¿Qué le falta a la ley de Transparencia?
Expertos, catedráticos y activistas del derecho a la información consideran mejorable el anteproyecto del Gobierno. Algunos creen que deja fuera "demasiada información" aunque celebran que España estrene una norma de acceso a lo público e imponga sanciones y buenas prácticas
El anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno no satisface a muchos especialistas conocedores del terreno de la transparencia y por tanto, la lucha contra la corrupción. Expertos, catedráticos de derecho y política, defensores del acceso ciudadano a la información pública ven la norma insuficiente. Muchos confían en el periodo de audiencia pública al que se someterá el texto para incluir mejoras
El análisis de Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro del consejo de dirección de Transparencia Internacional, recoge la esencia de las buenas noticias de la norma y sus flancos más débiles. Por un lado, destaca la publicación de una serie de información de calidad: la información económica y financiera, que existe pero se profundiza y mejora; la información jurídica de normas que se van a aprobar en el futuro, lo cual permite a los ciudadanos conocerlas antes de que se aprueben y emitir su criterio; y tercero toda la información de tipo organizativo y de objetivos de las políticas y los programas, lo que significa un gran avance". Villoria, que ha formado parte del equipo que ha seguido el trámite de la ley desde sus inicios, subraya los puntos que debe mejorar, en los que incluye el silencio administrativo que contempla la ley, el hecho de que no incluya sanciones en caso de incumplimiento. "Si el funcionario no pusiera a disposición del ciudadano una solicitud ¿Qué pasaría? Nada".
Y un dato relevante. Para controlar que la administración no abuse de las limitaciones y excepciones y, en consecuencia, niegue el derecho de acceso cuando un ciudadano tiene derecho a ello, la norma contempla la posibilidad de un recurso potestativo especial ante la Agencia de Protección de Datos y Transparencia. "Si la Agencia te da la razón, razona Villoria, supone unos costes que no deberían producirse para el Estado. El coste del recurso y el de la Agencia en resolverlo, que es dinero público, sin que haya una sanción al funcionario que actúe indebidamente".
Igualdad de condiciones
El derecho de acceso tal y como está regulado tiene una parte positiva, "no necesito justificar por qué pido la información". ¿El problema? Lo basan en un derecho administrativo, si lo fundamentaran en el artículo 20 de la Constitución (derecho a la información) estaría más protegido.
Una opinión sustentada por muchos. Según José Luis Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo y ex presidente de la Agencia de Protección de Datos, "este debate no es teórico, tiene mucha trascendencia. La protección de datos es un derecho fundamental, si la transparencia es un simple principio jurídico de actuación de la administración siempre cederá ante un derecho fundamental. En el momento en que se invoque la protección de datos será muy difícil facilitar cierta información. Si ambos son derechos fundamentales en igualdad de condiciones no habrá predisposición a favor de uno u otro y habría que estudiar el caso concreto".
Excepciones, ¿o exclusiones?
Además del silencio administrativo, las limitaciones que restringen la ley son múltiples. En Madrid, coincidiendo con el día de publicación del anteproyecto, se presentaba tuderechoasaber.es, una web que facilita el trámite para solicitar información a cualquier institución pública española. Algunos de los asistentes formaban parte de la Coalición Pro Acceso, plataforma de organizaciones civiles que han promovido la ley, se habían reunido por la mañana con el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
El representante del Gobierno acudió a la presentación en un local repleto de convencidos y activistas por el acceso a la información como uno de los cimientos de la calidad democrática. Con el texto en la mano, Heber Darbishire, Directora de Access Info Europe, asegura que la definición de 'información pública' es una de las peores en comparación con la redacción de otras noventa normas de Transparencia de otros países. El texto establece que una información es pública "siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios". Y establece limitaciones que cercenan la participación de la ciudadanía al establecer que la administración no admita a trámite una solicitud en la que el documento tenga información contenida "en notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas o entre órganos o entidades administrativas", es decir, queda fuera todo el recorrido de toma de decisiones que preceden a una decisión administrativa y debería conocer el ciudadano "para poder emitir un juicio. Esto obstaculiza el día a día del acceso a la información". La experta Heber Darbishire no ve la norma a la altura de las europeas y asegura que "la administración no puede solicitar un interés, este punto ( Artículo 14.3) vulnera el convenio del consejo de Europa de acceso a la documentos públicos".
A pesar de las críticas y enmiendas que se presentarán en grupo o a título individual, el ambiente a las pocas horas de conocer el texto es de celebración. "Al fin tenemos algo", comentó un asistente. En general, alaban la gestión de Ayllón, mediador del gobierno, como una figura negociadora que forma parte de "ese grupo de políticos jóvenes que hay en Moncloa, que saben de lo que estamos hablando, y se topan como nosotros con toda una cultura del oscurantismo y el secreto de Estado. En España los lobbies están en el Gobierno, son los propios ministerios quienes evitan el acceso a la información porque implica rendir cuentas, algo a lo que no están acostumbrados", comenta una asistente.
URL:http://www.cadenaser.com/espana/articulo/le-falta-ley-transparencia/csrcsrpor/20120327csrcsrnac_15/Tes
FUENTE:Cadena Ser
El Ayuntamiento señala que la Agencia Española de Protección de Datos explica en un documento que el carácter público de las sesiones del pleno no implica que la información objeto de debate en la sesión plenaria "pueda ser divulgada por los asistentes al mismo y menos aún por aquellas personas que por su condición de miembros del pleno -concejales- tengan la obligación de guardar secreto por razón de su cargo".
El pleno de ayer del Ayuntamiento de Santa Fe aprobó con los votos de los ocho concejales del Partido Popular y la concejala no adscrita, Ana Bella Camacho, expulsar a los representantes del gobierno municipal de los organismos Grupo de Desarrollo Rural Promovega y la Empresa Municipal del Suelo (Emussa).
Ambas propuestas para modificar los representantes municipales en los dos entes ya fueron llevadas a pleno por el PP de Santa Fe en la sesión del 12 de noviembre, pero entonces fueron rechazadas al contar con el voto en contra del gobierno municipal (formado por PSOE e IU) y de la concejala no adscrita. El portavoz municipal, José María Aponte (PSOE), definió la situación como un "asalto".
FUENTE:Granada Hoy
Hungría modifica una ley a petición de la UE
El gobierno húngaro presentó este martes ante el parlamento una enmienda a su ley sobre el sistema judicial, como le había pedido la Unión Europea (UE), tras haber cambiado ya en marzo otra normativa sobre la protección de datos.
"Hay que ampliar el control sobre el trabajo de la presidenta de la Oficina Nacional de la Justicia (OBH)", declaró Robert Repassy, un diputado del Fidesz, el partido en el poder del primer ministro conservador Viktor Orban, durante el debate sobre esta enmienda.
"El objetivo principal de la modificación es ampliar el control de la actividad de la OBH, de acuerdo con las propuestas de la Comisión de Venecia y de la Asociación Nacional de los Jueces", añadió el diputado.
La semana pasada, el secretario general del Consejo de Europa, al que pertenece la Comisión de Venecia, Thorbjörn Jagland, estimó que la presidencia del sistema judicial húngaro tenía demasiado poder.
En su informe del 19 de marzo, la Comisión Europea para la Democracia había criticado la reforma judicial húngara, calificándola de "amenaza" para su independencia.
Tras haber abierto en enero un procedimiento de infracción contra Hungría, la Comisión Europea envió por correo una advertencia al gobierno de Orban exigiéndole cambios.
El 9 de marzo, la Comisión Europea dio un mes al gobierno húngaro para modificar sus leyes. De lo contrario, la CE amenazó con llevar a Budapest al Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, que podrá imponer sanciones económicas al país al borde de la quiebra financiera, sentando un precedente en la Unión Europea.
URL:http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-27/hungria-modifica-una-ley-a
FUENTE:Univisión
Los empresarios toledanos podrán adecuar sus empresas a la ley de Protección de Datos a través de Fedeto
Los empresarios de Toledo podrán adecuar sus empresas a la Ley de Protección de Datos a través de la Federación de Empresarios Toledanos1 (Fedeto) tras la firma del convenio con la empresa ForJobs2 por el cual se ofrecerá este servicio a los asociados de la Federación con descuentos de hasta el 30 por ciento.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el delegado de la empresa ForJobs en Toledo, Juan Carlos Sánchez3, quien ha indicado que se pondrá a disposición de aquellos empresarios que lo soliciten la infraestructura necesaria para que sus empresas estén al día en esta materia.
Sánchez ha resaltado que desde ForJobs ofrecen una plataforma informática propia y un departamento jurídico con técnicos consultores especializados en la Ley, a través de los cuales las empresas podrán llevar a cabo un blindaje de sus datos y conseguir la certificación de que la protección de los mismos es la adecuada.
URL:http://www.lacerca.com/noticias/toledo/empresarios_empresas_datos_traves-111672-1.html
FUENTE:La Cerca
POLÍTICA | Pide un informe de los servicios jurídicos del Congreso
El Gobierno incumplió la Ley al nombrar a Romay Beccaría, según el PSOE
El PP defiende que el Ejecutivo aplicó una norma de rango superior
'Hay un conflicto de leyes y se ha seguido lo que hay en la Ley Orgánica'
El Consejo de Ministros no respetó lo que establece la Ley el vienes pasado, cuando nombró a José Manuel Romay Beccaría presidente del Consejo de Estado, según ha denunciado esta mañana la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez.
La ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado establece claramente, en su artículo dos, que el Gobierno, antes de nombrar al presidente de ese órgano constitucional, debe comunicar al Congreso el nombre de la persona que propone, para que comparezca en la comisión correspondiente de la Cámara.
Después de que ese candidato se someta a las preguntas de los diputados, dicha Comisión debe emitir un dictamen indicando "si aprecia o no la existencia de conflicto de intereses".
El Gobierno ha cumplido esta exigencia legal, lo que ha llevado a Soraya Rodríguez a dirigirse hoy por escrito al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que se dirija a Mariano Rajoy advirtiéndole de dicho incumplimiento.
"Es una actuación grave", ha afirmado la portavoz de los socialistas, "que pone de manifiesto de nuevo algunos tics autoritarios que tiene el Gobierno del PP".
Considera que, con esa actitud, el Gobierno demuestra "un grave desprecio" a las atribuciones legales que tiene el Congreso y, además, supone "una actitud de absoluta falta de respeto a la Cámara".
Soraya Rodríguez también ha pedido a Posada que solicite un informe a los servicios jurídicos del Congreso sobre las consecuencias legales de ese incumplimiento por parte del Gobierno, y que acuerde lo que sea necesario para que, de inmediato, se proceda a efectuar ese nombramiento "de acuerdo con lo previsto en las leyes".
Durante la pasada legislatura, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comunicó al Congreso, antes de que fueran nombrados, los nombres que proponía para presidir la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo Económico y Social, Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia y director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Todos ellos comparecieron en la Cámara, se sometieron a las preguntas de los diputados y se emitió el dictamen correspondiente.
PP aplica una norma de rango superior
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, contestó poco después a esas acusaciones del PSOE. Aseguró que, para nombrar a Romay Beccaria, el Gobierno ha seguido "escrupulosamente" la ley orgánica que regula el Consejo de Estado. Explicó que una ley ordinaria es la que establece que el candidato debe comparecer en el Congreso, pero que esa norma es de menor rango que la orgánica que ha aplicado el Ejecutivo.
"Hay un conflicto de leyes", afirmó, "y se ha seguido lo que hay en la Ley Orgánica, pero se buscará la fórmula para que el presidente del Consejo de Estado pueda ir a las Cortes".
URL:http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/27/espana/1332851114.html
FUENTE:El Mundo.es