Reduce S.L., empresa navarra especializada en la destrucción confidencial de documentos, la gestión de archivos y el asesoramiento y adaptación de las empresas a la Ley Orgánica de Protección de Datos, ha adquirido nueva maquinaria y se ha trasladado al Polígono de Mutilva.
Estas nuevas instalaciones, informa la empresa en un comunicado, centralizarán todas las actividades que desempeña la compañía, que además ha adquirido nueva maquinaria para "consolidar y ampliar nuestra oferta de servicios en destrucción documental", ha señalado la directora-gerente de Reduce, Elena Mateo.
La introducción de estos equipos ha supuesto la aplicación de nuevas tecnologías y sistemas de trabajo que han agilizado y simplificado la eliminación física de documentos, con lo que "hemos mejorado nuestros niveles de atención al cliente, rapidez y productividad", ha indicado Mateo.
Por ejemplo, la empresa ha completado los servicios de destrucción "in situ" que practica su flota de camiones en Navarra, La Rioja y País Vasco con otro que aprovechará el espacio disponible en sus nuevos locales.
De este modo, esta empresa no sólo se encargará de la eliminación final de los archivos sino que dispondrá de espacio suficiente para responsabilizarse de la custodia y vigilancia de los mismos.
Reduce ha destacado que, según un informe realizado por un grupo de consultoras TIC, sólo un 17,6% de las sociedades privadas instaladas en Navarra cumplen con las obligaciones básicas en materia de protección de datos recogidas por la LOPD. EFE
FUENTE: www.abc.es
El derecho a la protección de datos y a la privacidad choca de nuevo con Google. El gigante de Internet ha recurrido ante la Audiencia Nacional alrededor de 75 resoluciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por primera vez, mañana se verán las caras ante el juez, que tendrá que dictaminar sobre la colisión de dos derechos: el derecho a la libertad de expresión online, que esgrime Google, y el derecho a la dignidad personal por el que vela la Agencia de Protección de Datos. El gigante de Internet cree que es un caso de censura.
Para Google, el caso de España es especialmente sensible por un posible efecto dominó del llamadoderecho al olvido en otros países. Si la Audiencia Nacional diera la razón a la Agencia de Protección de Datos se podría desencadenar una avalancha de reclamaciones. Por eso es la matriz estadounidense la que ha tomado cartas en el asunto y ha decidido asumir el litigio directamente. La AEPD tiene varios contenciosos abiertos con Google. Uno de los más peliagudos se refieren al rastreo de datos de redes wifi que a su paso hizo su callejero fotográfico Street view.
Las cinco resoluciones que mañana examinará la Audiencia Nacional se refieren a datos procedentes de boletines oficiales y a una información publicada por EL PAÍS en 1991 que aparecía reflejada en su edición digital. Son reclamaciones, algunas de ellas presentadas hace tres años, en las que se invoca el derecho de oposición y cancelación de datos para evitar la difusión pública de datos de carácter personal. Hasta el momento, el regulador español ha dictado alrededor de 90 resoluciones en las que solicita la retirada de enlaces que pueden vulnerar la protección de datos de los ciudadanos. La mayoría han sido recurridas por Google.
En todos los casos, la AEPD requiere a Google para que excluya de sus índices los datos reflejados en el BOE y en distintos boletines oficiales regionales (de Cataluña, Madrid o Baleares) sobre los afectados. En esta ocasión, siguiendo un modelo que se reproduce una y otra vez milimétricamente, Google responde que no puede atender la solicitud porque las informaciones de los resultados de búsqueda están alojados en páginas web de terceros cuyo acceso es público. Subraya que para eliminar estos contenidos era necesaria la colaboración de los webmaster.
Para solventar este obstáculo, la AEPD requería en la misma resolución al BOE para que arbitrara las medidas necesarias "con el fin de evitar la indexación de los datos el interesado e impedir que sean susceptibles de captación por los motores de búsqueda de Internet".
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ANDALUCÍA.- La Consejería de Salud advierte del aumento de la oferta de los SMS Premium a través de Internet y recuerda a los consumidores el alto coste de estos servicios. Se ha observado que, bajo la forma de encuestas sobre la nueva Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaco, diversas páginas web piden los datos telefónicos del usuario para suscribirlo a determinados servicios que funcionan a través de SMS Premium.
Los SMS Premium son mensajes cortos, de texto o multimedia, más caros que un mensaje ordinario y que son utilizados para contratar diversos servicios: de ocio y entretenimiento (como los de contenidos esotéricos, astrológicos o de adivinación), profesionales (actividades empresariales o artísticas) o contenido para adultos (anuncios de contactos o material erótico). También son empleados para la recaudación de fondos en campañas de tipo benéfico o solidario o como forma de suscripción a determinados contenidos o concursos. Estos últimos son los más comunes y son conocidos también como ‘Alertas SMS’. Implican el envío de mensajes al abonado, bien de forma periódica, bien cuando se produzcan determinados sucesos, que son cargados en su factura.
Todos los ayuntamientos de la provincia de Burgos contarán con las herramientas precisas para cumplir la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos el próximo mes de abril. Será entonces cuando culmine el desarrollo de todos los proyectos vinculados a esta norma, ejecutados ya en un 90%.
La puesta en marcha de la plataforma digital que permitirá realizar todo tipo de trámites por vía telemática convertirá a Burgos en una de las primeras provincias del país en cumplir de manera íntegra la citada legislación. «Cualquier ciudadano desde cualquier lugar podrá presentar documentación, realizar trámites a distancia, seguir sus expedientes o hacer contrataciones. Todo eso estará disponible en cualquier ayuntamiento de la provincia cuando ni siquiera lo está en los diferentes ministerios o corporaciones administrativas importantes», relató el interventor de la Diputación, José Félix Rodríguez Busto.
El grueso del trabajo está ya en marcha a falta de culminar tres importantes proyectos, como son la plataforma de notificaciones, la aplicación de secretaría o la herramienta GeoBurgos. Se sumarán al registro de entrada telemático, el gestor de expedientes para la tramitación, la plataforma de firma electrónica, el perfil del contratante y el sistema de gestión integral para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El coste global de esta iniciativa asciende a 1,2 millones de euros y su mantenimiento requerirá un desembolso anual de 100.000 euros, según detalló el presidente de la Diputación Provincial, Vicente Orden Vigara, que aprovechó la ocasión para comunicar que el Observatorio de Accesibilidad del Ministerio de Presidencia otorgaba una elevada nota media a la web de la corporación que representa, a la que adjudicaba un 7,79.
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El ex ministro participó en una Jornada técnica organizada por Price Waterhouse Cooper y Grupo SODERCAN en el PCTCAN
SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ex ministro Jordi Sevilla ha manifestado que "las administraciones públicas deben molestar poco" y, además, ayudar con "flexibilidad y colaboración".
Así lo ha señalado durante la jornada 'Novedades en la Gestión de las Administraciones Públicas', organizada por la consultora Price Waterhouse Coopers en colaboración con Grupo SODERCAN en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN).
La jornada, a la que han asistido medio centenar de técnicos y expertos de las administraciones públicas de Cantabria, ha sido inaugurada por Juan Calderón, socio de PWC responsable de las oficinas de Asturias y Cantabria; Pedro Pérez Eslava, director general de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y Francisco Royano, director Estrategia Corporativa de Grupo SODERCAN.
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