El sector de la seguridad privada no para de crecer en España, a pesar de la crisis. En los dos últimos años se han dado de alta 275 nuevas empresas y la plantilla de vigilantes ha aumentado en 6.500 empleos. La facturación sí ha bajado: un 5,5% en el 2009 y casi un 3% en el 2010. Hay más trabajadores, pero facturan menos horas de servicio. Si hace dos años el negocio demandaba 20.000 nuevos vigilantes, hoy dice tener sus necesidades cubiertas con los ya habilitados que se han reincorporado tras probar fortuna en otros sectores, como la construcción.
Según datos adelantados a La Voz por Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 13 grandes empresas del ramo en España y que acapara el 80% de la facturación, en la actualidad hay 89.500 vigilantes de seguridad en activo, aunque el número de habilitados es más del doble. A esta cifra en activo hay que agregar 30.507 escoltas, 17. 876 vigilantes de explosivos, 7.160 directores de seguridad y 2.822 jefes de seguridad. Todo ello suma 147.865 personas, que son más que las que aglutinan la Policía Nacional -64.045- y la Guardia Civil -79.401- juntos. De las fuerzas de seguridad públicas, la mayor plantilla la acaparan las policías locales (85.500), que ya son menos que los vigilantes de seguridad privada.
Margen de crecimiento
No obstante, el sector en España aún tiene mucho margen para crecer hasta equipararse al de los principales países de la UE. En la actualidad la ratio de fuerzas de seguridad privada por habitante (uno por 525) está entre las más bajas de Europa. Países como Polonia, con bastante menos población que España, tienen casi el doble de vigilantes de seguridad privada. De los seis grandes países de la UE, solo Italia tiene menos empresas de seguridad privada y menos vigilantes que España.
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Con los índices de delincuencia disparándose en algunas ciudades debido a los problemas económicos, el viernes se presentó en Galicia la Unión de Asociaciones de Empresas de Seguridad de España, que servirá de interlocutora con las administraciones públicas en Madrid a la hora de reclamar mejoras en la calidad de los servicios o la creación de un código deontológico. El presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (Aesga), Roberto Lage, ve necesario disponer de este foro pese a mantener vivos organismos autonómicos como el gallego, que lleva en funcionamiento 17 años.
¿A cuántas empresas representa la asociación gallega?
Ahora somos 36 empresas de tres hasta 1.000 trabajadores. Tenemos de vigilancia, de instalación de sistemas de seguridad, receptoras de las señales de alarma, formación y consultoría. Ya tenemos una experiencia de 17 años, porque Aesga se creó en 1991.
En tiempos de crisis los robos aumentan, ¿esto está beneficiando al sector a la hora de aumentar contratos?
El sector de la seguridad privada estaba creciendo de una manera adecuada, aunque en este momento es cierto que se ha producido un cierto estancamiento. Muchas empresas reducen la inversión en seguridad. El sector del transporte de fondos sí se ha visto afectado de una manera importante porque se reduce el número de clientes con la crisis.
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El incrementos de los asaltos a casas y naves industriales ha comenzado a repercutir en la contratación de seguridad privada en urbanizaciones y polígonos industriales, según confirmó ayer Roberto Lage, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia.
Durante la reunión en Palexco de la Unión de Asociaciones de Seguridad, Lage indicó que, aunque se ha detenido la creación de empleo, el sector «está aguando la crisis» y mencionó no solo la apertura de nuevos centros comerciales y grandes superficies como una de las razones, sino también la incidencia de los asaltos a chalés y naves comerciales, que empuja a la contratación de seguridad privada y sobre todo la instalación de sistemas electrónicos o alarmas. En concreto, el presidente de Aesga se refirió al repunte sufrido con la apertura del Ikea, que provocó una «tremenda captación de vigilantes al principio, que después se redujo supongo que porque las expectativas de ventas no se cumplieron», y más recientemente a la incorporación de seguridad privada en el polígono de A Grela y en urbanizaciones en la zona de Iñás, en Oleiros.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
Los líderes de la banda “Las Ficheras”, detenidos por la Procuraduría General de Justicia esta semana. Fueron descubiertos por ser una organización criminal dedicada al robo de automóviles que operaban una empresa de Seguridad Privada que, con engaños y haciéndose pasar por una empresa honorable, ofreció sus servicios al Complejo Cultural Universitario.
El director de la empresa, Cristian Jorge Torres Vázquez, de 26 años; y su segundo al mando, Mario Alfredo Bartolomé de la Rosa de 23, alias “El Chiquilin”, tenían una empresa llamada Josat Seguridad, los cuales ofrecieron servicio de seguridad en conciertos como los de Juan Gabriel y Mijares, o espectáculos artísticos como Ben 10.
Ambos, junto con “El Charly”, Carlos Alejandro Rodríguez Tirso de 27 años, quien era el coordinador de eventos, contrataban jóvenes estudiantes y desempleados para fungir como personal de seguridad durante los conciertos y luego los despedían sin pagarles, argumentando que los clientes no les hacían los depósitos a tiempo.
Su actitud ante la falta de seriedad para pagar los respectivos emolumentos, generó inconformidad en los empleados quienes comenzaron a amenazar a Cristian de demandarlo si no les pagaba, sin embargo, Torres Vázquez los amedrentaba asegurando que su padre, Jorge Salvador Torres Vázquez de 45 años, también detenido en el operativo de la Procuraduría General de Justicia, era comandante de la Policía Ministerial, por lo que nada le podían hacer, era intocable aseguraba a los cuatro vientos.
Eso ocasionó que perdiera clientes y trabajadores poniendo en riesgo su forma de vida y la de sus secuaces, que como fue dado a conocer por la PGJ, se organizaron para delinquir, robando automóviles de las personas que estaban o salían de los antros en estado de ebriedad, asimismo asaltaban casas y atracaban a transeúntes.
FUENTE: www.mpuebla.com
Entró un ladrón, le robó lo que llevaba en el bolso y se marchó
A plena luz del día, en su propio despacho, sin armas, un joven de origen árabe - según explicaba a la SER la propia magistrada - robó el bolso de la juez María Concepción Azuara mientras estaba trabajando en su despacho de Valdemoro: "Él esperó a que estuviera sola. Se conoce que me estuvo controlando desde fuera", comentaba la magistrada que asegura que el ladrón le amenazaba con que se estuviera quieta.
La gravedad del suceso ha provocado la apertura de una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la adopción de nuevas medidas de seguridad, que falló por todos los lados. El ladrón intentó escaparse con el bolso de la magistrada pero los gritos de ésta pusieron en alerta al personal del juzgado, al vigilante de seguridad privada y a una guardia civil que se encontraba en las dependencias, sin que nadie hiciera nada por detenerle. Nadie pudo ver por donde escapó porque el juzgado no tiene cámaras de vigilancia y tampoco pasó por el arco detector de metales, según el relato de la propia juez: "Le dije a un Guardia Civil lo que me había pasado en ningún momento le identificó", aseguraba la juez. La Comunidad de Madrid ya está poniendo remedio pero del ladrón, ni rastro.
Además, se da la circunstancia de que la magistrada había advertido al personal de su oficina y a la seguridad privada que solicitaran la identificación de cualquier persona que quisiera verla. Una medida de seguridad suplementaria dado que la juez acababa de incorporarse a este destino después de haber trabajado varios años en San Sebastián.
La Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han puesto en marcha una investigación y algunas medidas de seguridad extras para evitar sucesos similares.
FUENTE: www.cadenaser.com