A partir de hoy se tipifican más delitos en España. La principal novedad para las empresas es la resposabilidad penal de las personas jurídicas.
EXPANSIÓN le ofrece las 10 claves.
A partir de mañana, día de Nochebuena, y tras cumplirse hoy la prórroga de seis meses tras su publicación en el BOE, se aplicarán los amplios cambios normativos que aumentan la tipificación de delitos recogidos en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que reforma sustancialmente el Código Penal que estaba vigente en España desde 1995. Muchos de ellos afectan a cuestiones esenciales del llamado Derecho Penal de la empresa.
El más importante es que la responsabilidad penal, que hasta ahora sólo podía pivotar sobre personas físicas, también recae ahora a las personas jurídicas. Pero hay otros puntos de la reforma que se refieren a materia mercantil, fiscal, laboral, administrativa y medioambiental que vale la pena destacar.
EXPANSIÓN detalla las 10 cuestiones clave de la reforma del Código con la ayuda de los bufetes Baker & McKenzie, Ernst&Young, Gómez-Acebo & Pombo y Uría Menéndez.
Por ello desde las administración se deben llevar a cabo todos lo protocolos de seguridad y todas las actuaciones necesarias para que esto datos estén protegidos. Para ello existe la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Estas normas deben ser cumplidas con estricta cautela debido a las graves consecuencias pecuniarias que pueden derivarse de su incumplimiento tanto para los profesionales sanitarios como para los establecimientos tanto públicos como privados.
De este modo los pacientes y los usuarios de la sanidad pública o privada, de forma directa o por medio de su representante legal, tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos de carácter personal contenidos en su historial médico.
En este sentido la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denuncio en noviembre de 2010 ante la Agencia de Protección de Datos los convenios suscritos entre el Ministerio de Trabajo y las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y Murcia. Estos convenios señalan que las distintas Comunidades Autónomas a través de sus Consejerías de Sanidad y de sus servicios Públicos de Salud se comprometen a capacitar a los Inspectores Médicos del INSS para el acceso informatizado a los historiales clínicos desde su puesto de trabajo.
La Sindicatura de Greuges ha criticado que la Mancomunidad del Alto Palancia, en Castellón, no respetó la ley de Protección de Datos al trasladar al Ayuntamiento de Chóvar datos personales de una de sus vecinas, lo que, según ella, le "perjudicó" en su puesto de trabajo.
Esta mujer remitió una queja a la Sindicatura en la que denunciaba que dicha mancomunidad "vulneró" la ley al facilitar datos personales "solicitados por la alcaldesa de Chóvar, que han comportado que se le perjudicase en su puesto de trabajo", y que le fueron remitidos sin su autorización.
La ley de Protección de Datos establece que cualquier tratamiento de datos de carácter personal deben contar con el consentimiento del titular de esta información, aunque puntualiza que no es necesaria esta autorización si se trata de una comunicación entre Administraciones Públicas.
Esta excepción sólo es válida si se trata de una transmisión de datos con fines "históricos, estadísticos o científicos", algo que no sucede en este caso concreto.
La Sindicatura explica que los datos objeto de la queja se refieren a la "salud y la discapacidad de las personas físicas", que "sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".
Ante estos hechos se recomienda a la Mancomunidad del Alto Palancia que disponga del consentimiento de los titulares, "que deberá ser expreso en cuanto a los datos de salud, o tener la suficiente cobertura legal para poder proceder a la comunicación de los datos sin el consentimiento de los afectados".
En este sentido se emplaza a la administración a reparar "los daños y los perjuicios causados" a la querellante.
FUENTE: www.abc.es
Esta plataforma ciudadana está formada por organizaciones de la sociedad civil de diversos ámbitos e individuos particulares unidos con la finalidad de promover la adopción e implementación de una ley orgánica de acceso a la información en España.
Más de 80 países han regulado ya el derecho de acceso a la información. “Este derecho, esencial para el mantenimiento de un estado democrático moderno, ha demostrado ser una herramienta fundamental para el desarrollo y el fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos, para la lucha contra la corrupción y para la mejora y optimización de los recursos” afirma, en un artículo publicado en el “El País”, Victoria Anderica, coordinadora de proyectos de Access Info Europe, organización dedicada específicamente a la promoción y defensa del derecho de acceso a la información, y miembro fundador de la Coalición Pro Acceso.
Los trabajadores sociales reflexionan hoy sobre el desarrollo de su labor y la ética profesional en la prestación de los servicios asistenciales y cómo hacer frente al cumplimiento de la ley en la protección de datos y el secreto profesional. Con estos objetivos se celebra hoy en Zaragoza el VIII Observatorio de Servicios Sociales, convocado por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y que ha sido inaugurado por la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández.
Para esta sesión se ha elegido como tema la "Ética, Secreto Profesional y Protección de Datos en la Intervención Social" y contará con la intervención de profesionales como Mª Jesús Uriz, de la Universidad pública de Navarra; Francisco Cucala, juez magistrado de Madrid y Susana Rodríguez, técnico de la Administración pública del Estado.
Unos planteamientos que, según ha señalado la consejera a los medios antes del acto, coinciden con los del departamento en un momento de consolidación de los servicios sociales y del desarrollo de la nueva ley, del catálogo de prestaciones y del mapa estratégico.
Y es que, ha reconocido, los profesionales del trabajo social están relacionados con todos los ámbitos del departamento y además participan en el desarrollo de numerosas normas.
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