IV Congreso regional del sector

Salamanca:Más de 150 profesionales de empresas de seguridad se reunirán en Santa Marta

IV Congreso regional del sector

Más de 150 profesionales de empresas de seguridad se reunirán en Santa Marta

Santa Marta de Tormes acogerá este miércoles, 4 de mayo, el IV Congreso de Seguridad Privada en Castilla y León.   “Una vez más y como cuarta ocasión consecutiva, la provincia de Salamanca acoge esta jornada que se ha convertido en un referente internacional en materia de seguridad privada”, explica el organizador,  Juan Carlos Robledo Hernández, director del Área de Seguridad y Servicios Generales de Caja Rural de Salamanca.

El encuentro, organizado por el Departamento de Seguridad de Caja Rural de Salamanca y la publicación SEGURITECNIA, con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes e Iberdrola, se centrará en la seguridad en infraestructuras críticas y servicios esenciales, así como la seguridad como pilar de garantía para la continuidad de negocio empresarial.

Las ponencias abordarán cuestiones como la ciberdelincuencia, situación actual del terrorismo internacional o resilencia organizacional. Está prevista la asistencia de más de 150 profesionales y directivos de empresas de seguridad internacional, representantes de la Unidad Central de Seguridad Privada del CNP, SEPROSE de la Dirección General de la Guardia Civil, personal del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas (CNPIC), representantes de las distintas Comisarías y Comandancias de la Región y personal de seguridad de embajadas, entre otros....LEER NOTICIA COMPLETA.

UGT y sindicatos de la policía alertan de falta de personal de seguridad en las estaciones

Los trabajadores critican que un solo vigilante hace el control del equipaje y que cinco minutos antes del embarque, si hay mucha cola, no pasa las maletas por el escáner

La estación de tren tiene activado un protocolo de nivel 4 de seguridad por alerta antiterrorista, en virtud de eso, las maletas tienen que pasar por un escáner para controlar cuál es su contenido. Los trabajadores se quejan de que un solo vigilante no puede hacer ese trabajo, ya que, mientras mira la pantalla no puede estar pendiente de otras cuestiones, como qué otras pertenencias pasan los usuarios en sus ropas. Los sindicatos policiales CEP y SUP se quejan, además, de que cuando faltan cinco minutos para que salga el tren y hay mucha cola, no se realiza el control del equipaje

El sindicato UGT alerta de que la estación de tren de San Cristóbal no cuenta con el personal suficiente para realizar el trabajo de vigilancia del equipaje de los viajeros, ya que un solo trabajador se encarga del control por escáner. El sindicato asegura, además, que cuando quedan menos de cinco minutos para que se marche el tren, no se realizan los exámenes oportunos a las maletas, ya que un solo trabajador no consigue analizar todos los enseres de los pasajeros y se abren las puertas para evitar que los viajeros se queden en tierra.

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sandra Castro, incide en que una sola persona no se puede hacer cargo del escáner, ya que mientras mira la pantalla para ver el contenido de las maletas no puede estar pendiente de lo que pasa a su alrededor. Fuentes de la Confederación Española de Policía (CEP) explican también que en los últimos cinco minutos del embarque no se realiza ningún tipo de control.

Esta situación se da en una infraestructura a la que se le ha aplicado un refuerzo del nivel 4 de seguridad por alerta antiterrorista.

Los trabajadores -que pertenecen a una empresa privada contratada por Adif-, según explica UGT, se rigen "por normas verbales" y tienen todavía muchas dudas sobre cómo desempeñar su labor una vez que los viajeros han pasado en torno y van a embarcar en el tren. Entre las dudas que UGT manifiesta que los trabajadores tienen, están, por ejemplo, qué prendas de abrigo es obligatorio pasar por el escáner o dónde se revisa una maleta en caso de tener que hacerlo manualmente y qué pasa con el resto de pasajeros que esperan en la fila para embarcar. Desconocen también cuáles son los objetos que no están permitidos en el tren o cómo hay que operar con las personas con movilidad reducida, ya que solo hay una cinta y un escáner y no un detector de metales.

"La seguridad, en estas instalaciones tan susceptibles de sufrir un atentado terrorista, no puede estar sin unas órdenes de puesto claras, aplicables y concisas que, desde luego, no le corresponde a los vigilantes de seguridad disponerlas", explica UGT, en una nota enviada a los medios de comunicación. La formación sindical ha pedido que se aclare esta situación y, adelanta que, si no obtiene respuesta, trasladará sus dudas a la Brigada Provincial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Inspección de Trabajo y Dirección de Protección y Seguridad de Adif.

Adif no ha contestado a las preguntas de este diario sobre la situación actual de este servicio en la estación de San Cristóbal y sobre si se tomarán medidas para mejorar el control del equipaje de los viajeros....LEER NOTICIA COMPLETA

Cordoba:Ocupacion de Pisos

La ocupación de casas en la capital ha elevado el debate sobre la posible existencia de mafias y su perjuicio para vecinos y familias sin hogar

En la última semana, los vecinos de la urbanización Azucena en el Parque Azahara se han acostumbrado a vivir bajo la vigilancia de agentes de seguridad privada, después de que la Policía frustrara la ocupación de ocho viviendas vacías por parte de un grupo de personas con actitudes violentas. En el otro extremo de la ciudad, la comunidad que habita la urbanización Los Encinares de Alcolea celebra que en los últimos días la presencia policial a las puertas del complejo haya ayudado a evitar la entrada de sujetos indeseables y ajenos a la vecindad, mientras planean emprender acciones legales contra los «okupas» reincidentes que cada semana hacen suyas las casas inhabitadas, causando disturbios en la zona. Estos dos recientes casos de ocupación de viviendas han lanzado a la palestra el debate, hasta ahora silenciado, sobre la posible proliferación de bandas organizadas que ven en los edificios vacíos un filón para el negocio ilícito y la delincuencia por deporte.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica dejaron edificios a medio construir y cantidad de unidades residenciales sin vender, muchas de ellas ahora en manos de las entidades bancarias tras la quiebra de sus promotoras. En la citada urbanización del Parque Azahara, los «okupas» se lanzaron a la conquista de ocho viviendas que sabían vacías -propiedad de Vymplica- ante la incredulidad y frustración de los vecinos del bloque, paralizados ante las amenazas de estos delincuentes y que aún hoy rehúsan a hablar públicamente de lo sucedido por miedo a represalias. En este caso no se trataba precisamente de la ocupación a la desesperada de una familia recién desahuciada, sino de un acto de pura y dura delincuencia cometido por «vecinos de las Palmeras», según la Subdelegación del Gobierno y que fue frustrado por la Policía concluyendo sin detenidos. El suceso prendió la mecha y en los pasillos del Ayuntamiento y las dependencias del Gobierno comenzaron a sonar las expresiones «mafia», «banda organizada», «efecto llamada», «unión institucional», a la vez que otras voces lo negaban todo achacando lo ocurrido a simples «casos aislados».

Si el móvil de los ocupas del Parque Azahara era instalarse en las mencionadas viviendas, lo que está pasando en Los Encinares de Alcolea los ocupas acuden cuando se acerca el fin de semana y han llegado a asaltar hasta nueve viviendas vacías de una promoción de casas adosadas, propiedad de una entidad bancaria, con patio y piscina particulares. «Vienen el fin de semana, como quien tiene una casa rural», explica a ABC uno de los vecinos, que lamenta que «los que vivimos aquí hemos invertido mucho dinero en estas casas y muchos estamos pagando hipotecas».

La Policía Nacional ya ha identificado a varias personas, pero la problemática continúa, según los vecinos afectados.

Inmobiliarias, otra víctima

El problema está más extendido de lo que parece, o al menos así lo aseguran las fuentes consultadas por ABC de diferentes agencias inmobiliarias con actividad en Córdoba. Relatan un episodio que se repite con demasiada frecuencia: los agentes inmobiliarios acuden a enseñar un piso a su posible futuro propietario y lo encuentran ya ocupado. No hay distinción de barrios ni perfiles: desde Ciudad Jardín hasta el Parque Figueroa, pasando por Santa Rosa. Ante esta coyuntura, las inmobiliarias dan parte al propietario -normalmente, entidades bancarias- para que éste haga el resto, y se conforman con la posible pérdida de la firma de un contrato.

Oportunismo insolidario

Además de los casos de Parque Azahara y Los Encinares, en la última semana se ha conocido la ocupación de dos viviendas en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo. Su alcalde, Miguel Ruiz Madruga, asegura que la situación no es alarmante pero debe abordarse con sentido común y evitando frivolidades para que no derive en un problema de orden público. «Hay mucha gente que necesita una vivienda social con carácter de urgencia», asegura, una situación de la que se aprovechan estas posibles bandas organizadas cuyo objetivo no es entrar en el circuito de la asistencia social. A su juicio, la solución pasa por la unión entre administraciones, tanto para asistir a quien lo necesite -evitando desahucios y negociando soluciones habitacionales con los bancos-como para abordar con «contundencia» las ocupaciones ilegales.

Una tesis similar es la que mantiene Stop Desahucios...LEER NOTICIA COMPLETA.

CASO VIGILANTES EN LOS PESQUEROS

«En cuatro meses en alta mar cualquier problema te tortura»

Jugarte la vida. Estar alerta en todo momento. Vivir al límite. Tener la cabeza fría. No tener miedo. Sentir la responsabilidad y el compromiso. Manejar armas militares. Abrir fuego si te atacan.

Todo eso es lo que vive Pablo Santos a diario durante cuatro meses en alta mar, a veces sin atracar el barco en 60 días.

Luego descansa otros dos meses en casa. Este toledano de 37 años lleva algo más de seis, desde enero de 2011, dando protección privada a los atuneros españoles que faenan en aguas del Índico.

‘¡Son piratas’! es una de esas frases que retumban en su cabeza cuando habla de su experiencia. Lo hace con tranquilidad e incide en la importancia de la fortaleza mental para realizar este trabajo.

«Cuando embarcas no puedes traer nada de casa, tienes que tener la cabeza limpia. Esto es como un ‘Gran hermano’.

En cuatro meses en alta mar cualquier problema te tortura, se multiplica por 20 y estás a 8.000 kilómetros, sin comunicación, no puedes solucionar nada», detalla.   Define como «apasionante» su trabajo. Manejar armamento militar y velar por la seguridad de la treintena de marineros embarcados en el buque son dos de los alicientes para este ex de la Brigada Paracaidista. En alta mar no está solo. Los equipos de vigilancia suelen estar integrados por tres profesionales, antes eran cuatro. La rebaja de ataques piratas a los barcos, conscientes de que llevan esta protección especial, ha repercutido en este descenso de personal. Actualmente la flota de pesqueros vascos ronda la veintena. Tienen de media unos 100 metros de eslora.

La comunicación con el mundo desde ellos es muy complicada. «Las llamadas son caras y solo seis o siete tienen conexión a Internet, vives en ese micromundo», explica.  Pablo no recuerda la cifra exacta de asaltos sufridos en este tiempo. Recuerda la dureza de los inicios -«era día sí y día también»- algo que ha cambiado mucho en los últimos dos años. Pero él se acuerda al detalle de lo ocurrido el 10 de octubre de 2012. Con probabilidad el suceso más grave. Seis piratas somalíes atacaron con armas de fuego el barco Izurdia cuando faenaba a 350 millas de la costa. «Ese día estábamos muy cerca de Somalia, cuanto más cerca estás, más fácil es que te pille el lobo. El barco tuvo un problema que nos obligó a volver a puerto. Fue ahí. Yo salía de guardia y el compañero nos avisó. Nos encontramos un esquife -embarcación pequeña y muy rápida que usan los piratas- que estaba a cuatro millas de distancia», cuenta.  Estaba claro que iban a ser atacados. Pablo recalca que la utilización de las armas es siempre «la última opción». «Intentamos evitar el enfrentamiento por todos los medios. Dimos la vuelta, pero los esquifes van a mucha velocidad. Iban a 22 nudos y un atunero no coge más de 17. Siempre te acaba alcanzando».

Se pusieron «tan cerca que hubo que dar los avisos de seguridad, en total son cuatro». «Llegó un momento en el que nos tuvimos que defender, abrimos fuego y ellos también», continúa.  Finalmente los piratas desistieron. La embarcación dio aviso a la Operación Atalanta y fueron detenidos al día siguiente por un barco de la Armada holandesa. Los seis asaltantes fueron condenados por la Audiencia Nacional a principios del año pasado a 16 años y medio de cárcel por este suceso. «Ese día temí por mi y por la de todos», reconoce.  Según la sentencia, los condenados integraban «una cédula de asalto o grupo de acción pirata organizado con material y elementos destinados al abordaje y secuestro de barcos comerciales que navegaban por el Océano Índico frente a las costas de Somalia» y ya habían participado con anterioridad en acciones de este tipo. «Nosotros, los de seguridad, somos para ellos un trofeo. Yo tengo claro que me coge un pirata y me saca cortándome el cuello», sostiene. «Tuve que declarar ante la Audiencia Nacional por esto. Nuestro trabajo no es un juego». No suele fardar de lo que hace, «hablo solo si me preguntan», dice, pero el desgraciado suceso del pasado 8 de abril en el navío Txori Gorri  donde él había estado destinado en varias ocasiones ha hecho que dé paso adelante. Hace casi un mes un vigilante mataba a tiros a su compañero en el y se suicidaba dos horas después con un tiro en el pecho. Pablo conocía a la víctima, «que deja hijos». Su imagen de tipo duro, con pelo rapado al cero y bien musculado, contrasta con su manera de explicar las cosas. «Era un profesional magnífico y esto no tenía que haber ocurrido nunca», dice con lágrimas en los ojos.  Respecto al otro compañero, cree  que entró en la empresa en enero de este año provocando esta dramática situación solo cuatro días antes del desembarco, es decir, de volver a tocar tierra. «Se hizo una mala selección y la empresa debería dar explicaciones pero solo calla», denuncia.  Pablo no para de repetir que este es un «caso aislado» y se ve en la «obligación» de defender a los «profesionales» del sector, aunque tampoco elude el tirón de orejas a la empresa que contrata al personal y a la administración pública que «debe velar por la seguridad de todos». Por eso, reivindica la creación de una figura profesional específica, la de vigilante marítimo, para dar mayores garantías y evitar situaciones «lamentables». «Creo que los requisitos para acceder a este puesto deberían ser más duros, como ocurría cuando yo entré.

No vale con que seas vigilante y tengas licencia de revólveres y escopetas del 12. Allí no utilizas eso. Yo me he encontrado compañeros que no habían manejado las armas que tenemos en el barco en su vida, ni esas ni ninguna. Además, en el mar todo es muy diferente», cuenta. «Eso nos pone en riesgo a todos, sé de gente que ha entrado en pánico y se ha escondido al prever un ataque», avisa.  Pablo llegó donde está después de una larga carrera militar y en el sector de la seguridad privada. Perteneció durante seis años a la Brigada Paracaidista y participó en varias misiones en el exterior. Recuerda especialmente las de Bosnia, en 1998 y en 2003. «Por problemas familiares lo dejé», cuenta. Después se sacó el título de vigilante de seguridad, de escolta y de vigilante de explosivos. Estuvo unos años en el centro comercial ‘Luz del Tajo’ y después se encontró con el mar. «Soy aventurero, estaba cansado de la monotonía del centro comercial y surgió esta oportunidad. Necesitaban un perfil como el mío y me hicieron las pruebas», cuenta.  En total cinco filtros distribuidos en diez días más o menos. Varios test psicotécnicos de más de 300 preguntas cada uno, reuniones grupales para debatir y ver cómo solucionar posibles problemas en alta mar, además de una entrevista con psicólogos y con responsables de recursos humanos, detalla.  Este fue el primer paso. Al conseguir el OK tuvo que hacer un curso preparatorio de tres días. «En aquellos tiempos todos los que estuvimos ahí pertenecíamos o habíamos pertenecido a las Fuerzas Armadas, todos», recalca.  Empezaron 40 y acabaron 20. Después les hicieron «mil pruebas más», cuenta, «de drogas, de tóxicos, de todo, además de estudios para ver si estás un poco tocado». «Hace seis años tenías que estar totalmente limpio para acceder a este puesto de trabajo, en todos los sentidos», recalca. «Las cosas han cambiado, ahora no se está haciendo igual», advierte. Los motivos son claros y ya los ha expuesto anteriormente: «En aquél momento había muchísima actividad pirata y necesitaban a gente muy preparada, militares, porque en alta mar si ocurre algo estás vendido, y entonces ocurría todos los días, ahora llevamos dos años sin un ataque serio», insiste. «Los piratas siguen estando, porque tú los ves, pero no vienen como antes. Ellos identifican los atuneros. A ocho millas puedes identificar estos barcos. Son conscientes de que llevan seguridad y que les vamos a repeler el ataque. Nosotros también sabemos quiénes son ellos con un vistazo», añade.  

Pablo está en contacto con la asociación ‘Marea Negra’ de seguridad privada y se está planteando crear una asociación específica de vigilantes marítimos.  Cree que es clave también luchar para que esta profesión esté bien remunerada. El sueldo se ha rebajado «casi a la mitad». «Yo empecé cobrando 5.400 euros y ahora llego a los 2.800 porque soy jefe de equipo»...LEER NOTICIA COMPLETA.