Las empresas granadinas de seguridad privada han llegado a una situación límite. Los concursos públicos a los que concurren para llevar a cabo sus servicios presentan tal tipo de cláusulas, que les hacen inviable su participación y les abocarán al cierre en un plazo mayor o menor. La mejor prueba de esto es que si hace unos años convivían entre diez y doce empresas con razón social en la provincia y que daban trabajo a unos 500 vigilantes, hoy son tan sólo dos las que siguen peleando por seguir trabajando, Alhambra Seguridad y Protección y SOS, con unos 220 empleados.
La Asociación Granadina de Empresas de Seguridad (Ages) denunció ayer esta delicada situación y las barrabasadas que se cometen por parte de las instituciones sin que nadie ponga freno a las mismas. Su junta directiva, a la que apoya la Confederación Granadina de Empresarios, aseguró que las distintas administraciones dejan a estas empresas fuera de sus concursos porque aplican unos requisitos que calificaron de «leoninos». Y de paso ponen en bandeja a las grandes firmas nacionales o multinacionales el hacerse con los mismos.
El presidente de la mencionada organización sectorial, Javier Juárez, puso como mejor ejemplo de todo lo anterior, el último concurso aparecido, el de la empresa pública Fermasa. Este establece condiciones como el que la adjudicataria ha de disponer de una póliza aseguradora de cobertura de responsabilidad civil de sus empleados, con una cobertura mínima de 25 millones de euros. Tal cantidad exige el pago de una prima que no puede ser asumida por una pequeña empresa. Ages ha decidido recurrirlo.
FUENTE: www.ideal.es
La fragata 'Canarias' sustituirá el próximo 3 de enero al buque de aprovisionamiento de combate 'Patiño' que, a causa de una avería en uno de sus motores, ha tenido que ser relevado como embarcación de mando de la operación que la Unión Europea lleva a cabo frente a las costas de Somalia, en el Océano Índico, y que ha sido bautizada con el nombre de 'Atlanta'.
Así lo ha anunciado la ministra de Defensa, Carme Chacón, durante la videoconferencia que, con motivo de las fiestas navideñas, ha mantenido con el contraalmirante Juan Rodríguez Garat, que el pasado 14 de diciembre asumió el mando de la Fuerza Naval de la Unión Europea, una tarea que corresponderá a España hasta el próximo 14 de abril. Esta es la segunda vez que nuestro país dirige esta operación.
El 'Patiño' sufrió una avería en uno de sus dos motores dos días después de tomar el mando y se decidió sustituirlo por la fragata Canarias, que zarpó de la base naval de Rota (Cádiz) el pasado 22 de diciembre. Según ha detallado Chacón, la embarcación se encuentra ahora navegando por el Mediterráneo y está a punto de cruzar el Canal de Suez, con lo que está previsto que pueda sustituir al 'Patiño' dentro de cinco días.
El contraalmirante Rodríguez Garat ha reconocido que la fragata carece de los "recursos logísticos" que tiene el buque de aprovisionamiento, pero ha garantizado que este cambio no implicará diferencias en el desarrollo de la misión.
Leer más: La fragata 'Canarias' sustituirá en el Índico al buque 'Patiño'
Los vecinos del edificio Bell-Park de Reus, ubicado en la avenida de Sant Jordi, hace tiempo que están estudiando la posibilidad de cerrar las galerías interiores, donde se encuentran las entradas a las diferentes comunidades y algunos bajos comerciales y de oficinas. Aunque la idea hace unos tres años que se está barajando, tal y como han reconocido a esta redacción fuentes de la mancomunidad de vecinos, durante las últimas semanas ha tomado más fuerza, hasta el punto que el pasado 13 de diciembre tuvo lugar una reunión donde volvió a tratarse el tema.
El Diari se dio una vuelta ayer al mediodía por la zona y pudo constatar, a través del testimonio y opinión de algunos vecinos, que el motivo principal por el que se están planteando cerrar esta zona de paso (que es de propiedad privada) es de seguridad e incivismo. Al tratarse de un lugar escondido, parte del vecindario se siente inseguro y se queja también de la presencia puntual de jóvenes que practican ‘botellón’ o molestan al circular con bicicleta o patines.
La dificultad para, finalmente, tomar la decisión de cerrar las galerías radica en el hecho de poner de acuerdo a una comunidad de vecinos muy numerosa. Exactamente, el edificio Bell-Park está compuesto por siete comunidades, con 38 pisos cada una de ellas. Eso significa que, calculando una media de tres personas por vivienda, en esta conocida urbanización de la avenida de Sant Jordi residen cerca de 800 personas.
Leer más: Los vecinos del Bell-Park estudian cerrar las galerías por seguridad
Desde mediados del mes de noviembre el polígono de la Grela dejó de contar con los servicios de los tres vigilantes nocturnos contratados por la asociación de empresarios y que venían patrullando todas las calles de la citada área industrial. Y lo mismo ocurrió con el guarda de Monte Alto, el vigilante de los Mallos y los dos guardianes de Nostián.
Y todo ello porque un informe elaborado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento coruñés y del departamento correspondiente de la Policía Nacional recogiese que las patrullas y vigilancia que realizaban estos guardianes por las vías de titularidad pública de sus correspondientes áreas de trabajo «eran ilegales según recoge la Ley de Seguridad Privada que entró en vigor en el año 1992», señaló Germán Lago, director de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña.
Estos servicio se venía desempeñando desde hacía varios años «gracias a una habilitación municipal que permitía la antigua Ordenanza de Vigilantes Nocturnos», indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Florencio Cardador. Pero fue hace tres años cuando los técnicos del Ayuntamiento consideraron que esa concesión podía estar derogada por la nueva Ley de Seguridad Privada, «y era necesario regular la situación y por eso se solicitaron los informes pertinentes y se alertó a los responsables de las contrataciones. Y fue a mediados de noviembre cuando obtuvimos la respuesta y nos vimos obligados a inhabilitar esa concesión», subrayó Germán Lago.
Leer más: El Ayuntamiento elimina la vigilancia privada de la Grela al considerarla «ilegal»
La Agencia de Protección de Datos decidió archivar la denuncia sobre la legalidad de la cámara de videovigilancia de la zona de ocio de Sarria.
El motivo de no seguir adelante con la denuncia fue la imposibilidad de localizar la ubicación exacta de la cámara.
Esta decisión no es compartida por la asociación Movemento polos Dereitos Civís (MpDC) que recordó que la Delegación del Gobierno había confirmado que la cámara era privada sin tomar ningún tipo de medida contra la misma.
Desde el MpDC invitan a los ciudadanos que puedan aportar algún tipo de prueba documental sobre la existencia de la mencionada cámara que la aporten para darles la posibilidad de seguir con la investigación.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es