El derecho a la protección de datos y a la privacidad choca de nuevo con Google. El gigante de Internet ha recurrido ante la Audiencia Nacional alrededor de 75 resoluciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por primera vez, mañana se verán las caras ante el juez, que tendrá que dictaminar sobre la colisión de dos derechos: el derecho a la libertad de expresión online, que esgrime Google, y el derecho a la dignidad personal por el que vela la Agencia de Protección de Datos. El gigante de Internet cree que es un caso de censura.
Para Google, el caso de España es especialmente sensible por un posible efecto dominó del llamadoderecho al olvido en otros países. Si la Audiencia Nacional diera la razón a la Agencia de Protección de Datos se podría desencadenar una avalancha de reclamaciones. Por eso es la matriz estadounidense la que ha tomado cartas en el asunto y ha decidido asumir el litigio directamente. La AEPD tiene varios contenciosos abiertos con Google. Uno de los más peliagudos se refieren al rastreo de datos de redes wifi que a su paso hizo su callejero fotográfico Street view.
Las cinco resoluciones que mañana examinará la Audiencia Nacional se refieren a datos procedentes de boletines oficiales y a una información publicada por EL PAÍS en 1991 que aparecía reflejada en su edición digital. Son reclamaciones, algunas de ellas presentadas hace tres años, en las que se invoca el derecho de oposición y cancelación de datos para evitar la difusión pública de datos de carácter personal. Hasta el momento, el regulador español ha dictado alrededor de 90 resoluciones en las que solicita la retirada de enlaces que pueden vulnerar la protección de datos de los ciudadanos. La mayoría han sido recurridas por Google.
En todos los casos, la AEPD requiere a Google para que excluya de sus índices los datos reflejados en el BOE y en distintos boletines oficiales regionales (de Cataluña, Madrid o Baleares) sobre los afectados. En esta ocasión, siguiendo un modelo que se reproduce una y otra vez milimétricamente, Google responde que no puede atender la solicitud porque las informaciones de los resultados de búsqueda están alojados en páginas web de terceros cuyo acceso es público. Subraya que para eliminar estos contenidos era necesaria la colaboración de los webmaster.
Para solventar este obstáculo, la AEPD requería en la misma resolución al BOE para que arbitrara las medidas necesarias "con el fin de evitar la indexación de los datos el interesado e impedir que sean susceptibles de captación por los motores de búsqueda de Internet".
La iniciativa del regulador de la privacidad español no ha sentado nada bien a la compañía estadounidense. "Las leyes españolas y europeas defienden que quien publica un material es responsable de su contenido. Exigir que intermediarios, como los buscadores, censuren el material publicado por otros tendría un efecto paralizante en la libertad de expresión sin proteger la intimidad de las personas", dijo Peter Barron, director de Relaciones Externas de Google.
Pero la AEPD mantiene una postura bien distinta. En sus resoluciones insiste en "los efectos divulgativos múltiples" que se producen a través de Internet y sobre todo la onda expansiva de los buscadores. "A muchos ciudadanos les causa incomodidad o perjuicios que se conserven sus datos en una página web y que puedan ser recuperados por los buscadores con carácter universal", afirma Artemi Rallo, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos. "Lo deseable sería que Google, en lugar de pleitear sobre el ámbito de aplicación de la ley, diera una respuesta tecnológica para garantizar los derechos de los ciudadanos", dice Rallo. Google suele responder en las reclamaciones que se dirigen a la división española que ni es responsable ni se encarga de la prestación del servicio de búsquedas en Internet. Lanza la pelota a Google Inc como único responsable. Y puesto que esta compañía opera desde Estados Unidos alega que no está bajo el paraguas de la legislación española ni de la comunitaria.
La AEPD rechaza cualquier tipo de censura -"es algo que no está en nuestro imaginario", remarca Rallo- en las resoluciones que dicta. "Intentamos garantizar el derecho a la protección de datos y la privacidad sin censurar noticias. Pero creemos que los boletines oficiales tienen un problema: publican información personal en exceso, es decir, desproporcionada para la finalidad que se busca". Rallo considera que para la notificación de multitud de actos administrativos se suelen incluir demasiadas referencias (nombre, apellidos, DNI, dirección postal).
La agencia ha visto casos de ciudadanos que han aparecido en los boletines oficiales por haber recibido una incapacidad física, una subvención para un tratamiento de metadona o una multa por hacer "aguas menores" en la calle hace 30 años. "Esas páginas web pueden aplicar reglas de mayor proporcionalidad y autocontrol en la información y documentación que se hace pública", apunta Rallo.
Google considera que su servicio pivota sobre la libertad de expresión y que no puede restringir el acceso al buscador. Esto convertiría la Red, en su opinión, en algo sesgado y no transparente. Por eso insiste en que es la web de origen la que, en su caso, debería eliminar la información sensible.
El derecho a no resignarse
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) defiende la doctrina de que ningún ciudadano que no sea un personaje público ni objeto de un hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a soportar que sus datos personales circulen por la Red. Cuatro de las cinco resoluciones recurridas por Google y que se verán mañana en la Audiencia Nacional hacen referencia a informaciones que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado y en boletines de distintas comunidades. Una de ellas fue interpuesta en abril de 2008 por un funcionario de prisiones que fue objeto de una sanción disciplinaria en los años noventa. Como manda la ley, dicha sanción se publicó en el BOE y algo que en los tiempos en los que la gaceta oficial solo se difundía la versión impresa hubiera pasado inadvertido para el público, se convirtió en una infracción de alcance universal. El interesado reclamó entonces a Google para que sus datos no aparecieran en el buscador y evitar así "la difusión pública desproporcionada de unos datos de carácter personal unido a un hecho de rechazo social, como es una sanción disciplinaria, así como al conocimiento de los mismos por elementos de la banda terrorista ETA, de la que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias somos objetivo". Otra de las resoluciones corresponde a la reclamación de una mujer para que Googleborrara la notificación de un edicto para el cumplimiento de una sanción administrativa que fue debidamente saldada en tiempo y forma. La AEPD sostuvo que la ley no obliga a que los datos personales figuren en los índices que utiliza Google para facilitar al usuario el acceso a determinadas páginas ni tampoco que se conserven en caché. La Audiencia escuchará también los argumentos sobre el caso de un ciudadano que acudió a la AEPD tras comprobar que al teclear el buscador de Internet su nombre aparecía un artículo de EL PAÍS, fechado en 1991, que perjudicaba su ¨"buen nombre personal y profesional" y la intimidad y confidencialidad de sus datos. La AEPD estimó la reclamación ante Google pero no la formulada a EL PAIS por estar amparada por el derecho a la libertad de expresión.
Datos en cuestión
- Reclamaciones. En 2009, la Agencia Española de Protección de Datos recibió 4.136 reclamaciones (un 75% más que en el año anterior), a las que se añaden otras 2.000 solicitudes de tutela de derechos (un 58% más).
- Multas. El volumen de las sanciones impuestas ese año sobre 709 procedimientos resueltos ronda los 25 millones de euros.
- Sectores. Telecomunicaciones, videovigilancia y finanzas son los sectores que más reclamaciones han acumulado. Por zonas territoriales, las entidades con sede en Madrid ocupan el primer lugar, con 452 resoluciones. Le siguen Cataluña, con 70, y Andalucía, con 39.
- Cancelación de datos. Las mayoría de las peticiones de retirada de datos se referían a los publicados en foros de Internet y a la supresión de antecedentes policiales, penales y penitenciarios de las Administraciones públicas competentes.
FUENTE: www.elpais.com