS. En este sentido, conviene recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en este ámbito, castigándose con penas de uno a tres años de prisión, a lo que han contribuido los encuentros entre los responsables de la Consejería de Salud y del ámbito judicial para promover esta tipificación.

El sistema sanitario público andaluz fue el primero en diseñar y aprobar un plan de este tipo, al objeto de articular acciones para evitar situaciones de conflicto, profundizando a la vez en las relaciones de respeto mutuo entre ciudadanos y profesionales.

El plan también ha permitido dotar a los centros sanitarios de la provincia de Huelva de una amplia batería de medidas de seguridad y protección —en concreto 1.756—, entre las que se incluyen vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas....LEER NOTICIA COMPLETA.